Bolivia y prostitución de la justicia

El fiscal Humberto Quispe con múltiples denuncias es tratado por el poder judicial y el gobierno con guantes de seda, según denuncias, ha actuado en casos de inteligencia sin ser asignado, algo que sirve muy bien al gobierno de Evo Morales

16/08/2015

 

Recibimos esta nota sobre denuncias acerca de la administración de “justicia”, se trata sin duda de lo que corrientemente ocurre con el Ministerio Público y otras instituciones del poder judicial que ahora administra el gobierno del Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Lo que ocurre en este poder del Estado muestra con claridad la podredumbre a la que ha llegado el Estado boliviano, no se escapan de esta situación otros poderes estatales. La reestructuración del viejo capitalismo (capitalismo burocrático) ya alcanzó sus límites, ahora nuevamente vuelve reproducir las más lacerantes prácticas conservadoras y vuelve a manifestar su profunda crisis estructural.

 

Análisis y Opinión

 

 

En los últimos años la crisis de la administración de justicia en el país se ha ido agudizando y nada, por más reformas y cumbres mediocres y estériles que realiza el gobierno, ha cambiado esta realidad.

 

Depuraciones, auditorías e intervenciones al Ministerio Público no han podido mover esa estructura perversa. La corrupción se mantiene más viva que nunca, y que al final es alimentada por el mismo gobierno cuando mete las manos en los diferentes casos que son de su conveniencia. Sigue leyendo

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Bolivia: la justicia miserable del “proceso de cambio”

Foto de Internet. El fiscal Marcelo Sosa cuando era hombre fuerte en el gobierno. Ahora tiene el lugar de otros personajes de confianza del régimen de Evo Morales como Boris Villegas, Fernando Rivera, Denis Rodas, Isabelino Gomez, Fabricio Ormachea, Ponce de León, etcétera, todos involucrados en delitos de corrupción, chantaje, soborno y persecución. El gobierno se lava las manos y en realidad quiere negar que era quien comandaba a todo este grupo mafioso.

Análisis y Opinión

21/03/2014

En un país semifeudal y semicolonial como Bolivia la justicia no puede evaluarse simplemente viendo el actuar del poder judicial o del Ministerio Público, la justicia es un sistema del cual hacen parte, junto al poder judicial, los organismos policiales del Ministerio de Gobierno y los intereses del gobierno en su conjunto, y todos ellos actúan para defender los intereses de clase de un Estado que, a través de la “justicia”, ejerce junto a otras formas, su dictadura de clase.

Como estos intereses están en contra de la población no es raro que la justicia no sea para los pobres, pero cuando la “justicia” se ha convertido en un cáncer para la sociedad en su conjunto es cuando muestra la descomposición y degeneración a todo nivel. Las actuales miserias de la “justicia boliviana” que destapa escándalos tras escándalos expresan la podredumbre del todo sistema. Sigue leyendo