Compromisos con las clases dominantes y contradicciones con el pueblo

El gobierno ha encubierto este crimen y ha premiado a los principales responsables

Por: Análisis y Opinión

01/10/12

La brutal represión en Chaparina sin ningún responsable

Ha pasado más de un año desde la brutal intervención a la VIII Marcha indígena en defensa del TIPNIS y hasta la fecha no existe ningún responsable de estos hechos, más aún, vemos a todas luces un permanente afán de los fiscales (muy funcionales al gobierno de Evo) por librar de culpas a los principales responsables y dejar el caso en el olvido. Sigue leyendo

EL PUEBLO EXPRESA SU SOLIDARIDAD POLÍTICA CON LA MARCHA INDÍGENA

Foto: La Prensa
La movilización de los indígenas de tierras bajas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) arribó a la ciudad de La Paz en medio de un inmenso recibimiento de la población paceña y nacional. Miles de ciudadanos hicieron verdaderos cordones humanos por donde pasó la marcha y aplaudieron y dieron muestras de apoyo emotivos. Niños escolares, jóvenes colegiales, universitarios de La Paz y el resto del país, profesionales, en particular médicos, vendedoras de mercados, obreros, gremiales, colectivos sociales y culturales, sindicatos populares y gente de a pie fueron los protagonistas de este caluroso recibimiento a la VIII marcha indígena. Análisis y Opinión se suma a esta solidaridad política que ha dado el pueblo.
Esta manifestación de la población que tomó partido por la acción de los indígenas no puede ser vista al margen de los hechos políticos que la preceden. Reiteradas acusaciones mentirosas que el gobierno lanzó contra los marchistas, millonaria campaña publicitaria gubernamental para desprestigiarlos, utilización de “disidentes” de la marcha en una política de división de los sectores populares, incitación a enfrentar pueblo contra pueblo utilizando dirigentes colonizadores adictos al MAS y una brutal intervención ordenada por el gobierno el 25 de septiembre a los indígenas en la localidad de Yucumo, ha sido la política del gobierno en este tema y la población la ha rechazado de manera contundente. Evo Morales, que hipócritamente dice representar a los indígenas, desconoce los derechos de estos pueblos cuando se trata de defender los grandes intereses imperialistas como el proyecto de la carretera del TIPNIS.
El recibimiento de la marcha y las pasadas elecciones judiciales han marcado un punto serio de inflexión en el apoyo popular que tenía el mandatario boliviano. A diferencia de las visiones conspirativas del gobierno y los eternos revisionistas y reformistas sobre la “acción de la derecha” (como si el gobierno del MAS podría considerarse de izquierda o revolucionario), las acciones que precipitaron este momento catastrófico para el MAS fueron cometidas por el propio gobierno.
Un elemento, que muestra su sentido general, son los compromisos estructurales del Estado boliviano con los capitales imperialistas en la construcción de la carretera, lo que ha llevado al gobierno a jugarse el respaldo político y empeñarse a fondo para construir dicho camino “pese a quien le pese”. Este marco de condiciones internacionales muestra el sometimiento del gobierno al imperialismo y desnuda la demagogia antiimperialista. El otro elemento tiene que ver con su forma de gobernar. Si dejamos de lado la demagogia oficialista como el “gobernar obedeciendo al pueblo”, las adulaciones de los sindicatos adictos (CSUTCB, “Barzolinas”, cooperativistas, entre otros) y los corifeos revisionistas y reformistas (PCB, PCMLM, sectores de guevaristas y otros trotskistas) o las adulaciones de los pocos pachamámicos del gobierno que legitiman la idea del “presidente indígena”, encontramos simplemente el estilo caudillista y despótico que el mandatario practica dentro y fuera de sus filas. Este estilo sin duda tiene mucho que ver en la orden de “intervención brutal y ejemplar” que hizo la policía a los marchistas indígenas que causó el rechazo general del pueblo boliviano.
A despecho de los conspirativistas, los protagonistas del recibimiento a los indígenas ha sido mucha gente humilde y trabajadora que votó por Evo Morales y que siente frustración al sentirse traicionada por él.
Ante el recibimiento popular a los marchistas al gobierno no le quedó más remedio que retirar su dispositivo policial represivo del centro de la ciudad (un carro Neptuno para disolver marchas) y permitir el ingreso de la marcha a la plaza Murillo, lugar que normalmente está vetado para las manifestaciones que no son del MAS. Sin embargo el aparato policial, por instrucción del gobierno, tiene cercado a un grupo de indígenas marchistas que instalaron una vigilia por la noche frente a Palacio de Gobierno, dificultando la solidaridad del pueblo que busca proveerles de ropa y comida.
Foto: La Prensa
La marcha de los pueblos del TIPNIS revela que las energías democráticas siguen vivas en lo más profundo del país, pero más importante aún, siguen luchando por alcanzar una liberación plena (no estamos hablando en un sentido liberal burgués). Este conflicto expresa los contradictorios intereses entre los pueblos y el Estado, los intereses sobre la autodeterminación de los pueblos (aunque las limitaciones de la dirigencia indígena no den un perfil claro en esto) y los intereses del imperialismo en el proyecto carretero. Se trata de contradicciones antagónicas y no de “tensiones creativas” de ningún tipo.
Esto es tan cierto incluso considerando que los objetivos de esta marcha están enmarcados dentro de los límites del viejo Estado (hoy llamado Plurinacional) y en el marco de la Constitución Política del Estado, se trata de una reivindicación política que exige al Estado trastocar los sacrosantos intereses que tiene con las estructuras mayores, por eso el vicepresidente ha dicho en algún momento (entre insulto e insulto) que los marchistas tienen una reivindicación política de orden estructural, por lo tanto inatendible. Lo que sucede es que cuando se interpela al Estado en la aplicación a fondo y consecuente de sus propias leyes, inmediatamente salen a flote las limitaciones de estas leyes, porque en realidad todo el cuerpo legal es expresión de las necesidades de las clases dominantes. La exigencia a fondo de la aplicación de las leyes (como puede ser este caso) cuestiona el carácter de “sistema democrático” (así definen los pensadores liberales al Estado en el que vivimos), y pone de relevancia el monopolio del manejo político y policial (militar) que ejerce el gobierno, es decir, devela su carácter dictatorial que es el sustento del sistema.
Los marchistas están en La Paz y recién comienza la lucha por su pliego, la solidaridad política de la población manifestada en el cariño y apoyo logístico a sus condiciones humanas deben ahora manifestarse en la lucha militante por conseguir sus demandas frente al Estado.
Bolivia, 20 de octubre de 2011

LA DEFENSA DEL TIPNIS DESENMASCARA EL VERDADERO CARÁCTER DEL GOBIERNO DEL M.A.S.

Nota de Análisis y Opinión:  El día 29 de septiembre la comunidad universitaria de la UPEA se movilizó en apoyo a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, reproducimos a continuación el comunicado de una organización estudiantil que llegó a nuestro correo y que fue publicado en: http://www.kaosenlared.net/noticia/defensa-tipnis-desenmascara-verdadero-caracter-gobierno-m.a.s

A la Comunidad Universitaria y población en general
LA DEFENSA DEL TIPNIS DESENMASCARA EL VERDADERO CARÁCTER DEL GOBIERNO DEL M.A.S.
La carretera que atravesará el corazón del TIPNIS está enmarcada dentro del proyecto neoliberal de iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que en el caso boliviano consta de seis ejes. El proyecto IIRSA que está impulsado por el imperialismo a través del BID, CAF, FONPLATA, BEI, etc., consiste en la construcción de carreteras bajo el pretexto de la integración regional pero en realidad lo que busca es la integración de mercados y facilitar el tránsito de mercancías de la costa del Pacífico al Atlántico y viceversa.
Esta carretera, que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, está financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES) y ejecutada por la empresa OAS que también es brasilera, significará una deuda para el país de 332 millones de dólares más los intereses del total de 400 millones que costará.

También están en juego los intereses de las transnacionales petroleras, como demuestra la existencia de un contrato petrolero Ley 3672 de 23 de abril de 2007 “AREA DE EXPLORACIÓN RÍO HONDO” firmado con PETROBRAS BOLIVIA 50% y TOTAL BOLIVIE 50%, por 30 años a partir de 2007. Esto abarca 1 millón de hectáreas en los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz y afecta principalmente al área del TIPNIS.

Los más beneficiados de ninguna manera serán las naciones oprimidas que habitan el TIPNIS ni tampoco el pueblo boliviano en su conjunto sino que principalmente favorecerá a la voracidad del capital financiero internacional, las transnacionales petroleras, metalúrgicas, agroindustriales, farmacéuticas, madereras, narcotraficantes, terratenientes, etc., que tendrán acceso a las materias primas de la región y facilitará su saqueo indiscriminado.

El gobierno de Evo Morales se empeña en construir la carretera a cualquier precio, incluso a costa de condenar a la extinción a las naciones Chimán, Yuracaré y Moxos; y   para imponerse recurre a los métodos propios de los gobiernos militares de acallar la protesta popular por la violencia y la intimidación, enfrentar pobres contra pobres, dividir y crear paralelismo en las organizaciones populares, y aplicar la política del criminalizar todo tipo de disidencia, esto desenmascara el discurso demagógico de defensa de la madre tierra y los pueblos indígenas pues en los hechos es un régimen neoliberal, fascista, totalmente servil y aliado de las transnacionales.

Convocamos a la Comunidad Universitaria y población en general a pronunciarse y apoyar la marcha indígena en defensa del TIPNIS y de nuestros recursos naturales, frente al saqueo del imperialismo, asimismo manifestar repudio a los oportunistas, politiqueros y ex masistas como Lino Villca, Félix Patzi, Samuel Doria Medina, Juan del Granado, Rubén Costas y otros que quieren aprovecharse de la lucha del pueblo para buscar protagonismo político personal.

DENUNCIAR QUE LA COR, FEJUVE Y LAS AUTORIDADES DE LA UPEA A LA CABEZA DEL RECTOR MASISTA -DE DUDOSA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD- GUARDAN UN SILENCIO COMPLICE DEL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES Y LA BRUTAL REPRESIÓN HACIA LA MARCHA INDÍGENA.

Llamamos a expulsar a los masistas y otros politiqueros de la FEJUVE, COR y la UPEA para que estas instituciones dejen de ser oficinas del gobierno y recuperen su independencia política e ideológica, solamente así vamos a poder luchar por mejores condiciones de vida.

Hay que RETOMAR LA AGENDA DE OCTUBRE y expropiar la gran propiedad terrateniente, expulsar a las transnacionales y construir con nuestras propias manos el CAMINO DEL PUEBLO o sea una alternativa verdaderamente revolucionaria que surja desde las entrañas del pueblo explotado para barrer al imperialismo, la semifeudalidad, el capitalismo burocrático, y marchar hacia la sociedad sin clases, libre de explotación del hombre por el hombre.

Hoy el sistema capitalista mundial está derrumbándose y LA TENDENCIA PRINCIPAL EN EL MUNDO ES LA REVOLUCION SOCIAL, a los pueblos oprimidos nos corresponde acabar con los explotadores y todos sus lacayos.

¡MUERA EL GOBIERNO HAMBREADOR, FASCISTA Y VENDEPATRIA DE EVO MORALES!

¡FUERA EL IMPERIALISMO Y SUS SIRVIENTES!

¡VOLVER A LA LUCHA CALLEJERA POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA EL PUEBLO EXPLOTADO!

¡VIVA LA MARCHA INDÍGENA EN DEFENSA DEL TIPNIS!

EVO PREPARA “CONTRAMARCHA” Y CIERRE DE CAMPAÑA ELECTORAL

La violenta represión contra la marcha indígena del TIPNIS generó un rechazo generalizado en todo el pueblo boliviano, lo que ha significado un descalabro político para el gobierno y ha puesto en peligro sus elecciones judiciales. Evo Morales ha llamado a sus bases para “defender el proceso de cambio” buscando contrarrestar su desprestigio y ocultar su responsabilidad en la criminal represión contra los marchistas.
Evo Morales convoca a poner en tensión las fuerzas para contener el desprestigio político después de ordenar la represión violenta contra la marcha de los indígenas del TIPNIS. Dirigentes sindicales adictos al MAS (colonizadores, CSUTCB oficialista, “Barzolinas”, mineros cooperativistas, entre otros) han anunciado una movilización para el 12 de octubre en defensa del autodenominado “proceso de cambio” con el claro objetivo de contrarrestar las simpatías que recoge la marcha de indígenas del TIPNIS, que viene por el norte de La Paz, y otra marcha de pueblos afiliados al CONAMAQ desde Oruro.
La crisis política es grande y ha puesto en riesgo las elecciones judiciales que impulsa el gobierno como una gran novedad. La renovación del Poder Judicial es un intento gubernamental para tener mayor control sobre jueces dentro de sus planes corporativos. Este proceso eleccionario ya ha sido cuestionado por los partidos tradicionales y por los ex socios del MAS, el Movimiento Sin Miedo; sin embargo muchos sectores populares también ven con claridad que el objetivo del gobierno es controlar la justicia y están en campaña contra el montaje electoral.
Las últimas acciones represivas de Evo Morales han conseguido que más organizaciones (incluso la Central Obrera Boliviana) rechacen la farsa electoral y han pedido voto castigo para los candidatos, inclusive organizaciones indígenas en Pando han anunciado que no van a participar de esas elecciones. Esto muestra que los sectores populares ya no se amedrentan cuando el gobierno dice que rechazar sus medidas es “apoyar a la derecha”. Este desgastado argumento ha sido una camisa de fuerza para muchas organizaciones populares a la hora de reclamar sus derechos, pues veían en el Presidente indígena a un hermano. Las acciones gubernamentales han abierto los ojos a estas organizaciones populares, y en particular a los indígenas de tierras bajas quienes han declarado que Evo Morales “ya no es su hermano”.
El gobierno anunció las elecciones para autoridades judiciales con gran pompa y alarde, transformación de la justicia, profundización de la democracia, aporte al mundo por ser la primera vez que la población elija autoridades del poder judicial. Pero la población común tiene una opinión que contrasta totalmente con la millonaria campaña oficialista: “Son candidatos del MAS”, “si la justicia está ahora así (en referencia a cómo el gobierno maneja hoy la justicia) con estas elecciones va a ser peor”, incluso organizaciones populares han llamado al “voto castigo en las elecciones de jueces del MAS”.
La elección sui géneris que cautiva a diversas organizaciones internacionales, manejadas por el revolucionarismo pequeñoburgués (revisionistas y reformistas), no cautiva a la población boliviana, todo lo contrario, genera rechazo, ve en esta medida un mayor manoseo del poder judicial, una supeditación total de éste a los intereses del gobierno, además de la impunidad y corrupción que es característica de este poder del Estado.
En este sentido, la “contramarcha” es un cierre de campaña (como lo han confesado los diputados masistas), está orientada a salvar la imagen gubernamental y ocultar la responsabilidad política (del propio Evo Morales) en la denigrante y represiva intervención policial del 25 de septiembre, donde hombres, ancianos, mujeres y niños fueron perseguidos con gases lacrimógenos, golpeados, maniatados y amordazados con cinta scotch. En síntesis torturados, incluidos los niños que fueron golpeados por los policías y separados de sus madres; muchos lactantes y mujeres embarazadas se asfixiaron por gases lacrimógenos y obligados a internarse al monte.
Bolivia, 7 de octubre de 2011

EL GOBIERNO SE LAVA LAS MANOS SOBRE LA ORDEN DE REPRIMIR LA MARCHA



Intervención en Yucumo. Foto Boletin de Patria Insurgente



Evo Morales anunció, hace más de una semana, la conformación de una comisión investigadora para dar con los responsables directos de la represión policial a los indígenas, sin embargo nadie quiere integrar ese equipo y menos cuando se sabe que el gobierno pretende utilizarlo para salvar la responsabilidad del Presidente.
Hasta el momento ni siquiera se entrega información acerca de quién dio la orden para reprimir la marcha. Al principio Sacha Llorenti y el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, dijeron que la intervención fue producto de “un requerimiento fiscal” (algo que ningún fiscal respalda); luego Sacha echó la culpa al viceministro Marcos Farfán, cosa que éste desmintió al renunciar a su cargo. Otro viceministro, César Navarro, soltó una versión más comprometedora: “hemos tomado la decisión como gobierno”. Sin embargo todos coincidieron, incluido Evo Morales, en que nadie (presidente y ministros) ordenó la intervención. Por si fuera poco el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, dijo que la Ministra de Defensa renunció, posteriormente a la intervención, a pesar de que “ella sabía lo que iba a pasar en Yucumo”. Por último un requerimiento de la Ministra de Justicia para intervenir la marcha está firmado también por los apoderados de Sacha Llorenti, Denis Efraín Rodas Limachi y Fernando Rivera Tardío. Esto muestra el nivel de planificación del gobierno que pretendía inicialmente descargar su responsabilidad en actuaciones de la Fiscalía.
Todo el nivel político ha cargado armas contra el nivel operativo, contra los policías. Y el propio Evo afirma que hay policías malos que “no lo quieren” y actúan para desprestigiarlo, eso sin contar que la Policía ha mostrado férrea lealtad en acciones anteriores contra sectores populares que han culminado con muertes.
Pero la intervención fue un operativo bien planeado, con varios días de anticipación, con envío de camiones para transportar tropa, con buses para trasladar a los marchistas y con  la intención de detener a 40 dirigentes sin destino conocido. Y lo más sorprendente de todo, con gestiones del gobierno ante la Embajada yanqui de EEUU para usar el avión Hércules (de la NAS-DEA) a fin de llevarse a los dirigentes indígenas. Cuando se trata de reprimir al pueblo y a sectores contestatarios se puede prescindir de la falsa postura antiimperialista.
Algunos miembros de la tropa policial han revelado que la orden vino del Ministro de Gobierno con consentimiento del propio Evo. Otro funcionario que coordinó el operativo, Boris Villegas (Director de Régimen Interior), revela que la represión tuvo aprobación política. Villegas, de mentalidad policial, compartía con Llorenti una visión fascista de defensa del Estado y perseguía (persigue) a los sospechosos “opositores al régimen” (triste papel de algunos otrora guevaristas en el “proceso de cambio”). Villegas estuvo en la coordinación del todo el operativo, según imágenes periodísticas, algunos policías dijeron que él dio la cinta adhesiva para amordazar a los indígenas, es imposible que no hubiera informado Llorenti y al propio mandatario sobre lo que ocurría en el terreno.
Otro hecho que revela la premeditación del gobierno es haber evitado la presencia de la prensa. Los documentos oficiales, que algunos policías dejaron caer durante el operativo, muestran que sacar a los periodistas de la zona era parte del operativo. El gobierno tuvo su pretexto el día anterior (24 de septiembre), cuando los indígenas obligaron al Canciller David Choquehuanca a marchar con ellos para atravesar el bloqueo de caminos que los policías y dirigentes colonizadores del MAS habían instalado. El gobierno llamó a esto secuestro y se preparó para intervenir.
Todos estos elementos muestran que el Estado actuó con premeditación y alevosía. Esto no puede ser parte sólo de una acción del personal operativo, es una bien planificada decisión política. Una decisión de esta naturaleza dependía exclusivamente del conocimiento y la aprobación del propio Presidente.
Cuando un funcionario del viejo Estado ejerce la violencia (que detenta legalmente), jamás ordena expresamente torturar a los manifestantes, separar familias o lanzarles gas en los ojos, sin embargo eso sucede desde las más brutales intervenciones hasta las menos violentas. En realidad el viejo Estado ejerce su dictadura de clase sin necesidad de leyes explícitas u órdenes explícitas, los aparatos represivos están entrenados para la tortura y humillación al pueblo.
Lo vergonzante en este caso es que las actuales autoridades de gobierno no están dispuestas siquiera a asumir la responsabilidad política de sus actos, por ello han descargado la responsabilidad en los ejecutores directos de la brutal represión. Esta actitud de Pilatos ha generado contradicciones entre el gobierno y su instrumento represor, y el desprecio de la población que comprueba la presencia de la vieja dinámica política de los gobiernos anteriores.
Bolivia 7 de octubre de 2011

EVO MORALES ENCONTRÓ EN SACHA LLORENTI AL MEJOR CANCERBERO DE SU RÉGIMEN

La función de Ministro de Gobierno es cosa fundamental en un Estado, es la institución encargada de administrar eficientemente la coerción y violencia en contra de quienes identifica como amenaza a los intereses estatales, ejerce la dictadura de clase y es una pieza clave para mantener la gobernabilidad, teniendo a raya a los sectores populares o eventualmente a los opositores.
En el gobierno de Evo han pasado varios personajes por esta cartera, todos ellos salidos de los “sectores populares” que trabajaron con especial saña para defender al Estado y golpear al movimiento popular. Alicia Muñoz, de las filas del revisionista Partido Comunista de Bolivia, tuvo en su gestión la represión y muerte contra cocaleros de Yungas de Vandiola, la muerte del “sin techo” Santiago Orocondo, la persecución sañuda contra refugiados paraguayos y la acción policíaca letal contra población en Cochabamba. Ella sirvió al Estado en el primer gobierno del “proceso de cambio” y, cuestionada duramente, dejó el cargo por una pega diplomática en Suiza, un premio a su actuación funesta. Alfredo Rada, también salido de las filas del “progresismo” (se precia de haber sido seguidor de Luis Espinal), tiene entre sus méritos el haber dirigido la brutal acción policial con muertos en la Calancha, Sucre. Recientemente salió a la luz el manoseo político en el caso Terrorismo, donde, en un video, dos de sus funcionarios de confianza pagan 31 mil dólares para que el testigo clave desaparezca de Bolivia. Rada también fue cambiado en medio de cuestionamientos, ahora pasa por intelectual y asesor de alto nivel de distintas instituciones estatales. El siguiente titular de esa cartera fue Sacha Llorenti, proveniente también de las filas “populares” de la Asamblea de Derechos Humanos, institución en la que fue presidente durante algunos años.
En los llamados gobiernos neoliberales, los terratenientes y políticos conservadores asumieron la dirección del Ministerio de Gobierno. Ahí estaban Walter Guiteras que acusó a los policías por “burros y corruptos”, el cacique de Pando Leopoldo Fernández, el conservador Guillermo Fortún, el ganadero Guido Nayar, el reaccionario Carlos Sánchez Berzaín. Los terratenientes y los conservadores encajaban en el espíritu opresor y de pistolero feudal para reprimir a los sectores populares, y a la vez podía coordinar sus acciones con los grupos criminales. Y claro, en sus niveles intermedios ponían a directores, antiguos sindicalistas como Hernán Mamani, para manejar la coima y la prebenda con dirigentes sindicales.
En el gobierno de Evo el modus operandi es nombrar en la cartera de gobierno a personajes salidos de la “izquierda”. La estrategia que pretende pasar por una “visión humana” de la función represiva del Estado, en realidad es para colocar a funcionarios que conocen el actuar de las organizaciones populares y de los activistas que luchan por mejorar las condiciones de vida del pueblo. En estos últimos años se han hecho cargo de la represión en distintos puestos del Ministerio de Gobierno ex militantes del Ejército de Liberación Nacional como el ex cura Rafael Puente, Juan Carlos Nuñez del Prado (sobornador de testigo en el caso terrorismo) y el ex guerrillero Marcos Farfán, incluida la pseudocomunista Alicia Muñoz. Todos ellos nombrados para dirigir la represión estatal, según se dice, también por sus conocimientos en aspectos de “seguridad” y “militares”.
El ex activista de derechos humanos y ex ministro Llorenti tiene un plus: una visión fascistoide sobre cómo defender lo que entiende como “proceso de cambio”. Llorenti ha imputado y perseguido a dirigentes populares, desde los mineros de Oruro, los fabriles de La Paz, los maestros del país, los pobladores de Caranavi, la población de Potosí, un grupo de refugiados peruanos y recientemente los marchistas indígenas del TIPNIS. Para este individuo ellos son “el enemigo interno”, o pertenecen a la derecha, o están financiados con dinero de la Embajada yanqui o con dinero de USAID, o son conspiradores. Llorenti llegó a afirmar en agosto que un profesor refugiado peruano pretendía formar un grupo subversivo y le acusó de terrorismo sólo tomando como pruebas los libros de su biblioteca (expulsó del país a una familia completa, incluido un niño de 1 año, por esto), y en el caso Caranavi (dos campesinos muertos y decenas de heridos), cuando el pueblo bloqueó la carretera por legítimas demandas, dijo que se estaba produciendo una acción sediciosa y armada contra el gobierno.
En su visión policíaca y fascistoide siempre habló de “pruebas irrefutables y contundentes” contra de dirigentes populares y opositores. Estuvieron en su lista negra activistas de derechos humanos que cuestionan al gobierno, periodistas que interpelan al Estado, refugiados políticos, personajes públicos que emiten opiniones críticas a las políticas gubernamentales y disidentes del gobierno. Sacha, en complicidad con el propio Evo Morales, es el responsable de los muertos en Caranavi y de la brutal represión a los indígenas marchistas en el TIPNIS (donde niños lactantes perdieron a sus madres).
Pero la visión marcatista del régimen de Evo –que hace cacería de brujas a las visiones críticas y progresistas– no es sólo obra de Llorenti. Durante su segunda gestión, Evo Morales ha promovido políticas contrarias a las libertades de las personas, leyes corporativas que atentan soterradamente contra la libertad de prensa, bajo el rótulo de ley antirracismo ha buscado la persecución judicial a opositores, la ley de telecomunicaciones intenta incluso intervenir correos electrónicos. Las declaraciones públicas de Morales permanentemente buscan penalizar la protesta de dirigentes sindicales y sectores que no se someten a su política. En este contexto es claro por qué Llorenti ha permanecido en el cargo más tiempo que sus antecesores, a pesar de que sectores populares, incluso del MAS, habían pedido su renuncia en reiteradas oportunidades. Lo cierto es que Evo encontró en Sacha al mejor cancerbero de su régimen.
El pasado lunes el mandatario boliviano se dirigió al pueblo para hablar sobre la brutal represión a los marchistas del TIPNIS. Esta vez Morales no asumió la responsabilidad por las acciones brutales contra los indígenas (como hizo desafiantemente en el caso Caranavi), tampoco responsabilizó a su cancerbero Llorenti (ni a nadie), sino que pretendió justificar la medida con el desgastado argumento de evitar un enfrentamiento entre los indígenas y campesinos colonos. Evo echó más confusión para encubrir las responsabilidades políticas sobre las violaciones de los derechos elementales de las personas que estaban en la marcha.
Nadie se responsabiliza por las acciones represivas, de masacre y genocidio, contra los indígenas. El Ministro de Gobierno y de la Presidencia, Carlos Romero, señalaron a los fiscales. Los fiscales se lavan las manos. Luego Llorenti echó la culpa a su viceministro el ex guerrillero del ELN Marcos Farfán, pero éste lo desmintió en su carta de renuncia. Algunos policías se sumaron a la acusación contra Llorenti y finalmente éste se vio obligado a renunciar sin asumir la responsabilidad de los hechos. En realidad todo el nivel político (ministros y presidente) acusan al personal operativo de la brutal represión. 
Para quienes conocen cómo funciona este gobierno y cómo funciona la personalidad caudillista de Morales, resulta imposible pensar que él no ordenó la represión. Más aún cuando este conflicto estaba en los ojos de todo el país pues se desarrollaban actividades de solidaridad en diversas ciudades. Al parecer la intervención estaba decidida en el propio gabinete ministerial, el canciller habló incluso de una comisión (del gabinete) dedicada exclusivamente a tomar decisiones sobre este tema.
Sea como fuere, lo importante es ver la mentalidad que sostiene el mandatario. En la sesión de nombramiento de nuevo Ministro, Evo ha lamentado la salida de Sacha y lo ha calificado uno de sus “mejores ministros”, lo ha felicitado por dotar de un nuevo pensamiento a la policía (debe ser el pensamiento fascistoide que reina en esa institución criminal). A pesar de que los hechos son contundentes sobre las acciones criminales de la policía contra los indígenas, Evo cínicamente insistió en que la policía respeta profundamente los derechos humanos.
En síntesis la ideología fascistoide, persecutoria, represiva contra todos los que se oponen a las políticas gubernamentales es un elemento constituyente de la política de Estado encabezada por el propio mandatario y su estilo caudillejo de gobernar.
Bolivia, 28 de septiembre de 2011

EVO NUNCA RESPETÓ A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SÍ CONCILIA CON LOS INTERESES IMPERIALISTAS

El discurso de Evo Morales, de respeto a la Pachamama (madre tierra), defensa del medio ambiente, de no someterse a los intereses imperialistas, no es más que palabra hueca, pues las acciones represivas y policíacas contra la marcha indígena y, anteriormente, contra otros sectores populares muestran que los derechos a la autodeterminación, a la consulta previa a los indígenas y a la democracia en general, que sirven como discurso para ganarse títulos de académicos honoris causa, son solo la baratija con la que pretende camuflar su política de conciliación con los intereses imperialistas y con grandes capitales.
Desde un principio, los roces entre pueblos indígenas y gobierno por la consulta previa para la explotación de recursos naturales en sus territorios han sido fuertes. El ex ministro de Hidrocarburos y presidente de YPFB, Carlos Villegas, fue el primero en relativizar el valor de la consulta previa, insistiendo en su carácter no vinculante y denunciando a los indígenas, en ese momento guaraníes, de ser un obstáculo para el desarrollo del país. El malestar del gobierno, a través de Villegas, era porque consideraba las demandas indígenas como desproporcionadas y en desmedro de la transnacional explotadora de hidrocarburos.
Que el gobierno se coloque de lado de los intereses transnacionales, puede parecer increíble para quienes no hacen un seguimiento de las políticas estatales en este rubro. Sin embargo, éste ha sido el comportamiento general del gobierno bajo el argumento de promover el “desarrollo del país” y justificar que la operación de las transnacionales garantiza las políticas sociales de Evo (bono Juancito Pinto, Juana Azurduy, renta dignidad, etc.).
La estrategia del MAS para garantizar las inversiones de las empresas extranjeras y nacionales no se diferencia de las empleadas por las transnacionales imperialistas y los gobiernos “neoliberales”. En el norte de La Paz, la estatal YPFB en sociedad con capitales venezolanos (Petroandina) llevó adelante un proceso de “negociación” para la exploración del bloque Lliquimuni en busca de recursos hidrocarburíferos. Para ello inició el proceso dividiendo a los sectores, primero convenció a los campesinos colonizadores más proclives a su política. Una vez obtenida la respuesta positiva, encaró la estrategia con los indígenas mosetenes.
Las negociaciones con los indígenas suelen ser duras porque éstos tienen un sentido de autodeterminación, demandas concretas de territorio y una estructura organizacional particular. Por ello en el caso de los mosetenes la estrategia gubernamental empezó con Evo Morales en persona acusando a los dirigentes indígenas nacionales de ser parte de la derecha y estar financiados por USAID. Paralelamente el Ministerio de Hidrocarburos inició tratativas con dirigentes locales y población del lugar en una acostumbrada estrategia divisionista. Con parrilladas y borrachera de por medio, “convenció” a los dirigentes del lugar, entregó dinero como “compensación” (no se sabe de qué presupuesto sale) y recogió firmas hasta de estudiantes del colegio para presentar esto como la aprobación a la consulta pública e iniciar operaciones de exploración en hidrocarburos. Lo importante para el gobierno es conseguir, a como dé lugar, la ansiada “autorización” de los indígenas. Luego de eso ni siquiera respetó los puntos básicos que pedían los indígenas de restringir a determinadas áreas las labores de exploración y explotación sísmica, el respeto de áreas de caza ni la restitución de tierras que estaban demandando al Estado.
Hay varias investigaciones de organizaciones ambientales y denuncias sobre este caso en el norte de La Paz, el investigador del CEJIS Mauricio Diaz Vidaurre calificó la consulta en este sector como “consulta trucha” y denunció que el gobierno promovió la división de las organizaciones indígenas, como ha sucedido con los mosetenes.
Otro caso emblemático fue el de Corocoro, en el Jach’a Suyu Pakajaqui, con un proyecto hidrometalúrgico donde la consulta fue similar o peor que con los mosetenes. En este caso la estatal Comibol y la empresa coreana KORES desarrollan este proyecto denunciado en foros medioambientales y en la cumbre por la madre tierra en Tiquipaya (2010).
El 2008 el gobierno, debido a la subida del precio de los minerales, reinició actividades en el centro minero Corocoro sin cumplir las normativas para firmar convenios ni reconocer la existencia de pueblos indígenas en la región. Ante la exigencia de la organización indígena el gobierno tuvo que diseñar su estrategia para hacer la consulta pública.
Nuevamente la táctica divisionista del gobierno entró en marcha. En primer lugar apuntó a desconocer la estructura organizacional de las comunidades indígenas, en este caso el CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo), y buscó entendimiento con los dirigentes locales y las comunidades donde se desarrollaba el proyecto. El gobierno atacó a la organización indígena, buscó perseguir judicialmente a los dirigentes por “oponerse al desarrollo”, dividió a los pobladores usando a las organizaciones que son adictas al MAS, en este caso a los dirigentes campesinos.
La estrategia de enfrentar sectores populares, campesinos versus indígenas, es cosa común en la gestión de Evo Morales. El gobierno no solo utilizó corporativamente a los sectores cooptados para imponerse con el proyecto, sino que además creó organizaciones fantasmas como la de “hijos de mineros” que aparecieron de la noche a la mañana para apoyar la explotación capitalista en minería. En el colmo de las irregularidades, durante las negociaciones entre Comibol (Corporación Minera de Bolivia) e indígenas, salió a la luz que el funcionamiento de Corocoro no contaba con licencia ambiental.
En este caso el gobierno a través del Ministerio de Minería realizó una consulta trucha que contiene toda la visión empresarial de las transnacionales con un cuestionario de preguntas inducidas como por ejemplo: “3. ¿La minería con tecnología moderna que aplicará el proyecto evitará la contaminación de los ríos y medio ambiente?”; o la afirmación que aparece como pregunta: “5. Mediante el dinero de la fundación serán generados proyectos de agricultura, riego y otros, además de mejorar la salud y los medios de comunicación y otorgar becas para los estudiantes del nivel secundario y universitario”. El gobierno firmó un “acta de entendimiento” con un sector de las comunidades, pero jamás llevó adelante la Consulta Pública como está planteada en la Constitución Política del Estado.
Lo último que le interesa al gobierno son los derechos de los pueblos indígenas. El derecho a la autodeterminación, sobre la cual discursa continuamente el Vicepresidente para ganarse reconocimiento en los espacios académicos nacionales e internacionales, es solo la baratija con la que pretende camuflar su política de conciliación con los intereses imperialistas. Bajo el argumento de desarrollo del país, el gobierno comparte visiones con los grandes proyectos imperialistas y las empresas transnacionales. Ésta es la realidad que esconde el proyecto de la construcción de la carretera sobre el territorio del TIPNIS.
Esta carretera forma parte del proyecto IIRSA promovido por el BID y los intereses de la gran burguesía de los países sudamericanos, en particular del Brasil. Este proyecto ha sido aceptado por los autodenominados gobiernos progresistas de la región y se viene implementando en Sudamérica con capital brasileño, eso se puede ver en la construcción de carreteras en el Perú y Bolivia, la gran mayoría financiados con capital brasileño. En este sentido, los compromisos asumidos por el gobierno de Evo Morales son la verdadera presión para insistir con vehemencia en la realización de este polémico proyecto.
La estrategia para el TIPNIS es la misma. Dividieron el proyecto de la carretera, que era uno solo, en tres partes. Así aprobaron el tramo 1 y 3, donde habitan cocaleros y campesinos colonos, e iniciaron la construcción de la carretera para presionar y cercar al sector indígena que se encuentra en el tramo 2. La otra parte de la estrategia es aislar a la estructura orgánica indígena, acusándola de tener intereses políticos, servir a la derecha y estar financiada por la Embajada norteamericana. Para detener las acciones de los indígenas del TIPNIS (la marcha), levantan conflictos con otros sectores campesinos promoviendo el enfrentamiento. Finalmente la estrategia se completa cuando se busca negociar con dirigentes y comunidades aisladas, prometiéndoles aquello que finalmente no cumplirán. Estas acciones la aplican los ministros del gobierno, pero es encabezada por el propio Evo como se ha visto en todas las ocasiones.
Lo que el gobierno no esperaba esta vez fue la resistencia de los pueblos indígenas y la solidaridad que ha despertado en todo el país. La amenaza de que la marcha pudiera llegar a la ciudad de La Paz y la repercusión que podría tener el recibimiento de la población de las ciudades ha empujado a los funcionarios de gobierno a reprimir violentamente y por sorpresa a los indígenas.
La visión del gobierno de Evo dista mucho de promover un nuevo modelo de desarrollo, el cuento del “vivir bien”, inventado por los ideólogos pachamamistas, es pura demagogia. La visión desarrollista bajo la dinámica de la reproducción del capital, sea éste con control estatal o privado, no es ninguna solución a los problemas ni de los pueblos indígenas porque no están fuera de los intereses del imperialismo. De igual manera, creemos que las visiones conservacionistas a ultranza, de ONGs ambientalistas enmarcadas en visiones imperialistas de los bonos de carbono, tampoco son la solución para el respeto a la naturaleza y el “desarrollo” diferente de los pueblos que habitan estas regiones. Experiencias como la ecuatoriana cuestionan estos proyectos porque solo sirven para afirmar la propiedad privada de la tierra y refuerzan la aparición de grandes propietarios.
Sin embargo algo que debe quedar claro es el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a la libre decisión del uso de su territorio y sus recursos. En ese sentido una planificación del desarrollo de los pueblos de manera libre solo podrá suceder cuando se acabe la presión de la dominación imperialista (proveniente de las ONGs y del propio Estado defensor de los intereses de las clases dominantes).
Violenta represión policial de Evo contra los marchistas
El domingo 25, aproximadamente a las 5:20 de la tarde un enorme operativo policial de unos 500 policías intervino de manera violenta la marcha indígena deteniendo a dirigentes, mujeres, ancianos y niños y destruyendo sus pertenencias. Hasta el momento de este despacho los dirigentes de la marcha habían denunciado la muerte de un niño de tres meses producto de la intoxicación por gases.
Recordando las épocas de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien quebraba las manifestaciones populares en feriados o fines de semana, el gobierno de Evo Morales dio su golpe cobarde contra la marcha indígena el domingo por la tarde en momentos en que éstos preparaban sus alimentos y se disponían a evaluar la “invitación al diálogo” que les hizo el Ministro de la Presidencia, Carlos Romero.
Según los medios de prensa, la Policía procedió primeramente a impedir la labor de los periodistas para luego arremeter con palos, gases lacrimógenos y balines contra hombres, ancianos, mujeres gestantes y niños que estaban jugando. La represión policial ha sido expuesta en los medios, a pesar de que los policías se encargaron de confiscar las cámaras de los periodistas. Los gases lacrimógenos fueron lanzados indiscriminadamente, dirigentes sometidos brutalmente, las mujeres maniatadas y amordazadas con cinta adhesiva, mujeres embarazadas y niños perseguidos y afectados por gases, muchos de ellos desaparecidos. Lo peor de todo es que en medio de la represión las madres y padres fueron separados incluso de sus hijos lactantes e infantes, que tres días después todavía no pueden encontrarse y reunirse.
¿Cuál ha sido el delito de los protagonistas de la marcha indígena?
Los pueblos del Territorio Indígena y Parte Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) iniciaron una marcha pacífica el 15 de agosto, demandando al gobierno el respeto a su territorio y detener los planes de construir una carretera en él, pidieron dialogar con Evo Morales en La Paz con un pliego de demandas de 16 puntos. Sin embargo la marcha ha sido hostigada constantemente por los aparatos represivos del gobierno y por las maniobras coorporativas (de sindicatos adictos al MAS) con el objetivo de evitar su llegada a la ciudad de La Paz.
El delito de los pueblos del TIPNIS es haber ejercido su derecho a protestar contra el gobierno para defender su territorio, hacer una marcha pacífica, y no dejarse convencer por los falsos escenarios de “diálogo” montados por el gobierno. Aunque los derechos a la protesta y al libre tránsito están garantizados por las leyes, están prohibidos en los hechos si cuestionan al gobierno.
La gestión gubernamental de Evo Morales en estos últimos años ha profundizado su afán persecutorio contra dirigentes políticos, sindicales y presuntos opositores. Se trata de una violación flagrante contra los más elementales derechos de las personas y de los pueblos, el derecho a libre expresión, a la protesta, a la circulación, al socorro, a sus pertenencias personales, a la integridad física, a no ser torturado y a la vida. El gobierno ha violado todos estos derechos hostigando a los indígenas con personal de inteligencia, buscando enfrentar a sectores populares contra la marcha, aplicando violenta represión contra los indígenas, asesinando a un niño de tres meses, secuestrando dirigentes y trasladándolos a otros puntos del país.
Esto sin duda nos recuerda a los brutales gobiernos militares y civiles de nuestra historia donde se detenía, secuestraba y confinaba a dirigentes sindicales y políticos, se vulneraba los derechos individuales y colectivos más elementales. Esas políticas fascistas que en el pasado causaron mucho daño y dolor al pueblo boliviano se reproducen hoy con el autodenominado “gobierno indígena” del “proceso de cambio” de Evo Morales, que tiene en su Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ex hombre fuerte de Derechos Humanos, al más fiel ejecutor de esta política represiva y persecutoria. El Estado Plurinacional reaccionario, como todo Estado de clase, aplica su dictadura contra quienes considera un peligro para sus intereses.
Población realiza espectacular rescate de marchistas
Por su lado el gobierno a través de sus ministros Sacha Llorenti y Carlos Romero ha hecho una declaración insultante a la inteligencia del pueblo boliviano. Han pretendido que creamos que los indígenas, en su marcha pacífica, eran los verdaderos violentos. Entre sus argumentos está el supuesto secuestro al Canciller el día sábado y la “violencia” contra un policía que sufrió heridas por flecha. Lo cierto es que el gobierno y sus ministros carecen de toda ética, se trata de la política gobeliana de “miente, miente que algo queda”. En los sucesos del sábado ni siquiera el propio Canciller pudo decir que fue secuestrado, aunque sí fue obligado a atravesar el bloqueo que el gobierno había colocado contra los indígenas. El policía “herido” fue parte del forcejeo y apenas se golpeó al caer al río. Esto lo ha corroborado incluso un funcionario del Defensor del Pueblo que estuvo presente.
Los dirigentes colonizadores del MAS sí cavaron zanjas en la carretera, amenazaron con impedir el paso de la marcha, amenazaron con “reventar” a las personas solidarias con los indígenas, lanzaron avispas contra la prensa, confiscaron camionetas con agua y alimento de auxilio para mujeres gestantes y niños de la marcha. A pesar de todas estas amenazas y acciones de estos masistas, éstos han recibido protección policial. Ahora pretenden que nos traguemos que los indígenas del TIPNIS son violentos. El gobierno miente de manera descarada para justificar sus acciones fascistas.
La tibieza del Defensor de Pueblo, la actitud servil de un sector de la asamblea de derechos humanos, las lealtades prebendales de un sector de dirigentes comprados por el gobierno y la actitud rastrera de conocidos revisionistas y reformistas corifeos del gobierno son co-responsables de las acciones estatales. Justificaciones de una periodista masista de que los policías “fueron provocados por los marchistas y porque éstos no aceptaron ir al diálogo” o de diputados masistas acerca de que “ellos se lo buscaron” y que las imágenes televisivas serían “un simulacro de los indígenas para desprestigiar al gobierno” desnudan la mentalidad de todos los defensores del “proceso de cambio”.
Los sectores populares vienen atravesando una situación definitoria, al principio, esperanzados en las reformas del proceso de renovación del viejo estado capitalista, pusieron sus esperanzas en Evo Morales. A estas alturas sectores enteros han abierto los ojos y han empezado una lucha franca y abierta contra las políticas antipopulares del falso “proceso de cambio”. Esta lucha por esclarecer al movimiento popular es clave y decisiva, aún hay sectores sociales prebendalizados por el gobierno que actúan como tropa de choque (Federación de Cocaleros, algunos sectores de los sindicatos campesinos y las “Barzolinas”), por ello la lucha por desenmascarar al gobierno de Evo no puede estar separada de desenmascarar a estos dirigentes vendidos que son un cáncer en el movimiento popular.

 


Manifestacion en La Paz en repudio a la represión del gobierno a marcha indigena

 

MARCHA INDÍGENA PONE EN EVIDENCIA AL M.A.S. Y UNE AL PUEBLO

Como todas las manifestaciones populares en los últimos años, la marcha indígena tiene el mérito de desnudar al gobierno del “proceso de cambio” como demagogo, antipopular, comprometido con los intereses transnacionales y al servicio del gran capital.
El gobierno de Evo Morales ha intentado por todos los medios desprestigiar la marcha de los indígenas del TIPNIS que están luchando contra la construcción de una gran carretera enmarcada dentro del proyecto IIRSA. Acusaciones de todo tipo, insultos a los dirigentes y falsos intentos de diálogo han sido acompañados por el azuzamiento a los campesinos colonizadores para enfrentarse a sus hermanos del campo. Además de esta política propia del MAS, el gobierno envió un contingente policial para frenar la marcha indígena.
La estrategia del gobierno no es nueva. Por un lado el deslegitimar a los sectores populares acusándolos de ser de la derecha, de estar ligados a políticos opositores, a la Embajada estadounidense e incluso a Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta tarea la encabeza el propio Evo Morales, como lo ha hecho en todas las protestas que los sectores populares han realizado. El operador más aplicado de esta visión macartista del gobierno es el fascistoide ministro Sacha Llorenti, quien, en vez de investigar a los narcotraficantes que hay en su despacho, emplea su tiempo en “buscar pruebas” para dar sustento a sus paranoicas hipótesis.
Otro elemento del modus operandi gubernamental es enfrentar a los sectores populares, un ejemplo claro fue Huanuni. En este caso del TIPNIS la prensa descubrió in fraganti al Ministro de Trabajo azuzando por celular a los colonizadores para que emprendieran acciones contra la marcha indígena. De esta forma los dirigentes de los Colonizadores instalaron en la localidad de Yucumo un bloqueo, cavando zanjas en la carretera. Sobre este hecho el gobierno a través de sus ministros, el Canciller y el propio Evo Morales han dicho que se trata de una vigilia, que el bloqueo es un invento de la prensa, reforzando así la posición de los dirigentes masistas que se oponen a la marcha indígena. El ministro Llorenti envió refuerzos policiales para apuntalar el bloqueo bajo el argumento de “evitar cualquier enfrentamiento”, pero en realidad frenaba la marcha. En esta situación la policía y los colonizadores no han permitido el ingreso de agua y alimentos para los marchistas. En el punto elevado de esta estrategia, cuando se avizoraban amenazas de enfrentamiento de los colonos contra los marchistas indígenas, el gobierno se lavó las manos y dijo, en boca del Vicepresidente, que este conflicto es entre privados.
El objetivo del gobierno es desgastar a los marchistas, quienes han sido acosados constantemente por agentes de inteligencia desde su partida. Sin embargo, lo que ha alarmado a la población y despertado una solidaridad inesperada ha sido la acción de la policía y los bloqueadores, que han impedido la provisión de agua y alimentos que diversas organizaciones y personas enviaron a la marcha atendiendo a las necesidades de mujeres embarazadas, niños y hombres indígenas.
Contrariamente a la intención del gobierno, la solidaridad se ha despertado. Innumerables sectores populares como los maestros urbanos y rurales, juntas vecinales, pueblos indígenas de Potosí, Oruro, Chuquisaca, el Chaco, Santa Cruz, Beni, Pando, incluso la población de Caranavi a través de sus dirigentes y hasta los cooptados dirigentes de la COB han manifestado su apoyo y recibimiento con los brazos abiertos a los marchistas. Por otro lado las organizaciones profesionales, las universidades, los colectivos medioambientales, las organizaciones sociales y de derechos humanos, personas de a pie, han organizado vigilias en las plazas principales de las ciudades, han hecho marchas de protesta por todas las ciudades del país, están organizando delegaciones para apoyar la marcha indígena y han condenado la actitud del gobierno y denunciado la demagogia medioambientalista de Evo Morales, pidiendo en los hechos el respeto de los derechos de los pueblos indígenas dentro de Bolivia.
Mientras Evo Morales y sus ministros traicionan a los pueblos indígenas del TIPNIS, sometiéndose a los intereses que el Banco Mundial y los intereses capitalistas de Brasil en el proyecto IIRSA, el revisionismo cubano premia a Morales otorgándole el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad de La Habana por su “pensamiento ambientalista”.
La lucha de los pueblos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isibóro Sécure ha desnudado la demagogia del MAS y ha cohesionado más al pueblo boliviano.

GOBIERNO DE EVO JUEGA A CANSAR Y DIVIDIR LA MARCHA INDÍGENA

El gobierno de Evo Morales ha llevado a los pueblos indígenas del TIPNIS al juego del cansancio y la amenaza para forzarlos a abandonar una marcha de protesta que contabiliza actualmente más de treinta días, en demanda de parar la construcción de una carretera que atraviesa un área protegida.

Los cansa con amagues de diálogo que no se concretan, con sabotajes a su provisión de alimentos y agua, con persecuciones policiales a sus dirigentes incluso dentro del monte, con exigencias de propuestas indígenas de “desarrollo”. Los amenaza con los anuncios de sus sindicatos cooptados de hacer contramarchas, con la ejecución de bloqueos de caminos para impedir el paso de la marcha, con la presencia de ambulancias a cargo de policías que intentan llevarse a niños y mujeres.  Sigue leyendo