La represión del gobierno del MAS contra las indígenas fue brutal, no se salvaron mujeres ni bebés
En los últimos años los sectores populares usan con mayor frecuencia el calificativo de dictatorial para referirse al gobierno de Evo Morales, en particular cuando están desarrollando luchas reivindicativas y tienen que enfrentar al poderoso aparato represivo policial y judicial del Estado.
La oposición conservadora en Bolivia ha dado diferentes calificativos al gobierno por su forma de administrar el Estado, desde no democrático, autoritario, dictatorial y algunas veces fascista. Estos calificativos de la llamada derecha en el país parten del punto de vista liberal y están basados en la ausencia del respeto a la instituciones demoliberales (hasta donde se las pueda concebir como tales considerando que se desarrollan dentro de un capitalismo atrasado y dependiente, es decir, muy lejos de las instituciones del “Estado moderno” al que aspiran los liberales), pero también están asentados en la idea del libre mercado, de ahí que la visión liberal se queje permanentemente contra el gobierno de la falta de respeto a la “iniciativa privada” que en definitiva es su mayor preocupación.
Sin embargo en los últimos años los sectores populares le han acuñado a Evo Morales el calificativo de “dictatorial” evocando las épocas de la persecución política de los regímenes militares, la visión de los dirigentes evidentemente tiene otro punto de partida porque pertenece a otro sector de clase. Resulta inútil que la propaganda masista, en particular de los corifeos que aparecen en los medios de comunicación como correa de transmisión de Palacio Quemado, acuse al movimiento popular de estar con la derecha y promover la desestabilización del llamado “gobierno del cambio”.
En estos tiempos ya no se necesita mucho esfuerzo para demostrar que la administración de Morales no es revolucionaria ni portadora de “cambios estructurales”, el proceso de reformas se encuentra dentro del marco institucional del viejo Estado terrateniente burocrático y cada vez más se acomoda a esta estructura. De ahí que las contradicciones con el pueblo se hacen más agudas y le cuesta al Estado manipular las reivindicaciones de las masas, por ello recurre de manera más frecuente a la represión política abierta.
Es en este contexto que se da el cuestionamiento de los sectores populares que caracteriza al Estado como dictatorial haciendo referencia a un comportamiento represivo de estilo fascistoide. En la gestión de Evo Morales no han faltado los muertos por acción del aparato policial con argumentos para justificar la represión o limpiarse de la responsabilidad que han sido de los más increíbles. En Caranavi por ejemplo se llegó a decir que los campesinos habían muerto por disparos de sus propios compañeros, algo que también se ensayó en Yapacaní. A esto le suele acompañar el discurso de “sedición contra el gobierno” y se lo usa contra cualquier protesta reivindicativa como por ejemplo el caso de los discapacitados o la huelga médica. La perorata de la conspiración para derrocar al gobierno fue siempre la preferida por las administraciones militares.
Una visión conspirativa que a veces llega a la paranoia en los funcionarios estatales, en particular del Ministerio de Gobierno, son parte del esquema de pensamiento de los administradores del “proceso de cambio”. El Estado ve enemigos por todos lados y aplica una represión y persecución contra dirigentes populares. Las denuncias de acoso judicial y seguimiento de organismos de inteligencia son cada vez más frecuentes, se percibe un ambiente de temor en funcionarios de instituciones (Derechos Humanos, ambientalistas, ONGs campesinas, etc.) que son consideradas opositoras al gobierno. Las acciones del gobierno buscan la judicialización de la protesta popular, recientemente se conminó al Ministerio Público para que detenga y procese a dirigentes de marchas y bloqueos, lo mismo acontece con el inicio de procesos judiciales contra opositores o presuntos opositores políticos.
Por ejemplo la marcha indígena brutalmente reprimida, que causó el escándalo internacional para el “gobierno indígena” de Morales, está encaminada judicialmente para acusar a los dirigentes indígenas de haber querido asesinar al Canciller de la República, las víctimas están siendo tratadas como victimarios. Los casos de persecución política han llegado incluso al punto de acusar a personas por tener en su poder literatura marxista y supuesta panfletearía, como si eso fuera un delito. La persecución contra abogados de las víctimas de represión ha sido otro carácter distintivo de la política estatal, ahí está por ejemplo el caso Caranavi.
La forma como el gobierno manipula el poder judicial es otro de los rasgos de este carácter dictatorial. No es novedad para nadie que los funcionarios del Ministerio Público y el Poder Judicial siempre bailaron al ritmo que le ponía la administración de turno, pero la “administración del cambio” lo hace con el mayor descaro sin importarle las formas. En el caso Caranavi los dirigentes campesinos fueron procesados y obligados a no apoyar las denuncias de los familiares de los muertos por la represión policial, mientras que los responsables de los asesinatos siguen impunes o premiados con mayores cargos en el Estado. Esta manipulación también explica cómo es que no avanza la investigación en el caso TIPNIS y por el contrario los indígenas son investigados por el supuesto intento de asesinato del Canciller.
Otro elemento importante es la permanente propaganda que hace el gobierno de sus aparatos represivos, la policía y el ejército. Como en ningún momento de la historia del país Evo lanza loas a estas fuerzas a pesar de los innumerables escándalos de corrupción y represión política que cae sobre las espaldas del pueblo. La propaganda gubernamental siempre tiene el objetivo de ocultar el pasado sangriento de las fuerzas armadas (se dice que fueron mal utilizadas) y la imagen de represión y muerte de las fuerzas policiales.
A estos rasgos hay que sumar el estilo que ejerce el propio Evo Morales en su gestión. Tiene una visión corporativa de las instituciones estatales manejadas y dirigidas desde el poder ejecutivo, un tipo de control que viene de la tradición del sindicato y se constituye en la visión de cómo debería funcionar el aparato estatal acompañado de una actitud caudillesca que muy bien conocen los funcionarios estatales y los elementos más cercanos al mandatario. Esto lo han mencionado tímidamente algunos ex funcionarios cercanos al entorno presidencial y se ve en las actitudes de Evo Morales hacia los funcionarios que perdieron su confianza.
En un plano más general, estas acciones y comportamientos no son exclusividad de la administración actual sino parte de un comportamiento sistemático de los gobiernos precedentes. La diferencia podría estar en que los gobiernos llamados neoliberales guardaban las apariencias de respeto a las leyes y el orden establecido, por el contrario la administración del MAS, empezando por su primera autoridad, no tiene problemas en ajustarse a ella o romperla cuando políticamente le conviene y tampoco tiene reparos en reconocerlo públicamente, como cuando Morales dijo que no le importaba romper las leyes pues sus abogados estaban para arreglarlas. En el plano ideal el comportamiento liberal burgués se basa en el respeto a las leyes y el Estado de derecho, en tanto que el comportamiento fascista niega el orden demoliberal e impone su arbitrariedad.
El fascismo no es solo violencia brutal, tiene formas más sutiles particularmente dirigidas contra el movimiento popular y eso es lo que captan los sectores contrarios al gobierno. El corporativismo ha sido una política del fascismo (que se puede llamar también socialfascismo en los gobiernos autodenominados de izquierda) que tiene el objetivo de controlar y manipular a las organizaciones del pueblo y para ello se utiliza diferentes medios como la cooptación con prebendas, la división de las organizaciones, el paralelismo sindical, el enfrentamiento de sectores afines (grupos de choque pagados o no pagados) del gobierno contra sectores contestatarios y finalmente si esto no resulta entonces emplea la violencia abierta y la persecución por todos los medios posibles. Estos son los rasgos de la política gubernamental ahora y es percibido como dictatorial por la sociedad en su conjunto, en particular por los sectores populares que son víctimas de estas acciones.
Análisis y Opinión
Abril de 2012
Análisis y Opinión 