Análisis y Opinión
11/10/13
Ha pasado más de dos años de la brutal represión a los indígenas en Chaparina que ordenó el gobierno de Evo Morales cuando éstos protagonizaban una marcha contra las pretensiones del gobierno de construir una carretera por medio de su territorio; a pesar de que el vicepresidente Álvaro García dijo que sabían quién dio la orden para la represión y el gobierno en su conjunto prometió justicia contra este hecho criminal, a la fecha no se ve un atisbo de avance del proceso y al contrario hay una permanente obstaculización del mismo por parte de los fiscales encargados del caso. Un sólo jefe policial fue cautelado con mucha suavidad y un par de autoridades políticas fueron sindicadas pero nunca cauteladas. La mayoría de los jefes policiales que dirigieron el operativo represivo fueron premiados con la Comandancia de la Policía y el entonces ministro de gobierno, el fascistoide Sacha Llorenti, recibió del gobierno el cargo de embajador de Bolivia ante NNUU, una buena recompensa por sus servicios en contra de los indígenas del TIPNIS.
La justicia prometida no ha llegado a los indígenas, todo lo contrario, los dirigentes que fueron brutalmente golpeados por la tropa policial dirigida por el ex ministro Sacha, hoy sufren la persecución judicial y han permanecido restringidos de su libertad por más de 80 días por una amenaza de detención de la fiscalía que finalmente no se concretó. Así de aberrante es la política y la justicia en el “Estado Plurinacional” de Evo Morales.
Breve rememoración de los hechos
Los comunarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) iniciaron una marcha en oposición al proyecto carretero del gobierno que pretendía atravesar el parque (su territorio) sin ningún tipo de consulta, a pesar de que la Constitución Política exige la aplicación de una consulta previa, libre e informada para cualquier proyecto gubernamental que se ejecute en un territorio indígena.
Empleando el modus operandi de las empresas transnacionales, el gobierno de Evo Morales hábilmente dividió el proyecto carretero en tres tramos, dos tramos fuera del territorio indígena que fue negociado con colonizadores cocaleros y con madereros. Estos dos tramos fueron aprobados por el gobierno y la carretera se empezó a construir con el evidente objetivo de cercar el territorio indígena y ejercer presión para que la carretera se construya de todas maneras por medio de su territorio. El gobierno y los financiadores (el BID y los grandes bancos brasileños) habían descartado de plano hacer la carretera por otro lugar que no sea el corazón del parque nacional, que a la vez es área protegida y territorio indígena.
El 15 de agosto del 2011 unos 700 indígenas partieron de la ciudad de Trinidad hacia la ciudad de La Paz para pedir al gobierno que no construya la carretera por medio de su territorio. La marcha que duró aproximadamente tres meses fue constantemente acosada por agentes del gobierno, hoy se sabe que hubo miembros infiltrados de la policía y del ejército boliviano; también hubo denuncias de infiltración de gente encubierta de ONGs pro gobierno que se dedicaban a hacer una labor de zapa y filtración de información.
El gobierno se dedicó constantemente a acusar a la marcha de estar ligada al gobierno norteamericano, a la CIA y financiada por las ONGs. Evo Morales buscó desde un principio contraponer a sectores de la población contra la marcha, exhortó a los alcaldes de los municipios que pedían carretera oponerse a los marchistas, intentó de muchas formas frenar la marcha y envió comisiones para negociar en el camino, la comisión formada por ministros del gobierno se reunió con la cabeza de la marcha indígena con el objetivo de frenarla con maniobras dilatorias en tanto alentaba a los campesinos colonizadores (eufemísticamente llamados interculturales) para que se opongan a la marcha del TIPNIS y la bloqueen.
Los colonizadores que eran dirigentes del MAS amenazaron con reventar a los marchistas indígenas y el gobierno utilizó este pretexto para enviar a la policía bajo el argumento de “evitar un enfrentamiento” aunque lo real era que la policía reforzó el bloqueo de los colonizadores contra a una marcha que se desplazaba por la carretera y mantenía el carácter de pacífico.
Como todos estos intentos no funcionaron y los marchistas insistían en llegar a La Paz para hablar con Evo Morales, el gobierno se vio en la necesidad de desbaratar la marcha realizando una intervención brutal desarrollada por la policía el 25 de septiembre del 2011. Para la intervención utilizó como pretexto el supuesto “secuestro” del Canciller de la república David Choquehuanca quien un día antes había ido donde los marchistas a decirles que la carretera era un proyecto del gobierno y éste no iba a retroceder en sus planes, las mujeres indígenas le pidieron al Canciller que las acompañe para atravesar el bloqueo que hacían la policía y los colonizadores y continuar la marcha, cosa que el Canciller consintió con cierta presión y marchó con ellas hasta que se produjo un altercado entre la columna de la marcha y los policías, el ministro de gobierno Sacha Llorenti (junto con todo el gabinete se entiende) aprovechó este hecho para calificar esta acción de los indígenas como “secuestro del Canciller” y ello definió la intervención policial que se venía preparando con antelación según las últimas declaraciones de miembros del ministerio de gobierno que ahora son públicas.
Es importante mencionar que Choquehuanca, el representante indígena en el gabinete, fue cómplice de esta versión pues jamás desmintió categóricamente la imputación del gobierno hacia los indígenas y ésto ha sido utilizado para abrirles procesos judiciales.
Estos son hechos conocidos ampliamente por la población, hechos que han sido corroborados por muchos testigos, informes policiales, imágenes de la prensa y declaraciones de ex miembros del ministerio de Gobierno.
Impunidad como defensa del Estado
Como hemos venido señalando la responsabilidad de la represión a los indígenas recae en las más altas autoridades del gobierno, es decir, Evo Morales y su gabinete (véase en: https://analisisopinion.wordpress.com/2011/09/28/evo-morales-encontro-en-sacha-llorenti-al-mejor-cancerbero-de-su-regimen/), además porque iniciada la represión el gobierno no movió un dedo para detenerla, por el contrario, el plan continuó toda la noche hasta el día siguiente con el traslado de los indígenas a otras localidades donde fueron liberados valientemente por la población de manos de la policía.
En esta ocasión el gobierno se esforzó por cubrir con un manto de impunidad la responsabilidad política y penal que recae sobre sus cabezas. El gobierno tiene montado todo un modus operandi para defender a sus ejecutores de la represión contra los sectores populares y para ello cuenta con la sujeción servil del poder judicial.
La supeditación de los poderes legislativo y judicial al poder ejecutivo siempre fue una norma en la vida del Estado, más aún cuando suceden hechos que ponen en cuestión la legitimidad de éste, la razón de Estado es una máxima suprema que obliga a todos los funcionarios a ejercer la defensa cuando los sectores populares arremeten contra él, así el Estado se ve en la necesidad de ejercer abiertamente su dictadura de clase y reprimir a los sectores que lo aguijonean empleando a los aparatos represivos como la policía, los grupos de inteligencia y todo el poder judicial. Ésta defensa la ejercen sin importar qué gobierno esté de turno, es decir, sean de derecha o de “izquierda”, la derecha o “izquierda” son sólo posicionamientos dentro del sistema y el MAS es parte de éste.
Por ejemplo el MAS defiende al Estado inclusive de hechos que no sucedieron en su gobierno como las dictaduras militares. Las víctimas y familiares de la violencia del Ejército en los gobiernos militares han pedido la apertura de los archivos de esas épocas pero el MAS se ha opuesto férreamente a ese planteamiento, ha desarrollado una enorme campaña de limpieza de imagen de las fuerzas armadas y el borrón y cuenta nueva son parte del acuerdo cómplice y criminal para mantenerse en el poder, negando con esto la justicia a mucha gente que dio su vida por acabar con los gobiernos abiertamente fascistas.
La impunidad está inmersa en la supervivencia estatal y el caso Chaparina es un ejemplo entre otros como el caso Caranavi, como la persecución a dirigentes populares y sociales que no son afectos a sus políticas demagógicas y la denuncian.
La supeditación de los otros poderes estatales al ejecutivo ha sido moneda corriente en anteriores gobiernos y no es una exclusividad del MAS, el que éste aparezca como más autoritario tiene que ver con su manejo de las formas, con el estilo caudillejo y despótico que Evo Morales y los demás jerarcas del régimen imprimen en su gestión, porque no les interesa guardar las formas ni aparentar un “respeto por la ley” como lo hacían los otros gobiernos. El guardar las apariencias para esconder el carácter de la dictadura de clase es el trabajo de los demoliberales, Evo Morales en cambio no tiene reparos en mostrar su injerencia en el poder judicial y se vanagloria de eso, ello le imprime un sello facistoide a sus prácticas políticas, en particular cuando persigue y divide al movimiento popular.
La marcha de la “derecha”
Consecuente con su política corporativista, otro rasgo fascistoide de su gobierno contra el movimiento popular, Evo Morales ha hecho todo por desprestigiar la marcha indígena frente a la población, dividirla desde dentro comprando dirigentes oportunistas e intervenir el territorio con una auténtica guerra de baja intensidad.
Si algo tiene de debilidad el movimiento indígena de tierras bajas es su poca capacidad de distinguir una política reaccionaria de una política revolucionaria. La dirigencia indígena amazónica apostó por el MAS y fue fiel aliado de éste hasta que el MAS rompió los compromisos que tenían. Las bases indígenas en realidad ya venían cuestionando al gobierno porque los ignoraba como movimiento político con características propias, pero un hecho que cuestionó seriamente esta alianza fue el avasallamiento de fuerzas policiales ordenadas por funcionarios de gobierno que defendían intereses empresariales en contra de indígenas de la comunidad La Selva que fueron reprimidos con brutalidad causando incluso el aborto de una mujer.
La dirigencia venía conteniendo el reclamo de sus bases por sus compromisos con el gobierno, sin embargo el proyecto carretero por medio del TIPNIS era una amenaza directa contra la existencia misma de las comunidades del lugar y violaba sus derechos constitucionales a decidir sobre su territorio.
La relación del movimiento indígena con las ONGs lo ha llevado a defender enfoques que no han permitido distinguir con claridad quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos, el declararse no ser ni de derecha ni de izquierda ha llevado a los dirigentes a alinearse fundamentalmente con los financiadores de la “cooperación internacional”. Pero cabe mencionar que buena parte de estas ONGs y personas que trabajaron con el movimiento indígena de tierras bajas con este enfoque, de las visiones alternativas de desarrollo, de la explotación responsable de los recursos, de la utilización de procedimientos de extracción de recursos para no depredar el bosque y mantener la vida silvestre así como la vida de los indígenas, son ahora parte de la estructura del MAS que cambiaron convenientemente de discurso.
Éstos pasaron de hablar a favor del derecho de los indígenas a su autonomía e incluso a la autodeterminación de su territorio a defender al Estado boliviano en los proyectos imperialistas necesarios para la gran burguesía regional sudamericana, en particular brasileña (la carretera por el TIPNIS es parte de esos intereses regionales) y acusaron a los indígenas, que asumieron una postura conservacionista, con toda una serie de ataques arteros como el que el TIPNIS ya no era bosque virgen y que los indígenas ya depredaban el bosque hace tiempo además de acusar a los dirigentes de todo tipo de tráfico de recursos naturales.
Frente a la protesta del TIPNIS el gobierno financió una reducida marcha paralela de campesinos colonizadores adictos a su régimen y trató de deslegitimar a los indígenas, además compró a un grupo de indígenas que anteriormente cuestionaban la política de Evo Morales y que de la noche a la mañana aparecieron como aliados del gobierno asaltando las oficinas de la CIDOB, la central más importante de los indígenas de la Amazonía, creando así una central paralela.
El gobierno además ha intervenido el territorio indígena en una verdadera campaña sicosocial (guerra de baja intensidad) llevando alimentos y equipos a los indígenas en el preciso momento que desarrollaba una consulta unilateral con el objetivo de prebendalizar a los comunarios y comprarles la decisión de hacer la carretera.
La campaña del gobierno de que los indígenas favorecían a políticos de la “derecha” y del “imperialismo” se vio reforzada cuando un par de dirigentes indígenas hicieron alianzas con políticos cruceños, entre ellos el alcalde de Santa Cruz, aunque estos hechos no pasaron de anecdóticos.
La lucha sacrificada del pueblo indígena del TIPNIS puso al descubierto la fuerza que tienen los capitales de la gran burguesía brasileña sobre el gobierno de Evo Morales, mientras el gobierno trató de explotar la debilidad de algunos dirigentes calificar a la marcha de “malinche”. A pesar de la insistencia de Morales de calificar a todo el que se opone a sus políticas de ser de “derecha” y agente de la CIA, la realidad política muestra que su gobierno tiene un pacto con los sectores más conservadores y reaccionarios de la política del país. En las pasadas elecciones para gobernador en el departamento del Beni el gobierno llevó de candidata a una representante de los ganaderos que dejó de lado a las dirigencias de origen popular que simpatizaban con el MAS para unirse con los alcaldes emerristas, miristas, adenistas que saltaron al carro del MAS en búsqueda de mantener sus privilegios como partidos conservadores, esto por supuesto no incomoda al mandatario indígena. En Santa Cruz, el politicastro conservador alcalde cruceño tiene un pacto no declarado con el gobierno tanto así que compone poemas al ministro de gobierno. Pero esto no es nada frente al coqueteo del felipillo Morales con el más rancio sector de los empresarios privados en Santa Cruz y el resto del país a quienes insinúa que precisa de más militantes para su partido.
El proceso de alianzas del MAS con los sectores reaccionarios, que ha sido trabajado por ministros como Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, así como el vicepresidente Álvaro García, es la concreción de lo que fue declarado como intensiones en el primer gobierno de Morales, el propósito no era acabar con los sectores conservadores sino forzarlos a ser parte de su programa, pero en este caso diríamos que esta inclusión de los sectores conservadores se da a cambio de que el gobierno del MAS profundice su política reaccionaria y la emprenda duramente contra los sectores populares.
El MAS ha cumplido el deber de todo Estado reaccionario, el de reforzar los intereses de las clases dominantes, se ha convertido en el mejor peón de éstas porque tiene la capacidad de engañar al pueblo con su discurso demagógico, porque puede manejar a una clientela de extracción indígena y popular (que no tiene ningún sonrojo en dar vivas al presidente del Banco Mundial) para cubrir la cara reaccionaria de la administración pública y traficar con el discurso de gobierno indígena de los movimientos sociales.
El MAS ha puesto en evidencia que lo de socialismo solo es un florero sucio que más se asemeja a las políticas fascistas europeas y que no tienen nada de progresistas o antiimperialistas, su discurso altisonante es un arma de doble filo porque mientras dispara la verborrea antiimperialista e indigenista del buen vivir hacia el exterior, internamente persigue políticamente a indígenas y dirigentes sindicales, realiza grandes concesiones con el imperialismo (recientemente con la imperialista Gazprom) y hace alianzas con los terratenientes y grandes empresarios. Evo Morales se prepara para profundizar sus políticas en esta dirección, las nuevas alianzas conservadoras serán el sustento principal para la renovación de su mandato, en tanto el pueblo deberá organizarse para enfrentar más duras batallas en defensa de sus intereses.
Análisis y Opinión 
La base económica de Bolivia es de Capitalismo Extractivista. De gran codicia por los recursos naturales. Por consiguiente, antagónica a la Territorialidad de la Conservación Productiva de los Recursos Naturales Renovables (suelos, bosques, aguas, por ejemplo). Sobre esta economía gobernó Evo Morales y, como ella generó crecimiento económico, los ingresos estatales eran orientados «al socialismo» de su redistribución en obras públicas que generaban empleo y por consiguiente salarios. Esta generosidad, es el mérito de su Gobierno. Pero el Capitalismo Extractivista se extiende geográficamente, hasta que se pretendió construir la carretera que atraviese al TIPNIS. Es cuando el antagonismo se manifestó en las relaciones entre el Gobierno y los Indígenas de Chaparina. La Base Económica de Capitalismo Extractivista, venía determinando a la Política Económica de Crecimiento Económico Redistributivo, con Ideología de Indigenismo Demagógico. La Clase Media laborando en el viejo Estado, impropiamente llamado «Estado Plurinacional», se convirtió en una Burguesía Burocrática centrada en los privilegiados contingentes del MAS, quienes venían siendo los aculturados que desprecian lo que los indígenas de Chaparina defienden : la Territorialidad de la Conservación Productiva de los Recursos Naturales Renovables (suelos, bosques, aguas, por ejemplo). El Fascismo racista que ahora se ha instaurado, ha venido gestándose en el desprecio a las culturas originarias.