La función de Ministro de Gobierno es cosa fundamental en un Estado, es la institución encargada de administrar eficientemente la coerción y violencia en contra de quienes identifica como amenaza a los intereses estatales, ejerce la dictadura de clase y es una pieza clave para mantener la gobernabilidad, teniendo a raya a los sectores populares o eventualmente a los opositores.
En el gobierno de Evo han pasado varios personajes por esta cartera, todos ellos salidos de los “sectores populares” que trabajaron con especial saña para defender al Estado y golpear al movimiento popular. Alicia Muñoz, de las filas del revisionista Partido Comunista de Bolivia, tuvo en su gestión la represión y muerte contra cocaleros de Yungas de Vandiola, la muerte del “sin techo” Santiago Orocondo, la persecución sañuda contra refugiados paraguayos y la acción policíaca letal contra población en Cochabamba. Ella sirvió al Estado en el primer gobierno del “proceso de cambio” y, cuestionada duramente, dejó el cargo por una pega diplomática en Suiza, un premio a su actuación funesta. Alfredo Rada, también salido de las filas del “progresismo” (se precia de haber sido seguidor de Luis Espinal), tiene entre sus méritos el haber dirigido la brutal acción policial con muertos en la Calancha, Sucre. Recientemente salió a la luz el manoseo político en el caso Terrorismo, donde, en un video, dos de sus funcionarios de confianza pagan 31 mil dólares para que el testigo clave desaparezca de Bolivia. Rada también fue cambiado en medio de cuestionamientos, ahora pasa por intelectual y asesor de alto nivel de distintas instituciones estatales. El siguiente titular de esa cartera fue Sacha Llorenti, proveniente también de las filas “populares” de la Asamblea de Derechos Humanos, institución en la que fue presidente durante algunos años.
En los llamados gobiernos neoliberales, los terratenientes y políticos conservadores asumieron la dirección del Ministerio de Gobierno. Ahí estaban Walter Guiteras que acusó a los policías por “burros y corruptos”, el cacique de Pando Leopoldo Fernández, el conservador Guillermo Fortún, el ganadero Guido Nayar, el reaccionario Carlos Sánchez Berzaín. Los terratenientes y los conservadores encajaban en el espíritu opresor y de pistolero feudal para reprimir a los sectores populares, y a la vez podía coordinar sus acciones con los grupos criminales. Y claro, en sus niveles intermedios ponían a directores, antiguos sindicalistas como Hernán Mamani, para manejar la coima y la prebenda con dirigentes sindicales.
En el gobierno de Evo el modus operandi es nombrar en la cartera de gobierno a personajes salidos de la “izquierda”. La estrategia que pretende pasar por una “visión humana” de la función represiva del Estado, en realidad es para colocar a funcionarios que conocen el actuar de las organizaciones populares y de los activistas que luchan por mejorar las condiciones de vida del pueblo. En estos últimos años se han hecho cargo de la represión en distintos puestos del Ministerio de Gobierno ex militantes del Ejército de Liberación Nacional como el ex cura Rafael Puente, Juan Carlos Nuñez del Prado (sobornador de testigo en el caso terrorismo) y el ex guerrillero Marcos Farfán, incluida la pseudocomunista Alicia Muñoz. Todos ellos nombrados para dirigir la represión estatal, según se dice, también por sus conocimientos en aspectos de “seguridad” y “militares”.
El ex activista de derechos humanos y ex ministro Llorenti tiene un plus: una visión fascistoide sobre cómo defender lo que entiende como “proceso de cambio”. Llorenti ha imputado y perseguido a dirigentes populares, desde los mineros de Oruro, los fabriles de La Paz, los maestros del país, los pobladores de Caranavi, la población de Potosí, un grupo de refugiados peruanos y recientemente los marchistas indígenas del TIPNIS. Para este individuo ellos son “el enemigo interno”, o pertenecen a la derecha, o están financiados con dinero de la Embajada yanqui o con dinero de USAID, o son conspiradores. Llorenti llegó a afirmar en agosto que un profesor refugiado peruano pretendía formar un grupo subversivo y le acusó de terrorismo sólo tomando como pruebas los libros de su biblioteca (expulsó del país a una familia completa, incluido un niño de 1 año, por esto), y en el caso Caranavi (dos campesinos muertos y decenas de heridos), cuando el pueblo bloqueó la carretera por legítimas demandas, dijo que se estaba produciendo una acción sediciosa y armada contra el gobierno.
En su visión policíaca y fascistoide siempre habló de “pruebas irrefutables y contundentes” contra de dirigentes populares y opositores. Estuvieron en su lista negra activistas de derechos humanos que cuestionan al gobierno, periodistas que interpelan al Estado, refugiados políticos, personajes públicos que emiten opiniones críticas a las políticas gubernamentales y disidentes del gobierno. Sacha, en complicidad con el propio Evo Morales, es el responsable de los muertos en Caranavi y de la brutal represión a los indígenas marchistas en el TIPNIS (donde niños lactantes perdieron a sus madres).
Pero la visión marcatista del régimen de Evo –que hace cacería de brujas a las visiones críticas y progresistas– no es sólo obra de Llorenti. Durante su segunda gestión, Evo Morales ha promovido políticas contrarias a las libertades de las personas, leyes corporativas que atentan soterradamente contra la libertad de prensa, bajo el rótulo de ley antirracismo ha buscado la persecución judicial a opositores, la ley de telecomunicaciones intenta incluso intervenir correos electrónicos. Las declaraciones públicas de Morales permanentemente buscan penalizar la protesta de dirigentes sindicales y sectores que no se someten a su política. En este contexto es claro por qué Llorenti ha permanecido en el cargo más tiempo que sus antecesores, a pesar de que sectores populares, incluso del MAS, habían pedido su renuncia en reiteradas oportunidades. Lo cierto es que Evo encontró en Sacha al mejor cancerbero de su régimen.
El pasado lunes el mandatario boliviano se dirigió al pueblo para hablar sobre la brutal represión a los marchistas del TIPNIS. Esta vez Morales no asumió la responsabilidad por las acciones brutales contra los indígenas (como hizo desafiantemente en el caso Caranavi), tampoco responsabilizó a su cancerbero Llorenti (ni a nadie), sino que pretendió justificar la medida con el desgastado argumento de evitar un enfrentamiento entre los indígenas y campesinos colonos. Evo echó más confusión para encubrir las responsabilidades políticas sobre las violaciones de los derechos elementales de las personas que estaban en la marcha.
Nadie se responsabiliza por las acciones represivas, de masacre y genocidio, contra los indígenas. El Ministro de Gobierno y de la Presidencia, Carlos Romero, señalaron a los fiscales. Los fiscales se lavan las manos. Luego Llorenti echó la culpa a su viceministro el ex guerrillero del ELN Marcos Farfán, pero éste lo desmintió en su carta de renuncia. Algunos policías se sumaron a la acusación contra Llorenti y finalmente éste se vio obligado a renunciar sin asumir la responsabilidad de los hechos. En realidad todo el nivel político (ministros y presidente) acusan al personal operativo de la brutal represión.
Para quienes conocen cómo funciona este gobierno y cómo funciona la personalidad caudillista de Morales, resulta imposible pensar que él no ordenó la represión. Más aún cuando este conflicto estaba en los ojos de todo el país pues se desarrollaban actividades de solidaridad en diversas ciudades. Al parecer la intervención estaba decidida en el propio gabinete ministerial, el canciller habló incluso de una comisión (del gabinete) dedicada exclusivamente a tomar decisiones sobre este tema.
Sea como fuere, lo importante es ver la mentalidad que sostiene el mandatario. En la sesión de nombramiento de nuevo Ministro, Evo ha lamentado la salida de Sacha y lo ha calificado uno de sus “mejores ministros”, lo ha felicitado por dotar de un nuevo pensamiento a la policía (debe ser el pensamiento fascistoide que reina en esa institución criminal). A pesar de que los hechos son contundentes sobre las acciones criminales de la policía contra los indígenas, Evo cínicamente insistió en que la policía respeta profundamente los derechos humanos.
En síntesis la ideología fascistoide, persecutoria, represiva contra todos los que se oponen a las políticas gubernamentales es un elemento constituyente de la política de Estado encabezada por el propio mandatario y su estilo caudillejo de gobernar.
Bolivia, 28 de septiembre de 2011
Análisis y Opinión 