Brasil resbala para la guerra civil

Imagen de portada del periódico A Nova Democracia, la lucha de clase en el campo y la ciudad se intensifica en Brasil

Por: Análisis y Opinión

14/01/13

 Con información de A Nova Democracia y otros

“Brasil resbala para la guerra civil” es el título de la nota editorial del periódico “A Nova Democracia” en su 101ª Edición, una prensa democrática comprometida con los sectores obreros, campesinos, indígenas y demás sectores explotados en ese país.

El titular contrasta fuertemente con lo que la prensa comercial y “progresista” viene reproduciendo sobre lo que sucede en el gigante vecino, según estos medios, el país del poeta Jorge Amado experimenta una gran baja en las cifras de pobreza y hay un fuerte crecimiento de la “clase media”, la población vive una especie de euforia por estos logros que se atribuyen a la gestión de Lula y Dilma. Los medios de comunicación no guardan adulaciones para las políticas de estos dos presidentes y proyectan un Brasil emergente dentro de la economía mundial con enormes éxitos entre los que se destaca el ser organizador del próximo Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, lo que les dará por supuesto millonarios negocios.

Un toque de oportunismo y conveniencia se puede ver en los medios “progre” para adornar los éxitos de los mencionados gobernantes, hasta Prensa Latina, a través de su corresponsal, publicó recientemente una nota sobre lo exótico y bohemio que es Río de Janeiro que brilla como una perla en Sudamérica.

La prensa democrática y revolucionaria por el contrario se convierte en aguafiestas de la celebración de los grandes capitalistas, pequeños burgueses reformistas, oportunistas, revisionistas, “izquierdistas” y todos los que están comprometidos con la reproducción del viejo Estado poniendo el dedo en la llaga de los problemas que enfrentan los sectores explotados: la brutal política anticampesina del Estado y los grandes latifundistas, la política represiva y asesina implementada por Lula y Dilma en los megaproyectos como el PAC en contra de los obreros, el despojo de tierras de poblaciones indígenas a causa de estos megaproyectos y las grandes masacres y despoblamiento urbano en las favelas y barrios pobres donde se pretende organizar los mega eventos deportivos para atraer a muchos turistas con plata.

La historia nos ha enseñado hasta el cansancio que el “desarrollo” de las sociedades de clases, en particular en la etapa capitalista, se produce a costa de la sobre explotación de la fuerza de trabajo y esta fuerza de trabajo históricamente la han puesto los campesinos, los indígenas y los obreros. Es así como podemos entender la situación que nos presenta la prensa democrática en Brasil sobre los problemas que enfrenta el movimiento popular.

 

La lucha campesina

La lucha de clases entre campesinos pobres y el Estado (que se compone también de la fuerza gamonal del latifundio) ha tenido siempre saldos trágicos y esto no ha sido una excepción en los gobiernos de Lula y Dilma, las reivindicaciones en el campo son recibidas con “balas de las fuerzas de represión del Estado y de los bandos de pistoleros a sueldo del latifundio”[i].

La reforma agraria auspiciada por el gobierno tituló aproximadamente 400 millones de hectáreas, el 45% de estas se encuentran en manos de 1% de grandes propietarios que detentan propiedades de más de 1000 hectáreas, se dice que aproximadamente 200 millones de hectáreas están en manos de unos 20 mil latifundistas. Obviamente con esos resultados de la política agraria del gobierno, donde han participado los oportunistas del Movimiento Sin Tierra, la lucha de clases en el campo se viene intensificando día a día. “En las administraciones de Luis Ignacio y Rousseff el número de prisiones, torturas y asesinatos a activistas y dirigentes campesinos crecieron exponencialmente, sobre todo en la región amazónica y en el Nordeste del país” señala A Nova Democracia[ii].

La criminalización alcanza a todos los que se ponen del lado de los campesinos pobres, recientemente sectores democráticos denunciaron los ataques del gobierno contra Dom Pedro Casaldáliga, obispo emérito de Sao Félix que fue obligado a abandonar la región escoltado por la policía y después de haber recibido permanentes amenazas de muerte. Dom Pedro es un reconocido defensor de la lucha del pueblo Xavante.

En abril un hecho impactante que mereció la condena nacional e internacional, a la cual en su momento nos sumamos, fue el asesinato a sangre fría del líder campesino Renato Nathan en Rondonia. El asesinato de campesinos y activistas se realiza bajo el manto de impunidad que brinda el Estado y el poder de los latifundistas. El gobierno interviene militarmente los acampamentos de los movimientos por la tierra tomando partido en la lucha entre campesinos y latifundistas, así lo testimonia la participación de la Policía Militar en las haciendas Inhumas, Uberaba, Campina Verde, en el Triangulo Minero. También en Santa Catarina, en Manga, en el Norte de Minas, así como los despojamientos a familias campesinas que viven más de 20 años en sus tierras, esto en las zonas de Mato Grosso y el Norte de Minas. Tal como señala A Nova Democracia, “la lucha por la tierra en Brasil sigue siendo una interminable guerra no declarada, cuyo agravamiento remonta a los dramáticos ciclos históricos de las guerras campesinas del país”[iii].

 

Las poblaciones indígenas

La situación de las poblaciones indígenas no es diferente, se encuentran en los reportes que asignan 350 conflictos en el campo el año pasado. Estas poblaciones son víctimas directas del “desarrollo” brasileño al ser desalojados de sus tierras y condenados a la desaparición. Los grandes proyectos fomentados por la gran burguesía brasileña y el imperialismo están poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas, algo similar a lo que ocurre en Bolivia con el TIPNIS.

La lucha se armó contra los indígenas Guaraní-Kaiowá, los Munduruku, donde la policía asesinó al indígena Adenílson Kirixi, también en otras regiones como en Pará y el norte de Mato Grosso donde viven los mebengokrê (caiapó) y los yudjá (juruna), todos ellos perseguidos por agentes policiales o parapoliciales.

Las denuncias hechas por la prensa democrática dan cuenta de la brutalidad de los asesinos y sus simbologías reaccionarias como el caso del asesinato del cacique guaraní Nísio Gomes donde los asesinos liderados por el ex policía militar y dueño de la empresa Seguridad Gaspen (Gaspen Segurança) Aurelino Arce, actuaron con capuchas semejantes al Ku-klux-klan[iv]. Así se muestra también el ataque por la Policía Federal a un ómnibus que transportaba estudiantes de la etnia terena cerca de la aldea Cachoerinha, en Miranda, que dejó varios alumnos quemados y uno muerto por la bomba.

 

Los obreros de las megaobras

La represión de los gobiernos “progesistas” también se extiende a los obreros que participan de los grandes proyectos de desarrollo. El Proyecto de Aceleración de Crecimiento (PAC) moviliza a decenas de millares de obreros en Rondonia, Pernambuco y Belo Monte, en todas ellas se ha producido muertes, torturas, desapariciones, secuestros y detenidos políticos. Las denuncias no sólo han quedado en la prensa sino han sido recibidas y documentadas por comisiones de investigación.

Estas se han producido cuando los obreros iniciaron protestas por las riesgosas condiciones de trabajo o por salarios impagos. Los hechos han sido cruentos y frecuentes, por ejemplo en febrero del año pasado “el sargento de la PM (Policía Militar) Francisco das Chagas da Silva abrió fuego contra trabajadores que protestaban debido al atraso de más de tres horas del vehículo que los transportaría a la usina de Jirau”[v] o en abril donde, debido a la huelga de obreros de esa obra en Jirau, sus alojamientos fueron incendiados por la propia constructora Camargo Corrêa como amedrentamiento para que dejen su lucha. A esta acción criminal se sumó el gobierno de Dilma a través de su Secretario de la Presidencia Gilberto Carvalho quien tachó a los obreros de “vándalos y criminales” a la vez que ordenaban la intervención de 250 policías en las canteras asesinando a un obrero.

La operación llamada “Vulcano” ordenó detener a 24 obreros huelguistas, once de ellos fueron secuestrados durante dos días, sin alimento en una especie de cárcel dentro de las canteras de obras en Jirau, algunos de ellos fueron torturados. Similar situación ha pasado en las demás obras y todas van seguidas de campañas propagandísticas de criminalización.

Como en las épocas de las dictaduras militares el gobierno de Dilma ha recurrido al Ejército (Batallón de Infantería de Selva) para tener bajo control las protestas obreras, con la consiguiente represión y trato vejatorio por los controles y revistas que hacen los militares con los trabajadores, además los contratistas han realizado despidos masivos para amedrentar a los trabajadores organizados que realizan protestas en defensa de sus derechos.

Ninguna de las demandas obreras fueron resueltas por el gobierno, la lucha en las canteras exige acabar con el trabajo esclavo, las amenazas de despido, las jornadas laborales extenuantes que provocan innumerables dolencias, los frecuentes accidentes de trabajo con muertes y mutilaciones porque estos trabajos son riesgosos, entre otros pedidos, por ello más de 350 obreros se levantaron en lucha durante el año pasado y se espera que este año la situación se agudice.

 

Terror en las periferias urbanas

Las informaciones de ejecuciones sumarias en ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro han sido reproducidas en nuestro país mostrando el alarmante nivel de violencia al tiempo que reproducían el pedido al Estado de “investigar” los asesinatos. Esto es norma general en la prensa comercial y oficial, algo así como lo que nos tiene acostumbrado el gobierno de Evo cuando nos dice que hay que pedir a la “justicia” que investigue los hechos de violencia o corrupción que forman parte del escándalo cotidiano en nuestra política local.

Lo que no dice la prensa es que este tipo de crímenes suele ser ejecutado por las fuerzas oficiales o “extra” oficiales del propio Estado, por los elementos policiales y para policiales que son quienes aplican esa visión de “limpieza social” que tienen determinadas estructuras estatales y que perviven tanto en los gobiernos conservadores como en los llamados progresistas. Ésta es una realidad que vive Brasil desde hace tiempo con los “escuadrones de la muerte”, también algunos militares de la “revolución bolivariana de Venezuela” han confesado el uso del asesinato extrajudicial como método para “acabar con la delincuencia”.

En los recientes crímenes en Sao Paulo ha sido comprobada la participación de la Policía Militar que asesinó en su mayoría a jóvenes negros y pobres, y presentó estos hechos ante la opinión pública como “muerte en enfrentamiento” cuando en realidad son asesinatos a sangre fría.

Estos crímenes se realizan con policías en servicio activo o en descanso. En diciembre del año pasado “datos revelados por el Ministerio Público Estatal de Sao Paulo mostraron que de los 691 incidentes de resistencia a la orden de detención con muertos o heridos registrados este año en la capital paulista, al menos 109 implican a policías que estaban en descanso. Según el coordinador de la comisión de Derechos Humanos de la OAB-SP, Martim de Almeida Sampaio esa práctica es ilegal”[vi], en realidad, afirma Martim, los “actos de resistencia” que generan las “muertes en enfrentamiento” son una creación de la propia policía para señalar los homicidios o lesiones corporales provocados por ellos contra personas que son detenidas.

Estos crímenes no son hechos aislados cometidos por policías descarriados, es un comportamiento sistemático del Estado que justifica esta práctica por el supuesto combate a la criminalidad, este accionar no toca a los grandes delincuentes que protagonizan escándalos en la prensa sino recae fundamentalmente en los pobres, es una postura hipócrita porque los altos oficiales de las fuerzas represivas y políticos de alto nivel se encuentran implicados de manera permanente en hechos delincuenciales y de corrupción.

Otro elemento que tiene como marco estos crímenes es la organización del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos que se realizarán en Río de Janeiro. El Estado está desalojando a los moradores de las favelas, comprando sus propiedades u obligándolas finalmente a salir de éstas de cualquier forma con el fin de hacer inversiones en infraestructura que generen ganancias a la gran burguesía y al imperialismo mientras ocultan a los pobres desplazándolos a otras zonas.

Los desalojos generan enfrentamientos y muertes, muchos de estos protagonizados por la Policía Pacificadora. Un reportaje de A Nova Democracia reveló que en el complejo Alemão, en Rio de Janeiro, la policía asesinó a dos jóvenes de la favela Nova Brasília, “según los testigos, después de baleados, los jóvenes Wallace de Souza, de 21 años, y Joseph Alexandrino, de 19 años, fueron ejecutados por los PMs”, según otro testigo, los dos jóvenes habían sido baleados y estaban heridos, luego de eso ambos fueron asesinados a sangre fría, uno con un tiro en el pecho y el otro con un tiro en la cabeza[vii].

Son los barrios pobres los que están sufriendo esta ampliación de la militarización y ocupación policial que está generando niveles de violencia extremos y en formas diversas, como señala la editorial de A Nova Democracia “La «higienización» de las ciudades, como las remociones de barrios enteros so pretexto de obras para la Copa del Mundo y las Olimpiadas prosigue, sea con la cooptación de dirigentes, acciones jurídico-policiales, o simplemente con el incendio criminal de favelas, con más o menos resistencia, dependiendo del nivel de organización de la población”[viii].

 

La lucha de clases en el campo y en la ciudad están mostrando el grado de desarrollo de una situación revolucionaria en Brasil, los anuncios oportunistas de desarrollo, empleo o crecimiento son pura demagogia que en todo caso sólo producen beneficio para los grupos dominantes viejos y nuevos, la lucha democrática, entendida en el sentido popular, está más fuerte cada día y no se detendrá a pesar de los deseos de los reaccionarios, reformistas y oportunistas.

 

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