Análisis y Opinión
04/10/18
En un verdadero acto de arrogancia la justicia boliviana demostró una vez más de qué esencia canalla está hecha, luego de haber condenado sin pruebas al doctor Fernández y haberse destapado el escándalo al reconocerlo así una de las juezas que lo condenó, el podrido sistema judicial, buscando la forma de cubrirse las espaldas liberó al médico del penal donde estaba recluido pero le dio detención domiciliaria.
Este ha sido uno de los procesos más vergonzosos que ha protagonizado la justicia del “proceso de cambio” de Evo Morales. Sumado a las muchas irregularidades cometidas en el caso como lo hemos señalado en nuestros artículos anteriores, se conoce ahora las declaraciones públicas de una testigo, que trabajaba en el centro de cuidados donde murió el bebé Alexander y donde se acusa al doctor del delito de violación, que el médico no se encontraba en los ambientes donde el bebé falleció, es decir, un testigo clave, dijo que el acusado no se encontraba en el lugar del hecho, pero esto no fue tomado en cuenta por la fiscalía ni por el juez.
Además, en otra vergonzosa actuación, el juez Roberto Mérida, ha tenido que reconocer que el documento de sentencia al médico Fernández junto con otras dos personas, fue hecha con elementos de otro proceso, es decir, hicieron copiar y pegar sin revisar lo que estaban poniendo. La mediocridad y la irresponsabilidad que tiene los funcionarios del aparato burocrático atenta enormemente contra los derechos fundamentales de las personas que juegan con éstas a una ruleta rusa, y son los encargados de “impartir justicia en el país”.
Increíblemente el juez Mérida ha justificado este actuar diciendo “lamentablemente son cosas que pasan a veces porque en la computadora existen planillas … que seguramente copiaron y eso es lo que ha debido ocurrir”, o sea, estos sujetos no revisan lo que mafiosamente acuerdan.
Aunque la familia del doctor ha recibido algo de esperanza, la lucha por la libertad definitiva no ha cesado. Este caso ha sido un modelo de la forma en que actúa todo el poder judicial contra las personas, poder que ha sido envalentonado por su permanente respaldo del poder político, porque los jueces y fiscales normalmente sirven al ejecutivo en todas las necesidades de persecución política como por ejemplo el caso del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez quien sigue preso sin ningún elemento o indicio que lo relacione con la muerte del policía en la brutal represión que organizó el gobierno contra campesinos cocaleros en La Asunta.
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