A 30 años de la masacre de Uchuraccay

Los periodistas asesinados en la comunidad de Uchuraccay

Por: Análisis y Opinión

 

En el Perú, en enero del año 1983, la noticia sobre la muerte de presuntos guerrilleros del Partido Comunista del Perú (conocido como Sendero Luminoso) en la localidad de Huaychao a manos de campesinos, atrajo el interés de la prensa nacional. Un grupo de 8 periodistas de diferentes medios escritos decidieron emprender camino a las serranías peruanas para recoger la información que bullía en los medios limeños que decía que los campesinos se habían levantado, con armas en la mano, en contra de Sendero Luminoso. Pero había muchos cabos sueltos como la existencia de menores de edad entre los muertos, así que el grupo de periodistas se aventuró a recoger la información en el lugar de los hechos.

Gobernaba el Perú Fernando Belaúnde Terry del conservador partido Acción Popular, un partido que en los noventa colaboró con Fujimori, pero en los ochenta todavía tenía la “simpatía” de algunos reciclados “izquierdistas”, oportunistas y revisionistas.

La guerra interna había comenzado tres años antes y enfrentaba, por un lado, a los guerrilleros compuestos por campesinos pobres principalmente, y por el otro, al destacamento “los Sinchis” de la policía nacional. Pero el año 83, el gobierno de Belaúnde había autorizado la entrada de las FFAA en el conflicto que se establecieron en las “zonas de emergencia”. Desde ese momento estas fuerzas dejarían su sello criminal, en particular la Marina de Guerra del Perú que trataba con especial sadismo a los guerrilleros detenidos por luchar contra el Estado y por ser campesinos serranos.

Eran momentos en que las Fuerzas Armadas iniciaban la creación de “aldeas estratégicas”, siguiendo la estrategia yanqui en Vietnam, a través de la formación forzosa de “rondas campesinas” para enfrentar a los guerrilleros. La orden que daban los miembros del Ejército a los dirigentes de estas “rondas” (muchos de ellos campesinos ricos que perdieron sus tierras a manos de la guerrilla)  era de matar a todo extraño que llegara por tierra y solo recibir a los que venían por aire. En estos tiempos los generales del Ejército declaraban abiertamente “si de 100 campesinos muertos hay un subversivo, entonces se justifica la acción”. Era la confesión sin ningún tipo de escrúpulos de que estaban aplicando la estrategia de “tierra arrasada” en la guerra contrasubversiva.

El equipo de periodistas que se dirigía a Huaychao compuesto por Jorge Sedano, Eduardo de la Piniella, Félix Gavilán, Amador García, Willy Retto, Jorge Luis Mendivil, Pedro Sánchez y Octavio Infante, junto a  su guía, Juan Argumedo, y otro comunero, Severino Huáscar Morales Ccente, llegó a la comunidad de Uchuraccay y fue recibido por un grupo de campesinos que estaban bajo el mando de las Fuerzas Armadas, inmediatamente fueron interrogados, hostigados y acusados; empezó un forcejeo que terminó con el asesinato de todos los periodistas a golpes de palos, piedras y hachas. Parte de estos hechos se registraron en la cámara del periodista Willy Retto que, al caer durante el forcejeo, hizo algunos disparos de flash y tomó varias fotografías.

El crimen conmocionó a la población peruana y comprometió la estrategia del Gobierno y las Fuerzas Armadas, surgieron denuncias sobre la presencia de agentes vestidos de poncho que azuzaron a los campesinos a matar a los periodistas, incluso algunas fotos de supuestos campesinos con bota militar y otros con anillos en los dedos.

El gobierno conformó una Comisión investigadora a cargo del novelista Mario Vargas Llosa que se encargó de librar de responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Las conclusiones de esta Comisión fueron que se trató de un choque producto de “las diferencias culturales entre los campesinos quechuahablantes y los periodistas provenientes del mundo urbano” que los campesinos habían confundido a los periodistas con guerrilleros de Sendero Luminoso y sus cámaras con fusiles, agregó también que las “Fuerzas Armadas no habían tenido ninguna responsabilidad en el hecho”.

Por supuesto que las conclusiones de esta Comisión iban contra todas las evidencias que surgían sobre las responsabilidades de la masacre, los militares controlaban todo el sector, Uchuraccay estaba bajo el mando de la Marina, fueron ellos quienes habían organizado las rondas campesinas e implementaron el servicio militar en la zona. El objetivo de Vargas Llosa fue exculpar a los militares y tomar partido por el Estado. Lo mismo hizo la Comisión de la Verdad creada el 2001 al avalar la versión de Vargas Llosa, negó a los familiares de los muertos y a la población peruana el derecho a la justicia, a conocer la verdad de los hechos y escondió la responsabilidad de los militares en la masacre de Uchuraccay. Con esta parcialización, la Comisión de la Verdad demostró su carácter partidista con el aparato represor del Estado, las FFAA, que cometieron grandes genocidios durante la guerra interna.

Cómo fueron los hechos

En los años 80 el periódico Kausachum había alertado sobre la responsabilidad de los militares en la masacre de Uchuraccay. Este medio mencionó al contralmirante Juan Bergelund Remy comprometido con el asesinato. El investigador Fernando Fuchs Valdez, que por entonces trabajaba en ese medio, declaró muchos años después, que dicha revelación la hizo el director del periódico Augusto Zimmermann Zavala pero no avanzó la investigación porque fue amenazado de muerte.

En el Perú de aquel entonces las amenazas y los atentados contra la vida periodistas era moneda corriente. La acción salvaje y brutal de las Fuerzas Armadas en las serranías peruanas recaía sobre los campesinos pobres, siempre sospechosos de apoyar a la guerrilla, con detenciones arbitrarias, secuestro, muerte y desaparición forzosa. Los periodistas que denunciaban estos hechos eran objetos de amenazas y muerte.

Uno de estos periodistas fue el joven de 22 años y corresponsal del periódico La República en Huanta (Ayacucho), Jaime Boris Ayala Sulca, quien fue secuestrado por el capitán de corbeta, Alvaro Artaza Adrianzen conocido como “Comandante Camión”, en el propio cuartel improvisado de la Marina de Guerra en Huanta.

Ayala fue torturado y asesinado en el cuartel, un testigo del hecho relató 19 años después que fue el propio “Camión” quien lo mató a golpes y después fue seccionado y sus restos enterrados en varios lugares del cuartel para que no fuera encontrado por sus familiares.

Este escenario dificultaba tremendamente cualquier investigación contra los crímenes del Ejército en las zonas de emergencia, sin embargo Fuchs, en su trabajo de investigación muchos años después, señala que “fue el Ejército peruano que tendió una celada” a los periodistas que murieron en Uchuraccay.

Huanta estaba controlada por un capitán de navío de apellido Duffo (su nombre hasta ahora es un secreto) y lo secundaba el capitán de corbeta Alvaro Artaza Adriánzen (el “Comandante Camión”). Fuchs señala que “El Jefe político militar de la zona de Ayacucho, General EP Clemente Noel estaba al tanto de la llegada de los periodistas” y también el contralmirante jefe del Servicio de Inteligencia nacional (SIN) Juan Bergelund Remy “que había sembrado de agentes infiltrados [en] toda la ruta de los periodistas, en particular el hotel “Santa Rosa” de Ayacucho, donde estuvieron alojados los periodistas y conoció la fecha y hora del viaje. Fue Bergelund el que alertó a Duffo a impedir el ingreso de los periodistas al área, porque corría el riesgo de que aborten el esquema contrasubversivo de tierra arrasada que habían comenzado a implementar en la zona” (estas declaraciones se pueden ver en: http://www.puntodevistaypropuesta.com/2013/01/por-fin-la-verdad-estos-son-los-que.html). Según este investigador, lo que en realidad temía el Ejército era que los periodistas descubriesen que muchos de los promocionados “muertos senderistas” a manos de los campesinos que se habrían revelado contra Sendero, eran campesinos comunes y corrientes que morían en la política de tierra arrasada que aplicaba el ejército para combatir a la guerrilla.

Por esa razón armaron la trampa para los periodistas y utilizaron a los comunarios como ejecutores de su plan de matanza. Muchos años después la Marina se encargó de matar a muchos campesinos de Uchuraccay que estaban arrepentidos y querían confesar como ocurrió aquella masacre.

La muerte de los ocho periodistas, su guía y el comunario que los acompañaba jamás fue esclarecida, el proceso que se abrió para investigar los hechos acabó bajo una montaña de papeles y acciones judiciales, uno de los implicados de este caso, el Comandante Camión que tiempo después daría muerte al periodista Ayala, fue protegido por la Marina que lo secuestró y lo declaró muerto para que no se le siguiese proceso, sin embargo se descubrió que fue llevado a vivir a los Estados Unidos con otra identidad por su institución.

Los crímenes de lesa humanidad que cometieron las FFAA en la guerra contrasubversiva no son únicamente responsabilidad de éstas, sino de todo el Estado en su conjunto, el viejo Estado peruano aplicó sistemáticamente el terrorismo de Estado y lleva sus manos manchada de sangre de campesinos pobres, obreros y estudiantes, de gente progresista y ligada al pueblo. Estas heridas aún esperan la llegada de una justicia verdadera.

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