Análisis y Opinión
Junio de 2012
El motín policial ha puesto en evidencia la profunda crisis que vive el gobierno de Evo Morales y su“proceso de cambio”. Las contradicciones entre el gobierno y su institución represiva, la Policía, ha fragilizado las lealtades de la tropa policial hacia su comando y hacia las autoridades gubernamentales, algo problemático para Evo y sus ministros porque los conflictos con los verdaderos sectores populares no han terminado.
La IX Marcha indígena está por llegar a la ciudad de La Paz contra la construcción de una carretera en medio del Parque Nacional Isiboro Sécure, los campesinos de Mallku Khota todavía resisten la entrega de concesiones mineras a la imperialista South American Silver y otras protestas de diverso orden están en puerta. El gobierno necesita a los efectivos policiales para “mantener a raya” a varios sectores populares.
El pueblo boliviano está presenciando un conflicto que no tiene precedentes en la historia reciente. El jueves 21 de junio al medio día, una guarnición policial en la ciudad de La Paz, la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (antimotines), fue tomada por la tropa policial que se declaró en motín desalojando a los oficiales y confiscando las armas de reglamento. Horas después esta acción fue respaldada y seguida en todas las unidades policiales del país. Los amotinados dicen que son insostenibles sus condiciones de trabajo (para la represión), el sueldo bajo y el reglamento disciplinario interno violatorio de derechos.
Al día siguiente la situación se agravó, fueron tomados los comandos departamentales y hubo marchas de policías en varias ciudades, las unidades de Identificaciones, Tránsito y Polivalentes fueron tomadas por la tropa y algunos oficiales se sumaron a la movilización. En La Paz la Policía salió a marchar por la Plaza Murillo (vetada para el movimiento popular opositor), saqueó y quemó el edificio de Inteligencia y el Tribunal Disciplinario de la Policía. La documentación de esas oficinas, en particular el Tribunal Disciplinario, fue quemada a vista de la prensa y con los gritos de “Evo cabrón, el pueblo está emputado”, y el hallazgo de un grande aprovisionamiento de cerveza en el lugar causó indignación. Quemas similares ocurrieron en otros departamentos.
Son muchos los elementos que han desencadenado esta crisis. Un problema estructural está en las contradicciones entre los oficiales y la tropa policial, contradicción que el gobierno suele agudizar o atenuar en función de sus propios intereses políticos. Sucede que la oficialidad recibe privilegios y prebendas que garantizan el funcionamiento de ese aparato en la dictadura de clase, actuando sobre el pueblo movilizado; en tanto que la tropa recibe salarios magros, algunos beneficios en alimentos y un trato discriminador y autoritario de los oficiales.
Esta relación se ha mantenido inalterable durante la gestión de Morales. El apoyo que el personal de bajo rango brindaba al gobierno en un principio se ha ido perdiendo y los reclamos por mejores salarios aumentan año a año, mediante sus esposas o personal jubilado. Por otro lado los mandos policiales se han beneficiado con el “proceso de cambio” a través de prebendas y acceso a cargos en el Poder Ejecutivo. La relación es tan buena que oficiales de la Policía y las FFAA participan en el congreso del partido de gobierno.
Otro elemento que ha agudizado esta crisis tiene que ver con la deslegitimación de la Policía frente a la población y el manejo del gobierno para limpiar la imagen de su aparato represivo. Evo Morales ha construido un discurso para ocultar la responsabilidad histórica de la Policía en la represión. Reduciendo el problema al mal manejo que hicieron de la policía los gobiernos neoliberales, anunció reformas estructurales en la Policía (cada gobierno la reforma) porque ahora la Policía estaba con el proceso de cambio y con su pueblo. Muy pronto la realidad desmintió este discurso, policías de todos los niveles se vieron involucrados en corrupción, represión, torturas y narcotráfico. La Policía es vista por la población como una de las instituciones más corruptas y menos confiables, además de ser la que más viola los derechos humanos.
Esto llevó al ex Ministro represor de Evo, Sacha Llorenti, a aprobar un nuevo reglamento disciplinario para combatir estos problemas. Sin embargo en una estructura represiva, corrupta y semifeudal como la Policía, el nuevo reglamento solo puede sentirse en el eslabón más bajo de la cadena. Los policías movilizados han denunciado que el nuevo reglamento es una herramienta para sacar más dinero a quienes quieren quedar limpios de culpa y les prohíbe quejarse por los maltratos. Entonces se trata de un nuevo mecanismo de corrupción interna que recae fundamentalmente en la tropa. Todo lo contrario ocurre con los altos mandos policiales involucrados en represión a indígenas, corrupción y tráfico de influencias que son tratados con guantes de seda.
La aplicación de normas administrativas para limpiar la imagen de la Policía no es nueva, cada gobierno ha lidiado con este problema. Pero el elemento detonante para esta crisis, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con la agudización de la lucha de clases (enfrentamiento entre el gobierno y el movimiento popular) y la participación de la Policía en este proceso.
En estos últimos años ha habido una mayor reaccionarización del gobierno. La política corporativa (de cooptación, división y paralelismo) sobre el movimiento popular ya no es suficiente para contener las demandas que de allí emergen, por ello el gobierno recurre a la represión violenta que ocasiona dolor y muerte al pueblo. El aparato estatal que cumple esta función es la Policía, en particular la tropa policial, que ha enfrentado al pueblo con mucha brutalidad y a veces la férrea resistencia del pueblo le ha causado serias bajas.
A mayor protesta el movimiento popular y decisión política para reprimir del gobierno, más trabajo tiene la Policía. Eso es lo que está ocurriendo ahora, por ello los reclamos de la tropa se intensificaron. Este elemento junto a las demás contradicciones que subyacen en todo el fenómeno desencadenaron el motín policial.
La Policía es una parte fundamental del Estado, es la maquinaria que utilizan los gobiernos para el ejercicio de la dictadura de clase con el argumento de “uso legítimo de la violencia”; las contradicciones entre esta institución y el gobierno son contradicciones no antagónicas, su agudización profundiza la crisis porque resquebraja la lealtad de la tropa a los mandos policiales y disminuye la credibilidad en el gobierno que precisa de su trabajo represivo.
La crisis es seria porque la tropa policial, en este cuarto día de huelga, no ha flexibilizado su posición luego de que el gobierno firmó un acuerdo inconsulto con sus dirigentes. Por ello el Ministro de Gobierno ha llamado a cumplir su responsabilidad histórica a la Policía, a los medios de prensa, a la oposición e incluso a la Marcha indígena que está por llegar a la ciudad de La Paz. Cuando el gobierno habla de responsabilidad histórica se refiere a cuidar la institucionalidad del viejo Estado, apela al “compromiso con la democracia” y el Estado de derecho. Las autoridades del viejo Estado están preocupadas y nuevamente se preparan a lanzar sus teorías conspirativas para distorsionar las causas del conflicto, echar tierra en los ojos de las masas y ganar apoyo en la población.
Evo Morales ya ha dicho que está en marcha un golpe de Estado, incluso que se pretende asesinar a su Ministro de Gobierno y a los militares de Palacio de gobierno. Otros funcionarios han dicho que la dirigente de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas, está promoviendo el golpe o que políticos infiltrados en la movilización policial quieren derrocar al gobierno. Este desacreditado argumento funciona para los dirigentes adictos del régimen y los oportunistas y revisionistas que lo apoyan. Se están movilizando en los medios oficialistas llamando a la población a defender el gastado “proceso de cambio” y a su Presidente.
El pueblo no tiene nada que ganar en este conflicto, a pesar de que ha manifestado ciertas simpatías a la movilización. Más que apoyo a la Policía, es la bronca que le guarda al gobierno. Las contradicciones en el viejo Estado sólo se resuelven para profundizar la opresión al pueblo. Aunque el conflicto puede tomar varias direcciones, en un sentido básico la Policía es un aparato mercenario y resuelve sus contradicciones con el gobierno recibiendo más dinero, más bonos o permitiéndose exaccionar más al pueblo (por ejemplo si recuperan la administración del departamento de Identificaciones).
El pueblo necesita organizarse, centrar su atención en las luchas que viene desarrollando, buscar su organización consciente y superar su espontaneísmo que le permita superar el callejón sin salida que representa la sola lucha reivindicativa sectorial y desarticulada.
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