Análisis y Opinión
11/10/13
Ha pasado más de dos años de la brutal represión a los indígenas en Chaparina que ordenó el gobierno de Evo Morales cuando éstos protagonizaban una marcha contra las pretensiones del gobierno de construir una carretera por medio de su territorio; a pesar de que el vicepresidente Álvaro García dijo que sabían quién dio la orden para la represión y el gobierno en su conjunto prometió justicia contra este hecho criminal, a la fecha no se ve un atisbo de avance del proceso y al contrario hay una permanente obstaculización del mismo por parte de los fiscales encargados del caso. Un sólo jefe policial fue cautelado con mucha suavidad y un par de autoridades políticas fueron sindicadas pero nunca cauteladas. La mayoría de los jefes policiales que dirigieron el operativo represivo fueron premiados con la Comandancia de la Policía y el entonces ministro de gobierno, el fascistoide Sacha Llorenti, recibió del gobierno el cargo de embajador de Bolivia ante NNUU, una buena recompensa por sus servicios en contra de los indígenas del TIPNIS.
La justicia prometida no ha llegado a los indígenas, todo lo contrario, los dirigentes que fueron brutalmente golpeados por la tropa policial dirigida por el ex ministro Sacha, hoy sufren la persecución judicial y han permanecido restringidos de su libertad por más de 80 días por una amenaza de detención de la fiscalía que finalmente no se concretó. Así de aberrante es la política y la justicia en el “Estado Plurinacional” de Evo Morales. Sigue leyendo