Análisis y Opinión
20/01/14
Como sólo sucedió en época de los gobiernos militares, el gobierno de Evo Morales, en su política fascista y corporativa, ordenó el viernes la intervención de las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con agentes uniformados y de civil de la Policía Nacional con el propósito de amedrentar e impedir la realización del XX Congreso Ordinario que la Asamblea de DDHH de La Paz. La intención concreta es impedir la renovación del directorio de la Asamblea de La Paz, presidido por la activista Amparo Carvajal, que se ha convertido en una molestia por las denuncias de las violaciones a los derechos humanos cometidas en esta gestión gubernamental.
Las oficinas de la APDH-Bolivia y APDH-La Paz están ubicadas en un mismo edificio en la avenida 6 de Agosto de la ciudad de La Paz. Allí también se ha instalado por la fuerza, en una oficina pequeña, un grupo de infiltrados del gobierno y funcionarios dirigidos por Teresa Zubieta, quien se hace llamar representante de la Asamblea de La Paz. Zubieta propició la presencia policial en la Asamblea, que se extendió incluso al cierre de esta edición (lunes).
En el periodo de gobiernos elegidos por voto (iniciado en los 80), nunca se había dado la intervención policial y peor con agentes de civil (tiras, infiltrados) en las oficinas de la Asamblea de DDHH. Los policías se niegan a explicar quién los envió o con qué órdenes a la APDH, pero a momentos utilizan el mismo leguaje de Teresa Zubieta cuando sin más afirman que están contra los extranjeros (¡!) y a la vez dicen que están en busca de dirigentes indígenas del CONAMAQ. Su posición xenófoba hace referencia a Amparo Carvajal, ex monja española fundadora de la Asamblea hace décadas, y su referencia a los dirigentes indígenas muestra que el gobierno continúa la persecución política en su contra.
Pero el gobierno no ha enviado solamente a policías, también se ha presentado un grupo de choque compuesto por supuestos dirigentes sindicales y de mercados que se dedican a insultar, gritar y acusar con mentiras a los activistas de derechos humanos aglutinados alrededor de Amparo Carvajal y Yolanda Herrera, esta última la presidenta de la APDH-Bolivia.
El grupo gobiernista de Zubieta se irguió en la época en que el gobierno de Evo Morales ordenó la brutal represión policial a los campesinos de Caranavi (2010) que exigían la instalación de una promesa electoral del MAS: la planta industrializadora de cítricos. El resultado es que el gobierno no les llevó infraestructura sino gases lacrimógenos y balas letales que acabaron con la vida de dos estudiantes y provocaron heridas de distinta gravedad en más de veinte personas. Como sucede siempre, la actitud de Zubieta es de encubrimiento de la violación de derechos humanos, algo que otro grupo de activistas encabezados por Amparo Carvajal no estuvieron dispuestos a consentir.
Las diferencias se fueron profundizando cada vez más. El caso de la expulsión ilegal (2011) de una humilde familia de campesinos/estudiantes peruanos (con un niño de 1 año nacido en el país), solicitantes de refugio político, también dividió las aguas porque fueron entregados sin piedad a la represiva DINCOTE. En esta época también el grupo de Zubieta esgrimió su xenofobia apoyando la tarea de los funcionarios del Ministerio de Interior Dennis Rodas, Fernando Vargas y principalmente Boris Villegas (actualmente presos en la cárcel de Palmasola por extorsionar millones de dólares a particulares), quienes personalmente monitorearon la expulsión de los solicitantes de refugio político.
El caso Chaparina (2012), de genocidio contra los pueblos indígenas del TIPNIS (con actos que van desde la represión policial hasta impedirles acceso al agua y a la libre circulación); la toma de la sede de la organización indígena CONAMAQ para colocar a un dirigente afín al gobierno (Hilarión Mamani) (2012-2013); la brutal represión a campesinos cocaleros de Apolo (2013) y su persecución política y penal (2013-14); las decenas de muertes de conscriptos en los cuarteles militares (torturas que pasan por entrenamiento físico) son algunos de los hechos que merecieron la denuncia de la APDH-La Paz dirigida por Amparo Carvajal. En los mismos casos el papel de Teresa Zubieta ha sido de encubrimiento y de justificación hasta llegar al punto de argumentar que todo “proceso revolucionario” (así se refieren al gobierno de Evo Morales) genera reacciones y violencia inicialmente.
El papel de Zubieta
Pero Teresa Zubieta no es tan hábil ni siquiera para construir un argumento tan limitado como el anterior. El recientemente alejado de la dirección del Capítulo Boliviano de DDHH, Víctor Vacaflores, es el “pensador” de los argumentos xenófobos y de encubrimiento a los actos policiaco-militares del gobierno de Evo Morales. En su última intervención el viernes, en el acto en que el grupo de choque de Zubieta impidió el inicio del XX Congreso Ordinario de la APDH-La Paz, Vacaflores (conocido como “el Vaco”) comparó al gobierno de Evo con el de Simón Bolívar y dijo “¡qué hubiera pasado si nos oponíamos a Bolívar!”. No diremos que Zubieta y su grupo de choque sigue esa forma de pensar (aunque esos son sus argumentos para afuera), porque su principal interés es continuar con el puesto de trabajo que les significa socapar las actitudes represivas del gobierno. Es decir actuar como mercenarios.
Por eso Zubieta no tuvo pudor para aparecer en la testera, hablando a invitados policías y militares en el acto de aniversario de la Declaración de DDHH, el 10 de diciembre pasado, en un acto organizado por el gobierno, custodiado por otros policías y avalado, no sólo en este acto, hay que decirlo, por el representante del Alto Comisionado de NNUU para los Derechos Humanos, Denis Racicot.
Cada que sucede un hecho de represión o violación de derechos humanos, Teresa Zubieta corre a entrometerse como representante de DDHH (seguro alertada por la Policía), a “defender” a las víctimas a quienes incita al silencio, a callar el abuso sufrido con el argumento de que, de no hacerlo, podrían venir nuevas represalias. Para las víctimas pasa por alguien interesada en su integridad física, como sucedió con las estudiantes de la Academia de Policías (2013) a las que sugirió callar las torturas (una de ellas murió) para evitar posibles represalias en su contra.
Zubieta, expulsada
Zubieta es sólo la operadora del Ministerio de Gobierno (del Interior) en el campo de las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, pero como una persona a sueldo en esta tarea defiende su puesto de trabajo con esmero y con la fuerza que le da el aparato policial-gubernamental. No le importa haber sido expulsada de la APDH-Bolivia y de La Paz en agosto de 2013, y haber sido advertida de no utilizar nombre, sellos, firmas y arrogarse la representación de la APDH-La Paz a riesgo de sanciones. No le importa utilizar a los funcionarios de la ONG (Tijaraipa) que pertenece a su socia Sonia Brito para espiar a las distintas organizaciones del campo popular. Por ahora su tarea es consolidarse ante la prensa como la representante de la APDH-La Paz, tarea en la que muchos periodistas con análisis limitado le hacen el juego, y llevar a la ex Viceministra de Defensa del Consumidor y socia de “el Vaco” Sonia Brito como representante de la APDH-Bolivia.
Por su parte, los activistas de la legal APDH-La Paz dirigidos por Amparo Carvajal y la propia Yolanda Herrera (APDH-Bolivia) han adoptado una actitud pacífica frente a los grupos de choque, el insulto y las acusaciones infundadas del grupo de Zubieta, han permitido que Zubieta se instale en una oficina aledaña a la suya con la justificación de que “no somos como ellos (violentos)”, pero con eso también han admitido que Zubieta continúe en su papel de encubrimiento y complicidad con el gobierno. Por eso la prensa aún busca la palabra de Zubieta a quien considera una representante más del movimiento de derechos humanos de La Paz. Y el gobierno continúa impulsando a Teresa Zubieta con el propósito de mostrar una división al interior de la Asamblea que puede resolverse con un congreso de unidad, de donde salga una única dirección. Claro, su candidata a sueldo es Teresa Zubieta por eso la respaldan con funcionarios dispuestos a conformar grupos de choque y policías (encubiertos y uniformados), y todavía, estamos seguros en este año electoral, están dispuestos a más.
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