El Estado terrateniente burocrático, hoy llamado plurinacional, no tiene capacidad de solucionar las demandas de los sectores sociales ni resolver los problemas estructurales que sufre el pueblo boliviano, solo puede postergar los conflictos a través de promesas y paliativos temporales, de la misma manera actúan las reformas que impulsa el gobierno de Evo Morales, en su sentido general, como placebos a las enfermedades históricas del pueblo.
Por su parte, los sectores sociales llevan a cabo luchas sectoriales y particulares que no pueden articularse en un grado de unidad suficiente que les permita defender sus derechos o arrancar nuevos. A pesar de la combatividad y radicalidad que existe en cada uno de los enfrentamientos con las fuerzas represivas del Estado, el movimiento popular no puede superar el marco del espontaneísmo debido a que carece de una dirección clasista y revolucionaria y se encuentra a merced de los embates del gobierno y una dirigencia oportunista.
Los recientes conflictos protagonizados por los médicos y otros sectores sociales han entrado en una pausa temporal ya que la “solución” para el gobierno ha sido postergar la aplicación de su medida que pretende conculcar las conquistas de los médicos y trabajadores en salud, hasta que una consulta a la OEA resuelva sobre la legalidad o no del Decreto gubernamental que desconocía la conquista social, aún cuando éstas están garantizadas en la nueva Constitución política.
Desde un inicio el gobierno actuó demagógicamente al lanzar un decreto, después de la cumbre masista-empresarial en enero de este año, en el que se obligaba a los médicos y los trabajadores de salud a extender su jornada de trabajo de 6 a 8 horas. El gobierno esperaba un gran respaldo de la población a su medida, que fue promovida como la solución al problema estructural de la salud, pero eso no sucedió a pesar de que los médicos no gozan de popularidad entre el pueblo por las innumerables denuncias que tienen sobre el maltrato a los pacientes, deficiente atención y mercantilización de la salud.
Los problemas estructurales de la salud, como la falta de ítems, infraestructura, equipos, etc., no se resuelven conculcando las conquistas de los trabajadores que, dicho sea de paso, no se encuentran dentro de la Ley General del Trabajo, es decir, no gozan de los beneficios que tienen la mayoría de los asalariados, por ello la reacción de los trabajadores, que fueron la mayoría en el conflicto, y los médicos, no se dejó esperar e iniciaron medidas de lucha que poco a poco fue ganando el apoyo de otros sectores: estudiantes de medicina, clínicas privadas, maestros, Central Obrera Boliviana y hasta, por un momento, los pacientes de los hospitales.
El gobierno intentó romper la huelga con dirigentes cívicos fantasmas, buscó la reacción de la población a través de su millonaria publicidad, llamó a la gente a salir a las calles a enfrentar a los sectores movilizados y pidió defender su demagógica medida (medida coyuntural para conseguir puntos a su alicaída popularidad). Al mismo tiempo envió sus fuerzas represivas a contener la movilización aplicando represión y violencia con detenciones y tortura e igualmente envió al Ministerio Público a perseguir a los dirigentes que dirigían la protesta.
La movilización fue de menos a más, inicialmente con medidas de carácter defensivo (huelgas de hambre y tapiados) a medidas de enfrentamiento como marchas y bloqueos, donde se destacaron los estudiantes que enfrentaban la represión policial y desenmascaraban a los agentes infiltrados del gobierno que tenían la misión de perseguir a los dirigentes y detenerlos.
Como era de esperar el gobierno y sus aliados, así como sectores de la pequeña burguesía, pidieron parar la radicalidad de la protesta demandando que las manifestaciones se hagan dentro del marco de la ley, en muchos medios se condenaba la movilización de los trabajadores como causantes de la violencia, mientras el gobierno buscaba el desgaste y promovía el enfrentamiento de la población contra los movilizados.
Pero lo que aprendieron los sectores en lucha es que la protesta en el marco “pacífico” no significa ningún avance porque así el gobierno simplemente no responde, por ello las medidas se fueron radicalizando. El gobierno quiere siempre una protesta domesticada por ello recurre al argumento de protestar “dentro de la ley”, sin embargo, los sectores populares van entendiendo que es necesario superar los límites que el gobierno impone si quieren conseguir que sus derechos sean respetados. Actuar bajo estos límites que la dictadura de clase (el Estado) impone a la protesta social es una estrategia que con seguridad lleva a la derrota. Entonces la radicalización, aún espontánea, se produce en el desarrollo del conflicto, en la lucha por combatir y resistir, por traspasar el “orden” impuesto por el gobierno cuando sus fuerzas represivas dicen por aquí pasas y por aquí no, y por resistir la violencia que ejercen los aparatos represivos contra la protesta social, ya sea disparando gases al cuerpo o deteniendo y golpeando brutalmente a los manifestantes.
El gobierno responde de manera sistemática con el argumento de que existen “infiltrados radicales en la movilización”, el mismo argumento reaccionario del positivismo comtiano que usaron todos sus predecesores que pretende negar que la dinámica de la lucha de clases entre el pueblo y el gobierno lleva a la agudización por tener intereses antagónicos. Con el argumento de “infiltrados” el gobierno pretende hacer creer a la población que las bases movilizadas no están en contra de su gobierno, sino que se trata de unos cuantos “radicales” que son ajenos a las protestas que quieren desestabilizar su gestión o, en el mejor de los casos, se trata de dirigentes que manipulan la movilización.
Los hechos dicen lo contrario. En varias ocasiones las bases han cuestionado a sus dirigencias cuando han pactado con el gobierno (cosa que ha sucedido con los médicos) e incluso han desconocido a dirigentes que han hecho pacto con el gobierno (como lo que sucede en la marcha indígena), en los hechos, las bases rechazan la política corporativa del MAS de dividir, cooptar y prebendalizar a los dirigentes del movimiento popular.
A pesar de la radicalidad, la lucha de los sectores populares sigue siendo focalizada, sectorial y particular. Los niveles de unidad en torno por ejemplo a la Central Obrera Boliviana son coyunturales y muchas veces terminan siendo traicionados por el oportunismo de sus dirigentes. Esto encierra a la protesta social en un círculo sin salida y permite al gobierno parar las protestas sin mayor costo. Lo que parece un huracán de protestas incontenibles de pronto da paso a una tranquilidad temporal.
Lo que ha conseguido la presente movilización es poco para los esfuerzos desplegados y está latente la amenaza de que el gobierno se desentienda de los compromisos asumidos o emplee a otro sector del Estado (por ejemplo el parlamento) para dejar sin efecto el compromiso. Es lo que han denominado la “estrategia TIPNIS”, los indígenas arrancaron un decreto del gobierno para no construir una carretera por medio de su territorio pero a continuación el propio gobierno movilizó a otros sectores pro carretera y emitió otro decreto con el objetivo de conseguir el consentimiento para construir dicha carretera. Un auténtico engaño.
El movimiento popular necesita una dirección clasista que le de un horizonte estratégico y supere los límites espontaneístas de su lucha, sólo así podrá romper con las ilusiones reformistas que le imprimió el MAS (junto con el revisionismo y oportunismo) con sus falsas promesas de cambio estructural. Una dirección consiente no nace sólo del movimiento reivindicativo espontáneo, precisa de esfuerzo planificado muy grande de la capa más avanzada del pueblo, requiere asumir una posición clasista que rompa todo compromiso con la vieja sociedad para encaminarse a una transformación social auténtica.
Análisis y Opinión
Mayo de 2012
Análisis y Opinión 