Las bases son multitudinarias mientras que los usurpadores son un minúsculo grupo a favor del gobierno y la Defensoría del Pueblo mete la teoría de «dos bandos». Lo cierto es que hay una rebelión de las bases cocaleras contra el gobierno, y éste reponde con violencia reaccionaria.
Análisis y Opinión
La lucha cocalera no cesa y la represión policial se hace más brutal. El enfrentamiento del miércoles 22 dejó una decena de heridos, tres de ellos de gravedad y casi una veintena de cocaleros detenidos. Una breve reseña nos muestra la acción reaccionaria del Estado, de su aparato represivo, la maquinaria judicial y la cínica actuación de la Defensoría del Pueblo, altamente cuestionada por el pueblo debido a su trabajo como lacayo del gobierno.
En enfrentamiento se produjo una vez mas por la demanda de los cocaleros de los Yungas de retomar su sede sindical que ha sido tomada por un grupo usurpador que está a favor del gobierno y protegido fuertemente por la policía. Este grupo es conocido como el Comité Ad Hoc.
La policía, como es de costumbre, disparó al cuerpo de los manifestantes campesinos ya no solo granadas de gas sino balines que impactaron en los cuerpos de los campesinos hiriendo gravemente a varios de ellos. Los cocaleros David Calcina, Nelson Tarifa y Valerio Arancibia tuvieron que ser internados en el hospital, uno de ellos intervenido quirúrgicamente a quién para extraerle el balín se le tuvo que quitar un pedazo de costilla.
Foto: Internet
Por su parte el Comité Ad Hoc dijo que daba un paso al costado en el conflicto, pero lo hizo solo para dejar en reemplazo a un supuesto grupo de fundadores, este Comité saliente, sin ninguna atribución, posesionó a los “fundadores” sin consulta ni elección alguna y le dio un mandato de dos años de gestión.
Esta increíble y absurda decisión contó con el auspicio de la Delegada departamental de la Defensoría del Pueblo, Teresa Subieta, quien desde el día lunes realiza su labor de zapa en contra de las bases cocaleras. Esta señora, conocida militante del MAS y más conocida aún por su labor interventora contra la Asamblea Departamental de Derechos Humanos, va por los medios de comunicación a presentar una visión distorsionada de los hechos diciendo que hay dos bandos y que los dos reconocían al grupo de fundadores por lo que se habría solucionado un punto de las demandas (los otros son que se retire la policía para retomar su sede social y se liberen a los detenidos).
Sin embargo los hechos contradicen a esta señora, las bases cocaleras, a pesar de la brutal represión policial han reafirmado su lucha por retomar su sede sindical secuestrada por la policía y han rechazado al supuesto grupo de fundadores. Han denunciado que este es otro grupo usurpador al servicio del gobierno, más aún en el ampliado de las bases aparecieron otros fundadores de Adepcoca denunciando la labor de zapa de este nuevo grupo protegido por la policía y auspiciado por la Defensoría del Pueblo.
La represión policial también afectó a la población, una granada de gas fue lanzada contra un vecino de la zona, y produjo un incendio fuerte en su domicilio, la policía y los bomberos en complicidad con la mayor parte de medios de comunicación difundieron la versión de que un corto circuito originó el incendio, mientras que funcionarios del Ministerio de gobierno entraban a patadas a la casa del afectado, Diego Benavides, para secuestrar el casquete de gas que se encontraba en el domicilio, cosa que no consiguieron lograr. El hecho fue registrado por un periodista valiente y por vecinos del afectado que han difundido el hecho.
La ofensiva gubernamental también se desarrolla a través del aparato judicial que ha determinado detención domiciliaria 37 campesinos e impuesto una fianza de más de mil dólares. Hay otros 17 detenidos que aún aguardan la acción de la fiscalía. El gobierno además quiere descabezar la dirección de la lucha y ha imputado al dirigente máximo de los cocaleros, Franklin Gutiérrez, con el cargo de secuestro de la hija de un dirigente opositor.
Todos sabemos que este es un modus operandi reaccionario que realiza el MAS a través del Ministerio de Gobierno, como lo hizo con los dirigentes de la localidad de Achacachi quienes también fueron acusados de secuestro. El dirigente cívico Elsner Larrazábal, dirigente cívico de Achacahi, continúa detenido a pesar de haber demostrado ampliamente que en el supuesto secuestro ni siquiera se encontraba en la ciudad de La Paz, pero eso no importa al ministerio público que actúa bajo órdenes del gobierno de Evo Morales, la persecución abiertamente política, como es el caso de este dirigente busca descabezar la protesta. Es lo mismo que ahora pretenden hacer con el movimiento cocalero.
A pesar de estos intentos los campesinos han ratificado su lucha y el respaldo a su dirigente Franklin Gutiérrez. El último ampliado de campesinos ha resuelto movilizar a las bases de los Yungas y bloquear los caminos hacia La Paz, la vigilia en las cercanías de su sede será reforzada y muchas otras organizaciones sociales y populares están sumando respaldo a la lucha de los campesinos de Adepcoca.
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