Análisis y Opinión
21/03/2014
En un país semifeudal y semicolonial como Bolivia la justicia no puede evaluarse simplemente viendo el actuar del poder judicial o del Ministerio Público, la justicia es un sistema del cual hacen parte, junto al poder judicial, los organismos policiales del Ministerio de Gobierno y los intereses del gobierno en su conjunto, y todos ellos actúan para defender los intereses de clase de un Estado que, a través de la “justicia”, ejerce junto a otras formas, su dictadura de clase.
Como estos intereses están en contra de la población no es raro que la justicia no sea para los pobres, pero cuando la “justicia” se ha convertido en un cáncer para la sociedad en su conjunto es cuando muestra la descomposición y degeneración a todo nivel. Las actuales miserias de la “justicia boliviana” que destapa escándalos tras escándalos expresan la podredumbre del todo sistema.
Para los sectores populares no es un misterio que la justicia no existe, ésta está reservada exclusivamente para aquellos que tienen dinero, para aquellos que pueden pagarla, para quienes pueden costear los innumerables trámites “legales” y extralegales (comisiones de procuradores, auxiliares, policías, que hacen notificaciones, fotocopias, revisiones, etcétera) y esto sin contar los costos más fuertes, las coimas que piden abogados, jueces, fiscales y policías como condición para no ser perjudicado en un proceso judicial.
No es casual que en Bolivia la acción de todo este sistema judicial (que comprende como hemos dicho al ministerio de justicia, poder judicial, ministerio de gobierno y el Estado en general) sea altamente punitivo y que en todo momento abuse de la prisión preventiva, ésa es una visión que estos últimos años se ha impuesto con el argumento de “endurecer la acción de la justicia” frente al crimen, pero lo que ha logrado es que todo ese sistema judicial apriete sus mecanismos de extorsión y chantaje a quienes son alcanzados por este sistema (sean responsables de algún delito o sean plenamente inocentes). El sistema judicial boliviano es brutal, cruel e inhumano, basta ver la composición de quienes se encuentran encarcelados para darse cuenta de ello, más del 80% de los presos no tienen sentencia ejecutoriada.
El “proceso de cambio” no ha añadido nada nuevo en este escenario, todo lo contario, lo ha agudizado. Evo Morales tiene por ministro de gobierno a un declarado lombrosiano y un viceministro de régimen interior, mediocre abogado, que ahora que tiene un poco de poder, hace gala de su concepción fascista al declarar cosas como “a todo el que acuse a un funcionario del “proceso de cambio” debe juzgársele por traidor a la patria” (con motivo del proceso que le abrió un diputado opositor por calumnias). Estos dos ejemplos son claros para ver por dónde van las concepciones reaccionarias que priman en materia de persecución judicial.
Esta línea es la que ha defendido el gobierno desde un principio, en particular en su política de persecución a opositores. Hoy sólo los ciegos (y no nos referimos a la ceguera visual) pueden seguir creyendo que el gobierno ha actuado imparcialmente en innumerables casos de persecución judicial donde están involucrados opositores al gobierno o personas que el gobierno ha señalado como opositores, muchos de ellos miembros de los sectores populares que se han desmarcado del gobierno o quienes sostienen una posición revolucionaria comprometida con los sectores populares. En la política persecutoria Evo Morales tampoco se distancia de la tradición estatal. Durante la época neoliberal cada gobierno contaba con un grupo de jueces y fiscales dispuestos a hacer las chanchadas que requería el régimen de turno, esta clientela ofrecía sus servicios a cambio de diferentes gollerías, cuotas de poder o jugosos ingresos dolosos; hoy es claro que ocurre lo mismo como en el pasado, el mismo que hipócritamente critica el gobierno.
Los casos que involucran la participación de fuerzas policiales o militares con muertes de gente de los sectores populares (incluso en los territorios considerados bastiones del MAS) han quedado en la impunidad, todos los funcionarios de gobierno involucrados en estos hechos han sido defendidos por el Estado ocultando su responsabilidad o enviados al exilio dorado en el exterior, como lo que pasó en Caranavi y Chaparina, donde el ex ministro fascista de Evo Morales, Sacha Llorenti, responsable de esas represiones con muerte, goza de la protección absoluta del gobierno al ejercer la función de embajador de Bolivia ante NNUU. Aquí la justicia del régimen masista no llega a los pobres que son las víctimas.
En el malogrado caso terrorismo no sabemos hasta donde llega la realidad y hasta donde alcanza el montaje gubernamental, aunque lo que sabemos es que el gobierno borró las grabaciones del operativo, corrompió con miles de dólares a su testigo clave que pasó de testigo a acusado, los abogados querellantes eran parte de una mafia extorsionadora, el fiscal principal protegido por el gobierno se fugó al Brasil denunciando que no hay justicia en Bolivia y que los testigos y pruebas han sido manipulados, la mano derecha del gobierno en temas anticorrupción, condenado en EEUU por extorsión, ha dicho que han manipulado pruebas e imputado a gente inocente, etcétera. Esto ha puesto al descubierto que la justicia del país se maneja al estilo de la mafia y que los altos responsables gubernamentales están involucrados hasta el cuello, que todos hacen causa común para quedar en la impunidad, que usaron un aparato desde diferentes ministerios, junto al poder judicial y la policía, en una política de persecución política con el fin de establecer la hegemonía en su proyecto reformista. Donde han tenido más éxito es cuando se ha perseguido y matado a gente del pueblo, porque éstos no cuentan con abogados ni acceso a medios que otros pueden tener, para éstos solo les ha llegado el olvido completo frente a la arrogancia mafiosa del régimen que hipócritamente se presenta como nacido de los sectores populares.
Lo que tenemos en este gobierno es la continuidad de un sistema judicial reaccionario, la opresión se mantiene sobre los sectores populares como expresión de la dictadura de clase. El nuevo “proceso” ha aportado en la agudización de los problemas que vive la gente y también ha marcado un estilo de trabajo más despótico que se diferencia de los gobiernos anteriores, si bien en el contenido los antecesores de Evo Morales no se diferenciaban, en las formas trataban de aparentar que se respetaban las leyes, en cambio Morales hace gala de no importarle el ordenamiento jurídico y lo viola a plena luz del día.
El vicepresidente ha dicho en alguna ocasión que la independencia de poderes es una ilusión liberal, y eso es algo en lo que concordamos desde una visión científica y de clase porque la construcción del “sistema democrático liberal burgués” en realidad oculta la dictadura de clase de la burguesía, sin embargo, este planteamiento revolucionario que pone al descubierto la hipocresía liberal desde una crítica profunda a todo el sistema, es la base para plantear una sociedad nueva donde la democracia real y popular es ejercida por los sectores del pueblo en contra de sus enemigos de clase. Contrariamente a esto, la práctica gubernamental de los administradores del “proceso de cambio”, entre los que se encuentra el vicepresidente, es la de cooptar arbitrariamente las decisiones de los diferentes poderes estatales (negando la visión demoliberal) en función de sus intereses particulares como gobierno y en última instancia en función de aferrarse al poder como fuere golpeando a los sectores populares. El señalamiento de la “inexistencia de independencia de poderes” sirve al gobierno para usar arbitrariamente las leyes, es decir, según su conveniencia particular, grupal, como grupo de poder, cosa que se expresa en el despotismo caudillesco que tiene Evo Morales y sus ministros al hacer la gestión, y que también se expresa en la política corporativa y muchas veces represiva con los sectores populares.
El gobierno busca lavarse las manos en la degeneración judicial, Evo Morales asume poses demagógicas cuando se apena por la justicia, pero el gobierno es completamente responsable de lo que pasa con el sistema judicial. Aunque es verdad que no puede controlarlo todo, el gobierno se aplica con mucha fuerza cuando quiere imponer algún criterio en el sistema judicial. Una de las acciones que reflejan la responsabilidad y el fracaso de Morales ha sido la elección de magistrados, donde los candidatos los puso el gobierno y los entregó a la población para que elijan de entre esos; a pesar del enorme rechazo de la población en las urnas -recordemos que la suma de los votos de todos los candidatos juntos no alcanzó el número de votos nulos-, el gobierno los posesionó y éstos le devolvieron el favor habilitándolo para una re-reelección, algo que no está permitido por la Constitución que aprobó el MAS el 2009, pero favor con favor se paga, y no importan los escándalos en que están metidas todas las autoridades de las reparticiones judiciales elegidas -parcialización con el gobierno, denuncias de fallos arreglados, denuncias de corrupción incluso con grabaciones de por medio, denuncias por maltrato familiar, etcétera-, lo importante para el gobierno es que sean serviles a sus objetivos y punto.
El sistema judicial en el viejo Estado no es para toda la gente, una vez más, es para el que pueda pagarla, es decir, para los dueños de la riqueza, ese es el sello de clase de la justicia boliviana y ese es el camino que sigue el demagogo Morales en este aspecto.
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