Por: Análisis y Opinión
Octubre de 2012
El pasado martes 9 de octubre, el gobierno realizó, en la localidad de Challapata del departamento de Oruro, un gran operativo de fuerzas combinadas de la Policía, el Ejército y miembros de la Aduana Nacional. El operativo se realizó por tierra y aire con más de 8 tanques y helicópteros. El objetivo según el gobierno era dar un golpe al contrabando que ha convertido a Challapata en centro importante de este negocio.
El resultado de este impresionante despliegue fue el precintado de dos talleres con aproximadamente 60 autos “chutos”, en uno se encontró billetes falsos y en otro documentación y placas falsas. El saldo violento, de enfrentamiento con la población fue la muerte de dos personas, un menor de 17 años de edad y otro de 24, que no tenían relación con los hechos perseguidos por el Estado, eran trabajadores sencillos que estaban en Challapata.
Resulta paradójico semejante despliegue, en particular el militar, para someter a contrabandistas en una población que no tiene las características para poner en peligro a las fuerzas represivas del Estado, que tienen un cuartel en la zona, por el contrario, el despliegue militar fue una muestra de la represión brutal de un gobierno que asume visiones reaccionarias y fascistas en su supuesta lucha contra el contrabando.
El gobierno ha presentado y justificado la acción de sus fuerzas represivas criminalizando a todo el pueblo de Challapata. El ministro Ramón Quintana el mismo día dijo que existían grandes bandas criminales de contrabandistas y narcotraficantes, además de grupos falsificadores de billetes y mafias organizadas de falsificadores de placas y documentos de propiedad, pero las evidencias reales de falsificación no tenían las dimensiones magníficas que les atribuía el señor Quintana. Por su parte el vicepresidente de la República también justificó la intervención diciendo que se dio un golpe a redes multimillonarias de contrabando en Challapata y a una “estructura delincuencial” que “planificaba la toma de cuarteles”, nuevamente en el estilo de Quintana, el vice revela planes en plural de acciones del contrabando tergiversando los indicios sobre lo que realmente sucedía en Challapata.
Entendemos que toda esta forma de presentar el problema está orientada a minimizar la responsabilidad del gobierno y sus fuerzas armadas en los asesinatos de los dos pobladores y los 8 heridos en Challapata. Al presentar los hechos como el “combate” a una organización criminal multimillonaria los muertos se ven como el “costo inevitable”. Incluso el ministro de gobierno, Carlos Romero, dijo que la “reacción” del Ejército se debió a que la población secuestró a tres militares. Esta distorsión de los hechos una vez más tiene por objetivo ocultar la responsabilidad criminal del gobierno.
La realidad dista mucho de estas justificaciones y la “lucha contra el contrabando” es una postura falsa ante la población. Los muertos en Challapata eran trabajadores que no formaban parte de las redes contrabandistas e inclusive los indicios señalan que no formaron parte de la reacción de la población ante el atropello de los uniformados. Se ha ocultado deliberadamente, tanto por el gobierno como por algunos medios de prensa, que el día del enfrentamiento al medio día un canal mostró en directo como una persona fue baleada y la dejaron desangrarse. Otro medio, en horas de la noche, entrevistó a su reportero en Challapata quien dijo que uno de los muertos estaba con ellos cuando el ejército les disparó directamente al cuerpo, esta víctima había gritado a los militares “no disparen, es la prensa” pero los militares le dispararon al cuerpo y lo dejaron desangrarse. Ellos no se encontraban en medio del enfrentamiento ni cuando la población indignada capturó a los tres uniformados en respuesta por la acción represiva. El reportero después de denunciar esta muerte dijo que el ejército los señaló directamente por ser periodistas, les quitaron sus implementos de trabajo, los amenazaron de muerte, los golpearon, persiguieron a otros periodistas sabiendo que eran trabajadores de la prensa porque los de inteligencia los identificaban así. Está claro que los militares no querían testigos de su accionar criminal. Sin embargo, estas declaraciones no tuvieron más repercusión, se prestó atención a otros medios de prensa agredidos y el gobierno prometió “una investigación” como las que tiene acostumbrado al pueblo, de la cual no sabremos nada.
La visión policial criminalizadora que tiene el gobierno con la población de Challapata no es una novedad, forma parte de las visiones reaccionarias y fascistoides que tuvo el Estado durante décadas y es parte fundamental de la visión del “proceso de cambio”. En este sentido se justifica el accionar represivo, como si todos fueran delincuentes donde un muerto más o uno menos no es problema, todo lo contrario, se trata, según esta visión, de sentar la mano, poner el ejemplo, acabar con el poder delincuencial. Así lo ha dicho claramente el Comandante en Jefe de las FFAA, Tito Gandarillas, quien inusualmente estuvo presente en esta acción, “hemos venido a hacer limpieza de los malhechores y delincuentes, que al mismo tiempo se convierten en narcotraficantes”, entonces los muertos son delincuentes y se habría evitado que sean futuros narcos.
La visión de “limpieza social” promovida por los jefes policiales y militares es muy parecida a la que tiene la Policía Militarizada en Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires o en el Distrito Federal en México, es visión funciona a la hora de disparar contra la población. Para redondear este coctel de visiones reaccionarias, el fiscal de Distrito de Oruro, Gonzalo Martínez, que acompañó la acción y por supuesto no vio ni un solo muerto en Challapata, agregó la nota xenófoba señalando que la presencia de ciudadanos extranjeros podrían ser “factores negativos de la sociedad”.
Esta visión nefasta no distingue a trabajadores, obreros, campesinos o comerciantes que son parte de la población, golpea los eslabones más débiles de la cadena ilegal y protege a los “peces gordos” que suelen tener relaciones de otro nivel con las autoridades del Estado.
Por eso la lucha contra el contrabando de autos, o sea contra los famosos “chuteros”, es falsa. En muchas oportunidades los medios televisivos han mostrado a efectivos militares cobrando coimas a los “chuteros” para que internen ilegalmente autos, es también frecuente que efectivos militares secuestren autos ilegales para luego venderlos clandestinamente o cobrar coimas a los internadores. Esto había sucedido el domingo anterior al 9 de octubre generando el reclamo de los “chuteros” y protestas con dinamita cerca del cuartel donde los militares tenían autos secuestrados.
La relación de los efectivos policiales y militares con los delitos que dice combatir es escandalosa, recuérdese que hay un ex Comandante de la Policía implicado en el contrabando de placas falsificadas y recientemente se destapó otro acto criminal de la policía en Warnes con secuestro, extorsión y muerte practicado por los propios policías. Los jerarcas del proceso de cambio también han estado implicados en el contrabando como el señor Quintana quien fue acusado por su compadre y ex Jefe de la Aduana, César López y como si esto no fuera poco, el propio Evo Morales, en una de sus declaraciones hace poco tiempo pidió a sus “diputados chuteros” (textual) que “donen autos para su próxima campaña electoral”.
El contrabando es una actividad generalizada en Bolivia y ha conseguido siempre nexos políticos a todo nivel. En el caso de los “33 camiones de contrabando” que implicó al ministro Quintana, los contrabandistas de mercadería se dieron el lujo de entrar a Palacio de Gobierno y hacer declaraciones desde la bancada parlamentaria del MAS, después de haber “recuperado” 33 camiones con contrabando de las instalaciones de la aduana, con anuencia, según dijeron, del señor Quintana (el caso quedó difuminado en la nebulosa que se crea cuando el gobierno y la oposición se enfrentan). Otro elemento que muestra el poder de los contrabandistas de autos en la actualidad es el haber conseguido, a través de diputados del MAS, una amnistía a los autos internados ilegalmente bajo el nombre de “nacionalización”.
La intervención con muertes en Challapata no es un episodio del “combate” a la delincuencia, no es una lucha de las fuerzas de la ley versus los delincuentes como justifica el gobierno y algunos analistas adocenados. Tanto el gobierno como sus fuerzas policiales y armadas así como grupos organizados con mucho dinero se han beneficiado del tráfico ilegal del mercaderías y autos, algunas veces se ha montado verdaderas mafias entre privados y funcionarios estatales para poner en marcha este negocio, y eso es algo totalmente vigente, muestra el grado de desintegración del viejo Estado y sus fuerzas reaccionarias donde el pueblo una vez más se convierte en la víctima.
Análisis y Opinión 
INTERESANTE PERO AÚN CON MUCHO SESGO Y POCA CRITICA, MUY SUPERFICIAL, SIN POSTURA CLASISTA, MCHO DISCURSO SIN ASIDERO OBJETIVO.