Por: Análisis y Opinión
7 de julio de 2014
A estas alturas para nadie es un secreto que el gobierno de Evo Morales, en su lucha política, utiliza la persecución y el chantaje contra sus oponentes, monta escenarios distractivos para generar apoyo en la población y emplea tortura y muerte, todo ello en complicidad con los demás poderes del Estado.
El malogrado caso terrorismo es la evidencia más clara de estos hechos, a la fecha, cuando todavía el gobierno no ha conseguido una sentencia, una serie de sucesos pusieron en seria duda la versión oficial: que un grupo separatista llegó al país para dividir a Bolivia y asesinar a Morales. Una breve recapitulación de los hechos es suficiente para acabar con el discurso oficial.
– El supuesto grupo terrorista era aficionado a sacarse fotografías en reuniones sociales e incluso en privado se fotografiaba posando con armas, un hecho que puede calificar a un supuesto grupo irregular como el más despistado del mundo.
– Este grupo estaba “infiltrado” por el gobierno, según versiones oficiales, sin embargo se permitió (porque la policía no actuó antes sabiendo la existencia de éste) que coloquen un artefacto explosivo en la casa del cardenal Julio Terrazas. Según los datos del cuaderno de investigación por lo menos uno de los infiltrados, el testigo clave, Ignacio Villa Vargas, participó en dicho atentado, pero además, declaraciones de testigos mencionan la participación de una mujer (posiblemente la “infiltrada” Marilyn Vargas miembro de la policía). Esto compromete la acción del gobierno ¿cómo dejar actuar a sus “infiltrados” en un atentado con bombas?
– La intervención de la policía en el hotel Las Américas para detener al grupo, presentado por el gobierno como un enfrentamiento donde murieron tres componentes del grupo incluido su líder Eduardo Rozsa Flores, está fuertemente cuestionada pues informes independientes han desmentido que se haya tratado de un enfrentamiento y dan la hipótesis de que se trató de una ejecución. Misteriosamente las grabaciones del hotel sobre este acontecimiento fueron borradas cuando estaba bajo custodia de la policía.
– Ignacio Villa Vargas, alias el viejo, fue presentado como un “infiltrado” del gobierno y “testigo clave” de la investigación, sin embargo, pasó de “testigo clave” a imputado en el caso. Luego, misteriosamente el testigo clave imputado que estaba en manos de la policía desapareció y nadie sabía su paradero. Tiempo después se conoció a través de un video salido de dependencias del gobierno que durante ese periodo un alto miembro del Ministerio de Gobierno de Evo Morales sobornaba al testigo clave con más de 30 mil dólares y le pedía que se vaya de Bolivia porque de lo contrario lo iban a detener y el gobierno ya no iba a hacer nada por él, el sobornador, Carlos Núñez del Prado hoy fenecido, fue protegido por el gobierno y salió limpio del proceso mientras que se acusó a Villa Vargas de recibir el soborno.
– Una serie de audios presentados a la prensa por la oposición reveló que el fiscal coordinaba la investigación con el gobierno, Marcelo Sosa, imputaba falsamente, detenía sin pruebas, fabricaba éstas o las perdía. El fiscal junto con el Ministro de Gobierno, negaron cínicamente la autenticidad de los audios e hicieron todo lo posible porque estas denuncias no prosperen en la fiscalía, sin embargo, hoy, el ex hombre fuerte del gobierno en el caso terrorismo huyó del país denunciando persecución política y temor por su vida, acusó al gobierno de tener sometida a la justicia y no haber garantías para un debido proceso, además de someter a sus antes colaboradores y hoy enemigos a persecución, cárcel y tratos crueles e inhumanos; este sujeto reconoció que los audios eran auténticos, pero para el gobierno la palabra de Sosa es la de un delincuente común y no tiene validez.
– El fiscal del caso, hoy ex fiscal, se hundió en medio de denuncias de extorsión por grandes sumas de dinero a muchos de los acusados por terrorismo.
Basta esta pequeña relación de hechos para saber que el caso lo malogró el gobierno y que se trata de un escándalo mayúsculo que la hipocresía de los jerarcas del “proceso de cambio” no puede ocultar. El que el otrora poderoso fiscal Sosa hoy esté tramitando refugio en Brasil por persecución política es bastante elocuente para medir la ridiculez que tenemos por justicia en este gobierno.
Todo este escándalo ha puesto de relieve algunas cosas que cualquiera con un poco de razonamiento sabe, el gobierno utiliza persecución política contra sus oponentes. Eso está bien documentado en las denuncias de mucha gente, no solo la oposición política de las élites de poder sino también por dirigentes de los sectores populares, por ejemplo el caso del dirigente campesino Cancio Rojas detenido por hechos ocurridos en Potosí cuando él se encontraba en La Paz dando una entrevista a radio Fides, a pesar de ello estuvo detenido durante dos años.
Las declaraciones del ex fiscal Sosa mencionan la completa subordinación del poder judicial al poder ejecutivo, algo que no es de extrañar porque en un Estado de clase la independencia de poderes no existe, como señaló el propio García Linera, la independencia de poderes es algo aparente, no sólo válido para los gobiernos anteriores sino vigente plenamente en este gobierno porque en realidad el Estado que administran se basa en una dictadura de clase.
Los ejemplos en la actualidad sobran, cuando el gobierno persigue oponentes abre causas penales por todo y para ello cuenta con operadores legales, así actuó el equipo legal del ministerio de gobierno, esos que hoy están procesados por extorsión en la cárcel de Palmasola, en realidad el negocio principal de este grupo bajo la dirección de los jerarcas del gobierno era tener el control judicial de los casos que seguían, y no es una exageración porque controlaban (y todavía controlan) a jueces y fiscales, el subnegocio era la extorsión, no sabemos si llegaba a las altas esferas o era un extra de estos funcionarios, pero no se puede descartar que los jerarcas del régimen hayan recibido lo suyo, como lo manifiesta el fiscal Sosa.
El gobierno ha negado las declaraciones de Sosa sobre existencia de un “gabinete jurídico” sin embargo, para quienes hemos seguido de cerca las acciones del gobierno esto no es nada inventado y además tiene antecedentes hace tiempo. Durante la gestión de Sacha Llorenti el ex defensor del pueblo Waldo Albarracín y otras fuentes bien informadas, denunciaron que un grupo de abogados, fiscales y hasta jueces se reunía en una oficina que trabajaba casos de derechos humanos para confeccionar listas negras de ciertas personas que cuestionaban al gobierno. Las listas estaban integradas no precisamente por opositores de las élites empresariales o terratenientes, sino de profesionales, activistas de DDHH o dirigentes populares que cuestionaban al gobierno, el objetivo era callarlos con una persecución judicial.
Decir que el gobierno del MAS controla la justicia no es decir gran cosa, los propios masistas se jactan de ello y justifican esto argumentando que es preciso arrinconar a la “derecha”. Decir que el gobierno ejerce persecución política y aplica represión y tortura tampoco es una gran novedad, sus más altos dirigentes han aceptado la necesidad de la “tortura” como forma de “investigación policial”. Todo esto forma parte de las acostumbradas prácticas del viejo Estado y lo que ha hecho el gobierno es reproducir lo más hediondo del sistema para aplicarlo contra sus oponentes, en particular cuando son de los sectores populares.
Pero lo más relevante en el presunto caso de terrorismo es el montaje. Para la lógica del gobierno y muchos de sus integrantes el criterio pragmático es el que predomina y todo está justificado para mantener el poder político; no sabemos hasta donde llega la realidad y hasta donde el montaje en el caso terrorismo, pero sin duda creemos que el montaje es más que lo objetivamente sucedido. Esta práctica política de armar escenarios falsos para justificar acciones y aferrarse al poder choca frontalmente contra cualquier posición progresista porque lo fundamental es que se le miente al pueblo creando una ficción, porque se utiliza métodos reaccionarios, métodos que son favoritos del imperialismo que hace montajes, crea escenarios falsos con el fin de generar corriente de opinión y desestabilizar gobiernos. El MAS niega a la población la verdad sobre un tema muy importante, lo hace conscientemente para manipular sus sentimientos y sacar provecho político. El MAS no es un gobierno del pueblo o para los sectores populares, se comporta como todos los gobiernos anteriores y reproduce sus métodos reaccionarios.
Análisis y Opinión 