Enorme despliegue policial para impedir que los cocaleros ingresen a su sede
Análisis y Opinión
Los cocaleros de los Yungas agrupados en la Asociación Departamental de productores de coca (Adepcoca) fueron reprimidos brutalmente por la policía boliviana cuando estos intentaban retomar su sede sindical. La represión produjo un saldo de más de 40 detenidos y decenas de heridos. El gobierno movilizó gran cantidad de efectivos policiales, patrulleros y carros antimotines.
Pero ¿por qué el gobierno no permite a las bases cocaleras ingresar a su sede sindical? Una sede que los cocaleros compraron y construyeron con los aportes de varias generaciones de productores de coca
La respuesta es sencilla, el gobierno una vez más trata de dividir al movimiento popular, en este caso, el movimiento cocalero de los Yungas agremiado en Adepcoca y busca aplastar la disidencia y crítica a su gestión.
Estos cocaleros, que antes fueran bastión de Evo, rompieron con éste el año pasado cuando se debatía la Ley de la coca que favorecía a los campesinos cocaleros del Chapare, a pesar de la fuerte oposición de los yungueños y su decisión de rechazar el proyecto de ley, Evo Morales la promulgó lo que llevó a la ruptura de este sector con el gobierno, con quien ya venía tendiendo una serie de problemas debido al comportamiento de sus fuerzas represivas en la zona.
Desde esa fecha los campesinos han realizado varias acciones de protesta y el gobierno los ha reprimido. Además los yungueños han venido expresando apoyo a diferentes sectores que protestan contra el gobierno, se solidarizaron con los pobladores de Achacachi, con el Tipnis y se opusieron abiertamente a la repostulación indefinida de Evo Morales a la presidencia. Todas estas acciones han sido un dolor de cabeza para el gobierno.
Durante un ampliado cocalero el 10 de marzo la dirigencia que fenecía su mandado fue ratificada para seguir en gestión, pero un grupo pequeño pero bien organizado desconoció la decisión y tomó las instalaciones de Adepcoca en las que se atrincheró con ayuda de la policía, se trataba de la gente de Evo Morales quien busca a toda costa controlar esa organización. De manera cínica y mentirosa el gobierno dijo que era un problema entre cocaleros y que no intervenía, pero sus fuerzas represivas han controlado desde ese día la sede que los cocaleros compraron y construyeron con sus aportes.
Modus operandi
El socialfacismo de Morales tiene una característica para destruir a las organizaciones independientes y contestatarias. Para controlar una organización no recurre a la lucha ideológica o a la generación de una corriente política que se gane la confianza de las bases y tome la dirección, nada de eso. Recurre directamente a esquiroles quintacolumnistas que sirvan de tropa de choque y apoyados por la policía asalten las instalaciones de la dirigencia popular, para luego establecer una estrategia de prebendas a ciertas bases pero principalmente a los dirigentes, para eso utiliza los recursos del Estado.
De esta forma el gobierno tomó la sede del Conamaq, con la intervención de un pequeño y corrupto grupo que sacó a golpes a los dirigentes contestatarios y luego el gobierno mandó a la policía para “evitar el enfrentamiento”. El único objetivo policial fue proteger a los militantes del MAS e impedir que los auténticos dirigentes retomen su sede. El mismo modus operandi empleó contra la dirigencia de los obreros gremiales, el ministerio de trabajo reconoció como dirigente a un sujeto colocado en ese puesto por un comité electoral fraudulento y sin elecciones, y desconoció a los dirigentes nombrados por las bases en un ampliado, con este aval ministerial, el dirigente del MAS tomó las oficinas con el apoyo policial. El gobierno hizo esto a pesar de que las bases fueron a defender su sede.
En el conflicto de Adepcoca el libreto es el mismo. Los dirigentes atropellados por el grupo pro gubernamental llamaron a un Congreso cocalero en los yungas con las bases el sábado pasado (16/03), ahí miles de campesinos ratificaron al dirigente Franklin Gutiérrez y expulsaron de sus registros a Evo Morales y decidieron como bases y propietarios ir a su sede a la ciudad de La Paz. La decisión de todos fue expresamente realizar la acción de manera pacífica.
Las bases cocaleras llegaron el lunes en gran cantidad y se toparon con que un enorme contingente policial les impedía ingresar a su sede y resguardaba al pequeño grupo de usurpadores afines al gobierno. Lógicamente esto motivó la protesta y luego generó el enfrentamiento, la policía reprimió brutalmente a los campesinos cocaleros, rompiendo cabezas a hombres mujeres y niños. Los reportes de prensa muestran que los esbirros del gobierno lanzaron gases incluso a las casas de los vecinos y los mismos vecinos reaccionaron en contra de la policía.
Frente a la represión el pueblo se defendió y se enfrentó en defensa de sus intereses con lo que encontró a mano, con las piedras de las calles y parques, sin embargo fue un enfrentamiento desigual puesto que los efectivos policiales se multiplicaron, trajeron refuerzos y usaron los carros Neptuno lanzaguas para sofocar la protesta, participaron efectivos antimotines y de élite de la policía y como es costumbre dispararon sus proyectiles de gas al cuerpo y cabeza de los campesinos donde arrestaron a varias personas.
Al día siguiente, martes, los campesinos se reorganizaron, las bases indignadas también buscaron reforzar la protesta e iniciaron con mayor decisión la retoma de su sede, de manos del gobierno, este día la represión fue más dura, gran cantidad de gases lanzados por la policía y la defensa con piedras y algunos petardos de parte de los decididos campesinos, sin embargo, el saldo fue 40 detenidos y una gran cantidad de heridos.
El gobierno como todos los gobiernos reaccionarios pretende meter a la cárcel a los detenidos y procesarlos por “destrucción de la propiedad estatal” pues señala que los campesinos destruyeron un vehículo policial, además que 7 esbirros policiales estarían heridos, y culpan a los manifestantes de usar explosivos sin señalar nada concretamente.
Algunas organizaciones han denunciado la violencia aplicada por el gobierno, deteniendo a personas que pasaban por el lugar, a estudiantes universitarios e incluso a un menor de edad. Por otro lado los campesinos cocaleros han recibido la solidaridad de varias organizaciones y el apoyo de los transportistas de Chulumani (una zona de los Yungas) que han amenazado con realizar un bloqueo de caminos.
Lejos de disminuir la lucha, la organización de los campesinos está exigiendo la devolución de su sede y la liberación inmediata de los detenidos y amenazan con masificar el conflicto. Por su parte el gobierno está calculando los costos políticos de un conflicto que ha estallado cuando organizaba su borrachera patriotera por el día del mar y busca réditos políticos en la demanda internacional contra Chile por el mismo tema en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
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