Evo, el Defensor del Pueblo y la sepultura de los derechos humanos

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El gobierno de Morales tuvo la genial idea de elegir a un funcionario público como Defensor del Pueblo, es decir, un monigote dispuesto a ocultar las violaciones de DDHH y derechos fundamentales de las personas

 

Análisis y Opinión

16/05/2016

 

La elección de un funcionario del gobierno a Defensor del Pueblo ha sido una pantomima de respeto a la institucionalidad, y la demostración de que el gobierno de Evo Morales necesita todavía más aparato estatal para encubrir las violaciones a los derechos humanos.

 

El nuevo Defensor David Tezanos acaba de saltar de un puesto de responsabilidad política en el Ministerio de Justicia a otro a la cabeza del Defensor del Pueblo. Este paso también es la demostración de que a Evo Morales se le acabaron los exactivistas de la Asamblea de Derechos Humanos y los exmilitantes de izquierda, que le daban cierta legitimidad a sus movidas a inicios de su gestión en 2006, a usar a cualquier funcionario capaz de ser muñeco de ventrílocuo del caudillo.

 

Exactivistas de DDHH

El respeto a los derechos humanos fue sepultado apenas inició el gobierno de Evo Morales. Aunque señalarlo en ese momento era un pecado, ir a contracorriente, atentar contra el “proceso de cambio”. Pero a cinco meses de Evo Morales estrenado en el gobierno, la ministra de Gobierno Alicia Muñoz, que entró con insignias de haber militado en el ELN en décadas pasadas, mandó a la Policía y al Ejército a desalojar de un terreno a un grupo indefenso de gente sin techo. Las balas militares alcanzaron al sin techo Santiago Orocondo. Como suele hacer el gobierno, calló a la viuda dándole trabajo en la Gobernación de Oruro y prometiéndole una indemnización.

 

Luego sucedieron violaciones a los derechos humanos constantes. El gobierno reclutó a exmilitantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos nada menos que en el Ministerio de Gobierno, encargado de la represión al pueblo y la coordinación con la Policía Nacional. Ahí entraron Sacha Llorenti, Roberto Quiroz, Jorge Pérez, etc. Junto a los exactivistas de derechos humanos colocó a exmilitantes guerrilleros y de la considerada antigua izquierda radical, hasta gente de la teología de la liberación como Rafael Puente, Alicia Muñoz (ELN), Alfredo Rada (ELN), Marcos Farfán (ELN), Juan Carlos Núñez del Prado (ELN) (terminó como encargado de entregar sobornos en efectivo a falsos testigos), Boris Villegas (extorsionador con dos años de condena). Luchadores sociales de otrora, como el minero Macario Tola, terminaron como agentes de inteligencia, en este caso de un grupo de inteligencia a órdenes de Álvaro García Linera.

 

Villena, que en el último trecho se dio la vuelta

En cuanto pudo tomar la Defensoría del Pueblo, el gobierno de Evo Morales no perdió el tiempo y puso en ese puesto al obispo metodista Rolando Villena, también expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Villena dio refugio en su despacho, cuando las papas quemaban, a algunos de los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno mencionados, cuestionados por haber hecho el trabajo sucio de represión del gobierno. Juan Carlos Nuñez del Prado (encargado de dar sobornos en efectivo) estuvo de Defensor del Pueblo de La Paz en ese primer momento.

 

Pero las violaciones a los derechos humanos en el caso Caranavi (donde la Policía mató a dos estudiantes), la persecución de inocentes refugiados políticos, la represión a los indígenas de Chaparina, la represión brutal a mujeres y niños indígenas en Tacovo Mora fueron hechos que pusieron a Villena contra la pared. Se jugaba su prestigio. A pesar de que Villena había distraído a la Defensoría del Pueblo ocupándose también de problemas entre particulares (el mandato inicial decía que debía ver solo vulneraciones de derechos humanos del Estado hacia las personas), no era suficiente para el gobierno de Evo Morales. Sólo al final de su mandato, Villena confesó que lo presionaban y que le enviaban a mensajeros para “homologar” sus informes defensoriales con los del Parlamento dominado por el MAS, donde “homologar” significa hacerlos iguales.

 

Con todo, el obispo Villena no quiso poner en riesgo su prestigio (no es bueno para su futuro de búsqueda de financiamiento para proyectos). Así que hizo informes en los que se mostraba la violación de los derechos humanos que no gustaron al gobierno, que en el último momento le acusó de ser militante del extinto MSM (Movimiento Sin Miedo).

 

El Defensor de Evo y del Estado represor

Entonces comenzó una farsa y demagógica convocatoria a postularse a la Defensoría del Pueblo. La convocatoria, las postulaciones, los exámenes de los candidatos fueron una puesta en escena para mostrar que se respeta la institucionalidad y que todos entran en igualdad de condiciones. El resultado: un Defensor del Pueblo (David Tezanos) monigote, posesionado el 14 de mayo de 2016, cuya primera misión encomendada por el propio Evo Morales es defenderlo a él, a su gobierno y a la Policía del rebelde pueblo boliviano movilizado.

 

Defensor del Pueblo reprueba en su examen: https://soundcloud.com/rimay-pampa

 

En la posesión de Tezanos, Evo Morales dijo: “Cuando la derecha estaba en el gobierno, por lo menos en mi vivencia como dirigente sindical, las instituciones como Fuerzas Armadas y Policía (estaban) contra el pueblo, (había) heridos y muertos; ahora, cuando la izquierda o un partido antiimperialista está en el gobierno, nuestros policías (son) heridos, yo me pregunto dónde está el Defensor del Pueblo, también los policías heridos tienen derechos humanos”.

 

Esa retorcida concepción de los derechos humanos ha sido contagiada a los diputados, dirigentes sindicales y líderes vinculados al MAS, quienes defienden a capa y espada a los militares y los policías frente a cualquier cuestionamiento vinculado a su corrupción y sus abusos.

 

Tezanos anunció que no hará más informes defensoriales sobre las actuaciones de las distintas instancias estatales, y dijo que buscará la “armonía” con ellas en su gestión. En su examen de postulación, donde es evidente que no supo responder a las preguntas, propone que la Defensoría del Pueblo abandone una posición que a su criterio es “un tribunal crítico de lo que hace el Estado”. Que en realidad era lo único que podía o puede hacer la Defensoría del Pueblo.

 

Es obvio que el gobierno de Evo Morales y su partido el MAS no optaron por una persona susceptible de ser “alineada”, sino que se decidieron por un seguro servidor y servil funcionario para tapar las violaciones a los derechos humanos en el país, que se agudizan conforme pasa el tiempo, se desgasta el gobierno y las condiciones de sobrevivencia para una mayoría de la población se hacen insostenibles.

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