EL PUEBLO EXPRESA SU SOLIDARIDAD POLÍTICA CON LA MARCHA INDÍGENA

Foto: La Prensa
La movilización de los indígenas de tierras bajas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) arribó a la ciudad de La Paz en medio de un inmenso recibimiento de la población paceña y nacional. Miles de ciudadanos hicieron verdaderos cordones humanos por donde pasó la marcha y aplaudieron y dieron muestras de apoyo emotivos. Niños escolares, jóvenes colegiales, universitarios de La Paz y el resto del país, profesionales, en particular médicos, vendedoras de mercados, obreros, gremiales, colectivos sociales y culturales, sindicatos populares y gente de a pie fueron los protagonistas de este caluroso recibimiento a la VIII marcha indígena. Análisis y Opinión se suma a esta solidaridad política que ha dado el pueblo.
Esta manifestación de la población que tomó partido por la acción de los indígenas no puede ser vista al margen de los hechos políticos que la preceden. Reiteradas acusaciones mentirosas que el gobierno lanzó contra los marchistas, millonaria campaña publicitaria gubernamental para desprestigiarlos, utilización de “disidentes” de la marcha en una política de división de los sectores populares, incitación a enfrentar pueblo contra pueblo utilizando dirigentes colonizadores adictos al MAS y una brutal intervención ordenada por el gobierno el 25 de septiembre a los indígenas en la localidad de Yucumo, ha sido la política del gobierno en este tema y la población la ha rechazado de manera contundente. Evo Morales, que hipócritamente dice representar a los indígenas, desconoce los derechos de estos pueblos cuando se trata de defender los grandes intereses imperialistas como el proyecto de la carretera del TIPNIS.
El recibimiento de la marcha y las pasadas elecciones judiciales han marcado un punto serio de inflexión en el apoyo popular que tenía el mandatario boliviano. A diferencia de las visiones conspirativas del gobierno y los eternos revisionistas y reformistas sobre la “acción de la derecha” (como si el gobierno del MAS podría considerarse de izquierda o revolucionario), las acciones que precipitaron este momento catastrófico para el MAS fueron cometidas por el propio gobierno.
Un elemento, que muestra su sentido general, son los compromisos estructurales del Estado boliviano con los capitales imperialistas en la construcción de la carretera, lo que ha llevado al gobierno a jugarse el respaldo político y empeñarse a fondo para construir dicho camino “pese a quien le pese”. Este marco de condiciones internacionales muestra el sometimiento del gobierno al imperialismo y desnuda la demagogia antiimperialista. El otro elemento tiene que ver con su forma de gobernar. Si dejamos de lado la demagogia oficialista como el “gobernar obedeciendo al pueblo”, las adulaciones de los sindicatos adictos (CSUTCB, “Barzolinas”, cooperativistas, entre otros) y los corifeos revisionistas y reformistas (PCB, PCMLM, sectores de guevaristas y otros trotskistas) o las adulaciones de los pocos pachamámicos del gobierno que legitiman la idea del “presidente indígena”, encontramos simplemente el estilo caudillista y despótico que el mandatario practica dentro y fuera de sus filas. Este estilo sin duda tiene mucho que ver en la orden de “intervención brutal y ejemplar” que hizo la policía a los marchistas indígenas que causó el rechazo general del pueblo boliviano.
A despecho de los conspirativistas, los protagonistas del recibimiento a los indígenas ha sido mucha gente humilde y trabajadora que votó por Evo Morales y que siente frustración al sentirse traicionada por él.
Ante el recibimiento popular a los marchistas al gobierno no le quedó más remedio que retirar su dispositivo policial represivo del centro de la ciudad (un carro Neptuno para disolver marchas) y permitir el ingreso de la marcha a la plaza Murillo, lugar que normalmente está vetado para las manifestaciones que no son del MAS. Sin embargo el aparato policial, por instrucción del gobierno, tiene cercado a un grupo de indígenas marchistas que instalaron una vigilia por la noche frente a Palacio de Gobierno, dificultando la solidaridad del pueblo que busca proveerles de ropa y comida.
Foto: La Prensa
La marcha de los pueblos del TIPNIS revela que las energías democráticas siguen vivas en lo más profundo del país, pero más importante aún, siguen luchando por alcanzar una liberación plena (no estamos hablando en un sentido liberal burgués). Este conflicto expresa los contradictorios intereses entre los pueblos y el Estado, los intereses sobre la autodeterminación de los pueblos (aunque las limitaciones de la dirigencia indígena no den un perfil claro en esto) y los intereses del imperialismo en el proyecto carretero. Se trata de contradicciones antagónicas y no de “tensiones creativas” de ningún tipo.
Esto es tan cierto incluso considerando que los objetivos de esta marcha están enmarcados dentro de los límites del viejo Estado (hoy llamado Plurinacional) y en el marco de la Constitución Política del Estado, se trata de una reivindicación política que exige al Estado trastocar los sacrosantos intereses que tiene con las estructuras mayores, por eso el vicepresidente ha dicho en algún momento (entre insulto e insulto) que los marchistas tienen una reivindicación política de orden estructural, por lo tanto inatendible. Lo que sucede es que cuando se interpela al Estado en la aplicación a fondo y consecuente de sus propias leyes, inmediatamente salen a flote las limitaciones de estas leyes, porque en realidad todo el cuerpo legal es expresión de las necesidades de las clases dominantes. La exigencia a fondo de la aplicación de las leyes (como puede ser este caso) cuestiona el carácter de “sistema democrático” (así definen los pensadores liberales al Estado en el que vivimos), y pone de relevancia el monopolio del manejo político y policial (militar) que ejerce el gobierno, es decir, devela su carácter dictatorial que es el sustento del sistema.
Los marchistas están en La Paz y recién comienza la lucha por su pliego, la solidaridad política de la población manifestada en el cariño y apoyo logístico a sus condiciones humanas deben ahora manifestarse en la lucha militante por conseguir sus demandas frente al Estado.
Bolivia, 20 de octubre de 2011

VOTOS NULOS Y BLANCOS CONTRADICEN EL RESPALDO DE SECTORES POPULARES AL GOBIERNO DE EVO MORALES

Tras la concentración masiva de simpatizantes del Movimiento al socialismo (MAS) en la plaza Villarroel con motivo de demostrar la fuerza política del gobierno, tras la declaración del vicepresidente, Álvaro Garcia Linera, de 131 votos como cantidad suficiente para dar legitimidad a los cargos de las autoridades judiciales y entre denuncias de falta de independencia del Tribunal Supremo Electoral con acusaciones sobre la afinidad al MAS de su presidente, Wilfredo Ovando, este domingo 16 de diciembre el gobierno de Evo Morales recibió un revés de mas de 40% de votos nulos y mas del 20 % de votos blancos que desmiente el tan manoseado discurso sobre el apoyo de los movimientos sociales al proceso de cambio y al gobierno de Evo Morales.
En aquellos lugares que en otrora fueran bastiones del MAS como es el caso de la ciudad de El Alto y gran parte del área rural, a pesar de los esfuerzos del gobierno y la manipulación de varios dirigentes al momento de votar como reflejaron y denunciaron los medios, los votos nulos y blancos también obtuvieron la mayoría del porcentaje.
Apenas se dio a conocer cierto porcentaje de los resultados, donde de manera mayoritaria predominaba el voto nulo y blanco, los pensadores, funcionarios y dirigentes de gobierno no demoraron en deambular por los medios e inmediatamente a esgrimir teorías para poder hacer creer que aquella contundencia no representaba un repudio al gobierno sino que expresaba la falta de desconocimiento acerca del proceso de votación y el desconocimiento de los candidatos por parte de la población debido a la falta de propaganda, sin considerar que gran parte de estos votos no quedaron simplemente como nulos sino que las papeletas fueron utilizadas como una especien de mural donde la gran mayoría de la gente expresó su descontento con el gobierno de Evo Morales, producto de las condiciones duras de sobrevivencia de la gran mayoría de la población.
Tanto los intelectuales que se los etiqueta de derecha como aquellos que se los conoce y se declaran de izquierda coincidieron en subrayar y felicitar la masiva y “voluntaria” participación del pueblo boliviano, no mencionando y haciendo vista ciega a la coerción que existe por parte del sistema, ya que si la gente no asistiría a votar: en el caso de los funcionarios públicos no podrían cobrar sus sueldos, en el caso de muchos universitarios no se les permitiría realizar sus trámites, en el caso de la población en general no se les permitiría realizar transacciones bancarias, etc. De esta forma esta asistencia masiva, en la que tanto énfasis colocan todos estos analistas que brillan en los medios, se evaporaría de no ser por tales y cuales mecanismos que ejerce el sistema, ya que como bien expresaba la gente previo a emitir su voto, su asistencia en la mayoría de los casos estaba impulsada por la sola obtención del certificado de sufragio.
El “espíritu democrático del pueblo” entendiendo este como sinónimo del voto y de las urnas, es otro punto en común entre todos estos intelectuales de diversas posiciones ideológicas. Lo cierto es que simplificar la democracia a un simple garabato en una papeleta y el depósito de esta en un pedazo de cartón, demuestra la estrecha visión respecto de la democracia, el conservadurismo y, consecuentemente, la incapacidad e imposibilidad para poder transformar la sociedad por parte de estos analistas.
Por ultimo, el presidente Evo Morales, sin mencionar los resultados de las elecciones, salió a expresar su felicitación al pueblo por su voluntad democrática y por el inicio de una revolución en la justicia. Sin embargo lo que sabemos por experiencia, es que el pueblo viene de elección tras elección para uno y otro fin, sin que esto se traduzca en la mejora de sus condiciones de vida, contrariamente el pueblo cada día vive en peores condiciones y es que si el camino de una verdadera transformación estaría guiada por una mayor cantidad de elecciones, hace tiempo que viviríamos en una sociedad mejor y los hechos concretos, a pesar del bombardeo mediático, nos demuestran que no existen mas que cambios cosméticos mientras los intereses de los terratenientes, grandes capitales extranjeros, etc.

ELECCIONES, MECANISMO DE LEGITIMACIÓN DE LA DICTADURA ESTATAL

Al igual que el gobierno niega que la consulta a los indígenas sobre la construcción de una carretera sea vinculante, asimismo ha rechazado darle algún valor a la apabullante mayoría de votos nulos y blancos en la elección de autoridades judiciales. Nunca antes en el país se había visto de forma tan elocuente la máxima marxista de que el pueblo es convocado a votar cada cierto tiempo para elegir a sus opresores.

Y es que a la democracia de la clase dominante, ahora ejecutada por Evo Morales, no le interesa la verdadera voluntad popular, le interesa que el pueblo legitime con su voto los intereses particulares de capitalistas y terratenientes. La intención de construir una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es un claro ejemplo de eso, el gobierno de Morales tiene un compromiso fuerte con el capital brasileño (empresa OAS) y el imperialismo, y para cumplirlo no duda en usar la demagogia al decir que la carretera va a unir a familias de oriente y occidente.

Para los liberales, ahí están los mecanismos de la “democracia” para conciliar los intereses del viejo Estado y de la población que protesta. Entonces sale la carta de la consulta indígena, un instrumento introducido en la última modificación de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, ¡sorpresa!, el autodenominado líder indígena Evo Morales anuncia por todos los medios que la consulta no será vinculante. Es decir quieren preguntar al pueblo si desea o no la carretera, pero la respuesta popular no va a significar absolutamente nada. Otra vez el MAS quiere que el pueblo asista a votar para poner el visto bueno a sus planes que benefician a intereses particulares.

Así pasó este 16 de octubre cuando la población acudió a votar por las autoridades judiciales. Como nunca antes los votos nulos superan el 40% y los votos blancos están por el 20%, según datos preliminares de encuestadoras (el Tribunal Supremo Electoral no informa, y no permitió veedores de agrupaciones políticas, más aún abrió proceso penal contra dos mujeres que tomaban nota del conteo público en Santa Cruz). Los votos blancos y nulos suman una mayoría abrumadora, pero no significan nada para el gobierno. Es más, Evo Morales anunció que posesionará a las autoridades judiciales con los míseros porcentajes (entre 3% y 5%) de apoyo obtenidos.

En este caso ni siquiera se sabe cuál es la idea de “democracia” del MAS. El vicepresidente Álvaro García Linera había anticipado que eran suficientes 131 votos (el padrón electoral tiene 5,2 millones de inscritos para votar) para elegir a un magistrado judicial. ¿Cuál es su argumento? El gran argumento de García Linera es que hasta ahora sólo 130 diputados habían elegido a estas autoridades, después de negociaciones entre los partidos políticos representados en el parlamento. Es decir que la democracia representativa, la democracia liberal burguesa, no es válida para el académico. Sin embargo para el gobierno tampoco es válida la expresión del pueblo cuando señala su voluntad mayoritaria a través del mecanismo del voto. Al parecer para el gobierno vale más que nada imponer sus intereses para copar más aún la estructura estatal, en función de cumplir sus compromisos, uno de ellos con la empresa OAS para construir la carretera por el TIPNIS.

Lo cierto es que el triunfo del voto nulo sumado al blanco, en el marco de las elecciones liberales burguesas, no sólo es un rechazo a elegir a las autoridades masistas (elegidas con anticipación por el gobierno), sino que además representa un fuerte rechazo a la política de Evo Morales, al manoseo que hace comúnmente de la justicia y a la brutal represión policial dirigida por el ex ministro asesino Sacha Llorenti contra los pueblos del TIPNIS. 

Si el objetivo del gobierno, según la demagogia de sus funcionarios, era tener autoridades judiciales legítimas diferentes a las de gobiernos neoliberales, los resultados de este proceso han tirado por los suelos cualquier legitimidad de estos candidatos al haber sido derrotados vergonzosamente por los votos nulos y blancos.

La dinámica de estas elecciones ha sido bastante ilustrativa para analizar cómo detrás del “democrático proceso electoral” se esconde el rasgo de la dictadura de clase del Estado. El gobierno puso en marcha las elecciones judiciales como un mecanismo para profundizar la democracia (consecuente con su visión liberal voto=democracia), pero el proceso no estuvo libre de la intervención del poder ejecutivo que eligió a los candidatos a su conveniencia, según revelaciones de los diputados indígenas de la bancada del MAS (hoy distanciados del gobierno). Esa intromisión en el proceso electoral dio pie a que partidos con visión liberal, como el MSM, UN y Verdes, aprovecharan para hacer campaña por el voto nulo en estas elecciones.

A esto se suma la actuación de un TSE totalmente parcializado con el poder ejecutivo, que hizo campaña en concentraciones con militantes del MAS y encubrió a funcionarios que cometieron delitos electorales. Además, aunque esta vez el gobierno no pudo implementar eficientemente el voto consigna (el despectivo voto campesino practicado en los gobiernos más reaccionarios de nuestra historia), sí ordenó a sus parlamentarios el envío de papeletas marcadas a sus provincias para votar según la instrucción del régimen.

Todo el aparato burocrático se movilizó para “garantizar” el éxito del mecanismo electoral y contrarrestar la propaganda de los ex aliados del gobierno y “opositores de derecha”, y el rechazo de sectores populares independientes del gobierno y población desencantada con Evo Morales.

El otro dato es que los electores respondieron con un ausentismo del 20% de inscritos. A pesar de todo la participación electoral de la población no cambia el rumbo de las decisiones políticas, determinadas por factores que están en sintonía con los intereses de las clases dominantes representadas en los gobiernos. Aunque algunas veces la pulseta electoral puede conseguir logros influidos por la coyuntura, eso no es la norma. La existencia de gobiernos “elegidos” que terminan masacrando a sus electores es prueba de lo absurdo que resulta la llamada decisión soberana, igualmente absurdos son los argumentos de algunos simpatizantes del “proceso de cambio” para explicar las contradicciones de clase que se han abierto en esta coyuntura, estos dicen “mucha democracia es peligrosa para la democracia”. Desde otro punto de vista estos argumentos revelan la incapacidad de encontrar democracia plena en el Estado burgués porque su carácter de dictadura coloca límites objetivos a las acciones de los explotados.

Bolivia, 19 de octubre de 2011

BOLIVIA: ELECCIONES JUDICIALES PARA REFORZAR EL CONTROL DEL MAS

En medio del descrédito político, el viejo Estado, gestionado por Evo Morales, se apresta a renovar el poder judicial para afinar su dictadura de clase contra el pueblo. La promesa gubernamental de crear una “nueva justicia” oculta las pretensiones de mayor control corporativo del aparato judicial.
Con verdaderos cierres de campaña, el gobierno moviliza a sectores populares acólitos a su política. La contramarcha masista, de militantes del MAS y sindicatos controlados por el gobierno bien “preparados” logísticamente, es la acción para contrarrestar el desconocimiento y la desaprobación de la población sobre las elecciones judiciales que se realizarán el domingo 16 de octubre. La manifestación “consciente”, como han afirmado diputados masistas, tiene como entretelones las órdenes escritas en el aparato estatal para que los funcionarios participen obligatoriamente en la marcha “llevando a dos acompañantes”, según filtraron burócratas descontentos a la prensa, así como denuncias de descuentos de hasta 500 bolivianos como “aporte voluntario” para la campaña electoral.
A pesar de que el gobierno de Evo tiene el control total del Tribunal Supremo Electoral no ha podido evitar el descrédito del proceso electoral que se ve perjudicado por las acciones contra la marcha indígena, en particular la brutal represión del 25 de septiembre.
La elección de los miembros del Poder Judicial fue presentado como algo novedoso, único e histórico en Bolivia y el mundo, una profundización de la democracia y un aporte del “proceso de cambio” en la construcción del nuevo Estado Plurinacional. Esto despertó las expectativas de organizaciones y analistas que simpatizaban con el gobierno de Evo dentro y fuera del país. Sin embargo, a medida que este proyecto iba cobrando forma, fue dejando de lado su pretendido carácter democrático por las verdaderas intenciones del MAS de tener mayor control de los funcionarios del poder judicial.
Controlar el aparato judicial no es pretensión exclusiva de este gobierno. Desde la formación del Estado republicano (basado teóricamente en la independencia de poderes) el poder se ha concentrado en la función ejecutiva, más aún considerando que Bolivia no nace a la vida republicana como un Estado liberal sino como la herencia de una formación feudal, que deviene en semifeudal, donde las instituciones estatales no detentan características democráticas. El poder de las clases dominantes (terratenientes, grandes empresarios y transnacionales imperialistas) siempre se impuso sobre las instituciones estatales como feudo, en particular en la administración judicial. De manera abierta o encubierta por hilos “invisibles” que tejió el poder de las clases dominantes, la justicia siempre estuvo al servicio de la administración de turno. Las características en el manejo de este poder no son las de un Estado moderno y más bien reflejan las relaciones semifeudales que son propias del Estado boliviano.
Las distintas “renovaciones” del viejo Estado a lo largo de la historia no han superado las viejas taras de la administración estatal porque, como lo dijo José Carlos Mariátegui, sobre una economía semifeudal no se pueden construir instituciones democráticas, y el Estado boliviano, a pesar de haber impuesto relaciones capitalistas, no ha podido acabar con la semifeudalidad; todo lo contrario, ésta pervive y se expresa en toda la administración estatal, en particular en el Poder Judicial.
La dependencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo es una realidad tangible que nadie puede negar. Este control necesario del viejo Estado pone de manifiesto uno de los mecanismos de la dictadura de clase sobre la población para mantener a raya a los sectores que se levantan contra el Estado. Las recientes acciones del gobierno de Evo han mostrado esto con claridad. Las acciones represivas del Ministerio de Gobierno siempre han sido seguidas por acciones judiciales. La persecución política a quienes considera opositores ha prosperado siempre, no así las “investigaciones” prometidas en el caso de la muerte de campesinos, por ejemplo en Yungas de Vandiola o Caranavi, a pesar de las promesas de sancionar a los responsables “caiga quien caiga”. El caso de Caranavi es muy ilustrativo, los muertos y heridos los puso la población; las organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo señalaron categóricamente la responsabilidad del Ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) y de los altos mandos policiales. Sin embargo la “justicia” y el gobierno del “proceso de cambio” persiguieron a los dirigentes de Caranavi así como a los abogados de las víctimas, mientras que el Ministro y los mandos policiales fueron librados de toda responsabilidad.
Pero no es necesario acudir a ejemplos tan elocuentes para conocer cómo la justicia (que es parte del Estado) ejerce la dictadura de clase sobre la población, basta con ver a cualquier persona involucrada en un proceso judicial. El poder judicial se convierte en una pesada y costosa carga que ni siquiera le garantiza, a quien tuvo la desgracia de caer en sus garras, algún sentido de justicia después de largos años de proceso. Mantener el enorme aparato estatal así como someterse a los intereses de la gestión de turno (que representa a los sectores dominantes en ese momento) es el peso que impone el Estado al pueblo en general. De ahí que el viejo dicho “la justicia es para quien tiene plata (y poder)” está tan vigente que nadie en su sano juicio lo puede negar.
El poder judicial subordinado al poder político, a su vez representante de la clase dominante, siempre ha sido una realidad. La única novedad ahora es que se ha llamado a la población a votar por unos candidatos previamente seleccionados por los parlamentarios del MAS. El afán gubernamental se puede ver en las declaraciones elocuentes de la Ministra Nemesia Achacollo, en el cierre de campaña en Santa Cruz, cuando dijo que hay que votar porque “aún no tenemos el control del poder judicial”. El pueblo puede pensar que si ahora se sufre el atropello abierto de la “justicia”, cómo será si el MAS controla todo el poder judicial.
Debido al escenario político, la población sabe que no va a ir a elegir autoridades judiciales. El proceso electoral se ha convertido en una especie de plebiscito para ver la aceptación o rechazo del gobierno, en particular por las acciones contra la marcha indígena. Participar del montaje electoral sólo servirá para legitimar las acciones nefastas del gobierno y satisfacer los apetitos de los buscapegas que se han colado al gobierno como candidatos prestos para servir las órdenes del régimen.
Sectores de la oposición reaccionaria han rechazado este proceso y los sectores populares auténticos, que no están cooptados por el régimen masista, también han iniciado una lucha abierta contra esta farsa ya sin el temor de ser acusados de ser de “derecha”. El reformismo y revisionismo oficialista, que cuenta con candidatos en este proceso, busca siempre confundir a la población con el desgastado argumento de “no hacer juego a la derecha”, como si defender al gobierno (y sus políticas brutales) fuera defender alguna causa revolucionaria. Poco a poco las propias acciones gubernamentales van mostrando a la población que el “proceso de cambio” no es más que la renovación del Estado reaccionario, que está acomodando a nuevos sectores dominantes y reproduce su dictadura contra el pueblo.
Bolivia, 12 de octubre de 2011

LA DEFENSA DEL TIPNIS DESENMASCARA EL VERDADERO CARÁCTER DEL GOBIERNO DEL M.A.S.

Nota de Análisis y Opinión:  El día 29 de septiembre la comunidad universitaria de la UPEA se movilizó en apoyo a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, reproducimos a continuación el comunicado de una organización estudiantil que llegó a nuestro correo y que fue publicado en: http://www.kaosenlared.net/noticia/defensa-tipnis-desenmascara-verdadero-caracter-gobierno-m.a.s

A la Comunidad Universitaria y población en general
LA DEFENSA DEL TIPNIS DESENMASCARA EL VERDADERO CARÁCTER DEL GOBIERNO DEL M.A.S.
La carretera que atravesará el corazón del TIPNIS está enmarcada dentro del proyecto neoliberal de iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que en el caso boliviano consta de seis ejes. El proyecto IIRSA que está impulsado por el imperialismo a través del BID, CAF, FONPLATA, BEI, etc., consiste en la construcción de carreteras bajo el pretexto de la integración regional pero en realidad lo que busca es la integración de mercados y facilitar el tránsito de mercancías de la costa del Pacífico al Atlántico y viceversa.
Esta carretera, que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, está financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES) y ejecutada por la empresa OAS que también es brasilera, significará una deuda para el país de 332 millones de dólares más los intereses del total de 400 millones que costará.

También están en juego los intereses de las transnacionales petroleras, como demuestra la existencia de un contrato petrolero Ley 3672 de 23 de abril de 2007 “AREA DE EXPLORACIÓN RÍO HONDO” firmado con PETROBRAS BOLIVIA 50% y TOTAL BOLIVIE 50%, por 30 años a partir de 2007. Esto abarca 1 millón de hectáreas en los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz y afecta principalmente al área del TIPNIS.

Los más beneficiados de ninguna manera serán las naciones oprimidas que habitan el TIPNIS ni tampoco el pueblo boliviano en su conjunto sino que principalmente favorecerá a la voracidad del capital financiero internacional, las transnacionales petroleras, metalúrgicas, agroindustriales, farmacéuticas, madereras, narcotraficantes, terratenientes, etc., que tendrán acceso a las materias primas de la región y facilitará su saqueo indiscriminado.

El gobierno de Evo Morales se empeña en construir la carretera a cualquier precio, incluso a costa de condenar a la extinción a las naciones Chimán, Yuracaré y Moxos; y   para imponerse recurre a los métodos propios de los gobiernos militares de acallar la protesta popular por la violencia y la intimidación, enfrentar pobres contra pobres, dividir y crear paralelismo en las organizaciones populares, y aplicar la política del criminalizar todo tipo de disidencia, esto desenmascara el discurso demagógico de defensa de la madre tierra y los pueblos indígenas pues en los hechos es un régimen neoliberal, fascista, totalmente servil y aliado de las transnacionales.

Convocamos a la Comunidad Universitaria y población en general a pronunciarse y apoyar la marcha indígena en defensa del TIPNIS y de nuestros recursos naturales, frente al saqueo del imperialismo, asimismo manifestar repudio a los oportunistas, politiqueros y ex masistas como Lino Villca, Félix Patzi, Samuel Doria Medina, Juan del Granado, Rubén Costas y otros que quieren aprovecharse de la lucha del pueblo para buscar protagonismo político personal.

DENUNCIAR QUE LA COR, FEJUVE Y LAS AUTORIDADES DE LA UPEA A LA CABEZA DEL RECTOR MASISTA -DE DUDOSA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD- GUARDAN UN SILENCIO COMPLICE DEL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES Y LA BRUTAL REPRESIÓN HACIA LA MARCHA INDÍGENA.

Llamamos a expulsar a los masistas y otros politiqueros de la FEJUVE, COR y la UPEA para que estas instituciones dejen de ser oficinas del gobierno y recuperen su independencia política e ideológica, solamente así vamos a poder luchar por mejores condiciones de vida.

Hay que RETOMAR LA AGENDA DE OCTUBRE y expropiar la gran propiedad terrateniente, expulsar a las transnacionales y construir con nuestras propias manos el CAMINO DEL PUEBLO o sea una alternativa verdaderamente revolucionaria que surja desde las entrañas del pueblo explotado para barrer al imperialismo, la semifeudalidad, el capitalismo burocrático, y marchar hacia la sociedad sin clases, libre de explotación del hombre por el hombre.

Hoy el sistema capitalista mundial está derrumbándose y LA TENDENCIA PRINCIPAL EN EL MUNDO ES LA REVOLUCION SOCIAL, a los pueblos oprimidos nos corresponde acabar con los explotadores y todos sus lacayos.

¡MUERA EL GOBIERNO HAMBREADOR, FASCISTA Y VENDEPATRIA DE EVO MORALES!

¡FUERA EL IMPERIALISMO Y SUS SIRVIENTES!

¡VOLVER A LA LUCHA CALLEJERA POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA EL PUEBLO EXPLOTADO!

¡VIVA LA MARCHA INDÍGENA EN DEFENSA DEL TIPNIS!

EVO PREPARA “CONTRAMARCHA” Y CIERRE DE CAMPAÑA ELECTORAL

La violenta represión contra la marcha indígena del TIPNIS generó un rechazo generalizado en todo el pueblo boliviano, lo que ha significado un descalabro político para el gobierno y ha puesto en peligro sus elecciones judiciales. Evo Morales ha llamado a sus bases para “defender el proceso de cambio” buscando contrarrestar su desprestigio y ocultar su responsabilidad en la criminal represión contra los marchistas.
Evo Morales convoca a poner en tensión las fuerzas para contener el desprestigio político después de ordenar la represión violenta contra la marcha de los indígenas del TIPNIS. Dirigentes sindicales adictos al MAS (colonizadores, CSUTCB oficialista, “Barzolinas”, mineros cooperativistas, entre otros) han anunciado una movilización para el 12 de octubre en defensa del autodenominado “proceso de cambio” con el claro objetivo de contrarrestar las simpatías que recoge la marcha de indígenas del TIPNIS, que viene por el norte de La Paz, y otra marcha de pueblos afiliados al CONAMAQ desde Oruro.
La crisis política es grande y ha puesto en riesgo las elecciones judiciales que impulsa el gobierno como una gran novedad. La renovación del Poder Judicial es un intento gubernamental para tener mayor control sobre jueces dentro de sus planes corporativos. Este proceso eleccionario ya ha sido cuestionado por los partidos tradicionales y por los ex socios del MAS, el Movimiento Sin Miedo; sin embargo muchos sectores populares también ven con claridad que el objetivo del gobierno es controlar la justicia y están en campaña contra el montaje electoral.
Las últimas acciones represivas de Evo Morales han conseguido que más organizaciones (incluso la Central Obrera Boliviana) rechacen la farsa electoral y han pedido voto castigo para los candidatos, inclusive organizaciones indígenas en Pando han anunciado que no van a participar de esas elecciones. Esto muestra que los sectores populares ya no se amedrentan cuando el gobierno dice que rechazar sus medidas es “apoyar a la derecha”. Este desgastado argumento ha sido una camisa de fuerza para muchas organizaciones populares a la hora de reclamar sus derechos, pues veían en el Presidente indígena a un hermano. Las acciones gubernamentales han abierto los ojos a estas organizaciones populares, y en particular a los indígenas de tierras bajas quienes han declarado que Evo Morales “ya no es su hermano”.
El gobierno anunció las elecciones para autoridades judiciales con gran pompa y alarde, transformación de la justicia, profundización de la democracia, aporte al mundo por ser la primera vez que la población elija autoridades del poder judicial. Pero la población común tiene una opinión que contrasta totalmente con la millonaria campaña oficialista: “Son candidatos del MAS”, “si la justicia está ahora así (en referencia a cómo el gobierno maneja hoy la justicia) con estas elecciones va a ser peor”, incluso organizaciones populares han llamado al “voto castigo en las elecciones de jueces del MAS”.
La elección sui géneris que cautiva a diversas organizaciones internacionales, manejadas por el revolucionarismo pequeñoburgués (revisionistas y reformistas), no cautiva a la población boliviana, todo lo contrario, genera rechazo, ve en esta medida un mayor manoseo del poder judicial, una supeditación total de éste a los intereses del gobierno, además de la impunidad y corrupción que es característica de este poder del Estado.
En este sentido, la “contramarcha” es un cierre de campaña (como lo han confesado los diputados masistas), está orientada a salvar la imagen gubernamental y ocultar la responsabilidad política (del propio Evo Morales) en la denigrante y represiva intervención policial del 25 de septiembre, donde hombres, ancianos, mujeres y niños fueron perseguidos con gases lacrimógenos, golpeados, maniatados y amordazados con cinta scotch. En síntesis torturados, incluidos los niños que fueron golpeados por los policías y separados de sus madres; muchos lactantes y mujeres embarazadas se asfixiaron por gases lacrimógenos y obligados a internarse al monte.
Bolivia, 7 de octubre de 2011

EL GOBIERNO SE LAVA LAS MANOS SOBRE LA ORDEN DE REPRIMIR LA MARCHA



Intervención en Yucumo. Foto Boletin de Patria Insurgente



Evo Morales anunció, hace más de una semana, la conformación de una comisión investigadora para dar con los responsables directos de la represión policial a los indígenas, sin embargo nadie quiere integrar ese equipo y menos cuando se sabe que el gobierno pretende utilizarlo para salvar la responsabilidad del Presidente.
Hasta el momento ni siquiera se entrega información acerca de quién dio la orden para reprimir la marcha. Al principio Sacha Llorenti y el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, dijeron que la intervención fue producto de “un requerimiento fiscal” (algo que ningún fiscal respalda); luego Sacha echó la culpa al viceministro Marcos Farfán, cosa que éste desmintió al renunciar a su cargo. Otro viceministro, César Navarro, soltó una versión más comprometedora: “hemos tomado la decisión como gobierno”. Sin embargo todos coincidieron, incluido Evo Morales, en que nadie (presidente y ministros) ordenó la intervención. Por si fuera poco el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, dijo que la Ministra de Defensa renunció, posteriormente a la intervención, a pesar de que “ella sabía lo que iba a pasar en Yucumo”. Por último un requerimiento de la Ministra de Justicia para intervenir la marcha está firmado también por los apoderados de Sacha Llorenti, Denis Efraín Rodas Limachi y Fernando Rivera Tardío. Esto muestra el nivel de planificación del gobierno que pretendía inicialmente descargar su responsabilidad en actuaciones de la Fiscalía.
Todo el nivel político ha cargado armas contra el nivel operativo, contra los policías. Y el propio Evo afirma que hay policías malos que “no lo quieren” y actúan para desprestigiarlo, eso sin contar que la Policía ha mostrado férrea lealtad en acciones anteriores contra sectores populares que han culminado con muertes.
Pero la intervención fue un operativo bien planeado, con varios días de anticipación, con envío de camiones para transportar tropa, con buses para trasladar a los marchistas y con  la intención de detener a 40 dirigentes sin destino conocido. Y lo más sorprendente de todo, con gestiones del gobierno ante la Embajada yanqui de EEUU para usar el avión Hércules (de la NAS-DEA) a fin de llevarse a los dirigentes indígenas. Cuando se trata de reprimir al pueblo y a sectores contestatarios se puede prescindir de la falsa postura antiimperialista.
Algunos miembros de la tropa policial han revelado que la orden vino del Ministro de Gobierno con consentimiento del propio Evo. Otro funcionario que coordinó el operativo, Boris Villegas (Director de Régimen Interior), revela que la represión tuvo aprobación política. Villegas, de mentalidad policial, compartía con Llorenti una visión fascista de defensa del Estado y perseguía (persigue) a los sospechosos “opositores al régimen” (triste papel de algunos otrora guevaristas en el “proceso de cambio”). Villegas estuvo en la coordinación del todo el operativo, según imágenes periodísticas, algunos policías dijeron que él dio la cinta adhesiva para amordazar a los indígenas, es imposible que no hubiera informado Llorenti y al propio mandatario sobre lo que ocurría en el terreno.
Otro hecho que revela la premeditación del gobierno es haber evitado la presencia de la prensa. Los documentos oficiales, que algunos policías dejaron caer durante el operativo, muestran que sacar a los periodistas de la zona era parte del operativo. El gobierno tuvo su pretexto el día anterior (24 de septiembre), cuando los indígenas obligaron al Canciller David Choquehuanca a marchar con ellos para atravesar el bloqueo de caminos que los policías y dirigentes colonizadores del MAS habían instalado. El gobierno llamó a esto secuestro y se preparó para intervenir.
Todos estos elementos muestran que el Estado actuó con premeditación y alevosía. Esto no puede ser parte sólo de una acción del personal operativo, es una bien planificada decisión política. Una decisión de esta naturaleza dependía exclusivamente del conocimiento y la aprobación del propio Presidente.
Cuando un funcionario del viejo Estado ejerce la violencia (que detenta legalmente), jamás ordena expresamente torturar a los manifestantes, separar familias o lanzarles gas en los ojos, sin embargo eso sucede desde las más brutales intervenciones hasta las menos violentas. En realidad el viejo Estado ejerce su dictadura de clase sin necesidad de leyes explícitas u órdenes explícitas, los aparatos represivos están entrenados para la tortura y humillación al pueblo.
Lo vergonzante en este caso es que las actuales autoridades de gobierno no están dispuestas siquiera a asumir la responsabilidad política de sus actos, por ello han descargado la responsabilidad en los ejecutores directos de la brutal represión. Esta actitud de Pilatos ha generado contradicciones entre el gobierno y su instrumento represor, y el desprecio de la población que comprueba la presencia de la vieja dinámica política de los gobiernos anteriores.
Bolivia 7 de octubre de 2011