Bolivia II: Confirmado, policía mató a estudiante, Ministro mintió y sigue mintiendo

Análisis y Opinión

31/05/18

El gobierno no ha tenido otra opción que sacrificar a su peón asesino, el subteniente Cristian Casanova Condori, que mató al compañero universitario Jonathan Quispe Vila, para evitar que la movilización y otros estudiantes de la UPEA lo desprestigien totalmente y pongan en serio peligro la candidatura presidencial de Evo Morales. Como todo gobierno reaccionario, el cálculo político se ha impuesto y ha llevado a sacrificar una ficha en el intento de limpiar de responsabilidades a los mandos policiales, al ministro Carlos Romero y al propio Evo Morales.

Este jueves 31 de mayo, el ministro Carlos Romero presentó al subteniente Cristian Casanova Condori como el autor del disparo que acabó con la vida del compañero universitario Jonathan Quispe Vila y lo responsabilizó como un autor individual, al margen del actuar de la Policía Nacional. En un intento de disculpa dijo que fueron inducidos al error al formular la teoría de la canica disparada por un petardo. En su conferencia de prensa estuvieron presentes los mandos policiales y el Fiscal General.

Como lo hizo Evo Morales al solidarizarse con la familia de la víctima,se pretende una hipócrita disculpa.

Hipócrita porque el Ministroinsistió hoy en que la Policía no usa canicas como proyectiles, sino los manifestantes. Pero los antecedentes que hemos señalado, los testigos y la realidad han demostrado fehacientemente que la Policía usa canicas para asesinar a la gente que sale a protestar a las calles, ahí están los casos de campesinos heridos y/o asesinados enCaranda, Colomi, Adepcocay hoy la UPEA con nuestro compañero Jonathan Quispe.

Encubrimiento

Desde el mismo jueves 24 de mayo, el gobierno de Evo Morales quiso introducir la idea de que el crimen contra Jonathan había sido cometido por sus propios compañeros. A los cuatro días el equipo de investigación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) demostró que Romero mentía.

Los mandos policiales también intentaron quitarse la responsabilidad material e intelectual del hecho criminal, apoyados en que ningún video hecho público (sólo hoy se hizo público) captaba a los uniformados en el lugar del hecho. Pretendieron deslizar una vez más la impresionante hipótesis de que a Jonathan lo mataron sus propios compañeros. Mintieron.

El encubrimiento comenzó inmediatamente se supo de la muerte de Jonathan. Una médico forense de la Policía (FELCC), la doctora María Terán, dijo el mismo día: “la víctima con el impacto de ese tipo de proyectil que genera una lesión letal, hubiese tenido una muerte instantánea y no se hubiese desplazado corriendo y saltando hasta haber ingresado a la casa”, buscando desmentir la versión de todos los testigos, los hechos demostraron que esta “investigadora científica” también mintió.

Por la lucha del pueblo

El gobierno de Evo Morales no ha podido encubrir este hecho criminal debido a la gran movilización de los estudiantes, administrativos y docentes de posiciones avanzadas que se impusieron a las autoridades timoratas y a los elementos del MAS incrustados en la UPEA. Ha sido también el gran rechazo de la población lo que ha posibilitado que el gobierno suelte el nombre del ejecutor del crimen en el intento de parar el desprestigio y lavarse las manos de la responsabilidad.

Lo que está claro es que el gobierno desde un inicio trató de desvirtuar los hechos y culpar a los estudiantes. Una vez que Romero lanzó su teoría fantástica de la canica disparada por un cartucho y mostrar la foto de un estudiante con un petardo como sospechoso principal, todos los agentes del gobierno que trabajan en las redes de Internet difundieron la foto del estudiante con el siguiente mensaje: “Ahora tienen que encontrar a este desgraciado que mató a su propio compañero” o “que los estudiantes identifiquen y entreguen a este asesino”.

Los mandos policiales anunciaron que estaban identificando a los estudiantes que se movilizaron, anunciaron prontas detenciones, intimidaron a los testigos para evitar sus declaraciones, el gobierno estaba orquestando una campaña sucia para desvirtuar los hechos y mantener en la impunidad al responsable del mismo.

Mentiras

Para cerrar el cuadro Romero anunció que iba a procesar a todo el que dijera que al estudiante lo mató la Policía.

El Ministro miente y mintió cuando dice que fue inducido al error para plantear su nefasta hipótesis, Miente cuando insiste en que los manifestantesusan canicas contra la policía. Miente cuando dice que se trata de un hecho aislado de la policía. Los mandos policiales mienten cuando declaran hoy sin sonrojarse que la policía respeta los derechos humanos, que actúan en base a las normas y a la ley. Mienten cuando dicen que el subteniente asesino actuó solo, por iniciativa propia, que solo cambió la munición para asesinar a un estudiante.

Lo cierto es que en este gobierno lleva más de 100 muertos en manifestaciones y enfrentamientos con la policía, en todos los casos el gobierno ha actuado con impunidad, no ha sancionado a ningún matón policial porque es su aparato represor, ese aparato asesino que siempre es felicitado por Evo Morales.

Mercenarios mantenidos

Es seguro que antes de confesar, este jueves 31 de mayo, el crimen contra Jonathan Quispe, el Ministerio de Gobierno negoció con el Alto Mando Policial la entrega del subteniente asesino. No tenían otra opción frente a la protesta popular. El gobierno de Evo Morales se sostiene en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, instancias a las que desde su primer gobierno en 2006 ha entregado privilegios y prebendas.

Los policías y militares son mercenarios que necesitan dinero y dádivas para salir a reprimir, además de garantías políticas para no ser tocados por las consecuencias de sus crímenes. Eso se había cumplido hasta el asesinato de Jonathan Quispe. Muchas muertes y masacres anteriores (Caranavi, Chaparina, Tacovo Mora, etc.), especialmente contra campesinos e indígenas, no fueron esclarecidas, y los policías y militares quedaron totalmente impunes.

Como hemos dicho, solo la acción del pueblo puede llevar justicia al pueblo, el viejo Estado jamás lo hará porque los intereses del Estado son defendidos por los aparatos represivos como la policía y el ejército, que están bajo el mando de los responsables políticos. En un Estado de clase, como el actual Estado, los intereses del gobierno y el pueblo son diametralmente opuestos por eso el Estado puede matar con impunidad, toda esa demagogia de que el Estado plurinacional es un gobierno de los trabajadores se desmiente día a día con los hechos.