Los conflictos en el Censo expresan la desconfianza en el Estado y el gobierno boliviano

Por: Análisis y Opinión

29 de noviembre de 2012

Pasó el Censo Nacional de Población y Vivienda en Bolivia con más problemas creados por sus propios organizadores, el Instituto Nacional de Estadística (INE), que las demandas de la población en general. La improvisación y la falta de cumplimiento con los requisitos previos al Censo no han garantizado un recojo confiable de datos y ha puesto en cuestión nuevamente a un ente (el INE) que cada vez es acusado de distorsionar las cifras macroeconómicas a favor del gobierno.

La decisión del gobierno de Evo Morales de llevar adelante el Censo el 21 de noviembre fue una sorpresa para los propios funcionarios del INE, el director de ese entonces, había manifestado en un evento académico hace aproximadamente un mes, que, como iban las cosas, fundamentalmente por el tema de la cartografía inconclusa, no se llevaría adelante este el censo este año.

Sin embargo la fecha para este evento fue planteada y ejecutada. Contó con la renuncia del Director del INE y otros funcionarios departamentales. Debido al escaso tiempo, se impulsó a toda prisa la solicitud de voluntarios, esta vez casi no participaron los profesores, se habló de convenios con las universidades sin embargo al parecer no hubo una respuesta satisfactoria, entonces los funcionarios del INE hablaron de movilizar a los conscriptos militares y estudiantes de colegio con la apetitosa oferta de regalarles 15 puntos en cualquier materia (suponemos que esto movilizó fundamentalmente a alumnos reprobados porque en la mayoría de colegios la gestión académica ya finalizaba y los estudiantes ya tenían sus calificaciones), aún con todo esto, algunos funcionarios del INE hablaban, aunque no públicamente por supuesto, de la falta de voluntarios para este proceso.

Los conflictos sociales no estaban en sintonía con el Censo, la controvertida ley de Extinción de Dominio (por sus rasgos anticonstitucionales), movilizaba a los sectores gremiales y de transportes que amenazaban con realizar protestas en medio del proceso censal, fácilmente se puede ver la “importancia” que le asigna la población al Censo a la hora de hacer sus demandas reivindicativas.

Así también parecen haberlo comprendido las poblaciones con problemas históricos de límites, que no ha resuelto ningún gobierno ni obviamente éste, y emprendieron con una serie de manifestaciones y bloqueos, particularmente agudos en la localidad de Colomi e Ivirgarzama (dos localidades bases del MAS), pero no fueron los únicos, hubieron 12 puntos de conflictos que amenazaban la realización del Censo.

Las poblaciones rurales se expresaron con mucha combatividad particularmente cuando enfrentaron a la policía, fueron la expresión de frustración por las promesas falsas del gobierno y los problemas históricamente irresueltos, además una respuesta a la represión policial que usa el viejo sistema cuando quiere imponerse a la protesta popular.

A diferencia del argumento de algunos masistas, de que estas protestas expresan el interés de la población por el Censo, en realidad lo que hay es un cuestionamiento al Estado y una desconfianza en éste. Sin bien, como parte de su elemento contradictorio, los pueblos esperan que los resultados oficiales les sirva para exigir una mayor distribución del presupuesto nacional, es decir, confían en que pueden obtener algo del mecanismo censal, expresa también su desconfianza con los administradores de dicho mecanismo y por ello emprenden fuertes manifestaciones para no ser engañados.

Este cuestionamiento se ve en la forma en que las personas y en particular el pueblo pobre, brinda la información al Estado, intenta entregar la menor información posible porque desconfía. Durante el Censo, en algunas comunidades se ha retenido a los empadronadores así también la boleta censal, en algunos lugares se ha tenido que hacer la encuesta de manera colectiva, con toda la población presente por la decisión de la propia comunidad y no en sus casas. También la gente sin techo, ha ido a sus lotes vacios y ha exigido hacerse censar en ese lugar, expresando la desconfianza de que su propiedad no sea respetada.

Pero, la desconfianza no se produce solamente con este gobierno, ha sido la pauta en los años anteriores cuando se ha realizado el Censo, esto significa que la desconfianza es un cuestionamiento al Estado en general y no solo a las administraciones de gobierno de turno.

Pero ya el día del censo no fue la población quien protagonizó los problemas sino la propia entidad organizadora: el INE. Hubo quejas de los empadronadores que no recibían la logística para su trabajo y faltaban las boletas. Éstas boletas faltaron en las zonas urbanas y rurales del país. El gobierno y sus simpatizantes intentaron esgrimir algunas justificaciones echando la culpa a la movilidad de la población, especialmente en el área rural, que fue presionada para hacerse censar en sus lugares de origen, pero resulta que las propias autoridades de gobierno se fueron a sus provincias con este cometido. Otros ensayaron argumentos más pintorescos, para la ciudad de El Alto por ejemplo, donde faltaron boletas censales, dijeron que la gente había construido rápidamente cuartos y casas (hablamos de un tiempo de un mes aproximadamente) en su afán de hacer aparecer más población en la ciudad y por ello no alcanzaron las boletas. Otro argumento que se esbozó fue que era la primera vez que el país hacía un Censo con sus propios medios y por ello era comprensible que hubiera errores. Sin embargo ésta era una mentira grotesca, porque el Censo en realidad ha sido financiado por el Banco Mundial, como muchas de las políticas del “proceso de cambio”.

El problema de fondo no tiene que ver con estos argumentos superficiales y ridículos, en realidad el Censo se ha realizado con la cartografía inconclusa, y ahí donde se la hizo fue de muy mala calidad, así lo han confesado las propias autoridades de gobierno. Estos han sido los problemas previos a la realización de esta encuesta nacional, sin embargo, aún así, el gobierno se propuso hacerlo este año y esos son los resultados que han obtenido.

Acostumbrado a lavarse las manos, el gobierno quiso echar la culpa a los funcionarios del INE de la parte logística, y los invitó a renunciar, cosa que ha sido rechazada abiertamente. A diferencia de otros casos que se “resuelve a puertas cerradas”, en esta ocasión el problema salió a la luz pública (junto con los problemas del censo) y no pudo ser opacada ni siquiera por los titulares de la prensa afín al gobierno que anunciaba la entrada de Bolivia en el Mercosur.

El viejo sistema necesita actualizar sus datos estructurales para organizar sus planes y políticas administrativas, supuestamente éstas tienen que ver con la redistribución de la riqueza pero al parecer lo que más interesa al gobierno y a algunos políticos es la distribución de escaños parlamentarios; aunque se ha dicho que habrá que esperar para esto, algunos análisis y debates ya se han dado en función de este tema. Las necesidades básicas del pueblo son las que menos importan.

El Censo servirá fundamentalmente para orientar las políticas estatales en función de las necesidades de “desarrollo” de tal o cual sector dominante, el pueblo no debe abrigar esperanzas en esta planeación estatal porque no sirve fundamentalmente a sus intereses, una planificación que realmente sirva a los intereses de las clases populares se desarrollará cuando este tenga en sus manos el poder político.

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