Análisis y Opinión
Julio de 2012
Este 5 de julio una protesta convocada por el colectivo Mujeres Creando para reivindicar el papel y la imagen de la Presidenta de la IX Marcha Indígena, Bertha Bejarano, fue reprimida y a la vez aprovechada por el gobierno para arremeter contra la pacífica vigilia de hombres, mujeres y niños indígenas que estaba cerca de la manifestación.
La protesta de las mujeres cerca de la Plaza Murillo produjo un forcejeo con los policías, que respondieron echando gas pimienta y luego agua a presión con su carro rompe manifestaciones. La respuesta de la Policía cayó sobre la vigilia de los indígenas, a pocos pasos, destrozando sus carpas, ropas, comida y, lo más grave, afectando a los niños (incluso lactantes) que se encontraban ahí. La Policía incluso lanzó tres granadas de gas directamente al campamento de la vigilia donde se encontraban los menores.
La acción de la Policía obviamente generó la respuesta de los indígenas que lanzaron lo que encontraron en la calle, incluidos palos y piedras. Como es lógico, los manifestantes atinaron a defenderse de la acción criminal que desató la Policía contra niños y mujeres. Según reportes médicos, al menos 8 niños necesitaron atención médica, la mayoría eran de menos de 10 años, uno necesitó oxígeno para estabilizarse luego de entrar en shock producto de la represión y los gases.
Esta vez el viceministro Jorge Pérez se dedicó a justificar la represión policial calificándola de “reacción natural” frente a la provocación de los manifestantes. Argumentar que la Policía sólo responde a la provocación de los movilizados es la forma de justificar a los represores. Los funcionarios estatales ponen en la misma balanza al enorme aparato represivo armado y entrenado para reprimir y a los sectores populares organizados para reclamar sus derechos. Y es que los funcionarios del Estado tienen que defender a rajatabla el ejercicio de la dictadura de clase que ejecutan a través de la Policía contra la población.
El pueblo tiene derecho a organizarse y defenderse, y también tiene derecho a acudir a la solidaridad política de todos los sectores explotados. La historia del movimiento popular, en particular del minero, es una historia de organización y defensa con los medios a su alcance, igual que las luchas en otros pueblos como las de los estudiantes chilenos que enfrentan corajudamente a la Policía, los pobladores de Espinar del Cuzco o los indígenas de Bagua en la amazonia peruana o la actual lucha de los mineros de Asturias que enfrentan con lo que tienen a la acción represiva del Estado.
El gobierno del MAS, como todo gobierno reaccionario, condena la organización y autodefensa del movimiento popular y también condena la solidaridad política, exige que los demás no se metan en la movilización (porque no tienen nada que ver), para así poder aplastar con más facilidad las luchas sectoriales. El pueblo necesita organizarse y coordinar sus luchas para combatir y resistir la política represiva, antipopular y proimperialista del gobierno fascistizado del Evo Morales.
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