Análisis y Opinión
Agosto de 2012
El pasado lunes 30 de julio, pobladores de la comunidad de Caranda, provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, cerraron las válvulas de una estación de gas pidiendo la atención de sus demandas, el conflicto llevó al enfrentamiento de los pobladores con la policía que tuvo como resultado un muerto y cuatro heridos por una brutal gasificación. El fallecido es el ciudadano Ambrosiano Gonzales Rojas de 45 años de edad y el gobierno ha dicho que éste murió por el disparo de una “canica” y “por no acudir a tiempo a un centro médico”, sin embargo, los pobladores denunciaron que la policía impidió que éste sea trasladado y por ello llegó sin vida al hospital de Portachuelo.
El deceso se suma a la larga lista de muertos en la gestión de Evo Morales, los enfrentamientos se producen entre pobladores y las fuerzas represivas del Estado. Aunque las demandas son protagonizadas por la población y tienen diverso carácter, Morales y sus ministros suelen decir que estos son movimientos de la derecha o de radicales que quieren tumbarlo. Este cliché desgastado suele ser acompañado de una millonaria campaña publicitaria en los medios privados de comunicación, medios a los que paradójicamente acusa de ser “la derecha opositora”.
Y, si de paradojas se trata, en este caso el gobierno ha reprimido violentamente a una protesta que exige la construcción y el asfaltado de caminos, construcción de puentes y electrificación de la zona, mientras que en el TIPNIS se empeña en quebrar la lucha de los indígenas que resisten por evitar que se construya una carretera que atraviese por medio de su territorio, que además es parque nacional y área protegida.
Los conflictos entre población y gobierno no tienen fin. A pesar de que el gobierno sorteó con cierto éxito la protesta de los indígenas del TIPNIS, otros conflictos no solucionados y que se postergaron con promesas demagógicas están reapareciendo. Es el caso de Malkhu kota, donde hace unas semanas fue muerto un comunario por disparo de bala. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) recientemente ha roto compromisos con el gobierno porque éste no cumplió sus promesas y han amenazado con hacer bloqueo de carreteras, una de las cosas que ha molestado mucho a la APG ha sido el manoseo del gobierno para dividir a su instancia superior, la CIDOB.
Otro conflicto es el de la población de San Buenaventura que retuvo por cuatro días a la diputada oficialista del MAS, Julia Quisberth, exigiendo que le desbloqueen las cuentas municipales. Este conflicto está relacionado con problemas de corrupción protagonizada por el ex alcalde masista de San Buenaventura que ha generado un vacío de poder, donde el partido de gobierno obstaculiza el nombramiento de cualquier otra autoridad.
Los conflictos entre población y gobierno expresan las contradicciones entre el pueblo boliviano y el viejo Estado terrateniente burocrático. Esta es una contradicción irreconciliable que cada vez se va agudizando. El pueblo poco a poco ha ido desenmascarando los intereses del gobierno del MAS y su servicio a intereses imperialistas, el gobierno ha respondido como los gobiernos reaccionarios, con la permanente amenaza, represión y persecución.
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