Análisis y Opinión
Julio de 2012
El episodio de “intento de golpe” sucedido en el Ecuador dio lecciones claras al pueblo ecuatoriano: se vino una mayor fascistización del Estado expresada en persecución política a dirigentes del movimiento popular y eventuales opositores. En Bolivia, con el motín protagonizado por la tropa policial, Evo Morales y sus ministros intentaron aplicar el método de Rafael Correa para cosechar simpatías políticas en la población, pero no tuvo éxito porque ninguna persona con sentido común creyó ese argumento.
La población boliviana no siguió la teoría del golpe porque los hechos no correspondían a tales extremos y porque la hipótesis del gobierno, de ligar el motín policial con la IX Marcha indígena, era descabellada desde todo punto de vista.
Superado el motín policial, la IX Marcha Indígena irrumpió en el terreno político porque interpela el ejercicio de derechos colectivos prometidos por la Constitución Política (consulta previa no tergiversada ni desnaturalizada, decisión sobre los recursos naturales, autonomías indígenas). Ante esto la respuesta del gobierno es insistir en la tesis conspirativa, una tesis que no puede significar otra cosa que preparar el terreno para una arremetida “justificada” contra el movimiento popular.
Una embestida que ya ha comenzado con acusaciones lanzadas como escupitajos por Evo Morales y sus ministros contra el movimiento popular. Los dirigentes populares pueden ser (y son) perseguidos por lanzar críticas al gobierno, ¡por calificarlo como “incapaz”!, algo que ni siquiera sucedía en las administraciones abiertamente neoliberales cuando protestar, criticar e incluso insultar al gobierno no era objeto de persecución política o judicial ni cárcel. Una crítica lanzada al gobierno es ahora interpretada por los burócratas como un acto de sedición, un intento de golpe. Ahí está una de las “pruebas” del golpe de estado: una entrevista de un ex mayor de Policía que dice que si (Evo) no puede gobernar, que dé un paso al costado.
Así también están armadas las acusaciones contra la IX Marcha Indígena, que hace una semana ha instalado una vigilia pacífica en las puertas de la Vicepresidencia. Este acto gandhiano ha sido calificado por Evo como sedición y conspiración porque no permite a los funcionarios (públicos) cumplir su trabajo.
El razonamiento del gobierno no tiene nada que envidiar a los razonamientos policíacos de los regímenes fascistas, base para un mayor control, vigilancia y persecución a dirigentes populares. Sus aparatos de seguridad, fuerza judicial y funcionarios gubernamentales permanentemente construyen justificaciones de seguridad de Estado para criminalizar hasta el modo de pensar o razonar de quienes no están de acuerdo con sus políticas. Es un acto reflejo calificar de “acto político” a cualquier protesta popular para sugerir y dejar en el aire que ese “acto político” pretende arrebatarle el poder.
La arremetida de acusaciones a la población de “hacer política” retrotrae la memoria a las épocas de los gobiernos de facto, gobiernos militares, cuando se perseguía al pueblo por “hacer política”. Y es que Evo Morales, sus ministros y los militantes del MAS se arrogan la exclusividad de hacer política en el país, política que se expresa en beneficiar principalmente a grandes intereses imperialistas y en aplicar la maquinaria del poder del Estado en contra del pueblo (otro es el caso de los opositores y oportunistas, MSM, MNR-aliado del MAS, UN, CN, Verdes).
Pero el gobierno no solo ataca propagandísticamente, desde hace dos años ha comenzado con más fuerza a ejercer acciones violentas contra los sectores populares. El sábado 30 de junio, el gobierno firmó un pacto con un grupo de indígenas de la Marcha a espaldas de sus bases, luego del pacto envió vehículos con sus esbirros para sacar de La Paz a un grupo de indígenas asentados en un predio de la Universidad Mayor de San Andrés. Los indígenas se opusieron a este secuestro, y los funcionarios del Ministerio de Gobierno y la Agencia de Nacional de Hidrocarburos (¡!) lanzaron una batería de acusaciones contra ellos y contra una defensora de Derechos Humanos (Amparo Carvajal), amenazándolos con abrirles causa penal por atentar contra la vida de un funcionario que resultó herido (se golpeó el mismo con una reja) en el forcejeo.
El autor de estas furibundas amenazas es el viceministro Jorge Pérez, quien merodea en toda protesta acompañado de fiscales y agentes de inteligencia. Este mismo Viceministro irrumpió en un hospital, con su séquito de fiscales, para interrogar a la enfermera Boyan (interna en terapia intensiva) que había sido torturada al ser atrapada en una protesta de su sector. Este mismo burócrata, enviado y siguiendo órdenes de Evo Morales, insiste en que está por investigarse, está por verse, la violación de derechos humanos contra los indígenas. El mismo que hace unos días justificó la prohibición a los indígenas de entrar a Plaza Murillo, en La Paz, porque, según él, la van a ensuciar y harán “sus necesidades” en ella.
Esta es la mentalidad policial y colonial que sedimenta la base del razonamiento de muchos funcionarios de gobierno, que con seguridad son la envidia de los gobiernos neoliberales. El propio Ministro de Gobierno, Carlos Romero, que hizo carrera “asesorando” a los indígenas desde las ONG, lanzó su amenaza a la defensora de Derechos Humanos, nos vamos a ver en los estrados judiciales.
La arremetida del gobierno hasta ahora ha sido focalizada en contra de determinados sectores como los indígenas de la IX Marcha. El gobierno no se cansa de decir que es ilegítima y que carece de apoyo de la población, sin embargo invierte muchísimo dinero y prestigio político para acabar con la “insignificante” marcha. El gobierno de Morales ha desplegado una campaña publicitaria millonaria, operaciones militares psicosociales con prebendas en el TIPNIS, pactos a espaldas de las bases con dirigentes esquiroles de nivel medio y una fuerte campaña de desprestigio contra los dirigentes de la marcha. Un elemento central ha sido su política corporativa (practicada por el fascismo europeo) de dividir, cooptar o generar paralelismo en la dirigencia.
Toda esta enorme inversión para construir una carretera en un territorio que es parque nacional, territorio indígena y área protegida a la vez. Tanto despliegue no se puede explicar sino por las presiones imperialistas sobre el gobierno de cambio, el proyecto carretero es justificado como “desarrollo” para los propios indígenas, sin embargo para nadie es un secreto que la gran burguesía, en particular la ganadera del Beni, va a ser beneficiada, y los capitales imperialistas de la región, en particular ligados a la gran burguesía brasilera, podrán concretar su sueño de sacar sus mercaderías al Pacífico y conectarse con el mercado chino. Alguna gente cree sin embargo que será desarrollo de todas formas, sectores de cocaleros e indígenas-campesinos parcelarios, aliados de Evo, cifran sus esperanzas en ese “desarrollo”.
Lo cierto es que la carretera beneficiará principalmente al gran capital y las migajas caerán sobre algunas poblaciones, otras serán atraídas como mano de obra barata en las actividades que genere la carretera y muchas mujeres caerán en el infame negocio de la prostitución, como ha sucedido por ejemplo en el proyecto del Mutún. El “desarrollo” que ofrece Evo a los indígenas amazónicos es el “desarrollo” que imponen las clases dominantes a los pueblos, es el “desarrollo” capitalista que terminan aplastando y oprimiendo a la población y saqueando sus recursos. Ese “desarrollo” no es el que necesita el pueblo boliviano, los pueblos pueden soñar con un desarrollo diferente pero para ello deben construir una alternativa fuera de los estrechos límites del viejo Estado incluido su proceso de cambio de rasgos fascistas.
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