Los sectores organizados del pueblo desarrollan una lucha con diversos intereses particulares y sectoriales, aún con mucha dosis de espontaneísmo, pero dentro de las contradicciones entre el Estado (terrateniente burocrático) y el pueblo en general. En la actualidad el Estado está administrado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y sigue siendo el instrumento de las clases dominantes (terratenientes y gran burguesía), continuando su proceso de reproducción capitalista con lastres semifeudales bajo la dominación semicolonial del sistema imperialista.Este Primero de Mayo encuentra al pueblo boliviano en plena lucha sindical y reivindicativa, y al gobierno de Evo Morales a la defensiva y resguandándose más que nunca de los sectores populares radicalizados. En el Día del proletariado internacional los conflictos en Bolivia le quitan el sueño al llamado “gobierno indígena y popular”. Esta situación manifiesta la agudización de la lucha de clases en el país y refleja el estado general de precarización que vive gran cantidad de la población que ya no se deja engatusar con la demagogia del “proceso de cambio”.
El camino del pueblo
Las protestas sociales están dentro del camino democrático del pueblo, no son solo uno o dos sectores movilizados. Si echamos un vistazo solamente a este mes, veremos protestas por límites territoriales, por incremento salarial, por construcción de caminos vecinales, por demanda de viviendas, por ítems para profesores, por infraestructura en las escuelas.
Esta diversidad de demandas muestra que el problema no se reduce a “conflictos por redistribución” de la renta hidrocarburífera, como señalan “analistas” del MAS, que plantean que debido a la acertada gestión del gobierno todos los sectores sociales quieren disfrutar de las rentas. Los funcionarios del gobierno piden paciencia al pueblo en sus demandas y prometen que la riqueza llegará a todos.
Pero la realidad de la población es otra, en la vida de la gente común y trabajadora los cantos de sirena del gobierno no se ven, no se sienten. Las protestas sociales son reflejo de ello, y por eso los trabajadores del sector salud y los indígenas del TIPNIS salieron con fuerza a impedir la conculcación de sus derechos en las últimas semanas. Otros sectores sociales, como los maestros o los padres de familia que piden profesores para las escuelas, ponen en evidencia a un Estado incapaz de garantizar los derechos básicos, como la educación. A propósito, hace un par de semanas un canal de televisión mostró que en la ciudad de El Alto, donde la alcaldía está en manos del MAS, los niños del preescolar y la profesora de una escuelita desarrollan sus clases nada menos que ¡en el baño!, y expuestos a la fetidez de la alcantarilla abierta.
Estudios recientes del CEDLA señalan que el gobierno conculca muchos derechos de los trabajadores. Los sueldos de los salubristas, por ejemplo, han sufrido una baja en términos reales a pesar de los incrementos porcentuales del gobierno, la precarización de los salarios y las condiciones de trabajo son un hecho real, en algunos casos se mantienen como hace 50 años. Los asalariados no organizados del sector privado precarizado están en una situación peor, como en el transporte, el comercio y la producción artesanal. Los trabajadores del sector privado en general a veces no acceden al incremento de sueldos del gobierno porque éste deja una cláusula, como lo hacían los gobiernos anteriores, donde el aumento está sujeto a la negociación obrero patronal.
En las empresas del Estado, según el CEDLA, se contrata a los obreros como funcionarios públicos, sin la protección de la Ley General del Trabajo. La aceptación de esas condiciones no es por compromiso con el “proceso de cambio”, sino porque hay una gran cantidad de desocupados dispuestos a aceptar la precariedad. Un ejemplo revelador es el caso de los trabajadores del PLANE, programa de empleo temporal en el que los trabajadores y trabajadoras están desprovistos de todo derecho, y a veces tienen que esperar el retraso del pago por meses.
En la administración pública (la clientela política que mayoritariamente ingresa por militancia) la cosa también va mal. Los empleados denuncian su situación buscando el anonimato porque el gobierno ha desarticulado los pocos sindicatos que habían. Las denuncias indican que muchos derechos han sido cortados, desde la eliminación de refrigerios hasta el derecho a las vacaciones, pasando por la retención inconsulta de sueldos para solventar actividades proselitistas del MAS. La administración estatal se ha convertido en una verdadera olla de grillos que cada vez permite ver el trato despótico que los trabajadores reciben de los dirigentes del “proceso de cambio” y el control policiaco sobre los trabajadores que denuncian.
La lucha organizada de los sectores populares tiene que ver con todos estos intereses, con mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo, para defender derechos que el gobierno pretende quitar, pero también contra la criminalización de la protesta y la persecución judicial que hace el gobierno contra los dirigentes de los sectores populares. A esto hay que sumar el gran descontento de los sectores no organizados, donde en algunos casos se trabaja hasta por la mitad del salario mínimo nacional (300 o 400 bolivianos al mes).
La situación exige la organización de todos los sectores, la unificación de sus luchas para pasar de lo espontáneo a lo consciente y comprender que el Estado y las clases dominantes, hoy bajo la gestión del MAS, son los responsables de su miseria y explotación, que es el sistema mismo la raíz de sus problemas y que necesitamos acabar con el sistema de explotación asalariada. La organización consciente del proletariado y la construcción de una dirección clasista es la tarea más importante que tiene el pueblo boliviano en su camino democrático, sólo así podrá superar los límites espontaneístas de su lucha.
El camino de los sectores dominantes
El gobierno sigue sus propios intereses, el camino burocrático de los sectores dominantes. Evo Morales ha ido dejando las promesas demagógicas de acabar con el imperialismo, el latifundio y los grandes capitalistas, y sus reformas se han alineado en el marco estructural del viejo Estado. Los acuerdos con los sectores empresariales y de terratenientes son parte de este alineamiento, junto a los compromisos con las transnacionales y el imperialismo yanqui.
El contexto de lucha social es donde se ve la política antipopular del gobierno de Evo, que expresa su desprecio acusándola de estar financiada por la “derecha” o el imperialismo. Evo además insulta a los sectores en huelga de hambre cuando dice que están “comiendo chicharrones”, o que los estudiantes que protestan están pagados, que las marchas de indígenas son solo turismo, o que los sectores obreros quieren un aumento de salarios para almorzar parrillada todos los días. Evo Morales ha hecho de esta política de insultos una práctica sistemática, y sus acólitos repiten estos argumentos sin menor razonamiento, con el complemento de que existe un plan de desestabilización al gobierno. Todo esto sirve para justificar la persecución judicial sobre los dirigentes populares.
El enfrentar masa contra masa es otro elemento de la política reaccionaria del gobierno, el corporativismo que se traduce en la intromisión del movimiento popular para cooptar, dividir, generar paralelismo y enfrentamiento abierto entre sectores. El caso del TIPNIS es un claro ejemplo de esta política, aunque sin éxito porque los pactos firmados con dirigentes de algunas regionales no han funcionado pues las bases están rebasando a sus dirigencias traidoras.
El gobierno perdió relación con las bases hace tiempo, el caso de las demandas de los maestros es otro ejemplo donde la dirigencia nacional (en manos de los archirevisionistas Partido Comunista de Bolivia) pactó con el gobierno un compromiso que las bases han repudiado fuertemente.
Esta relación con las dirigencias (generalmente las confederaciones), que son una costra del movimiento popular y traficante de sus luchas, sirve al gobierno para arrogarse una supuesta representación popular. El MAS, en su defensa dogmática del “proceso”, califica a estos dirigentes como representantes de todo un pueblo. En ese contexto los pactos que firman ambos son propagandizados como pactos del gobierno con el pueblo, como la cumbre masista-empresarial de diciembre 2011, donde estos dirigentes sólo recibieron “propuestas” elaboradas por el gobierno para que fueran aprobadas sin mayor discusión.
Para deslegitimar las demandas populares el gobierno recurre a una serie de maniobras, como aislar a los sectores y condenar y criminalizar la solidaridad de pueblo. El periódico democrático El Pueblo de Chile, en un artículo sobre las lecciones de la lucha en el pueblo de Aysén, mostraba el lema de la lucha del pueblo ayseyeño Tu problema es Mi problema, se trata de un llamado a los demás sectores a involucrarse en las demandas sociales, es la solidaridad de clase que actúa durante el enfrentamiento con el gobierno. En Bolivia siempre hemos tenido en los sectores populares el llamado a la solidaridad con la lucha social, la UPEA por ejemplo siempre apeló al apoyo de la ciudadanía alteña y a los sectores organizados de la sociedad civil, esto no es desconocido para quienes hoy están en Palacio Quemado que en su momento pidieron y recibieron la solidaridad del pueblo. Contrariamente a esto, los gobiernos de turno siempre buscaron promover la ideología reaccionaria del individualismo y romper la solidaridad de clase, condenaban la “intromisión” de otros sectores en las protestas acusándolos de infiltrados radicales en busca de desestabilizar la gestión. Promover la división de los sectores, que cada organización enfrente sola sus demandas, fue (y es) la política favorita de los reaccionarios para controlar y aplastar al movimiento popular.
Todo esto es igual en el “proceso de cambio”, el gobierno de Evo condena la participación de familiares en las protestas de los discapacitados, en la marcha indígena se condena la solidaridad de organizaciones extranjeras y procedentes de las ciudades.
La actuación del gobierno de turno que gerencia el viejo Estado no tiene variaciones fundamentales con sus predecesores, la criminalización de la protesta, el corporativismo y la promoción de los argumentos reaccionarios para condenar la lucha de los sectores organizados son parte componente de su política represiva contra el movimiento popular.
Análisis y Opinión
Mayo de 2012
Análisis y Opinión 