Represión en Chaparina y las alianzas reaccionarias de Evo Morales

Chaparina es el caso que desnuda al Estado por la impunidad y criminalidad con la que actúa, la represión ordenada por Evo y ejecutada por su ministro fascista Sacha Llorenty

Análisis y Opinión

11/10/13

 

Ha pasado más de dos años de la brutal represión a los indígenas en Chaparina que ordenó el gobierno de Evo Morales cuando éstos protagonizaban una marcha contra las pretensiones del gobierno de construir una carretera por medio de su territorio; a pesar de que el vicepresidente Álvaro García dijo que sabían quién dio la orden para la represión y el gobierno en su conjunto prometió justicia contra este hecho criminal, a la fecha no se ve un atisbo de avance del proceso y al contrario hay una permanente obstaculización del mismo por parte de los fiscales encargados del caso. Un sólo jefe policial fue cautelado con mucha suavidad y un par de autoridades políticas fueron sindicadas pero nunca cauteladas. La mayoría de los jefes policiales que dirigieron el operativo represivo fueron premiados con la Comandancia de la Policía y el entonces ministro de gobierno, el fascistoide Sacha Llorenti, recibió del gobierno el cargo de embajador de Bolivia ante NNUU, una buena recompensa por sus servicios en contra de los indígenas del TIPNIS.

La justicia prometida no ha llegado a los indígenas, todo lo contrario, los dirigentes que fueron brutalmente golpeados por la tropa policial dirigida por el ex ministro Sacha, hoy sufren la persecución judicial y han permanecido restringidos de su libertad por más de 80 días por una amenaza de detención de la fiscalía que finalmente no se concretó. Así de aberrante es la política y la justicia en el “Estado Plurinacional” de Evo Morales. Sigue leyendo

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Compromisos con las clases dominantes y contradicciones con el pueblo

El gobierno ha encubierto este crimen y ha premiado a los principales responsables

Por: Análisis y Opinión

01/10/12

La brutal represión en Chaparina sin ningún responsable

Ha pasado más de un año desde la brutal intervención a la VIII Marcha indígena en defensa del TIPNIS y hasta la fecha no existe ningún responsable de estos hechos, más aún, vemos a todas luces un permanente afán de los fiscales (muy funcionales al gobierno de Evo) por librar de culpas a los principales responsables y dejar el caso en el olvido. Sigue leyendo

La respuesta con gases y presión de agua a mujeres y niños de la IX Marcha Indígena

El gobierno reprimió violentamente la vigilia indígena no importándole que haya ancianos, mujeres y niños

Análisis y Opinión

Julio de 2012

Este 5 de julio una protesta convocada por el colectivo Mujeres Creando para reivindicar el papel y la imagen de la Presidenta de la IX Marcha Indígena, Bertha Bejarano, fue reprimida y a la vez aprovechada por el gobierno para arremeter contra la pacífica vigilia de hombres, mujeres y niños indígenas que estaba cerca de la manifestación.

La protesta de las mujeres cerca de la Plaza Murillo produjo un forcejeo con los policías,  que respondieron echando gas pimienta y luego agua a presión con su carro rompe manifestaciones. La respuesta de la Policía cayó sobre la vigilia de los indígenas, a pocos pasos, destrozando sus carpas, ropas, comida y, lo más grave, afectando a los niños (incluso lactantes) que se encontraban ahí. La Policía incluso lanzó tres granadas de gas directamente al campamento de la vigilia donde se encontraban los menores. Sigue leyendo

CAPITAL IMPERIALISTA DE TRANSGÉNICOS SE LLEVA VARIEDADES DE QUINUA NATIVA

La transnacional Syngenta, entidad líder de los transgénicos a nivel mundial y de los agronegocios, ha comenzado a pagar a pequeños campesinos por variedades nativas de quinua, supuestamente para aportar a la conservación in situ de la exportable Quinua Real. El hecho es que no se sabe qué están haciendo los biopiratas de Syngenta con la quinua nativa que han comenzado a recolectar con ayuda de técnicos bolivianos que se hacen pasar por científicos.

En el juego del lenguaje que las organizaciones no gubernamentales inventan para acomodar la penetración de intereses imperialistas a nuestros países, la figura de saqueo genético de la quinua nativa se llama “Pagos por Servicios de Conservación de la Agrobiodiversidad (PACS)”. Y en el juego político la Syngenta entra como una “Fundación” impulsora de la “investigación científica”.

Así se presentaron las cosas en un taller el 12 de abril pasado en el que participaron autoridades del gobierno, ex autoridades y técnicos consultores. Nadie ha informado desde entonces qué sucede con este proceso en el que Syngenta paga a los campesinos para que produzcan determinadas variedades de quinua nativa. Sigue leyendo

EL PUEBLO EXPRESA SU SOLIDARIDAD POLÍTICA CON LA MARCHA INDÍGENA

Foto: La Prensa
La movilización de los indígenas de tierras bajas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) arribó a la ciudad de La Paz en medio de un inmenso recibimiento de la población paceña y nacional. Miles de ciudadanos hicieron verdaderos cordones humanos por donde pasó la marcha y aplaudieron y dieron muestras de apoyo emotivos. Niños escolares, jóvenes colegiales, universitarios de La Paz y el resto del país, profesionales, en particular médicos, vendedoras de mercados, obreros, gremiales, colectivos sociales y culturales, sindicatos populares y gente de a pie fueron los protagonistas de este caluroso recibimiento a la VIII marcha indígena. Análisis y Opinión se suma a esta solidaridad política que ha dado el pueblo.
Esta manifestación de la población que tomó partido por la acción de los indígenas no puede ser vista al margen de los hechos políticos que la preceden. Reiteradas acusaciones mentirosas que el gobierno lanzó contra los marchistas, millonaria campaña publicitaria gubernamental para desprestigiarlos, utilización de “disidentes” de la marcha en una política de división de los sectores populares, incitación a enfrentar pueblo contra pueblo utilizando dirigentes colonizadores adictos al MAS y una brutal intervención ordenada por el gobierno el 25 de septiembre a los indígenas en la localidad de Yucumo, ha sido la política del gobierno en este tema y la población la ha rechazado de manera contundente. Evo Morales, que hipócritamente dice representar a los indígenas, desconoce los derechos de estos pueblos cuando se trata de defender los grandes intereses imperialistas como el proyecto de la carretera del TIPNIS.
El recibimiento de la marcha y las pasadas elecciones judiciales han marcado un punto serio de inflexión en el apoyo popular que tenía el mandatario boliviano. A diferencia de las visiones conspirativas del gobierno y los eternos revisionistas y reformistas sobre la “acción de la derecha” (como si el gobierno del MAS podría considerarse de izquierda o revolucionario), las acciones que precipitaron este momento catastrófico para el MAS fueron cometidas por el propio gobierno.
Un elemento, que muestra su sentido general, son los compromisos estructurales del Estado boliviano con los capitales imperialistas en la construcción de la carretera, lo que ha llevado al gobierno a jugarse el respaldo político y empeñarse a fondo para construir dicho camino “pese a quien le pese”. Este marco de condiciones internacionales muestra el sometimiento del gobierno al imperialismo y desnuda la demagogia antiimperialista. El otro elemento tiene que ver con su forma de gobernar. Si dejamos de lado la demagogia oficialista como el “gobernar obedeciendo al pueblo”, las adulaciones de los sindicatos adictos (CSUTCB, “Barzolinas”, cooperativistas, entre otros) y los corifeos revisionistas y reformistas (PCB, PCMLM, sectores de guevaristas y otros trotskistas) o las adulaciones de los pocos pachamámicos del gobierno que legitiman la idea del “presidente indígena”, encontramos simplemente el estilo caudillista y despótico que el mandatario practica dentro y fuera de sus filas. Este estilo sin duda tiene mucho que ver en la orden de “intervención brutal y ejemplar” que hizo la policía a los marchistas indígenas que causó el rechazo general del pueblo boliviano.
A despecho de los conspirativistas, los protagonistas del recibimiento a los indígenas ha sido mucha gente humilde y trabajadora que votó por Evo Morales y que siente frustración al sentirse traicionada por él.
Ante el recibimiento popular a los marchistas al gobierno no le quedó más remedio que retirar su dispositivo policial represivo del centro de la ciudad (un carro Neptuno para disolver marchas) y permitir el ingreso de la marcha a la plaza Murillo, lugar que normalmente está vetado para las manifestaciones que no son del MAS. Sin embargo el aparato policial, por instrucción del gobierno, tiene cercado a un grupo de indígenas marchistas que instalaron una vigilia por la noche frente a Palacio de Gobierno, dificultando la solidaridad del pueblo que busca proveerles de ropa y comida.
Foto: La Prensa
La marcha de los pueblos del TIPNIS revela que las energías democráticas siguen vivas en lo más profundo del país, pero más importante aún, siguen luchando por alcanzar una liberación plena (no estamos hablando en un sentido liberal burgués). Este conflicto expresa los contradictorios intereses entre los pueblos y el Estado, los intereses sobre la autodeterminación de los pueblos (aunque las limitaciones de la dirigencia indígena no den un perfil claro en esto) y los intereses del imperialismo en el proyecto carretero. Se trata de contradicciones antagónicas y no de “tensiones creativas” de ningún tipo.
Esto es tan cierto incluso considerando que los objetivos de esta marcha están enmarcados dentro de los límites del viejo Estado (hoy llamado Plurinacional) y en el marco de la Constitución Política del Estado, se trata de una reivindicación política que exige al Estado trastocar los sacrosantos intereses que tiene con las estructuras mayores, por eso el vicepresidente ha dicho en algún momento (entre insulto e insulto) que los marchistas tienen una reivindicación política de orden estructural, por lo tanto inatendible. Lo que sucede es que cuando se interpela al Estado en la aplicación a fondo y consecuente de sus propias leyes, inmediatamente salen a flote las limitaciones de estas leyes, porque en realidad todo el cuerpo legal es expresión de las necesidades de las clases dominantes. La exigencia a fondo de la aplicación de las leyes (como puede ser este caso) cuestiona el carácter de “sistema democrático” (así definen los pensadores liberales al Estado en el que vivimos), y pone de relevancia el monopolio del manejo político y policial (militar) que ejerce el gobierno, es decir, devela su carácter dictatorial que es el sustento del sistema.
Los marchistas están en La Paz y recién comienza la lucha por su pliego, la solidaridad política de la población manifestada en el cariño y apoyo logístico a sus condiciones humanas deben ahora manifestarse en la lucha militante por conseguir sus demandas frente al Estado.
Bolivia, 20 de octubre de 2011

LA DEFENSA DEL TIPNIS DESENMASCARA EL VERDADERO CARÁCTER DEL GOBIERNO DEL M.A.S.

Nota de Análisis y Opinión:  El día 29 de septiembre la comunidad universitaria de la UPEA se movilizó en apoyo a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, reproducimos a continuación el comunicado de una organización estudiantil que llegó a nuestro correo y que fue publicado en: http://www.kaosenlared.net/noticia/defensa-tipnis-desenmascara-verdadero-caracter-gobierno-m.a.s

A la Comunidad Universitaria y población en general
LA DEFENSA DEL TIPNIS DESENMASCARA EL VERDADERO CARÁCTER DEL GOBIERNO DEL M.A.S.
La carretera que atravesará el corazón del TIPNIS está enmarcada dentro del proyecto neoliberal de iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que en el caso boliviano consta de seis ejes. El proyecto IIRSA que está impulsado por el imperialismo a través del BID, CAF, FONPLATA, BEI, etc., consiste en la construcción de carreteras bajo el pretexto de la integración regional pero en realidad lo que busca es la integración de mercados y facilitar el tránsito de mercancías de la costa del Pacífico al Atlántico y viceversa.
Esta carretera, que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, está financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES) y ejecutada por la empresa OAS que también es brasilera, significará una deuda para el país de 332 millones de dólares más los intereses del total de 400 millones que costará.

También están en juego los intereses de las transnacionales petroleras, como demuestra la existencia de un contrato petrolero Ley 3672 de 23 de abril de 2007 “AREA DE EXPLORACIÓN RÍO HONDO” firmado con PETROBRAS BOLIVIA 50% y TOTAL BOLIVIE 50%, por 30 años a partir de 2007. Esto abarca 1 millón de hectáreas en los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz y afecta principalmente al área del TIPNIS.

Los más beneficiados de ninguna manera serán las naciones oprimidas que habitan el TIPNIS ni tampoco el pueblo boliviano en su conjunto sino que principalmente favorecerá a la voracidad del capital financiero internacional, las transnacionales petroleras, metalúrgicas, agroindustriales, farmacéuticas, madereras, narcotraficantes, terratenientes, etc., que tendrán acceso a las materias primas de la región y facilitará su saqueo indiscriminado.

El gobierno de Evo Morales se empeña en construir la carretera a cualquier precio, incluso a costa de condenar a la extinción a las naciones Chimán, Yuracaré y Moxos; y   para imponerse recurre a los métodos propios de los gobiernos militares de acallar la protesta popular por la violencia y la intimidación, enfrentar pobres contra pobres, dividir y crear paralelismo en las organizaciones populares, y aplicar la política del criminalizar todo tipo de disidencia, esto desenmascara el discurso demagógico de defensa de la madre tierra y los pueblos indígenas pues en los hechos es un régimen neoliberal, fascista, totalmente servil y aliado de las transnacionales.

Convocamos a la Comunidad Universitaria y población en general a pronunciarse y apoyar la marcha indígena en defensa del TIPNIS y de nuestros recursos naturales, frente al saqueo del imperialismo, asimismo manifestar repudio a los oportunistas, politiqueros y ex masistas como Lino Villca, Félix Patzi, Samuel Doria Medina, Juan del Granado, Rubén Costas y otros que quieren aprovecharse de la lucha del pueblo para buscar protagonismo político personal.

DENUNCIAR QUE LA COR, FEJUVE Y LAS AUTORIDADES DE LA UPEA A LA CABEZA DEL RECTOR MASISTA -DE DUDOSA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD- GUARDAN UN SILENCIO COMPLICE DEL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES Y LA BRUTAL REPRESIÓN HACIA LA MARCHA INDÍGENA.

Llamamos a expulsar a los masistas y otros politiqueros de la FEJUVE, COR y la UPEA para que estas instituciones dejen de ser oficinas del gobierno y recuperen su independencia política e ideológica, solamente así vamos a poder luchar por mejores condiciones de vida.

Hay que RETOMAR LA AGENDA DE OCTUBRE y expropiar la gran propiedad terrateniente, expulsar a las transnacionales y construir con nuestras propias manos el CAMINO DEL PUEBLO o sea una alternativa verdaderamente revolucionaria que surja desde las entrañas del pueblo explotado para barrer al imperialismo, la semifeudalidad, el capitalismo burocrático, y marchar hacia la sociedad sin clases, libre de explotación del hombre por el hombre.

Hoy el sistema capitalista mundial está derrumbándose y LA TENDENCIA PRINCIPAL EN EL MUNDO ES LA REVOLUCION SOCIAL, a los pueblos oprimidos nos corresponde acabar con los explotadores y todos sus lacayos.

¡MUERA EL GOBIERNO HAMBREADOR, FASCISTA Y VENDEPATRIA DE EVO MORALES!

¡FUERA EL IMPERIALISMO Y SUS SIRVIENTES!

¡VOLVER A LA LUCHA CALLEJERA POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA EL PUEBLO EXPLOTADO!

¡VIVA LA MARCHA INDÍGENA EN DEFENSA DEL TIPNIS!

EVO PREPARA “CONTRAMARCHA” Y CIERRE DE CAMPAÑA ELECTORAL

La violenta represión contra la marcha indígena del TIPNIS generó un rechazo generalizado en todo el pueblo boliviano, lo que ha significado un descalabro político para el gobierno y ha puesto en peligro sus elecciones judiciales. Evo Morales ha llamado a sus bases para “defender el proceso de cambio” buscando contrarrestar su desprestigio y ocultar su responsabilidad en la criminal represión contra los marchistas.
Evo Morales convoca a poner en tensión las fuerzas para contener el desprestigio político después de ordenar la represión violenta contra la marcha de los indígenas del TIPNIS. Dirigentes sindicales adictos al MAS (colonizadores, CSUTCB oficialista, “Barzolinas”, mineros cooperativistas, entre otros) han anunciado una movilización para el 12 de octubre en defensa del autodenominado “proceso de cambio” con el claro objetivo de contrarrestar las simpatías que recoge la marcha de indígenas del TIPNIS, que viene por el norte de La Paz, y otra marcha de pueblos afiliados al CONAMAQ desde Oruro.
La crisis política es grande y ha puesto en riesgo las elecciones judiciales que impulsa el gobierno como una gran novedad. La renovación del Poder Judicial es un intento gubernamental para tener mayor control sobre jueces dentro de sus planes corporativos. Este proceso eleccionario ya ha sido cuestionado por los partidos tradicionales y por los ex socios del MAS, el Movimiento Sin Miedo; sin embargo muchos sectores populares también ven con claridad que el objetivo del gobierno es controlar la justicia y están en campaña contra el montaje electoral.
Las últimas acciones represivas de Evo Morales han conseguido que más organizaciones (incluso la Central Obrera Boliviana) rechacen la farsa electoral y han pedido voto castigo para los candidatos, inclusive organizaciones indígenas en Pando han anunciado que no van a participar de esas elecciones. Esto muestra que los sectores populares ya no se amedrentan cuando el gobierno dice que rechazar sus medidas es “apoyar a la derecha”. Este desgastado argumento ha sido una camisa de fuerza para muchas organizaciones populares a la hora de reclamar sus derechos, pues veían en el Presidente indígena a un hermano. Las acciones gubernamentales han abierto los ojos a estas organizaciones populares, y en particular a los indígenas de tierras bajas quienes han declarado que Evo Morales “ya no es su hermano”.
El gobierno anunció las elecciones para autoridades judiciales con gran pompa y alarde, transformación de la justicia, profundización de la democracia, aporte al mundo por ser la primera vez que la población elija autoridades del poder judicial. Pero la población común tiene una opinión que contrasta totalmente con la millonaria campaña oficialista: “Son candidatos del MAS”, “si la justicia está ahora así (en referencia a cómo el gobierno maneja hoy la justicia) con estas elecciones va a ser peor”, incluso organizaciones populares han llamado al “voto castigo en las elecciones de jueces del MAS”.
La elección sui géneris que cautiva a diversas organizaciones internacionales, manejadas por el revolucionarismo pequeñoburgués (revisionistas y reformistas), no cautiva a la población boliviana, todo lo contrario, genera rechazo, ve en esta medida un mayor manoseo del poder judicial, una supeditación total de éste a los intereses del gobierno, además de la impunidad y corrupción que es característica de este poder del Estado.
En este sentido, la “contramarcha” es un cierre de campaña (como lo han confesado los diputados masistas), está orientada a salvar la imagen gubernamental y ocultar la responsabilidad política (del propio Evo Morales) en la denigrante y represiva intervención policial del 25 de septiembre, donde hombres, ancianos, mujeres y niños fueron perseguidos con gases lacrimógenos, golpeados, maniatados y amordazados con cinta scotch. En síntesis torturados, incluidos los niños que fueron golpeados por los policías y separados de sus madres; muchos lactantes y mujeres embarazadas se asfixiaron por gases lacrimógenos y obligados a internarse al monte.
Bolivia, 7 de octubre de 2011

EL GOBIERNO SE LAVA LAS MANOS SOBRE LA ORDEN DE REPRIMIR LA MARCHA



Intervención en Yucumo. Foto Boletin de Patria Insurgente



Evo Morales anunció, hace más de una semana, la conformación de una comisión investigadora para dar con los responsables directos de la represión policial a los indígenas, sin embargo nadie quiere integrar ese equipo y menos cuando se sabe que el gobierno pretende utilizarlo para salvar la responsabilidad del Presidente.
Hasta el momento ni siquiera se entrega información acerca de quién dio la orden para reprimir la marcha. Al principio Sacha Llorenti y el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, dijeron que la intervención fue producto de “un requerimiento fiscal” (algo que ningún fiscal respalda); luego Sacha echó la culpa al viceministro Marcos Farfán, cosa que éste desmintió al renunciar a su cargo. Otro viceministro, César Navarro, soltó una versión más comprometedora: “hemos tomado la decisión como gobierno”. Sin embargo todos coincidieron, incluido Evo Morales, en que nadie (presidente y ministros) ordenó la intervención. Por si fuera poco el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, dijo que la Ministra de Defensa renunció, posteriormente a la intervención, a pesar de que “ella sabía lo que iba a pasar en Yucumo”. Por último un requerimiento de la Ministra de Justicia para intervenir la marcha está firmado también por los apoderados de Sacha Llorenti, Denis Efraín Rodas Limachi y Fernando Rivera Tardío. Esto muestra el nivel de planificación del gobierno que pretendía inicialmente descargar su responsabilidad en actuaciones de la Fiscalía.
Todo el nivel político ha cargado armas contra el nivel operativo, contra los policías. Y el propio Evo afirma que hay policías malos que “no lo quieren” y actúan para desprestigiarlo, eso sin contar que la Policía ha mostrado férrea lealtad en acciones anteriores contra sectores populares que han culminado con muertes.
Pero la intervención fue un operativo bien planeado, con varios días de anticipación, con envío de camiones para transportar tropa, con buses para trasladar a los marchistas y con  la intención de detener a 40 dirigentes sin destino conocido. Y lo más sorprendente de todo, con gestiones del gobierno ante la Embajada yanqui de EEUU para usar el avión Hércules (de la NAS-DEA) a fin de llevarse a los dirigentes indígenas. Cuando se trata de reprimir al pueblo y a sectores contestatarios se puede prescindir de la falsa postura antiimperialista.
Algunos miembros de la tropa policial han revelado que la orden vino del Ministro de Gobierno con consentimiento del propio Evo. Otro funcionario que coordinó el operativo, Boris Villegas (Director de Régimen Interior), revela que la represión tuvo aprobación política. Villegas, de mentalidad policial, compartía con Llorenti una visión fascista de defensa del Estado y perseguía (persigue) a los sospechosos “opositores al régimen” (triste papel de algunos otrora guevaristas en el “proceso de cambio”). Villegas estuvo en la coordinación del todo el operativo, según imágenes periodísticas, algunos policías dijeron que él dio la cinta adhesiva para amordazar a los indígenas, es imposible que no hubiera informado Llorenti y al propio mandatario sobre lo que ocurría en el terreno.
Otro hecho que revela la premeditación del gobierno es haber evitado la presencia de la prensa. Los documentos oficiales, que algunos policías dejaron caer durante el operativo, muestran que sacar a los periodistas de la zona era parte del operativo. El gobierno tuvo su pretexto el día anterior (24 de septiembre), cuando los indígenas obligaron al Canciller David Choquehuanca a marchar con ellos para atravesar el bloqueo de caminos que los policías y dirigentes colonizadores del MAS habían instalado. El gobierno llamó a esto secuestro y se preparó para intervenir.
Todos estos elementos muestran que el Estado actuó con premeditación y alevosía. Esto no puede ser parte sólo de una acción del personal operativo, es una bien planificada decisión política. Una decisión de esta naturaleza dependía exclusivamente del conocimiento y la aprobación del propio Presidente.
Cuando un funcionario del viejo Estado ejerce la violencia (que detenta legalmente), jamás ordena expresamente torturar a los manifestantes, separar familias o lanzarles gas en los ojos, sin embargo eso sucede desde las más brutales intervenciones hasta las menos violentas. En realidad el viejo Estado ejerce su dictadura de clase sin necesidad de leyes explícitas u órdenes explícitas, los aparatos represivos están entrenados para la tortura y humillación al pueblo.
Lo vergonzante en este caso es que las actuales autoridades de gobierno no están dispuestas siquiera a asumir la responsabilidad política de sus actos, por ello han descargado la responsabilidad en los ejecutores directos de la brutal represión. Esta actitud de Pilatos ha generado contradicciones entre el gobierno y su instrumento represor, y el desprecio de la población que comprueba la presencia de la vieja dinámica política de los gobiernos anteriores.
Bolivia 7 de octubre de 2011

PROPAGANDA, RENUNCIAS Y DISCULPAS TRATAN DE LIMPIAR LA IMAGEN DE “EVO MORALES”

Tras la represión brutal de Indígenas que exigen el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el detenimiento de la construcción de la carretera que atravesaría el corazón del TIPNIS  relacionada con el megaproyecto IIRSA, impulsada por el imperialismo, se da una seguidilla de renuncias en el gobierno como un intento desesperado de desligar a Evo Morales de cualquier responsabilidad, tal situación refleja una crisis en el actual “Proceso de Cambio” y la agudización de las contradicciones sociales y económicas en el país.

A pesar de que según Evo Morales “el campesino y el obrero encuentran su aliado en las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía”, y los presenta “no como sus enemigo (sino como) los impulsores de la revolución”, en la historia y en los hechos recientes se demuestra que no es así y que, por el contrario, tales afirmaciones demagógicas sirven solamente para confundir y desorientar del verdadero papel que desempeñan, tanto, las FFAA como la Policía en una sociedad dividida en clases, que consiste en la defensa de los negocios de las clases dominantes.

Defensa a la cual se suma este gobierno, que a pesar de haber proyectado una imagen de Evo como un líder nato, piedra angular del “proceso de cambio”, luchador a ultranza por la madre tierra, heredero del legado de Tupac Katari, defensor inclaudicable de los derechos humanos, y enemigo nocivo del imperialismo, lo recién sucedido nos demuestra todo lo contrario.

Debemos recordar que cuando se aplicó el decreto del gasolinazo de navidad, el 26 de diciembre del 2010, el presidente se encontraba fuera del país, hecho que no se puede entender como una simple casualidad sino como una forma de dirigir las miradas y los señalamientos hacia el entorno y los asesores con el objetivo de mantener ileso el perfil del caudillo del “proceso de cambio”.

Ahora en los últimos hechos, según la versión del presidente, vicepresidente, ministros y todos los feligreses del gobierno, niegan cualquier relación con lo sucedido y afirman desconocer quien habría autorizado la mencionada represión, acto seguido, se da una serie de acusaciones y contra-acusaciones, enredadas en contradicciones e inconsistencias por parte de los ministros de gobierno.

Frente a tal embrollo de versiones y excusas, al interior del oficialismo, varios funcionarios del gobierno prefieren renunciar, unos, según ellos, para no verse manchados con la vulneración de los derechos humanos de los policías que se mostró en imágenes por televisión y los demás para que lo sucedido no salpique y no manche aquel retrato del susodicho  heredero del legado de Tupac Katari.

Poco antes de su renuncia, el ex-ministro de gobierno Sacha Llorenti acusó al ex vice-ministro de régimen interior Farfan, recientemente retirado de su cargo, como responsable de la orden de intervención a la marcha, Intentando liberar de cualquier responsabilidad a cualquier otro funcionario de gobierno pero por sobre todo al candidato a premio Nóbel de a paz. Pero según informes de oficiales que pidieron mantenerse en el anonimato “la orden fue de dos viceministros que dijeron hacerlo en nombre del presidente”.

Acto seguido el presidente sale, cada oportunidad que se le presenta, a pedir disculpas por lo sucedido, sin antes tratar de convencer que todas las acciones estarían destinadas a precautelar la seguridad de los indígenas, y a recordar, haciendo coro con sus ministros, que el no tendría ninguna relación con las acciones de la policía y expresar su repudio a cualquier exceso de violencia.

El bombardeo mediático, empezando por el canal estatal que se la pasa transmitiendo discursos y entregas de obras del presidente, y esta concatenada con propaganda que sale constantemente por todos los medios, no queda al margen para poder enjuagar la imagen del gobierno sin que nadie conozca el origen de los recursos destinados a este fin.   

Por ultimo, el vice-ministro de coordinación con los movimientos sociales, Cesar Navarro intenta descargar la responsabilidad sobre las espaldas de los policías de bajo rango afirmando que “no por la acción de unos 4 o 5 policías se va a acusar a todo un gobierno”, deslindando de cualquier responsabilidad a cualquiera de los altos funcionarios del MAS.

Afirmación que difiere de la declaración de Guadalupe Cárdenas, actual representante de esposas de policías, que asegura que sus esposos, los policías, habrían actuado bajo orden del gobierno, además los que les habrían proporcionado las cintas adhesivas, con las cuales se amordazó a los indígenas, fueron los mismos colonizadores interculturales que promueven el bloqueo en contra de la marcha, que según comentaron algunos entrevistado del lugar, por un enviado de la red ERBOL, estos bloqueadores no serian del lugar.

El recurrente pretexto de la mayoría de analistas que se definen de izquierda, y se pasean por los medios, se reduce a que “si no es Evo entonces quien”, haciendo creer que Evo seria una especie de único líder, semejante al Fhürer descrito por goebbels, ministro de propaganda del partido NAZI alemán.

Otra argumento corriente que esgrimen estos sesudos intelectuales, con el fin de no implicar al candidato a premio Nóbel como responsable de cualquier medida del gobierno en contra de los sectores populares, es el típico “no se trata de Evo sino de su entorno y sus asesores”, como si el caudillo del “Proceso de cambio” desconociera y no participara de las medidas de su gobierno.

Toda la propaganda, las disculpas del presidente, las lucubraciones teóricas de algunos intelectuales, las negaciones sobre cualquier acusación de haber dado la orden de intervención y la inmolación algunos ministros de gobierno –Farfan, Sacha Llorenti- no son casuales sino que están trazadas para intentar limpiar la imagen del presidente, erigido por ciertos intelectuales como guía espiritual de la humanidad.

Las actuales movilizaciones nos demuestran que poco a poco se va desdibujando en la gente la imagen de aquel candidato al Premio Nóbel de la paz, protector de la pachamama y guía espiritual de la humanidad, etc, etc. y se va evidenciando que no se trata solamente del entorno o de sus asesores, sino que todas las acciones del gobierno son obra y gracia tanto del presidente como de su entorno, y toda esta imagen ilusoria servia y fue diseñado para que nadie pueda cuestionar el accionar “revolucionario” del “guía espiritual de la humanidad”.

EVO MORALES ENCONTRÓ EN SACHA LLORENTI AL MEJOR CANCERBERO DE SU RÉGIMEN

La función de Ministro de Gobierno es cosa fundamental en un Estado, es la institución encargada de administrar eficientemente la coerción y violencia en contra de quienes identifica como amenaza a los intereses estatales, ejerce la dictadura de clase y es una pieza clave para mantener la gobernabilidad, teniendo a raya a los sectores populares o eventualmente a los opositores.
En el gobierno de Evo han pasado varios personajes por esta cartera, todos ellos salidos de los “sectores populares” que trabajaron con especial saña para defender al Estado y golpear al movimiento popular. Alicia Muñoz, de las filas del revisionista Partido Comunista de Bolivia, tuvo en su gestión la represión y muerte contra cocaleros de Yungas de Vandiola, la muerte del “sin techo” Santiago Orocondo, la persecución sañuda contra refugiados paraguayos y la acción policíaca letal contra población en Cochabamba. Ella sirvió al Estado en el primer gobierno del “proceso de cambio” y, cuestionada duramente, dejó el cargo por una pega diplomática en Suiza, un premio a su actuación funesta. Alfredo Rada, también salido de las filas del “progresismo” (se precia de haber sido seguidor de Luis Espinal), tiene entre sus méritos el haber dirigido la brutal acción policial con muertos en la Calancha, Sucre. Recientemente salió a la luz el manoseo político en el caso Terrorismo, donde, en un video, dos de sus funcionarios de confianza pagan 31 mil dólares para que el testigo clave desaparezca de Bolivia. Rada también fue cambiado en medio de cuestionamientos, ahora pasa por intelectual y asesor de alto nivel de distintas instituciones estatales. El siguiente titular de esa cartera fue Sacha Llorenti, proveniente también de las filas “populares” de la Asamblea de Derechos Humanos, institución en la que fue presidente durante algunos años.
En los llamados gobiernos neoliberales, los terratenientes y políticos conservadores asumieron la dirección del Ministerio de Gobierno. Ahí estaban Walter Guiteras que acusó a los policías por “burros y corruptos”, el cacique de Pando Leopoldo Fernández, el conservador Guillermo Fortún, el ganadero Guido Nayar, el reaccionario Carlos Sánchez Berzaín. Los terratenientes y los conservadores encajaban en el espíritu opresor y de pistolero feudal para reprimir a los sectores populares, y a la vez podía coordinar sus acciones con los grupos criminales. Y claro, en sus niveles intermedios ponían a directores, antiguos sindicalistas como Hernán Mamani, para manejar la coima y la prebenda con dirigentes sindicales.
En el gobierno de Evo el modus operandi es nombrar en la cartera de gobierno a personajes salidos de la “izquierda”. La estrategia que pretende pasar por una “visión humana” de la función represiva del Estado, en realidad es para colocar a funcionarios que conocen el actuar de las organizaciones populares y de los activistas que luchan por mejorar las condiciones de vida del pueblo. En estos últimos años se han hecho cargo de la represión en distintos puestos del Ministerio de Gobierno ex militantes del Ejército de Liberación Nacional como el ex cura Rafael Puente, Juan Carlos Nuñez del Prado (sobornador de testigo en el caso terrorismo) y el ex guerrillero Marcos Farfán, incluida la pseudocomunista Alicia Muñoz. Todos ellos nombrados para dirigir la represión estatal, según se dice, también por sus conocimientos en aspectos de “seguridad” y “militares”.
El ex activista de derechos humanos y ex ministro Llorenti tiene un plus: una visión fascistoide sobre cómo defender lo que entiende como “proceso de cambio”. Llorenti ha imputado y perseguido a dirigentes populares, desde los mineros de Oruro, los fabriles de La Paz, los maestros del país, los pobladores de Caranavi, la población de Potosí, un grupo de refugiados peruanos y recientemente los marchistas indígenas del TIPNIS. Para este individuo ellos son “el enemigo interno”, o pertenecen a la derecha, o están financiados con dinero de la Embajada yanqui o con dinero de USAID, o son conspiradores. Llorenti llegó a afirmar en agosto que un profesor refugiado peruano pretendía formar un grupo subversivo y le acusó de terrorismo sólo tomando como pruebas los libros de su biblioteca (expulsó del país a una familia completa, incluido un niño de 1 año, por esto), y en el caso Caranavi (dos campesinos muertos y decenas de heridos), cuando el pueblo bloqueó la carretera por legítimas demandas, dijo que se estaba produciendo una acción sediciosa y armada contra el gobierno.
En su visión policíaca y fascistoide siempre habló de “pruebas irrefutables y contundentes” contra de dirigentes populares y opositores. Estuvieron en su lista negra activistas de derechos humanos que cuestionan al gobierno, periodistas que interpelan al Estado, refugiados políticos, personajes públicos que emiten opiniones críticas a las políticas gubernamentales y disidentes del gobierno. Sacha, en complicidad con el propio Evo Morales, es el responsable de los muertos en Caranavi y de la brutal represión a los indígenas marchistas en el TIPNIS (donde niños lactantes perdieron a sus madres).
Pero la visión marcatista del régimen de Evo –que hace cacería de brujas a las visiones críticas y progresistas– no es sólo obra de Llorenti. Durante su segunda gestión, Evo Morales ha promovido políticas contrarias a las libertades de las personas, leyes corporativas que atentan soterradamente contra la libertad de prensa, bajo el rótulo de ley antirracismo ha buscado la persecución judicial a opositores, la ley de telecomunicaciones intenta incluso intervenir correos electrónicos. Las declaraciones públicas de Morales permanentemente buscan penalizar la protesta de dirigentes sindicales y sectores que no se someten a su política. En este contexto es claro por qué Llorenti ha permanecido en el cargo más tiempo que sus antecesores, a pesar de que sectores populares, incluso del MAS, habían pedido su renuncia en reiteradas oportunidades. Lo cierto es que Evo encontró en Sacha al mejor cancerbero de su régimen.
El pasado lunes el mandatario boliviano se dirigió al pueblo para hablar sobre la brutal represión a los marchistas del TIPNIS. Esta vez Morales no asumió la responsabilidad por las acciones brutales contra los indígenas (como hizo desafiantemente en el caso Caranavi), tampoco responsabilizó a su cancerbero Llorenti (ni a nadie), sino que pretendió justificar la medida con el desgastado argumento de evitar un enfrentamiento entre los indígenas y campesinos colonos. Evo echó más confusión para encubrir las responsabilidades políticas sobre las violaciones de los derechos elementales de las personas que estaban en la marcha.
Nadie se responsabiliza por las acciones represivas, de masacre y genocidio, contra los indígenas. El Ministro de Gobierno y de la Presidencia, Carlos Romero, señalaron a los fiscales. Los fiscales se lavan las manos. Luego Llorenti echó la culpa a su viceministro el ex guerrillero del ELN Marcos Farfán, pero éste lo desmintió en su carta de renuncia. Algunos policías se sumaron a la acusación contra Llorenti y finalmente éste se vio obligado a renunciar sin asumir la responsabilidad de los hechos. En realidad todo el nivel político (ministros y presidente) acusan al personal operativo de la brutal represión. 
Para quienes conocen cómo funciona este gobierno y cómo funciona la personalidad caudillista de Morales, resulta imposible pensar que él no ordenó la represión. Más aún cuando este conflicto estaba en los ojos de todo el país pues se desarrollaban actividades de solidaridad en diversas ciudades. Al parecer la intervención estaba decidida en el propio gabinete ministerial, el canciller habló incluso de una comisión (del gabinete) dedicada exclusivamente a tomar decisiones sobre este tema.
Sea como fuere, lo importante es ver la mentalidad que sostiene el mandatario. En la sesión de nombramiento de nuevo Ministro, Evo ha lamentado la salida de Sacha y lo ha calificado uno de sus “mejores ministros”, lo ha felicitado por dotar de un nuevo pensamiento a la policía (debe ser el pensamiento fascistoide que reina en esa institución criminal). A pesar de que los hechos son contundentes sobre las acciones criminales de la policía contra los indígenas, Evo cínicamente insistió en que la policía respeta profundamente los derechos humanos.
En síntesis la ideología fascistoide, persecutoria, represiva contra todos los que se oponen a las políticas gubernamentales es un elemento constituyente de la política de Estado encabezada por el propio mandatario y su estilo caudillejo de gobernar.
Bolivia, 28 de septiembre de 2011