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Intervención en Yucumo. Foto Boletin de Patria Insurgente
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Evo Morales anunció, hace más de una semana, la conformación de una comisión investigadora para dar con los responsables directos de la represión policial a los indígenas, sin embargo nadie quiere integrar ese equipo y menos cuando se sabe que el gobierno pretende utilizarlo para salvar la responsabilidad del Presidente.
Hasta el momento ni siquiera se entrega información acerca de quién dio la orden para reprimir la marcha. Al principio Sacha Llorenti y el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, dijeron que la intervención fue producto de “un requerimiento fiscal” (algo que ningún fiscal respalda); luego Sacha echó la culpa al viceministro Marcos Farfán, cosa que éste desmintió al renunciar a su cargo. Otro viceministro, César Navarro, soltó una versión más comprometedora: “hemos tomado la decisión como gobierno”. Sin embargo todos coincidieron, incluido Evo Morales, en que nadie (presidente y ministros) ordenó la intervención. Por si fuera poco el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, dijo que la Ministra de Defensa renunció, posteriormente a la intervención, a pesar de que “ella sabía lo que iba a pasar en Yucumo”. Por último un requerimiento de la Ministra de Justicia para intervenir la marcha está firmado también por los apoderados de Sacha Llorenti, Denis Efraín Rodas Limachi y Fernando Rivera Tardío. Esto muestra el nivel de planificación del gobierno que pretendía inicialmente descargar su responsabilidad en actuaciones de la Fiscalía.
Todo el nivel político ha cargado armas contra el nivel operativo, contra los policías. Y el propio Evo afirma que hay policías malos que “no lo quieren” y actúan para desprestigiarlo, eso sin contar que la Policía ha mostrado férrea lealtad en acciones anteriores contra sectores populares que han culminado con muertes.
Pero la intervención fue un operativo bien planeado, con varios días de anticipación, con envío de camiones para transportar tropa, con buses para trasladar a los marchistas y con la intención de detener a 40 dirigentes sin destino conocido. Y lo más sorprendente de todo, con gestiones del gobierno ante la Embajada yanqui de EEUU para usar el avión Hércules (de la NAS-DEA) a fin de llevarse a los dirigentes indígenas. Cuando se trata de reprimir al pueblo y a sectores contestatarios se puede prescindir de la falsa postura antiimperialista.
Algunos miembros de la tropa policial han revelado que la orden vino del Ministro de Gobierno con consentimiento del propio Evo. Otro funcionario que coordinó el operativo, Boris Villegas (Director de Régimen Interior), revela que la represión tuvo aprobación política. Villegas, de mentalidad policial, compartía con Llorenti una visión fascista de defensa del Estado y perseguía (persigue) a los sospechosos “opositores al régimen” (triste papel de algunos otrora guevaristas en el “proceso de cambio”). Villegas estuvo en la coordinación del todo el operativo, según imágenes periodísticas, algunos policías dijeron que él dio la cinta adhesiva para amordazar a los indígenas, es imposible que no hubiera informado Llorenti y al propio mandatario sobre lo que ocurría en el terreno.
Otro hecho que revela la premeditación del gobierno es haber evitado la presencia de la prensa. Los documentos oficiales, que algunos policías dejaron caer durante el operativo, muestran que sacar a los periodistas de la zona era parte del operativo. El gobierno tuvo su pretexto el día anterior (24 de septiembre), cuando los indígenas obligaron al Canciller David Choquehuanca a marchar con ellos para atravesar el bloqueo de caminos que los policías y dirigentes colonizadores del MAS habían instalado. El gobierno llamó a esto secuestro y se preparó para intervenir.
Todos estos elementos muestran que el Estado actuó con premeditación y alevosía. Esto no puede ser parte sólo de una acción del personal operativo, es una bien planificada decisión política. Una decisión de esta naturaleza dependía exclusivamente del conocimiento y la aprobación del propio Presidente.
Cuando un funcionario del viejo Estado ejerce la violencia (que detenta legalmente), jamás ordena expresamente torturar a los manifestantes, separar familias o lanzarles gas en los ojos, sin embargo eso sucede desde las más brutales intervenciones hasta las menos violentas. En realidad el viejo Estado ejerce su dictadura de clase sin necesidad de leyes explícitas u órdenes explícitas, los aparatos represivos están entrenados para la tortura y humillación al pueblo.
Lo vergonzante en este caso es que las actuales autoridades de gobierno no están dispuestas siquiera a asumir la responsabilidad política de sus actos, por ello han descargado la responsabilidad en los ejecutores directos de la brutal represión. Esta actitud de Pilatos ha generado contradicciones entre el gobierno y su instrumento represor, y el desprecio de la población que comprueba la presencia de la vieja dinámica política de los gobiernos anteriores.
Bolivia 7 de octubre de 2011
Análisis y Opinión 