Análisis y Opinión
25/05/18
No creemos que el ministerio público o el gobierno vayan a dar justicia al pueblo por sus muertos. El gobierno ha iniciado una campaña mentirosa para encubrir a sus elementos represores criminales porque necesita evitar el enorme desprestigio que tiende dentro del país, peor aún cuando los acontecimientos político-electorales se aproximan. El gobierno aplica métodos fascistas en sus acciones, asesina impunemente y monta una campaña mentirosa para torcer los hechos y convertir a las víctimas en culpables. Esto no es nuevo, basta recordar el incendio a la alcaldía de El Alto, donde las víctimas resultaron imputadas por el incendio que habían provocado los dirigentes vecinales del Movimiento Al Socialismo (MAS) con las instrucciones que el viceministro Marcelo Elio había dado a dirigentes y policías.
El gobierno fascista y corporativo de Evo Morales ha cobrado una víctima más en su largo historial de muertes ocurridas en protestas sociales, en este caso se trata del joven estudiante de primer año de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe Vila.
El contexto del crimen pone en evidencia el ensañamiento del régimen y sus fuerzas represoras. Jonathan había participado de las protestas de la UPEA en su demanda por presupuesto este jueves 24 de mayo. Después de la concentración en la zona del peaje en la Ceja de El Alto, donde fue el momento de más encono, los manifestantes se estaban retirando, en parte por la persecución policial, pero en claro indicio de que los manifestantes se desmovilizaban.
Jonathan se retiraba con un grupo de más o menos 20 compañeros perseguidos por los gases lacrimógenos hacia algunas calles alejadas, de esa forma llegaron a la zona Ferropetrol, la calle Martín Cárdenas donde se encuentra el edificio de la Procuraduría General y, en esa calle según diversos testigos, fueron emboscados nuevamente por policías de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP) que iban en moto y les dispararon gases lacrimógenos. Junto con el disparo de los gases un proyectil impacta en el cuerpo de Jonathan quien cae y luego sus compañeros se dan cuenta de que estaba sangrando por el pecho.
¿Por qué decimos que el régimen actuó con ensañamiento?
Porque los gendarmes actúan con saña contra el grupo de manifestantes cuando ya la manifestación está en disolución, con un grupo que ya no está ni cerca del centro de los enfrentamientos, cuando ni remotamente representan peligro alguno para ellos. Así, en ese escenario lo que hace la policía es asesinar al compañero Jonathan, a plena luz del día, en el centro de la ciudad y frente a un edificio del Estado. Los agentes fascistas de Evo ya no necesitan cometer sus crímenes en la noche o en las afueras o a escondidas, hacen gala de su accionar buscando amedrentar a la población que protesta contra su gobierno y pretenden dar un ejemplar escarmiento asesinando a jóvenes.
¿Qué ha dicho el gobierno?
De manera hipócrita, Evo ha enviado condolencias a la familia y ha pedido una “investigación profunda”. El pueblo boliviano conoce las investigaciones profundas del régimen, en más de 100 muertos en protestas sociales solo conocemos de un caso investigado y sancionado a medias, cuando un policía totalmente identificado disparó una granada de gas contra el estudiante de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba, Jhon Copaga, que quedó en estado de coma por un tiempo y ahora está volviendo a aprender a caminar y hablar. Fuera de este caso, el gobierno jamás ha sancionado a alguno de sus esbirros responsables de un centenar de muertes de personas. El presente caso va por la misma dirección.
La autopsia realizada recuperó una canica (bolita de cristal) del cuerpo del compañero Jonathan, ello ha servido al Ministro Romero para decir que la policía no disparó contra el estudiante. Con gran cobertura y con la casi nula capacidad crítica de los periodistas, Romero ha deslizado una increíble tesis sobre como salió la canica e impactó en el cuerpo de Jonathan, incluso la policía ya anunció pronta detención de estudiantes, a quienes ha echado la culpa de la muerte de su compañero.
El Ministerio Público no ha encaminado la investigación todavía, pero Romero ya decretó la “causa” y busca a los “responsables”. Es la típica forma en que el gobierno construye sus versiones para proteger a su policía, la institución más corrupta y violadora de los derechos fundamentales de las personas, y esconder sus crímenes.
Romero ha dicho que la canica salió de un “tubo de cartón” en referencia a los petardos que usan los manifestantes y que dicho petardo habría sido lanzado desde un puente en la Ceja hacia el estudiante y ha mostrado fotos de un estudiante apuntando un petardo hacia abajo en el lugar de los enfrentamientos.
Pues se trata de una teoría alucinada y totalmente mentirosa. No se precisa tener muchas neuronas para entender que es prácticamente imposible que una canica disparada de un petardo pueda atravesar la caja toráxica de una persona, desgarrar el corazón y el pulmón, como informa la autopsia, para que aquello suceda tiene al menos que ser disparada por un arma de fuego. Pero el ridículo ministro se presentó en conferencia de prensa con su petardo y su canica para afirmar semejante teoría.
Contraria a la versión del ministro, los hechos proporcionan elementos de que es la policía quien tiene como método el empleo de canicas como proyectiles disparados sobre manifestantes.
Policía usa armas no reglamentarias para disparar contra el pueblo
En el mes de agosto del año 2012, el agricultor y taxista Ambrosio Gonzáles Rojas de 45 años que participaba de una protesta con enfrentamiento con la policía en demanda de infraestructura caminera y electrificación para su pueblo Caranda, Santa Cruz, murió por disparo, según el fiscal de entonces, de un elemento de cristal (canica) disparado por un arma de fuego. La responsabilidad de la muerte jamás se investigó.
En julio de 2017, el joven Samuel Vallejos de la localidad de Colomi, Cochabamba, que protestaba contra el gobierno y donde hubo represión policial, murió de manera violenta por disparo de proyectil. Según el fiscal departamental de entonces, Oscar Vera Espinoza, la muerte se dio por el ingreso de un proyectil atípico “se ha extraído una canica que sería la que le habría provocado la muerte”. El caso jamás fue resuelto ni encontrado responsables.
Recientemente en marzo de este año, durante el conflicto de los campesinos cocaleros de Adepcoca y el gobierno, también se registraron enfrentamientos con la policía, como hemos denunciado desde esta tribuna. En estos hechos resultaron heridos varios campesinos, uno de ellos Nelson Tarifa fue herido gravemente y tuvo que ser operado en el hospital. A Nelson se le extrajo un trozo de hueso de costilla y una canica disparada por la policía.
Los hechos son contundentes, se trata de un modus operando de la policía para reprimir a los manifestantes que ha causado muertos y heridos, aquí solo hemos colocado los casos más conocidos y podemos afirmar que la canica que mató al compañero Jonathan Quispe se produjo por disparo de la policía y no por la impresionante versión del ministro.
Métodos fascistas
Otro hecho que desmiente la versión del ministro fascista es que en la calle en que muere Jonathan no hay ningún puente, los puentes más cercanos están a varias cuadras de distancia y ni siquiera están en la misma calle, sin embargo, la policía ya anunció la caza de brujas para detener a los manifestantes que llevaban petardos, es decir, la gran mayoría.
Nosotros no creemos que el ministerio público o el gobierno vayan a dar justicia al pueblo por sus muertos, sino todo lo contrario. El gobierno ha iniciado una campaña mentirosa para encubrir a sus elementos represores criminales y va a defenderse porque necesita evitar el enorme desprestigio que vive en el país, peor aún cuando los acontecimientos político-electorales se aproximan. El gobierno aplica un método fascista en sus acciones, asesina impunemente y monta una campaña mentirosa para torcer los hechos y convierte a las víctimas en culpables. ¿Es nuevo esto? No, basta recordar el incendio a la alcaldía de El Alto, donde las víctimas resultaron imputadas por el incendio que habían provocado los dirigentes vecinales del gobierno con las instrucciones que el viceministro Marcelo Elio había dado a dirigentes y policías.
Solo el pueblo podrá juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes de todos los reaccionarios fascistas.
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