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Análisis y Opinión
La justicia en el viejo Estado no está ajena a los intereses políticos, sirve a las necesidades del gobierno para perseguir políticamente a disidentes u opositores y también sirve para construir la legitimidad del Estado cuando éste se encuentra cuestionado por su negligente accionar, en este cometido no importa si lincha a personas inocentes, lo importante es satisfacer la razón de estado y dar la impresión de que “está haciendo justicia”.
En esta necesidad lo último que le importa al poder judicial y a sus autoridades (policía, fiscales y jueces) es si la persona ofrecida en linchamiento es inocente o culpable, lo importante es dar la sensación a la sociedad de que se está cumpliendo con “impartir justicia”. Así ha sucedido con el caso del doctor Jhiery Fernández, quien ha sido condenado a 20 años de prisión por delito de violación a un menor cuando el proceso nunca demostró que existiera tal violación o que el médico estuviera presente en el lugar del presunto hecho. El proceso ha sido tan irregular que, según los abogados y otras instituciones de derechos humanos que han seguido su caso, la policía y los peritajes técnicos han reconocido que los hechos imputados no habían sucedido, lo que apuntaba a que la muerte del menor se dio por razones distintas que la fiscalía no quiso explorar. Sigue leyendo