Chaparina: el crimen pendiente

La criminal represión de Chaparina a la marcha de los indígenas del TIPNIS sigue impune, el ministerio público ha hecho todo para librar de responsabilidad a Evo Morales y su ministro fascista Sacha Llorenti

7/11/14

La coyuntura política electoral opacó un poco las conmemoraciones de los tres años de la represión en Chaparina por parte de las víctimas que aún claman justicia. Las víctimas de hace tres años se manifestaron en diversos lugares del país y mantuvieron el hecho en la memoria del pueblo boliviano.

Chaparina junto al caso Caranavi y más de una decena de hechos policiales con muerte no han sido resueltos por las autoridades judiciales, todo lo contrario, en la gran mayoría de ellos simplemente no se ha investigado a pesar de que los ministros de gobierno juraron encontrar a los responsables y aplicar la justicia “caiga quien caiga”, esta era una frase favorita del ex ministro de gobierno, el fascista Sacha Llorenti Soliz.

Peor aún es que en los casos fuertemente difundidos como Caranavi y Chaparina el gobierno no sólo no investigó sino que hizo todo lo que pudo (y lo sigue haciendo) para retrasar la investigación, ocultar a los responsables directos, librar de responsabilidades políticas a las autoridades de ese entonces, como el represor Sacha Llorenti, el mediocre fiscal José Angel Ponce y la ex fiscal Betty Yañiquez, con la clara intención de enterrar los casos y que prime la impunidad.

En la fecha de conmemoración del caso Chaparina, Evo Morales salió a defender al fascista Sacha y utilizar el inventado argumento del “secuestro” del Canciller lamentando que nadie diga nada al respecto. Con esta defensa lo que pone en evidencia el caudillo es que él tiene la responsabilidad total de los hechos de Chaparina y que además tiene toda la intención de mantener el caso en la impunidad.

Como sabe la opinión pública la tesis del secuestro no la ha podido sostener ni el propio Canciller, fue trabajada con insistencia por Llorenti que declaraba en los medios que los indígenas habían secuestrado a Choquehuanca (el Canciller), sin embargo este ministro que lee en las arrugas de su abuela no atinaba a afirmar que fue secuestrado, por supuesto que tampoco lo negó y esa actuación dubitativa sirvió para que los fascistas del ministerio de gobierno (nos referimos a Sacha y sus operadores Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas, hoy presos por extorsión) presentaran una denuncia al ministerio público pidiendo la intervención de la marcha indígena. En esa ocasión los funcionarios del ministerio público no quisieron prestarse al juego (tal parece que los que estaban de turno no eran los serviles fiscales que luego fueron colocados en la “investigación”) y la intervención no siguió el guión del secuestro.

Lo cierto es que esa intervención necesitó de dirección y seguimiento de una alta autoridad, de preparativos que involucraban a varios ministerios, además, siendo que el caso estaba en el ojo de la opinión pública no iba a proceder sin una orden al máximo nivel, esa orden solo la pudo dar Evo Morales. El resto es noticia conocida. Luego de la represión y traslado de los indígenas, Evo se escondió por un día y el ministro Sacha que bravuconamente denigraba a los indígenas se lavó las manos cobardemente, por supuesto nadie movió un dedo para detener la represión aunque todo el gabinete seguía paso a paso los hechos criminales.

Los responsables políticos del gobierno se lavaron los manos y ahora caminan con total impunidad y algunos de ellos han sido premiados por Evo Morales

 

De esa fecha hasta ahora van más de tres años, y el caso sigue en la impunidad, no hay sanción a los responsables sino premio. El fascista Sacha es embajador del país ante Naciones Unidas, el señor Ponce es fiscal de distrito y la señora Yañiquez fue nominada para diputada y elegida bajo el amparo del caudillo.

Por todo esto resulta aberrante que Bolivia haya sido incluida en octubre de este año en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que sea Llorenti el portavoz del país en dicho organismo. Las relaciones de los Estados guiados dentro de los organismos imperialistas, como lo es la ONU, no contemplan a los seres de carne y hueso y menos si estos son del pueblo, obedecen a los intereses económicos y políticos en juego y a los alineamientos dentro del sistema imperialista mundial. De esta forma incluir al país en el Consejo de Derechos Humanos no es más que el reconocimiento al caudillo por el manejo de las relaciones económicas “saludables” del capital y las “equilibradas” relaciones políticas que es capaz de mantener con las potencias imperialistas.

Los sectores explotados y el pueblo boliviano no deben cifrar sus esperanzas de encontrar justicia en estos organismos, es una ingenuidad pensar que el viejo Estado y el sistema imperialista mundial va a resarcir los crímenes que cometen contra ellos, sólo la lucha popular organizada con objetivos transformadores claros guiados por una vanguardia podrá en su momento sancionar a los responsables de todos los crímenes que el Estado ha cometido no solamente de ahora y no solamente de Chaparina, sino de todo aquello que adeuda el Estado a los explotados de nuestro país.

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