Editorial: “Comisión de Paz en el Campo” y grupos de exterminio

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29/05/15

El decadente Estado brasileño no para en su afán de perseguir y matar a la dirección campesina clasista, revolucionaria y combativa, y continúa la ola de asesinatos realizados por agentes del Estado y agentes del latifundio. Esta clase de gobiernos que disfrazan su política reaccionaria con demagogia discursiva y pseudo revolucionaria, estos gobiernos que han encandilado a los incautos pequeñoburgueses que van por el mundo cantando loas acerca del progresismo en América Latina, son los más peligrosos para el movimiento clasista y combativo porque conocen al movimiento popular por dentro y no dudan en aplicar violencia fascista y corporativa contra él. Denunciamos una vez más el carácter asesino del gobierno de Lula/Dilma/FMI y nos solidarizamos con los campesinos e indígenas que a pesar de la dura represión siguen luchando firmes contra el latifundio, el gobierno reaccionario y el imperialismo.

Análisis y Opinión

 

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A Nova Democracia. Año XIII Nº 150, Segunda quincena de mayo de 2015

La lucha por la tierra en Brasil conoció, en el último mes, un nuevo incremento de atrocidades con el asesinato de líderes campesinos e indígenas en Rondônia, en Bahia y en Maranhão.

El asesinato de Paulo Justino Pereira en una choza en Buritis, Rondônia, guarda semejanzas con otras muertes de líderes campesinos, inclusive en otros estados del país. Semejanzas que atestiguan un verdadero “itinerario de muerte”, como han denunciado las Ligas de Campesinos Pobres (LCP), involucrando a la Oidoría Agraria Nacional, policías, Incra, Ibama y otras instituciones del viejo Estado.

Paulo Justino fue cobardemente asesinado a tiros después de haber participado como representante de los campesinos del proyecto Río Pardo en una reunión con el Oidor Agrario Nacional, desembargador Gercino da Silva Filho, y miembros de otros órganos estatales, además de los terratenientes.

La gravedad de los acontecimientos recientes es mucho mayor por no tratarse de un hecho aislado. Lo mismo ya había ocurrido el 2009 con Élcio Machado y Gilson Gonçalves, de la LCP, también en Rondônia; y en agosto de 2014 con Ireni y su marido Josias P. de Castro en Mato Grosso. Hay aún denuncias de amenazas y tentativas de asesinato contra otros líderes con las mismas características.

No se trata de una mera coincidencia. Cleomar Rodrigues, dirigente de la LCP del Norte de Minas y Sur de Bahia, fue asesinado en una choza en octubre del año pasado después de participar de una reunión de la “Comisión de Paz en el Campo”, presidida por Gercino Silva. Esta comisión trata con reverencia a los terratenientes, da asiento a pistoleros conocidos y a agentes de las fuerzas de represión. Lo que se percibe es que en la política y la metodología de la llamada “Comisión de Paz en el Campo” se opera conjuntamente con grupos de exterminio, movidos no solamente por los terratenientes, sino también con el manejo de elementos de órganos represivos del viejo Estado.

A pesar de las reiteradas denuncias hechas, esas reuniones continúan siendo realizadas, los líderes continúan siendo mapeados y eliminados sin que haya respuestas o sean tomadas algunas providencias. Los bandos de pistoleros, en la mayoría compuestos por policías o ex policías, bajo régimen y sueldo de los terratenientes, pero siempre cubiertos por el viejo Estado, siguen matando y aterrorizando campesinos en lucha por la tierra en varios estados, completando la represión ejercida por los órganos del viejo Estado.

La política agraria de administración petista [se refiere al Partido de los Trabajadores, PT. NdT] es esa: al mismo tiempo en que asienta una pesada piedra sobre el tema de la fallida “reforma agraria”, incrementa los preparativos y la presencia masiva de las fuerzas represivas y de inteligencia del viejo Estado en el campo. O sea, la cuestión agraria es cuestión de la policía.

No nos olvidamos jamás del episodio de la hacienda Forkilha, en el Sur de Pará, en noviembre de 2007, bajo la administración de Ana Julia Carepa (PT), en que una operación de guerra montada por diversas corporaciones de las fuerzas de represión atacó brutalmente un campamento campesino, detuvo a centenas de personas, abusó de las mujeres, torturó adultos, viejos y adolescentes, y, en la secuencia de operación de terror en el campo, en pocos meses, asesinó a 11 coordinadores de grupos de acampamento culminando con el asesinato del dirigente de la LCP, Luiz Lopes.

Ya en noviembre de 2013, diversas fuerzas de represión fueron enviadas a Río Pardo, Rondônia, para atacar a los campesinos del área que compone la Floresta Nacional Bom Futuro. La población vivía ahí antes de la creación de la Flona sin embargo fue expulsada sin indemnizaciones justas. La revuelta explotó cuando de ese ataque un militar de la Fuerza Nacional acabó muerto por un colega suyo. La represión que siguió también encarceló y torturó a decenas de personas. Fue en la defensa de esos campesinos que Paulo Justino fue asesinado.

También los autores intelectuales y ejecutores del asesinato del dirigente campesino Renato Nathan en Rondônia, en el año 2012 continúan impunes y el crimen sigue sin investigación.

Esos acontecimientos y tantos otros ya difundidos por AND [A Nova Democracia. NdT] y hartamente denunciados por el movimiento campesino prueban que la política del PT en el campo es la de liquidar la lucha más combativa mientras da ríos de dinero para el “agronegocio”, o sea, “limpiar” la lucha en el campo es decisivo para dar todas las tierras a las manos de los grandes terratenientes, empresas de “agronegocio” (soya, caña y ganado), de las corporaciones mineras, etc. “En lo que se refiere” al feto muerto llamado reforma agraria, Dilma, en su segundo mandato, nombró como ministra de agricultura a la “reina” de los terratenientes e ignoró solemnemente hasta a la misma dirección gobiernista/corporativizada del MST [Movimiento Sin Tierra aliado del gobierno criminal. NdT], que se ve entre la inactividad y la presión de sus bases por radicalizar la lucha por la tierra.

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En las ciudades la matanza de pobres no es diferente, principalmente en las favelas, donde la policía mata todos los días. Por eso, en el campo lo que ocurre es un aniquilamiento selectivo de líderes, no una matanza indiscriminada. Lo que están tratando de hacer es destruir la cabeza de los movimientos más combativos de la lucha por la tierra, principalmente de la Liga de los Campesinos Pobres, que viene deslindando con el camino reformista y oportunista en el campo y atrayendo cada vez más masas por el camino de la Revolución Agraria.

Igualmente los pueblos indígenas vienen sufriendo ataques por todos lados, sea por grupos de pistoleros a sueldo de los terratenientes y de las fuerzas de represión del viejo Estado, sea del lobby latifundista en el Congreso. Los asesinatos de líderes indígenas son una constante y frecuentemente acompañados de la criminalización de su lucha por la demarcación de territorios, muchos ya con procesos finalizados, aguardando la homologación por el ministro de justicia, Eduardo Cardozo, del PT, que no lo hace, claro, debido a los compromisos de la administración petista con los “héroes de la nación”, los terratenientes.

La lucha indígena no es solamente por la tierra, sino por la autodeterminación, algo que va ganando cuerpo cada día más entre muchos de estos pueblos.

Además de que la lucha en el campo es fundamental para la liberación y verdadera independencia del país. En las ciudades, a través de la crisis económico/política, sectores cada vez mayores del proletariado y de los movimientos populares vienen llamando a la preparación de una huelga general para derrumbar a los “paquetazos” y demás medidas antipueblo de las distintas administraciones. En el campo se debe potenciar la más vigorosa lucha por la tierra, librándose de las ataduras del oportunismo y tomando las tierras del latifundio.

Y es tarea también de los revolucionarios y verdaderos demócratas de las ciudades apoyar la Revolución Agraria como parte indispensable e impulsadora de la Revolución de Nueva Democracia en nuestro país.

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