El discurso de Evo Morales, de respeto a la Pachamama (madre tierra), defensa del medio ambiente, de no someterse a los intereses imperialistas, no es más que palabra hueca, pues las acciones represivas y policíacas contra la marcha indígena y, anteriormente, contra otros sectores populares muestran que los derechos a la autodeterminación, a la consulta previa a los indígenas y a la democracia en general, que sirven como discurso para ganarse títulos de académicos honoris causa, son solo la baratija con la que pretende camuflar su política de conciliación con los intereses imperialistas y con grandes capitales.
Desde un principio, los roces entre pueblos indígenas y gobierno por la consulta previa para la explotación de recursos naturales en sus territorios han sido fuertes. El ex ministro de Hidrocarburos y presidente de YPFB, Carlos Villegas, fue el primero en relativizar el valor de la consulta previa, insistiendo en su carácter no vinculante y denunciando a los indígenas, en ese momento guaraníes, de ser un obstáculo para el desarrollo del país. El malestar del gobierno, a través de Villegas, era porque consideraba las demandas indígenas como desproporcionadas y en desmedro de la transnacional explotadora de hidrocarburos.
Que el gobierno se coloque de lado de los intereses transnacionales, puede parecer increíble para quienes no hacen un seguimiento de las políticas estatales en este rubro. Sin embargo, éste ha sido el comportamiento general del gobierno bajo el argumento de promover el “desarrollo del país” y justificar que la operación de las transnacionales garantiza las políticas sociales de Evo (bono Juancito Pinto, Juana Azurduy, renta dignidad, etc.).
La estrategia del MAS para garantizar las inversiones de las empresas extranjeras y nacionales no se diferencia de las empleadas por las transnacionales imperialistas y los gobiernos “neoliberales”. En el norte de La Paz, la estatal YPFB en sociedad con capitales venezolanos (Petroandina) llevó adelante un proceso de “negociación” para la exploración del bloque Lliquimuni en busca de recursos hidrocarburíferos. Para ello inició el proceso dividiendo a los sectores, primero convenció a los campesinos colonizadores más proclives a su política. Una vez obtenida la respuesta positiva, encaró la estrategia con los indígenas mosetenes.
Las negociaciones con los indígenas suelen ser duras porque éstos tienen un sentido de autodeterminación, demandas concretas de territorio y una estructura organizacional particular. Por ello en el caso de los mosetenes la estrategia gubernamental empezó con Evo Morales en persona acusando a los dirigentes indígenas nacionales de ser parte de la derecha y estar financiados por USAID. Paralelamente el Ministerio de Hidrocarburos inició tratativas con dirigentes locales y población del lugar en una acostumbrada estrategia divisionista. Con parrilladas y borrachera de por medio, “convenció” a los dirigentes del lugar, entregó dinero como “compensación” (no se sabe de qué presupuesto sale) y recogió firmas hasta de estudiantes del colegio para presentar esto como la aprobación a la consulta pública e iniciar operaciones de exploración en hidrocarburos. Lo importante para el gobierno es conseguir, a como dé lugar, la ansiada “autorización” de los indígenas. Luego de eso ni siquiera respetó los puntos básicos que pedían los indígenas de restringir a determinadas áreas las labores de exploración y explotación sísmica, el respeto de áreas de caza ni la restitución de tierras que estaban demandando al Estado.
Hay varias investigaciones de organizaciones ambientales y denuncias sobre este caso en el norte de La Paz, el investigador del CEJIS Mauricio Diaz Vidaurre calificó la consulta en este sector como “consulta trucha” y denunció que el gobierno promovió la división de las organizaciones indígenas, como ha sucedido con los mosetenes.
Otro caso emblemático fue el de Corocoro, en el Jach’a Suyu Pakajaqui, con un proyecto hidrometalúrgico donde la consulta fue similar o peor que con los mosetenes. En este caso la estatal Comibol y la empresa coreana KORES desarrollan este proyecto denunciado en foros medioambientales y en la cumbre por la madre tierra en Tiquipaya (2010).
El 2008 el gobierno, debido a la subida del precio de los minerales, reinició actividades en el centro minero Corocoro sin cumplir las normativas para firmar convenios ni reconocer la existencia de pueblos indígenas en la región. Ante la exigencia de la organización indígena el gobierno tuvo que diseñar su estrategia para hacer la consulta pública.
Nuevamente la táctica divisionista del gobierno entró en marcha. En primer lugar apuntó a desconocer la estructura organizacional de las comunidades indígenas, en este caso el CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo), y buscó entendimiento con los dirigentes locales y las comunidades donde se desarrollaba el proyecto. El gobierno atacó a la organización indígena, buscó perseguir judicialmente a los dirigentes por “oponerse al desarrollo”, dividió a los pobladores usando a las organizaciones que son adictas al MAS, en este caso a los dirigentes campesinos.
La estrategia de enfrentar sectores populares, campesinos versus indígenas, es cosa común en la gestión de Evo Morales. El gobierno no solo utilizó corporativamente a los sectores cooptados para imponerse con el proyecto, sino que además creó organizaciones fantasmas como la de “hijos de mineros” que aparecieron de la noche a la mañana para apoyar la explotación capitalista en minería. En el colmo de las irregularidades, durante las negociaciones entre Comibol (Corporación Minera de Bolivia) e indígenas, salió a la luz que el funcionamiento de Corocoro no contaba con licencia ambiental.
En este caso el gobierno a través del Ministerio de Minería realizó una consulta trucha que contiene toda la visión empresarial de las transnacionales con un cuestionario de preguntas inducidas como por ejemplo: “3. ¿La minería con tecnología moderna que aplicará el proyecto evitará la contaminación de los ríos y medio ambiente?”; o la afirmación que aparece como pregunta: “5. Mediante el dinero de la fundación serán generados proyectos de agricultura, riego y otros, además de mejorar la salud y los medios de comunicación y otorgar becas para los estudiantes del nivel secundario y universitario”. El gobierno firmó un “acta de entendimiento” con un sector de las comunidades, pero jamás llevó adelante la Consulta Pública como está planteada en la Constitución Política del Estado.
Lo último que le interesa al gobierno son los derechos de los pueblos indígenas. El derecho a la autodeterminación, sobre la cual discursa continuamente el Vicepresidente para ganarse reconocimiento en los espacios académicos nacionales e internacionales, es solo la baratija con la que pretende camuflar su política de conciliación con los intereses imperialistas. Bajo el argumento de desarrollo del país, el gobierno comparte visiones con los grandes proyectos imperialistas y las empresas transnacionales. Ésta es la realidad que esconde el proyecto de la construcción de la carretera sobre el territorio del TIPNIS.
Esta carretera forma parte del proyecto IIRSA promovido por el BID y los intereses de la gran burguesía de los países sudamericanos, en particular del Brasil. Este proyecto ha sido aceptado por los autodenominados gobiernos progresistas de la región y se viene implementando en Sudamérica con capital brasileño, eso se puede ver en la construcción de carreteras en el Perú y Bolivia, la gran mayoría financiados con capital brasileño. En este sentido, los compromisos asumidos por el gobierno de Evo Morales son la verdadera presión para insistir con vehemencia en la realización de este polémico proyecto.
La estrategia para el TIPNIS es la misma. Dividieron el proyecto de la carretera, que era uno solo, en tres partes. Así aprobaron el tramo 1 y 3, donde habitan cocaleros y campesinos colonos, e iniciaron la construcción de la carretera para presionar y cercar al sector indígena que se encuentra en el tramo 2. La otra parte de la estrategia es aislar a la estructura orgánica indígena, acusándola de tener intereses políticos, servir a la derecha y estar financiada por la Embajada norteamericana. Para detener las acciones de los indígenas del TIPNIS (la marcha), levantan conflictos con otros sectores campesinos promoviendo el enfrentamiento. Finalmente la estrategia se completa cuando se busca negociar con dirigentes y comunidades aisladas, prometiéndoles aquello que finalmente no cumplirán. Estas acciones la aplican los ministros del gobierno, pero es encabezada por el propio Evo como se ha visto en todas las ocasiones.
Lo que el gobierno no esperaba esta vez fue la resistencia de los pueblos indígenas y la solidaridad que ha despertado en todo el país. La amenaza de que la marcha pudiera llegar a la ciudad de La Paz y la repercusión que podría tener el recibimiento de la población de las ciudades ha empujado a los funcionarios de gobierno a reprimir violentamente y por sorpresa a los indígenas.
La visión del gobierno de Evo dista mucho de promover un nuevo modelo de desarrollo, el cuento del “vivir bien”, inventado por los ideólogos pachamamistas, es pura demagogia. La visión desarrollista bajo la dinámica de la reproducción del capital, sea éste con control estatal o privado, no es ninguna solución a los problemas ni de los pueblos indígenas porque no están fuera de los intereses del imperialismo. De igual manera, creemos que las visiones conservacionistas a ultranza, de ONGs ambientalistas enmarcadas en visiones imperialistas de los bonos de carbono, tampoco son la solución para el respeto a la naturaleza y el “desarrollo” diferente de los pueblos que habitan estas regiones. Experiencias como la ecuatoriana cuestionan estos proyectos porque solo sirven para afirmar la propiedad privada de la tierra y refuerzan la aparición de grandes propietarios.
Sin embargo algo que debe quedar claro es el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a la libre decisión del uso de su territorio y sus recursos. En ese sentido una planificación del desarrollo de los pueblos de manera libre solo podrá suceder cuando se acabe la presión de la dominación imperialista (proveniente de las ONGs y del propio Estado defensor de los intereses de las clases dominantes).
Violenta represión policial de Evo contra los marchistas
El domingo 25, aproximadamente a las 5:20 de la tarde un enorme operativo policial de unos 500 policías intervino de manera violenta la marcha indígena deteniendo a dirigentes, mujeres, ancianos y niños y destruyendo sus pertenencias. Hasta el momento de este despacho los dirigentes de la marcha habían denunciado la muerte de un niño de tres meses producto de la intoxicación por gases.
Recordando las épocas de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien quebraba las manifestaciones populares en feriados o fines de semana, el gobierno de Evo Morales dio su golpe cobarde contra la marcha indígena el domingo por la tarde en momentos en que éstos preparaban sus alimentos y se disponían a evaluar la “invitación al diálogo” que les hizo el Ministro de la Presidencia, Carlos Romero.
Según los medios de prensa, la Policía procedió primeramente a impedir la labor de los periodistas para luego arremeter con palos, gases lacrimógenos y balines contra hombres, ancianos, mujeres gestantes y niños que estaban jugando. La represión policial ha sido expuesta en los medios, a pesar de que los policías se encargaron de confiscar las cámaras de los periodistas. Los gases lacrimógenos fueron lanzados indiscriminadamente, dirigentes sometidos brutalmente, las mujeres maniatadas y amordazadas con cinta adhesiva, mujeres embarazadas y niños perseguidos y afectados por gases, muchos de ellos desaparecidos. Lo peor de todo es que en medio de la represión las madres y padres fueron separados incluso de sus hijos lactantes e infantes, que tres días después todavía no pueden encontrarse y reunirse.
¿Cuál ha sido el delito de los protagonistas de la marcha indígena?
Los pueblos del Territorio Indígena y Parte Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) iniciaron una marcha pacífica el 15 de agosto, demandando al gobierno el respeto a su territorio y detener los planes de construir una carretera en él, pidieron dialogar con Evo Morales en La Paz con un pliego de demandas de 16 puntos. Sin embargo la marcha ha sido hostigada constantemente por los aparatos represivos del gobierno y por las maniobras coorporativas (de sindicatos adictos al MAS) con el objetivo de evitar su llegada a la ciudad de La Paz.
El delito de los pueblos del TIPNIS es haber ejercido su derecho a protestar contra el gobierno para defender su territorio, hacer una marcha pacífica, y no dejarse convencer por los falsos escenarios de “diálogo” montados por el gobierno. Aunque los derechos a la protesta y al libre tránsito están garantizados por las leyes, están prohibidos en los hechos si cuestionan al gobierno.
La gestión gubernamental de Evo Morales en estos últimos años ha profundizado su afán persecutorio contra dirigentes políticos, sindicales y presuntos opositores. Se trata de una violación flagrante contra los más elementales derechos de las personas y de los pueblos, el derecho a libre expresión, a la protesta, a la circulación, al socorro, a sus pertenencias personales, a la integridad física, a no ser torturado y a la vida. El gobierno ha violado todos estos derechos hostigando a los indígenas con personal de inteligencia, buscando enfrentar a sectores populares contra la marcha, aplicando violenta represión contra los indígenas, asesinando a un niño de tres meses, secuestrando dirigentes y trasladándolos a otros puntos del país.
Esto sin duda nos recuerda a los brutales gobiernos militares y civiles de nuestra historia donde se detenía, secuestraba y confinaba a dirigentes sindicales y políticos, se vulneraba los derechos individuales y colectivos más elementales. Esas políticas fascistas que en el pasado causaron mucho daño y dolor al pueblo boliviano se reproducen hoy con el autodenominado “gobierno indígena” del “proceso de cambio” de Evo Morales, que tiene en su Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ex hombre fuerte de Derechos Humanos, al más fiel ejecutor de esta política represiva y persecutoria. El Estado Plurinacional reaccionario, como todo Estado de clase, aplica su dictadura contra quienes considera un peligro para sus intereses.
Población realiza espectacular rescate de marchistas
Por su lado el gobierno a través de sus ministros Sacha Llorenti y Carlos Romero ha hecho una declaración insultante a la inteligencia del pueblo boliviano. Han pretendido que creamos que los indígenas, en su marcha pacífica, eran los verdaderos violentos. Entre sus argumentos está el supuesto secuestro al Canciller el día sábado y la “violencia” contra un policía que sufrió heridas por flecha. Lo cierto es que el gobierno y sus ministros carecen de toda ética, se trata de la política gobeliana de “miente, miente que algo queda”. En los sucesos del sábado ni siquiera el propio Canciller pudo decir que fue secuestrado, aunque sí fue obligado a atravesar el bloqueo que el gobierno había colocado contra los indígenas. El policía “herido” fue parte del forcejeo y apenas se golpeó al caer al río. Esto lo ha corroborado incluso un funcionario del Defensor del Pueblo que estuvo presente.
Los dirigentes colonizadores del MAS sí cavaron zanjas en la carretera, amenazaron con impedir el paso de la marcha, amenazaron con “reventar” a las personas solidarias con los indígenas, lanzaron avispas contra la prensa, confiscaron camionetas con agua y alimento de auxilio para mujeres gestantes y niños de la marcha. A pesar de todas estas amenazas y acciones de estos masistas, éstos han recibido protección policial. Ahora pretenden que nos traguemos que los indígenas del TIPNIS son violentos. El gobierno miente de manera descarada para justificar sus acciones fascistas.
La tibieza del Defensor de Pueblo, la actitud servil de un sector de la asamblea de derechos humanos, las lealtades prebendales de un sector de dirigentes comprados por el gobierno y la actitud rastrera de conocidos revisionistas y reformistas corifeos del gobierno son co-responsables de las acciones estatales. Justificaciones de una periodista masista de que los policías “fueron provocados por los marchistas y porque éstos no aceptaron ir al diálogo” o de diputados masistas acerca de que “ellos se lo buscaron” y que las imágenes televisivas serían “un simulacro de los indígenas para desprestigiar al gobierno” desnudan la mentalidad de todos los defensores del “proceso de cambio”.
Los sectores populares vienen atravesando una situación definitoria, al principio, esperanzados en las reformas del proceso de renovación del viejo estado capitalista, pusieron sus esperanzas en Evo Morales. A estas alturas sectores enteros han abierto los ojos y han empezado una lucha franca y abierta contra las políticas antipopulares del falso “proceso de cambio”. Esta lucha por esclarecer al movimiento popular es clave y decisiva, aún hay sectores sociales prebendalizados por el gobierno que actúan como tropa de choque (Federación de Cocaleros, algunos sectores de los sindicatos campesinos y las “Barzolinas”), por ello la lucha por desenmascarar al gobierno de Evo no puede estar separada de desenmascarar a estos dirigentes vendidos que son un cáncer en el movimiento popular.
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| Manifestacion en La Paz en repudio a la represión del gobierno a marcha indigena |
Análisis y Opinión 