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En Bolivia, los gobiernos reaccionarios han aplicado siempre la intervención policíaco-militar para erradicar los cultivos de coca. Este año el blanco de los ataques han sido los campesinos de La Asunta, que han soportado allanamientos a sus domicilios y eliminación de sus cultivos en medio del terror y la persecución.
El viernes 24 de agosto, la intervención policíaco-militar en La Asunta (Sud Yungas, La Paz) derivó en la persecución contra los campesinos, desaparecidos y detenidos, según denuncias de los dirigentes. Además el gobierno dice que murió un policía y fueron heridos otros.
Dictado por EEUU
Ante la explosión de cultivos de coca en Bolivia, el gobierno de Evo Morales necesita responder a compromisos internacionales, así que no duda en utilizar el modus operandi dictado desde siempre por EEUU: la violencia policíaco-militar contra el sector campesino.
Esta vez ha elegido a los cocaleros de La Asunta por su debilidad política y orgánica, en comparación con las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico presididas por Evo Morales. Aunque el último reporte de la UNODC muestra que los cocales han crecido principalmente en el trópico de Cochabamba y el gobierno ha admitido que los cultivos están creciendo en el Polígono 7 (invadiendo el TIPNIS), la erradicación de cocales se ejecuta con toda la violencia posible solo en La Asunta.
Los cocaleros del Polígono 7, aparte de ser las bases sindicales y políticas de Evo Morales y del MAS, son la punta de lanza de la construcción de la carretera por medio del TIPNIS y por tanto de la penetración de capitalistas para arrasar con esa reserva, sin contar con los capitalistas del narcotráfico.
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Rebeldes
En La Asunta está asentado un sector de campesinos que no se ha doblegado ante la persecución y la violencia policíaco-militar. El gobierno no ha ahorrado recursos este año para aplicar violencia en la zona, sobrevolando con helicópteros, instalando campamentos policiales, allanando domicilios, erradicando plantaciones de propiedad de los ancianos, madres solas y las familias más vulnerables.
Los cocaleros de La Asunta se han convertido así, tal vez sin buscarlo, en un sector de resistencia frente a la política de eliminación de cultivos. Junto a los cocaleros de los Yungas (zona de cultivo tradicional de coca) se han colocado en una posición vulnerable. La polarización ha llevado al gobierno a la desesperación, al punto en que las fuerzas represivas tomaron el mercado legal de la coca (marzo 2018), propiedad privada de los cocaleros de los Yungas.
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De mentirosos y agentes externos
El ministro Carlos Romero ha señalado como responsables a “narcotraficantes extranjeros”, su argumento favorito. Es típico en él que acuse a dirigentes sindicales de secuestrar personas, que señale a universitarios de matarse entre ellos (caso asesinato Jonathan Quispe) y que culpe a defensores de derechos humanos de “promover organizaciones criminales”.
Así actuaron contra los cocaleros de Apolo (2013) cuando también repitieron sin coherencia un discurso sobre la presencia de Sendero Luminoso, lo cual le sirvió al gobierno para perseguir, torturar y amedrentar a los dirigentes campesinos.
Cada mentira deliberada salida de la boca de Carlos Romero es repetida sin mayor proceso mental por sus periodistas en sus canales de televisión, emisoras de radio y redes sociales para impactar principalmente en sus bases militantes. El pueblo boliviano no se cree esas mentiras groseras.
A propósito, el muerto y los heridos de la Policía fueron llevados a Santa Cruz cuando, incluso pensando en resguardar su vida, debieron ser enviados a La Paz que es la ciudad más próxima. Los campesinos de La Asunta han hablado de heridos, detenidos y desaparecidos, algo que la prensa ni siquiera ha pensado en indagar a más de 24 horas de los sucesos.
La tierra
Por último, detrás del problema de la erradicación de cocales está el acceso de los pequeños campesinos a la tierra en Bolivia. Un problema que nunca le ha interesado a Evo Morales, menos ahora que se lleva tan bien con los agroindustriales y latifundistas a quienes ha seguido beneficiando con miles de hectáreas entregadas casi siempre de manera fraudulenta.
Las bases campesinas del MAS han renunciado a la lucha contra el latifundio, ahora prefieren tomar tierras comunitarias de los pueblos indígenas. Pero este es un tema que tocaremos en otro momento.
Análisis y Opinión 