La maquinaria judicial que oprime nuestra sociedad

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Foto: Internet

Análisis y Opinión

La justicia en el viejo Estado no está ajena a los intereses políticos, sirve a las necesidades del gobierno para perseguir políticamente a disidentes u opositores y también sirve para construir la legitimidad del Estado cuando éste se encuentra cuestionado por su negligente accionar, en este cometido no importa si lincha a personas inocentes, lo importante es satisfacer la razón de estado y dar la impresión de que “está haciendo justicia”.

En esta necesidad lo último que le importa al poder judicial y a sus autoridades (policía, fiscales y jueces) es si la persona ofrecida en linchamiento es inocente o culpable, lo importante es dar la sensación a la sociedad de que se está cumpliendo con “impartir justicia”. Así ha sucedido con el caso del doctor Jhiery Fernández, quien ha sido condenado a 20 años de prisión por delito de violación a un menor cuando el proceso nunca demostró que existiera tal violación o que el médico estuviera presente en el lugar del presunto hecho. El proceso ha sido tan irregular que, según los abogados y otras instituciones de derechos humanos que han seguido su caso, la policía y los peritajes técnicos han reconocido que los hechos imputados no habían sucedido, lo que apuntaba a que la muerte del menor se dio por razones distintas que la fiscalía no quiso explorar.

Por el contrario, alejado de lo hechos el poder judicial e incluso el Ministerio de Justicia intervinieron fuertemente para presionar por una condena, por el delito que públicamente habían anunciado pero que nunca habían demostrado, para finalmente sancionar sin ningún tipo de pruebas a una persona que con toda probabilidad es inocente de los cargos imputados. El proceso es tan escandaloso que para evitar ser de conocimiento de la prensa y la sociedad el juez lo declaró en reserva, e incluso, cuando ya se ha acabado el proceso con la sentencia, los abogados acusadores siguen pidiendo que se mantenga la reserva del caso, es decir, no desean que la sociedad se entere de las aberraciones cometidas en el proceso.

La hipótesis que no ha querido explorar la fiscalía y el gobierno, es la responsabilidad de los funcionarios y las condiciones en que se encuentran los albergues para menores donde murió el menor, cosa que llevaría a poner en tela de juicio la responsabilidad ejecutiva en el caso, prefirieron romper por el eslabón más débil el proceso y condenar a los inocentes para salvar la responsabilidad estatal. El eslabón más débil en este caso no solamente es el médico por no tener poder político, lo es también por ser un funcionario de bajo rango y de bajos recursos, es decir, pobre y explotado. Algo de lo que está repleto el poder judicial, las cárceles y todos los procesos que se siguen en esta maquinaria que aplasta a los más pobres, el viejo Estado y su reaccionaria justicia revelan aquí su carácter de clase.

La visión reaccionaria de la policía y los jueces

En este proceso son cómplices todo el poder judicial compuesto por abogados, policías, fiscales y jueces. Las investigaciones que realiza la policía boliviana son de una alarmante mediocridad y pobreza científica, se arman casos hasta con versiones periodísticas pasadas por hechos científicos, los “investigadores” que apenas pueden manejar una computadora son expertos en sacar plata para una u otra diligencia y no para cumplir su labor, su visión reaccionaria de los hechos siempre está fijada en tener sospechas de quienes para ellos “no es una persona normal”. Es una frase que se repite en policías, fiscales y jueces, y lo escuchamos cada vez, incluso en declaraciones a la prensa, seguido por cierto sector del periodismo, generalmente el menos instruido que solo sirve para leer noticias desde un telepronter o hacer bufonadas en televisión.

Al no ser “normal”, la diferencia es motivo de sospecha de delito. Quienes hablan de normal tienen un asqueante espíritu y formación conservadora, muchas veces ligado al más reaccionario pensamiento religioso o a la idea del “orden social”, esto hace “anormal” también a las personas críticas a la sociedad, cuestionadoras de todo el orden establecido o a determinadas cosas de este orden social.

Si te interesan temas que cuestiona el Estado, si no tienes hijos, si eres vegano, si eres rockero, no eres “normal”, esto no es un invento, se trata de hechos concretos que muchas víctimas denuncian referidos al comportamiento e “investigación” policial y de los jueces para determinar tal o cual medida, atender uno u otro requerimiento, permitir o no un permiso, bajo los criterios de normalidad se condena o mete preso a la gente en Bolivia.

Recientemente el “sospechoso” de la explosión de una garrafa de gas en Oruro ha sido enviado a la cárcel, teniendo como base, así está señalado en la imputación, el haber colocado en su muro de Facebook la imagen de un personaje villano de Dragon Ball, Freezer, un villano sanguinario, que, según la policía, refleja el comportamiento del acusado. Sobre esas bases alarmantes la policía y la fiscalía sustentan su “investigación”. Esto recuerda que hace varios años se reveló en medios de prensa que la policía de El Alto, consultaba a un médium para saber si el investigado era culpable o no de delito, estamos hablando de hechos reales donde estos “normales” atribuyen culpabilidades. Su parámetro de comparación es tan reaccionario que nos hace retroceder a los tiempos de la Inquisición y convierte a esta gente, agrupada en el Ministerio Público, en los Torquemada del siglo XXI.

La justicia reaccionaria del Estado es en su conjunto una maquinaria para someter al pueblo, ya sea a través de una persecución política explícita contra quienes conscientemente se revelan contra el orden social y contra quienes han quedado fuera de la sociedad por ser débiles o diferentes a lo que este viejo orden establece como “normal”. La persecución política, así como la necesidad de legitimación del viejo Estado, que ofrece cabezas de turco para saciar la necesidad de justicia que tiene la sociedad, son características reaccionarias y de clase que deben ser destruidos, no se trata de hechos aislados, de casos marginales, se trata de un comportamiento sistemático permanente que abusa y tortura a personas principalmente pobres y marginadas, y, que aplasta a los débiles y a las clases explotadas.

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