Por: Análisis y OpiniónOctubre de 2012
La noche del 17 de julio de 1992 el paramilitar “Grupo Colina” se dirigía a la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” a ejecutar un operativo ordenado por el Comandante General del Ejército; el operativo tenía la anuencia del jefe de facto de los servicios de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres y el entonces presidente peruano Alberto Fujimori Fujimori. A varios kilómetros de su objetivo, el comando se detuvo y para pasar revista a sus tres grupos operativos y afinar el trabajo, se definieron las tareas y los materiales para la operación: pistolas, ametralladoras, picos, palas y cal; el material necesario para una ejecución y entierro de cadáveres, eso es lo que iba a hacer el Grupo Colina con los estudiantes de la residencia universitaria.
Los paramilitares entraron violentando la puerta, seleccionaron a los estudiantes, hombres y mujeres, nueve en total, y luego fueron por el profesor de pedagogía Hugo Muñoz, los sacaron a todos con el rostro cubierto y los subieron a las camionetas que se encontraban frente a las oficinas del rectorado.
En el trayecto de regreso los militares buscaron un buen sitio para ejecutar el plan, uno de los jefes operativos de “Colina”, el suboficial de Ejército Jesús Sosa Saavedra alias “kerosene”, recomendó el lugar para la ejecución. “Kerosene” era el encargado de la logística que consiguió los picos, palas y cal, era un tipo eficiente para esta clase de trabajos, su apelativo lo obtuvo por su capacidad para desaparecer cadáveres usando diversos tipos de combustible para quemar.
Los secuestrados enmanillados, de rodillas y con el rostro cubierto no sabían exactamente lo que pasaba, nadie sabía con quien estaba porque no podían verse, el profesor trató de dar ánimo gritando para que oigan sus captores y los estudiantes:
– No les tenemos miedo… no se preocupen muchachos, mañana estaremos libres
La reacción de los secuestradores fue un golpe en la cabeza y una respuesta:
– No somos la policía, huevón
Los ejecutores se pusieron frente a sus víctimas y apretaron el gatillo sin mayor trámite, no sintieron satisfacción ni remordimiento, para ellos eran senderistas y debían morir, se trataba sobre todo de una orden que debían cumplir lo más rápido posible. Un grupo cavó un hoyo no muy grande y metieron allí los cadáveres, echaron cal y los cubrieron con tierra.
Al día siguiente los jefes de la operación, el oficial Enrique Martín jefe del Grupo Colina y sus superiores, no estaban seguros de haber hecho bien “el trabajo”, y enviaron a “kerosene” a verificar. Los cuerpos no estaban bien enterrados, sobresalía una mano, un brazo y algunas ropas de los muertos, entonces nuevamente el equipo planificó terminar correctamente la operación. Esperaron un día y por la noche fueron en grupos a cavar tres zanjas y colocar los cuerpos, echaron cal y dejaron todo bien cubierto.
Este segundo entierro no sería el definitivo para los estudiantes y el profesor de la Cantuta. Cuando los familiares y amigos empezaron a preguntar por ellos y la prensa dio cuenta del operativo en la Universidad, la amenaza de que se descubra el crimen llevó a los mandos del Ejército a tomar ciertas medidas correctivas con los cuerpos. Ordenaron una nueva operación al Grupo, sacaron los cuerpos de su lugar de entierro, los quemaron con gasolina y kerosene y los colocaron en cajas para ser enterrados nuevamente en otro sitio alejado de la ciudad de Lima.
El “Caso La Cantuta” ha sido una de las tantas atrocidades cometidas durante el régimen de Fujimori y forma parte del historial criminal de las FFAA peruanas durante todo el proceso de guerra interna en el Perú. Asesinatos en masa, secuestros, desapariciones forzadas, fosas comunes incluso dentro de cuarteles militares con cuerpos incinerados en los hornos que tenían estas instituciones, como en Ayacucho, fueron una práctica corriente durante todos los mandatos gubernamentales, en particular en las zonas serranas donde la vida de la gente no valía nada para un Estado que tenía un enorme desprecio por ellos y los veía poco menos que salvajes.
Los oficiales del Ejército y la Marina se hicieron célebres por estas matanzas y para evitar el desprestigio el Estado usaba grupos paramilitares. El Grupo Colina tuvo como precedente al Grupo Escorpio formado durante el régimen de Alan García Pérez, estaba formado por militares que se especializaron en hacer operaciones clandestinas desde los inicios de la década de los 80s, contaban con toda la logística del Estado y funcionaban en las oficinas del Servicio de Inteligencia donde incluso tenían un horno para quemar los cadáveres de sus víctimas.
No estamos hablando de un grupo de militares sádicos y dementes que actuaron a espaldas de la institución armada, Colina era un grupo reconocido y odiado en el ambiente militar porque contaba con el respaldo pleno del Estado, tanto así que fueron premiados con ascensos por el propio Fujimori, se trata entonces de un comportamiento sistemático e institucionalizado del Estado peruano para actuar contra la guerrilla, con particular énfasis en la gestión Fujimori-Montesinos-Hermosa que ejercían un control presidencialista de las FFAA y sus servicios de inteligencia, del Poder legislativo, Judicial, parte de la prensa y muchos empresarios y terratenientes, además de contar con el respaldo del imperialismo yanqui entre otros.
Si bien los asesinatos en la gestión Fujimori fueron más selectivos en general siguieron la línea genocida que establecieron los generales peruanos en los 80 y que la hicieron pública alguna vez en la prensa: si de 100 muertos uno es terrorista, entonces se justifica la acción.
La política lumpenesca del “chino”
Fujimori no sólo cometió este tipo de atrocidades. Su gestión abrió de par en par las puertas del imperialismo yanqui y asiático, en particular japonés, entregó toda la industria nacional a manos del capital transnacional que efectuó políticas de shock económico contra los trabajadores; para ganarse el apoyo de los sectores populares impulsó fuertemente la mendicidad con los programas del Vaso de Leche y Comedores Populares, todos programas que impulsa el imperialismo para contener la protesta popular con una serie de donaciones de alimento chatarra y calmar el hambre del pueblo. El financiamiento norteamericano para la guerra contrasubversiva era una parte del paquete que entregaría el país a los capitales imperialistas abriendo la etapa que en Bolivia conocemos como neoliberal.
La prensa peruana independiente era escasa y perseguida, eran contadas excepciones dentro de un mar de prensa amarilla que construía sus titulares con las sugerencias del servicio de inteligencia. La abundante prensa chicha, algo como Gente y Extra en nuestro país pero elevado a la décima potencia, era producida por el régimen en las oficinas del servicio de inteligencia, el objetivo era movilizar al lumpen a favor del gobierno.
Fujimori lumpenizó a muchos sectores de las clases dominantes, lo consiguió en parte porque éstos eran proclives a venderse por dinero sin ningún problema, grupos políticos, empresarios, periodistas, actores de televisión, cantantes, cómicos, vedettes, etcétera, todos ellos desfilaron como artistas de cabaret por las oficinas de Vladimiro Montesinos para vender sus servicios al régimen corrupto. Cuando se descubrió todo esto Fujimori escapó al Japón desde donde envió su carta de renuncia.
Hoy el sátrapa está condenado por crímenes de lesa humanidad y cumple condena en una instalación policial, tiene una cárcel dorada con beneficios que no tienen ni tuvieron sus perseguidos, dicen que se encuentra deprimido y tiene una enfermedad terminal y por ello ha pedido indulto. Lo ha pedido a Ollanta Humala, para algunos el presidente progresista, pero Humala se formó en el Ejército criminal, es tan proimperialista y entreguista como Fujimori, no ha tenido reparos en mandar a disparar a pobladores del Cusco que defendían los recursos naturales o a campesinos en Cajamarca que se oponen al proyecto minero Conga. El “progre” Ollanta tiene en sus manos la decisión que refrendará el pacto de intereses de las clases dominantes peruanas y de sus partidos políticos.
Se dice que el indulto es humanitario, sin embargo es político. No solo expresa el cálculo y el pacto entre los actores que dirigen (y defienden) el Estado sino refleja también el carácter de clase de esa práctica política.
El Estado ha dejado morir en la cárcel a un montón de presos de todo tipo durante el brutal régimen Fujimorista y sus continuadores. La “clase política” de manera hipócrita dice “nadie merece morir en la cárcel” sin embargo en las cárceles peruanas murieron los que se atrevieron a enfrentar al Estado, los que abiertamente asumieron su responsabilidad en la guerra interna, los que tuvieron una pasiva participación y quienes eran inocentes de cualquier actividad pero fueron señalados por el Estado y su brutal dictadura que los hundió en las mazmorras hasta el último día de sus vidas. Esos muertos en las cárceles peruanas no apellidaban como los mafiosos y corruptos políticos o miembros de las clases dominantes, han muerto y siguen muriendo, siguen esperando indultos que no les llega, son gente del pueblo, pertenecen a las clases explotadas, aquellas a quienes el Estado no le importa, peor aún si forman parte de quienes se atrevieron a desafiarlo.
Por ello el indulto al criminal es un acto político de las clases dominantes para resolver las diferencias que tienen como grupos de poder, no tiene nada que ver con cumplir las leyes del país ni con poses de humanismo que en realidad no existen, es simplemente ir cerrando el capítulo de la guerra interna resolviendo los problemas pendientes por los servicios prestados en la defensa del viejo orden, tratando, de la mejor forma posible, de aparentar ante el pueblo coherencia y respeto a la institucionalidad jurídica.
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