Análisis y Opinión
29/05/15
El 8 y 9 de mayo se cumplieron 5 años de las muertes de los jóvenes de Caranavi Mario Fidel Hernani y Fidel Callisaya durante la intervención policial a esa localidad ordenada por Sacha Llorenti y Evo Morales, hasta la fecha ningún responsable ha sido sancionado y los altos mandos policiales y políticos, como Sacha Llorenti, han sido premiados con cargos en el exterior.
Como es de conocimiento, hace cinco años se produjo un bloqueo en la localidad de Caranavi donde el pueblo reclamaba el cumplimiento de la oferta electoral hecha por Evo Morales de instalar una planta de procesamiento de cítricos. La oferta no solo no se había cumplido sino que gracias a otros legisladores del MAS, entre ellos Fidel Surco, se planteó llevar dicha planta a otra localidad.
Esto por supuesto produjo la reacción de pueblo que llevó adelante un valeroso bloqueo exigiendo el cumplimiento de la oferta electoral y la solución de otros problemas más. Caranavi era una localidad donde Evo Morales había recibido casi el 90% en las elecciones generales, sin embargo, el gobierno le respondió con una intervención que mató a balazos a dos jóvenes e hirió, también de bala, a otras personas, algunas de las cuales han terminado con la vida arruinada y con medicación de por vida. Esa fue la respuesta que el gobierno del “proceso de cambio” dio a la población: represión, destrucción de la propiedad particular (muchos autos fueron destrozados por la policía cuando ingresaron al pueblo), gasificación generalizada (incluso a las casas de los pobladores), heridos y muertos.
A pesar de los discursos grandilocuentes de las autoridades de gobierno de sancionar a los responsables, la justicia jamás ha llegado a las víctimas. Por el contrario el gobierno, con el poder judicial bajo su control, ha hecho todo lo posible para que esto quede en la impunidad. El ministro fascista Sacha Llorenti, que continuó su labor de represión en otras manifestaciones populares como la marcha del Tipnis, fue sacado del caso y premiado con una representación en NNUU, el ex comandante departamental de la Policía también fue excluido y protegido por el gobierno, aunque hoy, ante evidencias que el gobierno ya no puede pasar por alto, lo han enviado a la cárcel por tener relaciones de alto vuelo con el narcotráfico. Esa clase de gente podrida es la que protege el MAS y la usa para la represión.
El gobierno a través de Sacha no se limitó a controlar el poder judicial para mantener la impunidad, sino persiguió a dirigentes de Caranavi, buscó quebrar a las organizaciones de Derechos Humanos que defendían a las víctimas del caso y persiguió a los abogados de los familiares de los muertos. Llorenti como buen fascista descargó su xenofobia contra los abogados (uno de ellos de origen peruano) y buscó la humillación pública, esto en combinación con sus funcionarios, como el señor Farfán, sujeto de baja calaña a quien algunos califican de progresista. En realidad, como más adelante otro funcionario de ese ministerio revelaría, nos referimos a Boris Villegas miembro de una red de extorsión que funcionaba en el ministerio de gobierno y que brindó buenos servicios a varios ministros hoy preso, el gobierno montó toda una patraña para descalificar a los abogados e intentó inculparlos, a través de denuncia “anónima”, de delitos que jamás existieron.
El modus operandi del Ministerio de Gobierno característico del gobierno de Evo Morales consiste en lanzar una campaña de desprestigio contra el sector movilizado, es decir, contra su víctima. Llorenti dijo al respecto que el pueblo movilizado de Caranavi era en realidad un grupo irregular que quería destruir al gobierno, incluso dijo que tenían armas. Estos inventos producto de la imaginación paranoica y fascista Llorenti son típicas de todas las gestiones, en el caso del Tipnis se intentó aplicar lo mismo con referencia a la “guardia indígena” que llevaba arcos y flechas de manera simbólica, pero el argumento del gobierno se cayó por ridículo, sin embargo se ha usado en otras ocasiones por ejemplo para intervenir brutalmente en Apolo, ahí además se utilizó de manera indiscriminada y falsa la propaganda de la presencia de extranjeros y subversivos, algo que jamás se demostró porque simplemente no existía. Cuando el gobierno advierte que el “enemigo tiene armas” (sin ningún sustento por supuesto) es porque se prepara para alguna muerte.
Otro rasgo es golpear a la defensa legal, como ocurrió en el caso Caranavi y como suele ocurrir en otros casos, desprestigiar a los abogados, detenerlos, amedrentarlos, todo eso tiene por objetivo dejar en indefensión a las víctimas del gobierno. En este marco, en el caso Caranavi el gobierno usando sus esquiroles dividió a la Asamblea de Derechos Humanos para restar fuerza al sector que defendía a los familiares de los que fueron asesinados, el otro grupo, integrado por miembros del MAS se conformó para esconder la responsabilidad del gobierno y de Sacha Llorenti en particular, sobre las violaciones a los derechos humanos que han cometido, este gente de Sacha, (porque este fascista proviene de las filas de DDHH) no ha dudado en hacer de la Asamblea una agencia al servicio del MAS que asiste a ridículas celebraciones de Derechos Humanos que organiza el gobierno con policías y militares, tampoco ha dudado en utilizar a la policía y agentes de inteligencia del Ministerio de Gobierno para asaltar las instalaciones de los defensores de derechos humanos que no se han sometido al gobierno.
A más de cinco años de estos hechos de sangre, el pueblo y la sociedad no deben olvidar que los responsables que tienen sus manos manchadas de sangre algún día tienen que pagar y que la justicia tiene que llegar a las víctimas para que sus familiares puedan tener algo de consuelo.
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