Análisis y Opinión
19/09/18
La dictadura de clase del viejo Estado se puede ver en cada una de sus acciones con mayor o menor evidencia. La injusta condena del doctor Jhiery Fernández es un claro ejemplo de cómo actúa todo ese poder represivo contra los ciudadanos donde generalmente coinciden personas despojadas de poder o extraídas de las clases populares.
La salida a la luz pública de un audio donde la Jueza, que condenó (junto a otros dos jueces) al médico Fernández a 20 años de prisión, reconoce haberlo condenado sabiendo que era inocente, ha generado una indignación enorme en la ciudadanía, y aunque parece un caso extremo y excepcional no lo es, muchos casos similares ocurren en el país. En el oriente del país se presentó hace algunos años otro caso donde un joven fue sentenciado por la muerte de una mujer, incluso cuando éste demostró que no se encontraba en la localidad donde ocurrió el crimen sino en su trabajo, sin embargo, el juez lo condenó, fue liberado después de un tiempo.
Pero hay casos parecidos, la prensa ha mostrado a presos sentenciados que han salido varios años después de haber cumplido su condena, en algunos casos pasaron hasta 5 años presos en demasía simplemente por no tener dinero para pagar los trámites de excarcelamiento, y nadie es responsable de estos hechos. Nuevamente quienes sufren estos abusos son pobres y explotados, además de jóvenes.
Al Estado no le importa la gente, no le importó antes y no le importa ahora, sigue siendo la maquina moledora de carne que destroza a la población particularmente pobre. Eso se puede ver en los litigios que existen todos los días en el poder judicial, se ha convertido en un negocio lucrativo para policías, abogados, fiscales y jueces, también se puede ver en la población carcelaria, integrada en gran mayoría por pobres, otro negocio enorme como lo ha reconocido el abogado Ramiro Llanos, ex director de régimen penitenciario.
Mecanizados por la rutina de los procedimientos, los funcionarios encargados de la administración de justicia no están buscando la verdad de los hechos para impartir justicia lo que importa es que cada parte cumpla los trámites correspondientes y por supuesto que pague las tasas y aranceles establecidos por ley porque aunque el gobierno de Evo se desgañita en decir que la justicia es gratuita y el poder judicial emite propaganda mentirosa con la plata del Estado en ese sentido, lo real es que en el poder judicial todo cuesta y el que no tiene dinero se va a podrir. Esa es la verdadera ley que funciona en el poder judicial boliviano.
¿Cómo ha funcionado este mecanismo en el caso del doctor Fernández? La jueza lo ha detallado con lujo de detalles en el audio hecho público de una reunión de amigos con copas de por medio.
Autoridades implicadas en la condena al médico Fernández
Negligencia por parte de una funcionaria del hogar de menores donde estaba el niño Alexander de 8 meses. Según la jueza, la funcionaria encargada de cuidarlo fue admitida en ese puesto por un favor político del ex gobernador de La Paz, Cesar Cocarico del partido de Evo Morales; todo indica que una mala manipulación del termómetro habría causado un desgarro en el conducto rectal del menor lo que habría producido una hemorragia hasta su muerte.
A continuación la médico forense sin experiencia, Ángela Mora, declaró que el niño fue violado y lo hace público a la prensa, según el audio de la jueza, haciendo así irreversible el curso del proceso porque en el poder judicial es prácticamente imposible que un funcionario se equivoque, todo lo que viene a continuación será una serie de hechos que encubran esas responsabilidades.
El Fiscal General Ramiro Guerrero, a pesar de conocer el cuestionamiento de la fiscal Ángela Terán sobre la existencia de violación, no toma en cuenta ésto y la saca del caso para sostener la tesis de la forense, quien, según el audio de la jueza, tenía una relación sentimental con éste.
Interviene el ministerio de justicia constituyéndose como querellante y pidiendo que se sancione al culpable de la “violación”, de igual forma interviene la gobernación de La Paz, pidiendo sanción al “violador”.
Todos estos datos han sido públicos y es la forma en que actúan las autoridades del Estado cuando se produce un hecho que genera indignación a la opinión pública, en este caso la muerte de un menor de 8 meses en un albergue; la cosa se agrava si se presume que hubo una violación. Entonces se busca un culpable para ofrecerlo a la sociedad y calmar la sed de justicia, el que sea inocente o culpable no tiene mayor relevancia, el Estado realiza entonces un linchamiento judicial con el que tiene a la mano, y el que se encontraba ahí como único hombre y presunto violador era el doctor Fernández.
¿Cuál es el objetivo con el linchamiento judicial?
Esta es una práctica muy común en la policía, los fiscales y los jueces, y se practica fundamentalmente con personas que tienen antecedentes. Ante hechos de delincuencia la policía muchas veces detiene a personas con antecedentes para pasarlas por autores de hechos delictivos cuando sabe que no tienen que ver en el caso, esta práctica generalizada a veces se traslada a personas comunes, en particular cuando se tiene que demostrar eficiencia, como este caso de niño Alexander. También se practica en conflictos sociales cuando se detiene a diestra y siniestra en enfrentamientos de la población y la policía donde se acusa a los detenidos de ser responsables de una serie de actos delictivos, peor aún si por alguna razón un policía resultare herido o algún predio estatal dañado, la policía y el ministro del gobierno van con todo para presentar a los detenidos como vándalos, asesinos, desestabilizadores, terroristas, (como el caso La Asunta) y no paran hasta meterlos presos para luego saber si esos detenidos eran o no parte de las manifestaciones populares.
En el caso de hechos delictivos graves, este “linchamiento eficiente” pretende acallar el reclamo de justicia que exige la sociedad no importando la culpabilidad o inocencia como hemos dicho, y en este curso no importa romper las normas y derechos de las personas a quienes acusan, y seguirán así sobre todo si los acusados no tienen recursos para defenderse.
Incluso si se tratase de un error no es posible que los funcionarios den marcha atrás porque aquí lo más importante es cuidar el puesto de trabajo. Esto sucede por la naturaleza del poder judicial; el poder judicial es un campo sucio y podrido donde la asignación de puestos se debe a diversos favores políticos y compras de cuotas de poder de ciertos niveles estatales así como del gobierno directamente, un error los puede hacer caer de ese lugar de privilegio o puede poner en cuestión el padrinazgo político, así como dañar su “carrera profesional”.
Jueces y fiscales deben favores al gobierno, en mayor o menor medida, el gobierno de Morales, como todos los gobiernos, tiene sus jueces y fiscales adictos que les sirven en los casos de interés, estas autoridades se sienten cobijados y puestos por él, así que deben favores a éste, pero también a ciertos grupos de poder dentro de la administración estatal, un error puede causar su destitución, es decir, pueden perder el puesto de trabajo que les da jugosos salarios. Por ello no se permiten quedar en evidencia, ni siquiera si se trata de un error, y van a ir hasta al fin para condenar a una persona como ha sucedido en este caso.
Además esta gente sabe que por actuaciones ilegales los pueden meter en procesos administrativos y penales, y ese es otro elemento por el que insistirán en “demostrar” que su trabajo cuenta con razón y pruebas.
El caso del doctor Fernández sin embargo fue un caso conocido en ciertos niveles de la sociedad, se sabía que los fiscales actuaban de mala fe, que escondieron pruebas relevantes para la defensa, los familiares han denunciado ampliamente el maltrato que éste recibía en la cárcel para quebrarlo, quisieron hacerle firmar un papel en blanco, Jhiery Fernández ha denunciado que el fiscal departamental Edwin Blanco quiso sacarlo en horas de la madrugada para una supuesta diligencia, un testigo culpó en pleno juicio oral al fiscal Blanco de haberlo torturado para incriminar al doctor Fernández, la familia y organizaciones de derechos humanos han detallado un sinnúmero de acciones de la fiscalía para conseguir que el médico se autoinculpe.
En el audio la jueza revela que al menos 10 autoridades sabían de la inocencia del inculpado, ella cuenta sin tapujos como intervinieron todos en ese complot para condenarlo, a ninguno le importó su suerte, como ejemplo se puede ver la actuación hipócrita del ministro de justicia, Héctor Arce, que hoy solicita indignado una auditoría judicial, cuando su despacho era querellante en contra y conocía a fondo los vicios que tenía el proceso.
La justicia en el viejo Estado boliviano es reaccionaria porque no sirve a la población, no favorece al pueblo, hace mucho que ha perdido el horizonte que trazó la burguesía liberal de búsqueda de justicia con independencia de poderes, está tan podrida que tiene más importancia la forma que el contenido, es decir, es más importante el cumplimento de requisitos y papeleo y no el encontrar la verdad y establecer las responsabilidades. La jueza en cuestión, ante la prensa y ya sin tragos encima, cuando le preguntan si tiene tranquila su conciencia por la sentencia emitida, declara que la defensa del médico se equivocó y que “el juicio oral es como un partido de futbol, siempre va a haber un ganador, no puede haber dos ganadores y los dos perdedores”, esta gente es tan ruin que baraja como en un juego de naipes la vida de las personas.
El fiscal departamental, Edwin Blanco ha dicho que sólo se remite a los actuados, que el caso ya es cosa juzgada, es decir, que esta banda de corruptos ha dictado la sentencia final y la sociedad no tiene más que acatar aquello que con toda evidencia va contra sus intereses, contra todo mínimo criterio de justicia.
De igual forma el Fiscal general Ramiro Guerrero se declara indignado por la filtración del audio y lo califica de bajeza, aludiendo que se trata de un juego político sucio que compromete la selección del nuevo fiscal general. A ninguno de estos desgraciados les importa el que hayan condenado a una persona inocente. No es solo que la maquinaria estatal muele a la gente como moler carne, sus administradores se esfuerzan realmente por hacer este sucio trabajo.
Pero la administración de justicia no está al margen del poder político, si alguien cree que existe una separación de poderes y que uno no sabe lo que hace el otro está sumamente equivocado, no existe en este gobierno ni existió antes. En este caso concreto la madre del doctor Fernández entregó en persona todo el fajo de documentos a Evo Morales, en su inocente intento de encontrar algo de apoyo a su reclamo de justicia, algo similar sucedió con la periodista Yadira Peláez que trabajaba para el gobierno en el canal estatal y denunció a su jefe por acoso sexual, por supuesto ella no encontró justicia sino fue echada de su trabajo y procesada penalmente, sin embargo quiso encontrar un resquicio de justicia entregándole su caso a Evo Morales aprovechando un acto público. El apoyo de Evo a estas dos personas jamás se concretó.
La única forma de entender que un caso aberrante donde hubo innumerables irregularidades y era conocida por parte de la opinión pública terminó finalmente en la condena de Jhiery Fernández es que estas autoridades están fuertemente respaldadas por el gobierno. El fiscal Guerrero es una ficha clave del gobierno, la politización del hecho con la intervención del ministerio de justicia y la gobernación acicatearon el respaldo para esta condena. En la actualidad policías y fiscales se sienten bastante respaldados por el gobierno y arremeten con todo contra la población, en particular en hechos de protesta, sin embargo, los ciudadanos comunes no están al margen de la acción mafiosa, criminal y de baja estofa que respalda el proceso de cambio de Evo Morales.
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