Gobierno de Evo agudiza persecución política contra colectivos críticos a su régimen

Análisis y Opinión

La línea de persecución política contra activistas sociales y personas críticas al gobierno se agudiza con el envío a la cárcel de dos jóvenes, una activista feminista y un profesor vegano amante de los animales, acusados de “terrorismo”. No importan las pruebas, el principio de inocencia ni el sentido común, lo que importa es el escarmiento a los grupos con una ideología de izquierdas y el escarnio contra quienes intenten generar corrientes de pensamiento críticas al gobierno.

Ambos jóvenes tienen vínculos con grupos anarquistas, lo que llevó a las fuerzas policiales a acusarlos de una veintena de atentados “terroristas” que incluyen “colocación de pancartas y carteles de solidaridad” y “rayado de monumentos en plazas”.

Uno de ellos, Henry Zegarrundo, está siendo perseguido por ser profesor y enseñar a sus alumnos. Así lo ha planteado la fiscal Patricia Santos: Henry “sería profesor y… utilizaría su labor para adiestrar a personas, a alumnos, que están bajo su dependencia, muchachos jóvenes en todo caso, se constituyen en parte de la sociedad y que él constituye un peligro para esos alumnos”.

Un profesor “constituye un peligro para sus alumnos” porque les enseña. El hecho hace recordar a una similar persecución política ocurrida el año pasado contra tres profesores de matemáticas, uno de ellos refugiado peruano, a quienes acusaron de “terrorismo” porque supuestamente enseñaban a sus alumnos.

La sinrazón de estas acusaciones tiene su raíz en el momento de crisis que atraviesa el gobierno de Evo Morales, acosado por marchas de protesta de sectores campesinos e indígenas, graves casos de corrupción de sus funcionarios y confesiones fascistas de sus autoridades (el gobernador de La Paz convocó públicamente a “colgar” (ahorcar) a los opositores del gobierno).

En medio de la crisis coyuntural, el gobierno no duda en sacrificar a estos jóvenes (se dice que son más de diez) como escarmiento a los grupos con tendencia ideológica crítica e independiente, susceptibles de solidarizarse con las luchas sociales.

También para salvarse en una coyuntura política de crisis —que incluye otra marcha de campesinos contra el capital imperialista en la minería, la corrupción de su Policía Nacional y la corrupción en sus empresas estatales—, es importante para las autoridades encontrar un “enemigo interno” a quien responsabilizar de querer desestabilizar al gobierno. Y el fácil calificativo de “terrorismo”, ahora convertido en muletilla para acusar a cualquiera, cae como anillo al dedo a los policías corruptos y con experiencia en matonaje, dispuestos a ganarse puntos con el caudillo Morales.

El postulado liberal de que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario no tiene validez para el gobierno de Evo. Este grupo de jóvenes ahora acusados y encarcelados, en realidad es un grupo heterogéneo de activistas veganos, anarquistas, feministas, músicos y universitarios que, entre otras cosas, (algunos) hacen teatro y otros están vinculados a grupos de apoyo a la marcha de los indígenas del TIPNIS.

Como acostumbra, esta vez el gobierno solo tuvo que levantar su dedo acusador para señalar a este grupo de jóvenes como los “terroristas” autores de algunos atentados con dinamita, sin daños materiales ni daños personales, ocurridos supuestamente en meses pasados.

Telas con firmas anarquistas y varias máscaras de papel maché, utilizadas por algunos de los detenidos en sus actividades de teatro, además de un blogger de la Internet que reivindica uno de los hechos y que firma como una organización anarquista, son los indicios del “terrorismo”. Una fotografía de una mujer que no es Nina, la principal acusada por el gobierno, es la prueba para acusarla y haberla enviado a la cárcel a pesar de ser madre de un bebé.

El tremendo operativo se montó para detenerlos y llevarlos inusualmente al Centro Especial de Investigación Policial (CEIP, oficina de Inteligencia), en lugar de la Policía Judicial. Seguramente una acción pensada por el Comandante de la Policía Nacional, el “tira” o “buzo” (para-policía de regímenes militares) recién posesionado Víctor Maldonado.

Análisis y Opinión

Mayo de 2012

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