Tensiones reaccionarias del proceso de cambio en Bolivia: Nuevo golpe político contra el MAS

Imagen que se hizo viral en Bolivia donde la policía le tira gas directamente a una mujer que protesta de rodillas. Foto: Reuters

Análisis y Opinión

19/11/21

Por el contrario, la propuesta del gobierno solo ha llevado a que gran cantidad de cuentapropistas del país se hayan visto celosos de que el gobierno pueda meter mano a sus ingresos o capital, porque, en el entendimiento común de la gente, el gobierno ha perdido los ingresos de años anteriores debido a la caída de los precios del gas y minerales (esta situación empeora cuando se habla de una caída de las reservas probadas de gas) ello hace ver en la gente que el gobierno quiere meter mano al patrimonio pequeño o mediano para conseguir dinero, mientras que por el otro lado, por el lado de la gran burguesía, miran obviamente con recelo la posibilidad de que el gobierno revise sus ganancias.

El gobierno del MAS, encabezado por Luis Arce Catacora, ha recibido un nuevo golpe político con el archivamiento de la Ley 1386 luego de una semana de protestas y muchos enfrentamientos entre diversos sectores sociales y el gobierno. Desde la lucha de los campesinos cocaleros de los Yungas por el mercado de ADEPCOCA y el retroceso en otras leyes y proyectos de Ley, el MAS, a pesar de su esfuerzo por mover a sus bases y particularmente a grupos de choque, no ha podido imponer sus objetivos de mayor intervención en la economía de la gente y su proyecto de ejercer un control corporativo de los diferentes sectores sociales.

Ha pasado un año de la gestión del gobierno “de cambio” y la lucha de clases está a la orden del día, en esta ocasión el conflicto se dio por la Ley 1386 (Ley de Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo).

El gobierno propuso y aprobó (junto con muchos miembros de la oposición) esta ley corta que contiene toda una Estrategia colocada en un Anexo (que no se hizo público pero que se dice forma parte de la ley) sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Desde la visión del viejo Estado esto parece estar acorde con las necesidades lógicas de un Estado que combate la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo[i] y acorde con los compromisos internacionales que el Estado boliviano ha contraído. Pero en Bolivia las cosas nunca son como parecen.