Las contradicciones entre el Estado y el movimiento popular boliviano

Análisis y Opinión

Septiembre de 2012

La lucha del movimiento popular

Los funcionarios gubernamentales y analistas del “proceso de cambio” dicen que estamos viviendo momentos de bonanza y que las luchas sociales se producen por repartir el excedente económico. El gobierno se refiere a los ingresos que tiene el Estado por el IDH que ha mejorado las reservas fiscales y es distribuido a los gobiernos departamentales y locales, a instituciones estatales de salud y educación.

Es verdad que tenemos ingresos mayores debido a la renegociación de contratos con las empresas transnacionales y particularmente por la subida los precios internacionales de los minerales, el gas y el petróleo y por ello hay una asignación mayor a diferentes áreas, sin embargo, esto está muy lejos de traducirse en una verdadera llegada de recursos a los sectores populares. El pueblo boliviano no ve cambios sustanciales en su economía y por ello se organiza y lucha. Las manifestaciones populares de estos últimos años muestran aquello.

Aunque no tenemos cifras confiables en la estadística oficial, el gobierno dice que en los últimos años la extrema pobreza ha disminuido en un 14%. Aún recogiendo sus cifras, el problema de los pobres está muy lejos de solucionarse y debemos entender que esta baja se debe a la coyuntural situación de ingresos que vive Bolivia, cosa que no es nueva en la historia del país y que en momento de crisis mundial suele revertirse.

La política de “redistribución” de la riqueza del gobierno de Evo Morales se basa principalmente en el consumo rentista del excedente y no en la generación de empleo a través de la creación de industrias. Desde nuestro punto de vista la industrialización es imposible si no se rompe con la dominación del imperialismo que nos coloca en el papel de exportador de materias primas o nos permite un nivel de industria subordinado. Nuestra condición de exportador de materias primas se ha reforzado en esta gestión con la mayor exportación del gas (a veces incluso a costa de no satisfacer la demanda interna) a Argentina y Brasil o la atracción de capital imperialista para explotaciones de hierro en el Mutún o el litio en Uyuni.

La “creación de industria” en esta gestión (papelbol, cartonbol, etc), aparte de ser una reedición trágica del programa del 52, ha resultado plagada, incluso desde antes de nacer, de todos los vicios que tiene el viejo Estado: corrupción, tráfico de influencias, cohecho, etc. La “industrialización en hidrocarburos” ni siquiera ha comenzado y ya tuvo escándalos de corrupción y muerte, en el caso de Papelbol la corrupción implicó a personajes de altas esferas del gobierno, mientras que otros emprendimientos están siendo investigados. Estos son ejemplos ilustrativos de cómo marcha creación de industrias en el proceso de cambio.

Sin embargo, a pesar de este panorama el gobierno dice que vivimos un periodo de expansión económica y que en este contexto las acciones de protesta del movimiento popular  expresan una lucha por el excedente. Pero un vistazo a los diferentes conflictos del país nos muestra una variedad de intereses: reivindicaciones salariales, mejores condiciones de trabajo, exigencias de mayor inversión social en educación y salud, creación de puestos de trabajo, defensa de derechos políticos sindicales, respeto a derechos fundamentales (políticos) de las personas, respeto a los derechos ganados anteriormente que el gobierno conculca a cada momento, defensa del territorio, y por supuesto, también las exigencias al gobierno para que cumpla sus promesas que generaron expectativas con los nuevos ingresos del Estado.

Esta reacción del movimiento popular sucede porque el “proceso de cambio” se desenvuelve en un contexto de pobreza de amplios sectores populares que ve como los “excedentes del Estado” son apropiados por determinados grupos prebendalizados y la ampliada burocracia estatal.

El gobierno responde a la protesta con represión, persecución y criminalización. La lucha de clases existente es una lucha por defender las conquistas democráticas ganadas históricamente y las que enarboló durante la crisis del 2000-2005 como la Agenda de Octubre. No se trata como dice el vicepresidente de “tensiones internas que profundizan el proceso revolucionario… que enriquecen la teoría revolucionaria”, son reflejo de una lucha de intereses antagónicos entre las masas y la explotación del capital gestionado por el viejo Estado hoy bautizado con el nombre de plurinacional.

El movimiento popular se ha ido soltando de la camisa de fuerza que le impuso el oportunismo con las promesas de un proceso de transformación radical, pero tal transformación no se traduce en realidad para las masas, por el contrario, el pueblo ve como los dirigentes del “proceso” concilian abiertamente los elementos fundamentales de la reproducción del viejo Estado con los sectores más reaccionarios del país, mientras que para el pueblo el MAS aplica el garrote, por ello el movimiento popular entiende que no conseguirá nada, ni mantendrá sus derechos conquistados si no se moviliza y enfrenta al gobierno abiertamente.

Los programas del viejo Estado

Las contradicciones que vemos hoy entre el Estado y el movimiento popular muestran los límites del horizonte temporal que tiene el programa de reformas del MAS. En la historia del país cada programa planteado por las clases dominantes ha tenido cierta temporalidad de vigencia. En la historia reciente tenemos el programa del MNR de 1952, el programa neoliberal de 1985 y ahora el programa de reformas del MAS. Cada programa ha inaugurado una etapa en el desarrollo y evolución del viejo Estado y para nosotros, el programa del MAS es parte de esa historia. La aplicación de estos programas ha servido para profundizar el capitalismo burocrático y salvarlo de su crisis y ciertamente implementada una nueva etapa, que al fin y al cabo se expresa en el pacto de las clases dominantes, no hay vuelta atrás, porque son necesarias para la evolución de la vieja sociedad.

El que se imponga este programa y que además gane legitimidad ante el pueblo y la sociedad no significa necesariamente que sea revolucionario (un ejemplo fue el 52 con el MNR). El hecho de que el programa de reformas del MAS, expresado en su nueva normativa (nueva Constitución) y nueva administración burocrática (el que llaman Estado plurinacional), no sea cuestionado en su esencia por la sociedad y los viejos opositores y partidos conservadores refleja simplemente la aceptación de la necesidad del Estado de un nuevo programa y de una nueva etapa. La coyuntural lucha entre el gobierno y la oposición es el reflejo de cómo los viejos conservadores (terratenientes y grandes burgueses ligados al programa anterior) negocian, en el pleno sentido de la palabra, su inclusión en esta “nueva” estructura estatal.

Los intereses del pueblo no tienen nada que ver en esta lucha excepto el de conquistar derechos democráticos aprovechando las contradicciones de los sectores dominantes. La lucha estratégica del pueblo boliviano se orienta a superar los límites de esta institucionalidad, ahora defendida por el MAS, en un auténtico proyecto de liberación que rompa con el sistema capitalista que es el origen de sus grandes problemas.

La lucha por la defensa de los derechos democráticos del pueblo marca el carácter antagónico de los intereses del pueblo y los representantes de las clases dominantes que ahora administran el Estado, pero esta lucha no puede quedarse ahí, por ello la tarea de los revolucionarios es coordinar estas luchas en un programa y una organización que construya en el campo popular una alternativa dispuesta a superar los límites del viejo Estado y su sistema de reproducción económica, es decir, que acabe con el capitalismo burocrático y el viejo Estado terrateniente feudal y se oriente a una revolución democrática de nuevo tipo.

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