Análisis y Opinión
27/09/18
Cuando toda la población esperaba la libertad del doctor Jhiery Fernández la mafia judicial, esa misma que lo condenó a 20 años sin pruebas concluyentes, no le permitió la libertad cometiendo otro acto de enorme injusticia. El poder judicial y todos los implicados en esta escandalosa condena están más preocupados de librarse de la responsabilidad antes de reparar un derecho violentado contra un inocente.
Un formalismo fue el pretexto para mantener encarcelado al médico, no tenía el Certificado de Antecedentes Judiciales actualizado, el mismo “requisito” que en otra audiencia fue desacreditado por estos mismos jueces por considerarlo sin importancia, el sistema judicial boliviano completamente envilecido colocó este formalismo por encima de un derecho fundamental, más aún cuando se buscaba reparar una injusticia.
Al poder judicial en realidad no le importa el haber condenado a una persona sin una prueba concluyente, estuvo más interesado en tapar sus asqueantes acciones buscando al responsable de la filtración del audio de la jueza Patricia Pacajes quien junto con otros dos jueces, condenaron a Jhiery Fernández sin pruebas y el audio revela eso además de implicar a altas autoridades judiciales, políticas, así como funcionarios del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) entre otros.
Los jerarcas del poder judicial se están cubriendo mafiosamente, el fiscal general Ramiro Guerrero, implicado en el audio, lanzó una versión mentirosa sobre la autoría de la filtración señalando que dos postulantes a fiscal general estarían detrás y que eran parte de un juego sucio, no le importó el fondo del asunto, solo la implicancia política personal.
Los altos administradores de la “justicia boliviana” han restado importancia a las declaraciones de la jueza porque dicen que estaba borracha, la han destituido por habar “dañado la imagen” de la institución; como si el poder judicial tuviera una imagen que defender. El poder judicial, es, junto a la policía, una de las instituciones más corruptas del país y el pueblo pobre lo sabe muy bien.
La indignación ciudadana ha sido tal que este poder mafioso se ha esmerado en lavarse la cara, la fiscalía ha salido a declarar con un personaje nefasto a la cabeza, el fiscal José Angel Ponce Rivas, para argumentar que su trabajo ha sido científico y que incluso se compara con el del FBI. La verdad es que el pueblo no sabe si reir o llorar cuando escucha hablar al fiscal Ponce, individuo afínal gobierno de Evo Morales que limpió de responsabilidades al fascista ex ministro Sacha Llorenti por la represión de Chaparina; en todo caso estos fiscales y autoridades del Idif ocultan que una doctora de su propia institución, la doctora María Angela Terán, a través de un examen forense contradijo la versión de la violación al bebé Alexander del que se acusa al médico Fernández; como el informe no era del gusto de la fiscalía sacaron a la doctora Terán del caso y la enviaron a trabajar al Beni.
La fiscalía también calla que otro ex fiscal del caso, Leopoldo Ramos, que se retiró denunciando presiones políticas, cuestionó el peritaje de Angela Mora, señalando que hizo un peritaje folklórico. Mora fue la perito que redactó el informe de la existencia de violación, ella ha sidocuestionada ampliamente por su inexperiencia forense y señalada de tener una relación sentimental con el fiscal general Ramiro Guerrero por ello, según la jueza, fue determinante para que toda la fiscalía sostenga la teoría de la violación.
Por si fuera poco, el jefe de la división de homicidios de la policía, René Tambo, dijo en el juicio donde condenaron a Jhiery Fernández que la autopsia revelaba que no hubo violación.
Si estuviéramos hablado de una autoridad del gobierno o militante del partido de Evo Morales, con estos elementos formales estarían libres de toda acusación, no es una afirmación gratuita pues la prensa ha revelado que un diputado hace unos años y un asambleísta municipal actualmente transitan libremente a pesar de tener condena judicial.
Pero en este caso hemos hablado de más cosas, actuaciones fiscales fuera de la ley, como querer sacar al médico en horas de la madrugada para sacarle pruebas, lo hizo el fiscal Blanco en complicidad con las autoridades policiales del penal, los castigos a los que ha sido sometido el doctor por parte de los policías en el penal, el intento de hacerle firmar un documento en blanco, el señalar la reserva del caso con el único fin de que la población no se entere del actuar mafioso de jueces y fiscales, el no permitir a la defensa acceso al cuaderno de investigación, la pérdida de declaraciones de testigos en el juicio, las amenazas de abogados querellantes contra la defensa del doctor. Todas estas acciones muestran claramente el ensañamiento de un sistema judicial que no tiene contemplaciones para aplastar a un inocente cuando el objetivo es mostrarse ante la sociedad como “eficientes impartidores de justicia”.
Madre del doctor Fernández pidió que no la dejen sola en la lucha para conseguir la libertad de su hijo
El caso también pone en evidencia a otros actores del Estado, la alcaldía de La Paz a través de sus altos funcionarios denuncia la condena de un inocente, pero en la audiencia judicial para pedir la libertad del médico insiste a través de sus abogados en mantenerlo preso, otro hipócrita es el ministro de justicia Héctor Arce quien se han pronunciado en la prensa en contra de los jueces y en la audiencia simplemente no se presentaron sus abogados, otro personaje que destaca por su peculiaridad y oportunismo el es actual gobernador Félix Patzi pues la gobernación también es querellante contra el médico, si bien este acto no se gestó en su gestión sino en la anterior, sin embargo él se ha encargado de mantener a los abogados en el proceso injusto e ilegal, pero además ha dicho recientemente, “nosotros nunca nos vamos a retirar del caso”, declaración que suena a cumplimiento de la razón de Estado, como finalmente lo hacen las demás autoridades, es decir, la defensa del Estado en todos sus niveles es la razón más fuerte para mantener el injusto caso a pesar que a todas luces el condenado es un inocente. Lo curioso con FélixPatzi es que este individuo se presenta con la propuesta política del “tercer sistema”, que según dice, no es socialismo ni capitalismo, estas propuestas mentirosas de los indianistas siempre se caen cuando entran a trabajar como funcionarios del Estado y se convierten en sus más fervientes defensores, y cuando hablamos del Estado nos referimos al Estado capitalista, ni más ni menos.
Protestar contra esta gran injusticia no es solo un acto de solidaridad sino el deber de todas las personas, el colegio médico ha llamado a un paro con movilización y han salido en varias ciudades del país junto a familiares y amigos del médico Jhiery Fernández, el gobierno de Morales ha contribuido en esta causa amenazando a los médicos con descontarles las horas no trabajadas, entre los que amenazan a los médicos se encuentra el Defensor del Pueblo de Cochabamba. Esto nos da una idea clara de lo que los políticos reaccionarios y administradores del Estado, del proceso de cambio, entienden por justicia, algo totalmente divorciado de la realidad y del pueblo.
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