Julián Amaru
16/08/2021
Por informaciones del Estado peruano se conoce que el Dr. Abimael Guzmán se encuentra hospitalizado para un tratamiento de psoriasis en la piel que se habría agravado producto del clima de la época y él habría sufrido una baja de presión. Según el Comité Técnico del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval de Callao (CEREC) el 20 de julio, luego de haber conversado con su abogado, fue trasladado a un hospital cercano para realizársele exámenes y monitorear su salud, pues aunque las autoridades de gobierno afirman que está estable reconocen que necesitan hacerle exámenes debido a su avanzada edad.
Partir por no creer todo lo que dice el Estado peruano es un saludable principio metodológico en estos casos, pues, en el Perú, las instituciones estatales y los grandes medios de comunicación tienen por costumbre establecer una narrativa distorsionada, tramposa y mentirosa para sostener y reforzar la versión oficial de que los prisioneros de guerra no tienen derechos, no son humanos, son criminales, son terroristas, no merecen defensa, son enemigos del país y del pueblo, etc. en tanto que las fuerzas corruptas del Estado, los criminales de guerra que detentan puestos altos en la administración, los mercenarios de la política que engordaron con dinero de las arcas estatales y del financiamiento imperialista para enterrar la revolución en el Perú, los militares que asesinaron a mansalva, torturaron, violaron, despedazaron cuerpos y metieron en hornos crematorios al estilo nazi a combatientes comunistas y a mucha gente inocente, a pesar de ser conocidos y públicos estos delitos, son presentados por la prensa oficial y los altos jerarcas como los héroes de la democracia. Por ello es que la democracia peruana, aparte de tener un carácter de clase opresivo, es una democracia corrupta y criminal.
El problema del cáncer a la piel del Dr. Abimael Guzmán no es nuevo, lo padece desde hace muchos años, a los que se suman sin duda otros problemas de salud debido a su edad. Y no es el clima el que agrava su situación sino la condiciones carcelarias impuestas por el Estado peruano desde su detención y juicio el año 1992, en la Base Naval del Callao, donde prácticamente vive en una cárcel tumba que en términos generales se encuentra en total aislamiento, con el derecho de ver a su abogado y su esposa, la prisionera de guerra Elena Iparraguirre, aunque este último derecho le ha sido negado en estos tiempos so pretexto de la pandemia.
A diferencia de él, el criminal genocida y comprobado corrupto Alberto Fujimori, ex presidente del Perú, obtiene beneficios como el arresto domiciliario, el motivo, su edad y la pandemia. Otro criminal de guerra y mafioso de marca mayor, Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori, goza de una serie de gollerías como llamadas a diestra y siniestra para intervenir en la política peruana, en combinación y complicidad con la Marina de Guerra peruana, institución con la que comparte autoría en las peores atrocidades de guerra particularmente en el campo durante toda la década de los 80s.
Montesinos además ha mantenido el privilegio de tener visitas en su propia celda, cosa que no tiene ningún otro detenido en la Base Naval del Callao. Estas últimas informaciones salieron a la luz el pasado mes de julio en pleno proceso electoral donde a Montesinos le grabaron las llamadas telefónicas cuando hacía gestiones para ayudar a la candidata Keiko Fujimori, otra procesada por varios delitos de corrupción de alto vuelo, a quien la «justicia peruana» le dio el beneficio del arresto domiciliario y la posibilidad de ser candidata a la presidencia con los beneficios que todo ello conlleva.
Es que en la corrupta y asesina democracia peruana los criminales y asesinos pueden influir en la política estatal, pueden pretender representar al país y participar de las decisiones fundamentales, mientras los revolucionarios se pudren en las cárceles sin derecho a nada. Lo concreto es que todos estos criminales son parte del poder y de las clases dominantes, las diferencias que tengan entre ellos, si uno fue dictador y los otros «demócratas», son diferencias de tono y de color. Mucha gente llamada «progre», de izquierda (electorera por supuesto) y otros llamados «demócratas» realizan esfuerzos diarios para mostrar un país que avanza hacia un proceso de «democratización», lavando la cara al Estado, deslindan con el gobierno de Fujimori presentándolo como el dictador corrupto y asesino, en tanto los presidentes que lo siguieron serían parte de la «democracia». Sin embargo, todos estos gobiernos «democráticos» han mantenido el hilo conductor de la mafia corrupta. El candidato que movió los 4 suyos y luego presidente que encarnó el «retorno a la democracia», Alejandro Toledo, -rompiendo supuestamente con los años de gobierno fujimorista-, mientras asumía el mando presidencial ya pedía su plata a la empresa Odebretch por las licitaciones dolosas de obras estatales. En todos estos gobiernos «democráticos» ha corrido el dinero corrupto de Odebretch, además han ejercido militares con acusaciones de asesinatos, incluso uno de ellos fue presidente, el ex militar Ollanta Humala, que tenía acusaciones por crímenes de lesa humanidad por asesinar a una población campesina acusada de apoyar a la guerrilla. Conocidos corruptos han sido ministros, congresistas, ejecutivos altos de entidades estatales.
Esa es la corrupta y criminal democracia peruana que nunca rompió su práctica delincuencial, en el fondo la democracia en el Perú, como todo Estado, es el enmascaramiento de una dictadura de clase contra el pueblo, manejada, en este caso por lo peorcito que ha producido el Perú en estas últimas décadas.
Por otro lado, tenemos a los prisioneros de guerra condenados y muchos de ellos revictimizados porque se les ha impuesto más condenas encima ante la posibilidad de que algunos puedan salir libres luego de cumplir su periodo de encarcelamiento. El Estado peruano, que se presenta ante el mundo como detentor de «altos estándares de calidad en procesos judiciales», se da el lujo de tratar a los combatientes como le venga en gana, y eso es lo que han hecho con el Dr. Abimael Guzmán y toda la dirigencia capturada durante la época de la Guerra Popular que ha cesado.
El Dr. Abimael Guzmán jefe del Partido Comunista del Perú, junto a dirigentes cuadros y militantes organizados enlazados con las masas más pobres del Perú, se atrevieron a levantarse en rebelión y en guerra producto de años de explotación, opresión, miseria y muerte que ha tenido el campesinado pobre y los sectores oprimidos. El maltrato, la humillación, el despojo del campesino, el encarcelamiento, la muerte, fue moneda corriente durante décadas, que generaron una acumulación histórica de exigencia de justicia frente al Estado y las clases dominantes, que ejercieron cuando necesitaron, brutales represiones que se puede escuchar por ejemplo en el cancionero popular, leer en las obras de escritores y artistas comprometidos con el pueblo. La guerra contra los explotados ya existía antes de los 80, se trataba de una guerra contra el pueblo que buscaba demoler las aspiraciones de las masas de mejores condiciones de vida, de mejores derechos de trabajo, el Estado encarceló, mató a muchos dirigentes populares, era una maquina moledora de carne y por décadas sofocó cualquier intento de rebelión.
Los revolucionarios maoístas jefaturados por Abimael Guzmán promovido a la posición de Presidente Gonzalo, se levantaron frente a tamaña injusticia y consiguieron la rebelión más profunda que ha vivido el país, que apuntó a remover las relaciones más atrasadas que sometían brutalmente a las masas populares. Consiguió en este proceso importantes victorias y, por algunos años llevó a los pobres a manejar poder popular de manera concreta en varias regiones del país, lo que fue el germen de una real independencia y la construcción de un nuevo Estado democrático popular.
Hoy que la Guerra Popular ha cesado temporalmente, que el enemigo de clase ha ganado la batalla por el momento, el Estado peruano ha instalado un mecanismo fascista contra todos los combatientes y contra todos aquellos que expresen simpatías con el proceso revolucionario, no se ha permitido a los familiares de los prisioneros que el Estado mató cobardemente el tener un espacio físico para enterrarlos y llorarlos.
En 1993 una fracción del Partido Comunista del Perú, del que participó el Dr. Abimael Guzmán pidió conversaciones con el Estado y propuso un acuerdo de paz, una política errónea desde nuestro punto de vista que tuvo origen en varios problemas de analisis de la correlación de fuerzas. Desde ese tiempo esta fracción no ha llevado adelante acción armada alguna, por el contrario se le sumó años después el Comité Regional del Alto Huallaga, que en tiempos de la Guerra Popular fue muy importante para su desarrollo. La fracción que pidió el Acuerdo ha condenado la continuación de acciones por parte de lo que en un principio fue el grupo llamado Proseguir, en un principio liderado por el ex camarada Feliciano, comprobado traidor a la revolución, y después el grupo del VRAE dirigido por los hermanos Quispe Palomino que han perdido toda perspectiva política e ideológica y hoy en día prácticamente no tiene nada que ver con el otrora Partido Comunista del Perú. Hoy en el Perú no existe organización revolucionaria que realice acciones armadas.
En tal situación, el ensañamiento del Estado peruano contra el Dr. Abimael Guzmán y los dirigentes y combatientes presos significa el intento de anular todo atisbo de rebelión y revolución, mostrar ante el pueblo que quien se atreva a rebelarse contra los grandes intereses mafiosos de las clases dominantes, les irá muy mal y será sometido al despojo total de los derechos más básicos y fundamentales. El actual Estado peruano reproduce la vieja herencia colonial de aplastar a quienes ha tenido por sus más formidables opositores, desde el aplastamiento de la rebelión de Tupac Amaru, pasando por las innumerables luchas de los explotados, al actual proceso revolucionario, que ha sido uno de los más importantes del siglo XX.
Por ello, los revolucionarios y auténticos demócratas del mundo deben exigir el respeto a la vida y la salud del Dr. Abimael Guzmán, así como el derecho a poder cuidar de su salud en su domicilio tanto por su edad como por las condiciones extraordinarias de la pandemia. Es importante conjurar la política de muerte lenta que instauró el Estado contra el Dr. Guzmán y contra todos los combatientes presos y denunciar su política fascista.
Análisis y Opinión 