Gobierno persigue políticamente a dirigentes de los Yungas y población se prepara para defender a su dirigente

 

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Los campesinos han acordado defender a su dirigente frente a las mentiras que el gobierno ha montado cínicamente contra el dirigente para detenerlo

Análisis y Opinión

29/08/18

El reaccionario gobierno de Evo Morales ha arremetido contra la dirigencia cocalera de los Yungas enviando a la cárcel a su máximo dirigente Franklin Gutiérrez a quien ha acusado de ser el autor intelectual de la muerte de un policía y otros siete heridos en la comunidad cocalera de La Asunta.

El objetivo evidente del gobierno es descabezar a Adepcoca y los Yungas, un sector de campesinos cocaleros que se ha levantado contra la tutela opresiva de Evo Morales, y despejar el camino el año que viene para poder repostular a la presidencia a pesar de su ilegalidad y los múltiples cuestionamientos no solo de la oposición conservadora, sino principalmente de la oposición que viene del movimiento popular.

Esta nueva persecución política contra dirigentes se basa en el mismo modus operandi que practica el gobierno de Morales, en particular su ministro Carlos Romero. Como es costumbre lanza una campaña maliciosa y alarmista señalando la presencia de extranjeros y narcotraficantes con armamento de alto calibre contratada por la dirigencia sindical; recordemos que hizo lo mismo cuando intervino la localidad de Apolo donde también hubo muertes de militares y se dijo que grupos guerrilleros y narcotraficantes estaban presentes en el lugar.

Acusa a la dirigencia de ser la autora intelectual de los hechos, este es un libreto harto conocido utilizado en todas las protestas del movimiento popular contrario a su política, recuérdese la lucha de los indígenas del Tipnis, Tacovo Mora, la lucha de los dirigentes de Achacachi, incluso de Caranavi donde el ex ministro fascista Sacha Llorenti dijo que hubo intento de sedición contra el gobierno de Evo Morales. En esta ocasión el ministro Romero acusó a defensores de derechos humanos de patrocinar el crimen, de la misma forma que mintió en el caso del asesinato del estudiante Jonhatan Quispe de la UPEA cuando decía que los responsables de la muerte son los dirigentes de la Universidad, pero además difundió la fantasiosa teoría de que los propios manifestantes habían matado a su compañero tratando de encubrir al criminal de las fuerzas policiales, algo que el ministro sabía desde el primer momento.

La policía boliviana suele realizar imputaciones con informes falsos y altamente mediocres a lo que llaman “investigación científica”, en base a supuestos sin ningún tipo de conexión ni relación con los hechos, eso lo saben hasta los propios masistas y no les importa porque se trata simplemente de cumplir la orden política del gobierno, así lo entienden la policía, los jueces y los fiscales. La prensa ramplona también está para eso, el medio Abya Ayala difunde como gran descubrimiento fotos de armas en un celular de un trabajador de la dirigencia, sin ningún tipo de conexión o ligazón con lo sucedido.

Sobre el primer detenido ningún medio se ha atrevido a preguntar las circunstancias de la detención, la conexión para que el gobierno lo acuse de ser parte de la “organización” que disparó en la supuesta emboscada, los medios fácilmente se asustan ante las declaraciones de “narcotraficantes”, “extranjeros”, “armas de grueso calibre”, esa es la propaganda atemorizante que usa el Estado que tiene como correlato la ya predispuesta autocensura y el temor generalizado entre los periodistas que ponen en duda su propia función de cuestionar la versión oficial. En el movimiento popular sabemos muy bien que la policía cuando interviene detiene a cuanto puede para después acusar de lo que crea conveniente.

Debemos recordar también que casi todas las declaraciones ante la prensa siempre se han caído en los procesos, el caso de Apolo, a pesar de haber cuatro muertos, se cayó con todas las supuestas hipótesis manejadas, solo hay un detenido a quien han reventado a golpes con las torturas que aplica comúnmente la policía boliviana, la tortura es el único “método científico” que conocen y se jactan diciéndolo. En ese caso lo más probable es que los militares se hayan disparado entre ellos en la confusión pero le ha servido al gobierno para descabezar a la dirigencia.

Algo similar ocurrió con la muerte del viceministro Illanes en el conflicto con los cooperativistas, que hasta la fecha no se esclarece. El hecho más revelador ha sido el de Achacahi donde quienes resultaron detenidos son los que denunciaban la corrupción del alcalde mientras que la autoridad edil del partido de Evo Morales nunca fue tocado ni investigado, nuevamente lo principal para el gobierno era descabezar la dirigencia.

Por ello no nos cabe la menor duda que estamos frente un nuevo caso de persecución política del gobierno dentro de su política corporativista para destruir toda oposición que ha surgido en sus bases o en el movimiento popular.

La localidad de La Asunta donde se ha producido la muerte del policía es una zona que permanentemente denuncia el atropello y abuso de los policías que lanzan gases lacrimógenos en las casas no importándoles que hayan mujeres, niños o ancianos, lanzan gases en plenas reuniones de campesinos, detienen de forma brutal a los más indefensos mientras les tumban el  cocal, todo esto de forma similar como lo hacían los gobiernos predecesores a Evo Morales que actuaban por orden de la DEA, ahora los actores han cambiado pero la práctica es la misma, y se actúa con doble rasero cuando se trata de los cocaleros afines al gobierno.

Los campesinos cocaleros de los Yungas han declarado que van a defender a su dirigente, han acordado medidas de presión y protesta que esperemos se fortalezca porque la única medida para defenderse del gobierno reaccionario así como de su aparato represivo y criminal como es la policía es con lucha en la calles y solidaridad del pueblo en su conjunto.

El pueblo que se defiende no es responsable de ningún crimen, lo criminal sería aceptar el sometimiento a la opresión del gobierno, ni el ministro Romero ni su criminal organización policial, que ya llevan más de 100 muertos en su haber en la gestión de Evo Morales, pueden acusar al pueblo de organizarse y defenderse, peor aún cuando los antecedentes desmienten siempre la versión oficial del gobierno.

El pueblo tiene derecho a rebelarse y a responder a los abusos que los aparatos represivos del Estado cometen en contra suya. El argumento del viejo Estado de que la policía detenta el uso legítimo de la violencia, que usa ampliamente este gobierno, solo ha servido hasta ahora para aplastar la lucha por los derechos fundamentales y aplicar las políticas antipopulares.

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