Por: Análisis y Opinión
25/08/14
Hace algunas semanas se conoció que el caso del 2011 donde se expulsó a tres ciudadanos peruanos solicitantes de asilo y a otro en calidad de refugiado que finalmente no pudo ser expulsado fue todo un montaje del gobierno de Morales a través de su fascista ministro Sacha Llorenti, el caso fue sobreseído por el fiscal al no encontrar pruebas para acusarlos del delito de terrorismo. Lo comentamos aquí primero porque desde nuestra página en aquella ocasión tomamos posición sobre ese caso que era a todas luces una flagrante violación de los derechos fundamentales que un Estado dice respetar, incluso siendo una dictadura de clase como lo es el Estado Plurinacional de Evo Morales; y segundo porque es una demostración de la política persecutoria de un gobierno falsamente de izquierda.
En resumidas cuentas se acusó a estos ciudadanos, que daban clases de matemáticas cerca a la UPEA de realizar acciones terroristas. El gobierno presentó como “pruebas” alguna literatura marxista, periódicos de circulación local, libros de poesía y afiches de seminarios de marxismo y otros tópicos, lo más increíble fue la presentación de algunos colados en contra del gasolinazo que, según el fiscal Ponce (hoy fiscal de distrito debido a sus favores al ministro Sacha Llorenti) se encontraban en las inmediaciones de la Universidad, es decir, no se encontraron en la oficina donde trabajaban estos profesores, sin embargo, esa fue la “prueba” contundente para que el gobierno, su ministro Sacha y los altos mandos policiales llegaran a la brillante conclusión de que los citados ciudadanos estaban haciendo terrorismo, una aberrante acusación propia de la santa inquisición española.
Fueron parte del show mediático nada menos que los miembros de la red de extorsión que trabajaban en el ministerio de gobierno, nos referimos a Denis Rodas, Boris Villegas, Fernando Rivera, quienes se levantaban como jueces para declarar a la prensa que bastaba que los mencionados ciudadanos hayan estado pensando hacer cosas para que se les acuse de terrorismo, por su parte el mediocre fiscal Ponce (como lo son todos los que han pasado a filas del gobierno) levantó la nada creíble teoría de que en el centro de capacitación de matemáticas se daban becas a estudiantes para enviarlos al Perú con las organizaciones subversivas, algo que los propios estudiantes, que fueron entrevistados en los medios de prensa, desvirtuaron.
Lo real fue que se trató de un linchamiento judicial, donde el Estado mostró su más feo rostro xenófobo, se ensañó contra personas inocentes como hoy se puede ver, el montaje fue para distraer a la población de los reales problemas que el gobierno vivía, salió a la luz la hipocresía del gobierno de Evo Morales sobre la “hermandad latinoamericana” porque en los hechos desplegó todo su desprecio por estas personas, violentó sin ningún reparo su ordenamiento legal, la policía torturó a esta gente y lanzó acusaciones de todo calibre ante los medios para evitar la solidaridad de las personas consecuentes.
En realidad el gobierno hizo una persecución por presuntas ideas, la paranoia oficial veía opositores aquí y quiso dar un escarmiento, para ello actuó ilegalmente porque incluso si estos compañeros se hubieran pronunciado contra el gasolinazo (cosa que no consta) esto hubiera sido simplemente uso del derecho a la libertad de expresión y pensamiento, que es lo que el gobierno realmente persiguió, así el “mejor ministro” de Evo Morales, Sacha Llorenti desnudó la visión fascista de su gobierno, de la que son parte todos los oportunistas y revisionistas que lo acompañan.
Análisis y Opinión 