Por: Análisis y Opinión
25/08/14
Impunidad y crimen policial
Se vuelve cosa común oír sobre los crímenes de la policía y los aparatos represivos del Estado y escribimos aquí sobre ello para insistir en el carácter reaccionario de estas instituciones y cuestionar profundamente el discurso burgués de que la policía detenta “el uso legítimo de la violencia”. En realidad la policía y los demás aparatos represivos detentan el legítimo uso de la violencia reaccionaria de la dictadura de clase de este Estado contra la población, en su accionar tiene carta blanca para cometer crímenes y no ser sancionado por ello, esta conducta criminal no es “un hecho aislado protagonizado por malos elementos” sino conducta permanente y propia de su naturaleza reaccionaria.
El departamento de Cochabamba ha sido escenario de algunos hechos de este tipo. Es el caso del recientemente destituido director departamental de la fuerza especial de lucha contra el crimen, coronel Marco Gutiérrez y sus ayudantes, quienes se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas con una mujer de apellido Escalera conocida como “La queques” que tiene un amplio prontuario policial por el delito de corrupción de menores. Mientras el gobierno gasta miles de dólares en hipócritas campañas televisivas contra la trata de personas advirtiendo a la población de personas cercanas a las posibles víctimas, no nos advierte nada de los funcionarios policiales, especialmente los oficiales que, como en este caso, traban estrechas amistades con gente que se dedica, como “la queques”, a la corrupción de menores.
Otro acto delictivo, también en Cochabamba, fue el de un miembro de las Fuerzas Armadas que violó a una mujer de 20 años que tiene discapacidad mental, la madre de la víctima descubrió a Oscar M. S., según la nota periodística, de 37 años de edad en pleno crimen. En este caso, como suele ser costumbre, el ministro de gobierno asume consecuentemente la presunción de inocencia así que el criminal será tratado con guante de seda.
Pero el hecho más escandaloso ocurrido en ese departamento fue la violación que sufrió una menor de 15 años de edad con discapacidad mental por seis miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP). La UTOP es la unidad policial que se dedica a reprimir manifestaciones de los sectores populares, es decir, los perros de presa del gobierno que hacen el “uso legítimo de la violencia” contra los que luchan por sus derechos.
Estos “hombres de la ley” cometieron la violación en las instalaciones policiales y fueron descubiertos por su superior, para cubrir su fechoría difundieron la versión de que la joven era una trabajadora sexual que había vendido sus servicios, cuando en realidad era una menor con discapacidad mental. A diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos comunes o algún dirigente que cuestiona al gobierno, que es sometido inmediatamente a la afición favorita del gobierno y sus fiscales, nos referimos al encarcelamiento seguido de un montón de acusaciones infundadas, los violadores de uniforme gozan de plena libertad, es más, para evadir la responsabilidad penal fueron trasladados a otros destinos por órdenes superiores según versión de la policía.
Para archivar el delito la joven víctima que hizo la denuncia se encontraba convenientemente “desaparecida” y eso servía a la policía y los fiscales, cómplices eternos de los crímenes policiales, para argumentar que al no haber denunciante no hay delito, violando sus normas porque la violación es un delito de orden público así que se debe investigar de oficio.
Los jefes policiales montaron un gran show con sus cuerpos de inteligencia para “encontrar” a la menor, dijeron que fue vista recientemente en el Chapare pero nadie daba con el paradero misterioso. La verdad se descubrió sin mucho esfuerzo, la abogada Julieta Montaño de la Oficina Jurídica de la Mujer la encontró internada en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios, y se enteró también que la policía siempre supo que ella se encontraba internada, un informe policial daba cuenta de que la menor fue encontrada por unos vecinos en estado de crisis mental, el informe del investigador policial estaba dirigido al coronel Alejandro Pozo, precisamente el que dirigía a los comandos de inteligencia que “buscaban” a la menor.
Ya que el Estado es una dictadura de clase, sus acciones reflejan siempre ese carácter, esto es válido también para este Estado llamado plurinacional. Cuando se trata de los aparatos represivos, las instituciones relacionadas con éstos, nos referimos a los mandos superiores, al Ministerio de Gobierno, a los fiscales y a los jueces, actúan con total complacencia e impunidad, como una mafia organizada, defienden a sus efectivos con todas las herramientas legales e ilegales; sin embargo cuando se trata del pueblo o peor aún personas contestatarias, el Estado a través de las mismas instituciones, le cae con todo utilizando los mecanismos legales e ilegales.

Candidatos al mejor postor
No nos equivocamos con este título en nuestro artículo de la edición del 23 de julio sobre los candidatos en las elecciones para octubre de este año, en estos días ha corrido mucha tinta para revelar la clase de candidatos que tienen los partidos, en particular en las listas oficiales.
El oportunismo sale a relucir en esta época de oferta y demanda de candidatos y cada cual se ofrece de acuerdo a ciertos respaldos conseguidos mediante prebendas. Como ha sido el caso de la candidata a senadora del MAS Mónica Copa de la UPEA, que obtuvo el respaldo de dirigentes docentes y estudiantiles violando las normas estatutarias de la Universidad que señalan que nadie puede arrogarse ninguna representación de la Universidad para algún partido político ni clases dominantes; la designación de Copa fue hecha lógicamente a espaldas de las bases.
Esta clase de gente pisotea los principios en todo momento porque su actuar oportunista tiene como divisa el satisfacer sus intereses personales, generalmente esta práctica está asociada a la mediocridad y la falta de escrúpulos. Sin embargo los sectores clasistas y consecuentes repudiaron esta injerencia del gobierno en la universidad, rechazando a la politicastra Copa, quemando un muñeco de Evo y la bandera del MAS.
En Cochabamba la cosa parece más grave. La candidata a primera diputada plurinominal es Romina Pérez, militante hasta hace poco del partido de Manfred Reyes Villa. Romina es un personaje nefasto según los propios masistas cochabambinos, pues trabajó en la prefectura con Manfred y coordinó con los grupos de choque que golpearon a los campesinos que enfrentaron a las fuerzas de la prefectura donde murió Casimiro Huanca y uno de los jóvenes manfredistas, en aquella ocasión el MAS, que había llevado a los campesinos a la marcha los dejó a su suerte frente a la organización de las fuerzas de choque de los miembros de la prefectura, que en ese entonces coordinaba Romina Pérez, la ahora candidata por el MAS.
Similar situación sucede con el primer candidato a senador por el MAS, el señor Ciro Zabala de larga militancia en los partidos reaccionarios y oportunista consumado, miembro del MIR “de toda la vida” según algunos simpatizantes del MAS que ahora se están preguntando “qué intereses hay en la gente que ha postulado a estos personajes”. Ingenuidad o estupidez, como si la dirección del MAS, es decir Evo Morales no conociera estos antecedentes. Está claro que poco a poco este partido integrará a los llamados neoliberales en sus filas.
Por ello, en Santa Cruz tenemos nada menos que al señor Carlos Subirana como candidato del partido de Evo Morales a una diputación. Subirana fue ex ministro de Justicia en el gobierno de Hugo Bánzer Suárez, militante del partido Unidad Cívica Solidaridad fue siempre conocido por su filiación conservadora, abogado de connotados miembros de las logias de Santa Cruz, su hijo recientemente fue diputado por otro partido reaccionario. Pero hoy Subirana, y su hijo, son fervientes simpatizantes masistas y es calificado por el presidente de la cámara de diputados, Marcelo Elío, de centro izquierdista.
Para justificar el enorme oportunismo de estos y otros candidatos todo vale, los propios partidos revisionistas, esos que se hacen llamar de izquierda (grupos de trotskistas, guevaristas, pseudo maoístas, etc.) que están en el gobierno, que hacían oposición furiosa a las elecciones y al cretinismo parlamentario, conocedores de los antecedentes de esta recua de oportunistas, hoy llaman a votar por ellos llevando a la gente a consolidar el camino de legitimación de Estado reaccionario y su renovación de funcionarios.
No sólo los candidatos hacen gala de oportunismo, algunos dirigentes ex masistas que saltaron de las filas del gobierno ahora que no ven futuro en otras organizaciones han vuelto al redil del MAS, aún no sabemos de cuanto fue la negociación. Entre ellos está la dirigente Justa Cabrera que fue reprimida por el gobierno en la marcha del TIPNIS, quien aseguraba que Sacha Llorenti y Evo Morales ordenaron la represión a la marcha indígena. Cabrera se alió temporalmente con el alcalde de Santa Cruz Percy Fernández y le llovieron la críticas del MAS por aliarse con un personaje conservador y reaccionario, cuando el gobierno hizo alianza con Fernández las críticas a Cabrera desaparecieron, pero Cabrera pronto anunció su regreso al MAS y recientemente puso en duda que Sacha Llorenti haya ordenado la represión criminal en tanto que ha dicho que no se opondrá a la construcción de la carretera que pase por el TIPNIS, tremenda transformación.
Otro malabarista político ha resultado el ex dirigente alteño Abel Mamani, ex ministro de Aguas del gobierno de Evo, destituido por la aparición de fotos escandalosas en estado de ebriedad y semidesnudo con una mujer. Abel Mamani que era conocido como un buen dirigente de la Fejuve alteña tuvo la desgracia de pasar por el MAS y arruinar su carrera de dirigente para terminar en el escándalo. Era sabido que cuando fue ministro la única función que cumplía era pasar preste con los dirigentes de El Alto porque de gestión pública no hacía nada, el trabajo presteril de Mamani tenía el objetivo de garantizar la lealtad de las “organizaciones sociales”, es una de las formas políticas que usa el MAS para tener el control corporativo de las organizaciones sociales. El ex ministro que siempre sospechó que lo de las fotos fue una trampa del MAS, saltó a las filas del Movimiento Sin Miedo y emprendió un ataque duro contra el MAS, trabajó para construir militancia para su nuevo partido en El Alto, sin embargo ya en plena carrera electoral, viendo que el MSM no tiene mayor perspectiva electoral anunció su retorno al MAS, no sabemos de cuanto fue la negociación, pero seguro que veremos al señor Abel en alguna repartición estatal muy pronto.

El MAS en los derechos humanos
Recientemente el grupo de impostores que tiene tomada una oficina de la Asamblea de Derechos Humanos y que funge de representante de la departamental de La Paz reveló sus objetivos al lanzar públicamente su apoyo y ofrecer las oficinas de esta institución a la candidata Sonia Brito, ex presidenta de esa departamental y principal propiciadora de la intromisión del MAS dentro de los derechos humanos. Cuando Brito tenía el control de esa entidad departamental hizo todo lo posible para ocultar la responsabilidad del gobierno en la represión y muerte de campesinos en la localidad de Caranavi y más adelante cuando ya su organización era espuria y manejada por Teresa Zubieta también hicieron todo lo posible para desprestigiar la marcha del Tipnis y otra vez relativizar la responsabilidad del gobierno en la represión brutal en Chaparina.
Se trata en realidad de gente del represor fascista salido de la Asamblea de Derechos Humanos Sacha Llorenti, ex ministro de gobierno del Evo, es la quinta columna incrustada en la Asamblea para ocultar las constantes violaciones de derechos humanos que comete el gobierno.
En la gestión del Zubieta, este organismo paraestatal se dedicaba a asistir a los lugares donde estallaba el conflicto con el gobierno, presentarse como dirigentes de DDHH, sacar información que servía a las fuerzas de seguridad para reprimir a los sectores contestatarios, también han servido para ocultar pruebas, como en el caso de Apolo o para sacar dinero a las víctimas como han denunciado los campesinos apoleños.
Desde el año pasado este grupo está conformado por gente de dudosa procedencia, aunque Brito y Zubieta no han dejado de mover los hilos. Brito y Zubieta han sido cuestionadas por el comité de ética y expulsadas de la Asamblea por haber asaltado la departamental, su grupo no tiene reconocimiento de ninguna de las filiales de la Asamblea ni por la estructura nacional. Hace más de un año Brito saltó a un cargo del gobierno, de viceministra de defensa del consumidor, del cual fue echada, según dicen, porque maltrataba a su propia gente y estos la denunciaron. Esta clase de gente es ahora parte de las listas de candidatos del MAS.
El nuevo grupo espurio, como todas las paraestatales que maneja el gobierno, ha roto de manera descarada la independencia político partidaria que es uno de los pilares de Derechos Humanos, ha hipotecado su trabajo a un partido político y funciona como una agencia más del gobierno.