En medio del descrédito político, el viejo Estado, gestionado por Evo Morales, se apresta a renovar el poder judicial para afinar su dictadura de clase contra el pueblo. La promesa gubernamental de crear una “nueva justicia” oculta las pretensiones de mayor control corporativo del aparato judicial.
Con verdaderos cierres de campaña, el gobierno moviliza a sectores populares acólitos a su política. La contramarcha masista, de militantes del MAS y sindicatos controlados por el gobierno bien “preparados” logísticamente, es la acción para contrarrestar el desconocimiento y la desaprobación de la población sobre las elecciones judiciales que se realizarán el domingo 16 de octubre. La manifestación “consciente”, como han afirmado diputados masistas, tiene como entretelones las órdenes escritas en el aparato estatal para que los funcionarios participen obligatoriamente en la marcha “llevando a dos acompañantes”, según filtraron burócratas descontentos a la prensa, así como denuncias de descuentos de hasta 500 bolivianos como “aporte voluntario” para la campaña electoral.
A pesar de que el gobierno de Evo tiene el control total del Tribunal Supremo Electoral no ha podido evitar el descrédito del proceso electoral que se ve perjudicado por las acciones contra la marcha indígena, en particular la brutal represión del 25 de septiembre.
La elección de los miembros del Poder Judicial fue presentado como algo novedoso, único e histórico en Bolivia y el mundo, una profundización de la democracia y un aporte del “proceso de cambio” en la construcción del nuevo Estado Plurinacional. Esto despertó las expectativas de organizaciones y analistas que simpatizaban con el gobierno de Evo dentro y fuera del país. Sin embargo, a medida que este proyecto iba cobrando forma, fue dejando de lado su pretendido carácter democrático por las verdaderas intenciones del MAS de tener mayor control de los funcionarios del poder judicial.
Controlar el aparato judicial no es pretensión exclusiva de este gobierno. Desde la formación del Estado republicano (basado teóricamente en la independencia de poderes) el poder se ha concentrado en la función ejecutiva, más aún considerando que Bolivia no nace a la vida republicana como un Estado liberal sino como la herencia de una formación feudal, que deviene en semifeudal, donde las instituciones estatales no detentan características democráticas. El poder de las clases dominantes (terratenientes, grandes empresarios y transnacionales imperialistas) siempre se impuso sobre las instituciones estatales como feudo, en particular en la administración judicial. De manera abierta o encubierta por hilos “invisibles” que tejió el poder de las clases dominantes, la justicia siempre estuvo al servicio de la administración de turno. Las características en el manejo de este poder no son las de un Estado moderno y más bien reflejan las relaciones semifeudales que son propias del Estado boliviano.
Las distintas “renovaciones” del viejo Estado a lo largo de la historia no han superado las viejas taras de la administración estatal porque, como lo dijo José Carlos Mariátegui, sobre una economía semifeudal no se pueden construir instituciones democráticas, y el Estado boliviano, a pesar de haber impuesto relaciones capitalistas, no ha podido acabar con la semifeudalidad; todo lo contrario, ésta pervive y se expresa en toda la administración estatal, en particular en el Poder Judicial.
La dependencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo es una realidad tangible que nadie puede negar. Este control necesario del viejo Estado pone de manifiesto uno de los mecanismos de la dictadura de clase sobre la población para mantener a raya a los sectores que se levantan contra el Estado. Las recientes acciones del gobierno de Evo han mostrado esto con claridad. Las acciones represivas del Ministerio de Gobierno siempre han sido seguidas por acciones judiciales. La persecución política a quienes considera opositores ha prosperado siempre, no así las “investigaciones” prometidas en el caso de la muerte de campesinos, por ejemplo en Yungas de Vandiola o Caranavi, a pesar de las promesas de sancionar a los responsables “caiga quien caiga”. El caso de Caranavi es muy ilustrativo, los muertos y heridos los puso la población; las organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo señalaron categóricamente la responsabilidad del Ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) y de los altos mandos policiales. Sin embargo la “justicia” y el gobierno del “proceso de cambio” persiguieron a los dirigentes de Caranavi así como a los abogados de las víctimas, mientras que el Ministro y los mandos policiales fueron librados de toda responsabilidad.
Pero no es necesario acudir a ejemplos tan elocuentes para conocer cómo la justicia (que es parte del Estado) ejerce la dictadura de clase sobre la población, basta con ver a cualquier persona involucrada en un proceso judicial. El poder judicial se convierte en una pesada y costosa carga que ni siquiera le garantiza, a quien tuvo la desgracia de caer en sus garras, algún sentido de justicia después de largos años de proceso. Mantener el enorme aparato estatal así como someterse a los intereses de la gestión de turno (que representa a los sectores dominantes en ese momento) es el peso que impone el Estado al pueblo en general. De ahí que el viejo dicho “la justicia es para quien tiene plata (y poder)” está tan vigente que nadie en su sano juicio lo puede negar.
El poder judicial subordinado al poder político, a su vez representante de la clase dominante, siempre ha sido una realidad. La única novedad ahora es que se ha llamado a la población a votar por unos candidatos previamente seleccionados por los parlamentarios del MAS. El afán gubernamental se puede ver en las declaraciones elocuentes de la Ministra Nemesia Achacollo, en el cierre de campaña en Santa Cruz, cuando dijo que hay que votar porque “aún no tenemos el control del poder judicial”. El pueblo puede pensar que si ahora se sufre el atropello abierto de la “justicia”, cómo será si el MAS controla todo el poder judicial.
Debido al escenario político, la población sabe que no va a ir a elegir autoridades judiciales. El proceso electoral se ha convertido en una especie de plebiscito para ver la aceptación o rechazo del gobierno, en particular por las acciones contra la marcha indígena. Participar del montaje electoral sólo servirá para legitimar las acciones nefastas del gobierno y satisfacer los apetitos de los buscapegas que se han colado al gobierno como candidatos prestos para servir las órdenes del régimen.
Sectores de la oposición reaccionaria han rechazado este proceso y los sectores populares auténticos, que no están cooptados por el régimen masista, también han iniciado una lucha abierta contra esta farsa ya sin el temor de ser acusados de ser de “derecha”. El reformismo y revisionismo oficialista, que cuenta con candidatos en este proceso, busca siempre confundir a la población con el desgastado argumento de “no hacer juego a la derecha”, como si defender al gobierno (y sus políticas brutales) fuera defender alguna causa revolucionaria. Poco a poco las propias acciones gubernamentales van mostrando a la población que el “proceso de cambio” no es más que la renovación del Estado reaccionario, que está acomodando a nuevos sectores dominantes y reproduce su dictadura contra el pueblo.
Bolivia, 12 de octubre de 2011
Análisis y Opinión 