Los “bastiones” del MAS y la descomposición del gobierno de Evo Morales

Los pobladores de Achacachi en la ciudad de La Paz, en defensa de sus dirigentes, aqui solo un tramo de la avenida cortada por la manifestación que cubre varias cuadras. Cuando el Ministro de Defensa Reymi Ferreyra fue consultado un día antes sobre los conflictos en Achacahi, este dijo con desprecio, son un grupo de gente nada representativo, ya lo verán, pues aquí está la población y es más grande que algunas de las marchas que mueven los «representativos» dirigentes del MAS

25/07/17

Análisis y Opinión

A pesar de la retórica de Evo Morales que clama una constante lucha contra la “derecha” boliviana y el imperialismo, los conflictos de los últimos meses se han producido entre el gobierno y sectores populares que eran llamados sus bastiones. Las contradicciones entre la administración estatal y el pueblo en general son la manifestación esencial de la política represiva y reaccionaria del gobierno y también una manifestación de la crisis de su dependencia del mercado imperialista mundial debido a la caída de ingresos de hidrocarburos de los cuales depende (y como materia prima ha dependido históricamente) la economía del país.

La población de Achacachi, que se encuentra en la provincia Omasuyos del Departamento de La Paz muy conocida por su lucha frontal contra el gobierno de Sánchez de Lozada y actor fundamental en el encumbramiento de Evo Morales, ha decretado un paro cívico exigiendo la liberación de sus dirigentes vecinales Esnor Condori y Gabriel Mendoza, así como la renuncia del alcalde Edgar Ramos del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), por denuncias de corrupción.

El conflicto data de principios de año cuando la población de Achacachi exigió al alcalde masista el informe económico, en tanto éste fraguó un informe entre cuatro paredes junto a dirigentes campesinos afines al gobierno y a espaldas de la población. Esto motivó el inicio de marchas y paros cívicos contra el alcalde. Por su parte el gobierno, a través de sus dirigentes, promovió la política social fascista acostumbrada de enfrentar masas contra masas, llamando a los dirigentes campesinos, denominados ponchos rojos (según sabemos hoy no se movilizaron todos), en contra de la población urbana que también es campesina. Los denominados ponchos rojos (entre los que figuran funcionarios del gobierno) entraron a la población para dar su respaldo al alcalde cuestionado, pero en su manifestación destrozaron viviendas y negocios de la gente realizando algunos saqueos y quemas entre los que estuvo las casas de dirigentes vecinales.

Los vecinos se quedaron dentro de sus hogares esperando que la movilización suceda tranquilamente, lo hicieron porque el “defensor del pueblo” (una autoridad deleznable que trabaja para el gobierno) los convenció argumentando que la protesta sería pacífica. Ante los destrozos causados por los dirigentes afines a Evo Morales, la reacción no se dejó esperar y la población, especialmente joven, fue contra la alcaldía y la casa del alcalde cuestionado, que fue destruida y quemada.

El problema se ha mantenido, la población de Achacachi ha pedido la renuncia del alcalde por las denuncias de corrupción y ha formulado una denuncia penal, por su parte el alcalde también formuló denuncia contra los dirigentes por los destrozos de la alcaldía y su casa. El conflicto afloró nuevamente debido a la intención del gobierno de realizar la “Parada militar” (en el contexto de las celebraciones del viejo Estado boliviano) en Achacachi por la significación simbólica que tiene esta localidad, pero la población lo rechaza, en particular por la presencia del alcalde cuestionado.

La reciente detención de los dirigentes vecinales ha vuelto a caldear los ánimos y la población ha decretado otro paro cívico y marcha hacia la ciudad de La Paz, el pueblo está probando en carne propia la forma en que el gobierno administra la justicia, aplica para quienes considera sus oponentes y no aplica para sus aliados, en este caso el alcalde y los dirigentes de los ponchos rojos contra quienes no prospera ninguna de las denuncias que han hecho en su contra.

Los campesinos cocaleros de Colomi, en el departamento de Cochabamba, realizaron la semana pasada un bloqueo de carreteras para demandar al gobierno ser incluidos en la nueva ley de Coca aprobada por Evo Morales que favorece fuertemente a los cocaleros del Chapare, de donde es originario Morales. La población en conflicto pedía al gobierno no ser excluidos de la ley por ser una zona de producción tradicional de coca, esto pone en conflicto al gobierno en la necesidad de satisfacer a toda su clientela política porque los informes señalan que la producción de coca ha aumentado y Evo tiene un compromiso con los cocaleros del Chapare a cambio de su lealtad completa.

El conflicto se tornó fuerte debido a la represión policial denunciada por los dirigentes que dio como resultado la muerte de un poblador, un obrero dedicado a trabajos de soldadura. La policía, con el apoyo del “defensor del pueblo”, deslindó responsabilidades señalando que el informe médico forense dice que el trabajador no murió por bala, sino que encontraron una canica que penetró su cuerpo (aunque es evidente que esa canica ingresó como un proyectil) y se desangró, y que además el cuerpo se encontraba alejado del lugar del enfrentamiento y cubierto por una calamina, lo que hace presumir, según dijo el Ministro de la represión, Carlos Romero, que murió accidentalmente.

La familia del trabajador señaló sin embargo que fueron testigos del hecho y que fue la policía quien golpeó salvajemente al soldador y lo dejaron desangrarse tapándolo con una calamina. Esta versión fue aceptada por la población y los dirigentes de Colomi. Los dirigentes más honestos lo denunciaron así a la prensa, inclusive los dirigentes del MAS en la zona (que los hay porque esa zona cocalera también ha sido bastión del MAS), a pesar de su intento de limpiar de responsabilidad a Evo Morales por la represión, han tenido que reconocer que las autoridades del ministerio y la policía han actuado con especial brutalidad. El Ministro Romero, como es su costumbre, anunció una “investigación profunda” por la muerte del trabajador, sin embargo es claro que quedará en la impunidad y la nada como las más de 80 muertes que carga la gestión de Evo Morales.

Ligado a esto también la población cocalera de los Yungas se encuentra en conflicto con el gobierno. Los Yungas son otra zona cocalera ligada fuertemente a Evo Morales, en su momento lo respaldaba en los comicios electorales hasta con un 80%, sin embargo ahora ese apoyo ha decaído y un fuerte sector está en contra del gobierno debido a que la Ley de la Coca favorece a los productores del Chapare. Producto de este conflicto también en el mes de febrero se registraron fuertes enfrentamientos en la ciudad de La Paz. El último incidente fuerte se realizó hace más de un mes cuando el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, estuvo en la zona para “socializar” la ley y su reglamento y tuvo que ser evacuado en helicóptero ante el anuncio de bloqueo por parte de los cocaleros, lo que impediría su salida.

Entre el mes de mayo y junio, en el municipio de Camiri, al sur del departamento de Santa Cruz, se produjo otro conflicto entre la población y el alcalde del MAS Franz Valdez, este conflicto duró más de 20 días con bloqueos de caminos y fuertes protestas de parte de la población que pedía la renuncia del alcalde por actos de corrupción. La medida fue fuertemente reprimida por la policía que incluso lanzó gases lacrimógenos a un velorio y detuvo a 26 personas, resultando otras personas heridas.

Si nos remontamos al año pasado, tenemos sin duda uno de los conflictos más fuertes en contra del gobierno protagonizado por uno de sus aliados, los cooperativistas mineros, la niña de los ojos del gobierno del MAS. Es importante señalar que estos trabajadores mineros no son la clase obrera que sirve de tráfico en el discurso oficial, sino son parte de la minería particular expulsada de las minas del Estado, en muchos casos son pequeñas empresas informales de minería, de los cuales, sus más fuertes y enriquecidos representantes (y que tienen obreros bajo contrato) son miembros del partido de Evo Morales.

El conflicto estalló en agosto del año pasado, sucedió debido a la modificación de la Ley de Cooperativas, y produjo un bloqueo de caminos con fuertes enfrentamientos entre los cooperativistas y la policía, al final el resultado fue 5 trabajadores mineros muertos y el viceministro de Régimen Interior y Policía, Adolfo Illanes, muerto a manos de los cooperativistas.

Contradicciones entre el gobierno y el pueblo

Las contradicciones entre el gobierno de Evo Morales y el pueblo no son nuevas, desde el inicio el gobierno enfrentó protestas de la población, más aún Morales se estrenó en la represión con muertos cuando enfrentó una protesta de los campesinos cocaleros de Yungas de Vandiola. Estas contradicciones fundamentales entre el Estado y el pueblo aparecieron primero con los sectores contestatarios que nunca fueron cooptados por el gobierno y luego con sus propias “bases sociales”.

La contradicción entre el gobierno y la oposición, que es la pulseta entre el programa reestructurador del MAS y el sector conservador que se aferraba al viejo programa, fue más o menos resuelto en tres años de pugnas por la dirección del Estado. El gobierno se afianzó en éste después del 2008 en particular con el anuncio de cerco a Santa Cruz que planificó (como lo confesó Álvaro García Linera a un medio de prensa) como respuesta al levantamiento y toma de instituciones en ese departamento por parte del sector conservador, algo que el gobierno llamó simplonamente “golpe cívico prefectural”, pero además hubieron otros hechos como la masacre del Porvenir y el “desbaratamiento” del grupo de Rosza que, según el gobierno, tenía la intención de atentar contra la vida del presidente, algo que a la fecha se tiene más como un montaje gubernamental para quebrar políticamente a los sectores conservadores atrincherados en Santa Cruz como lo ha declarado, entre otras tantas personas, el fiscal que inicialmente dirigió las investigaciones del caso, Marcelo Sosa, y que ahora está refugiado en Brasil.

Las contradicciones entre el gobierno y la oposición, como lo hemos dicho muchas veces, no son contradicciones irreconciliables, son contradicciones entre las clases dominantes, entre programas de las clases dominantes, al servicio del capital burocrático y el viejo Estado terrateniente burocrático, son conflictos entre facciones y grupos de poder y se desarrollan con la lógica de la colusión y pugna. No se trata, como dice García Linera de una lucha entre un gobierno revolucionario o progresista frente a sectores de derecha ultraconservadores. Hasta ahora la experiencia práctica ha demostrado que el gobierno del MAS y los llamados gobiernos progresistas en América Latina, son la otra cara del mecanismo dominante del sistema económico y social, algo que ha sido mucho más peligroso que  el programa abiertamente reaccionario, porque el gobierno “progresista” así considerado ha engañado al pueblo disfrazándose de su amigo, de su defensor y ha arrastrado, durante cierto tiempo a gran parte del movimiento popular a sustentar el sistema reaccionario y sus instituciones más retrógradas.

Bajo la dirección del MAS el movimiento popular en general ha levantado banderas decadentes como el chovinismo nacional patriotero, el anti chilenismo propio de los sectores reaccionarios, la reivindicación a las fuerzas asesinas como las fuerzas armadas, el elogio al Banco Mundial, al mercado mundial como parte de la solución a los problemas económicos, a la gran burguesía calificándola de empresarios nacionales, a grupos de terratenientes a favor del “proceso de cambio”. El gobierno ha “conciliado” intereses con sectores abiertamente reaccionarios y fascistoides como la Unión Juvenil Cruceñista y muchos politicastros reaccionarios integrantes del poder gamonal en el oriente del país a quienes ha incluido en sus plataformas electorales, el prebendalismo ha obtenido en este gobierno carta de ciudadanía y es practicado en cada oferta electoral. Esto no puede ser parte de un programa revolucionario.

El hecho de que en la administración estatal tengamos a personas provenientes de las clases populares, campesinos en particular, no significa que se ha producido la “emancipación de la multitud” ni que se haya dado la “rebelión de la plebe”, la historia del país (y del mundo) sobre el manejo estatal está repleta de personajes que provinieron “de abajo” y administraron el Estado en función de los intereses de determinados grupos de poder o facciones de clase dentro de las clases dominantes del país. El actual gobierno tiene presencia de un gran porcentaje de administradores venidos de las clases populares y tiene también miembros de los sectores explotadores, pero lo más importante no es la composición del aparato público sino a quién sirve el programa, hacia donde se orienta; en este caso, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones el programa del gobierno es un programa de reestructuración del Estado necesario para salvarlo de su crisis general, para conciliar intereses con el imperialismo y continuar con la presencia de este, y negociar el nuevo programa con los sectores conservadores más reaccionarios, es decir, con los otros grupos dominantes y facciones de clase (así sucedió con el acuerdo de prefectos y el gobierno realizado el 2008, cuando los conflictos hacían creer que la contradicción era entre revolución y contrarrevolución).

De modo que, una vez “resueltas” estas contradicciones entre los sectores dominantes, las otras, las fundamentales entre las masas y el viejo Estado, entre el poder político y la sociedad, entre el Estado y los sectores populares se abrieron paso.

El movimiento popular más honesto no arrió sus banderas de lucha y sufrió los ataques del gobierno en convergencia con la dirigencia cooptada por el gobierno. La política social fascista corporativa estatal golpeó, dividió y paralelizó al movimiento popular, en muchas organizaciones el gobierno logró tomar la dirección, donde no pudo las dividió y formó organizaciones paralelas para colocar en el control de estas a dirigentes altamente prebendalizados que se ocupaban de ser bomberos de las luchas en sus propios sectores, contenedores de las energías revolucionarias de las masas, esquiroles y quintacolumnistas del movimiento popular, esos dirigentes de los que García Linera habla como continuidad de la dirigencia histórica del movimiento popular boliviano es en realidad una tropa de choque corrupta y lumpenesca que mantiene a raya las demandas populares en función de los intereses del caudillo, un ejemplo trágico de ello han sido las diferentes organizaciones y dirigentes de la ciudad de El Alto quienes, a reconocimiento de los dirigentes del MAS y Evo Morales, están hundidos en una práctica prebendal que ha condicionado incluso al propio Morales en la elección de su candidato a la alcaldía de dicha ciudad (Edgar Patana), que ha sido derrotado estrepitosamente y purga hoy condena por delitos de corrupción junto a otros dirigentes (Braulio Rocha y otros) investigados por incitación a la delincuencia y denunciados por abuso de poder, corrupción y matonaje en contra de sus bases.

Ese libreto se reproduce en cada una de las organizaciones donde están estos “dirigentes” como por ejemplo los que asaltaron el Fondo Indígena que ha implicado incluso a ministras de Estado. Parte de esta dirigencia acostumbrada a cobrar la factura por el apoyo dado es la que conduce hoy algunas luchas en contra del Estado, por ejemplo los cooperativistas, donde la contradicción de fondo ha sido el reparto de la torta, en otras sin embargo las bases han rebasado a estos dirigentes prebendales que contenían sus reclamos al gobierno.

En estos últimos tiempos tanto los sectores contestatarios no afines al MAS, como las bases de aquellos “bastiones del MAS” están desarrollando luchas a pesar de sus propios dirigentes, y están mostrando el descalabro del gobierno que solo atina a señalar que las protestas son políticas (como si pudiera existir una protesta no política) y que están financiadas o dirigidas por la “derecha”. Este argumento que busca deslegitimar las luchas y ocultar los escándalos de corrupción y narcotráfico en los que está envuelto el gobierno en la actualidad ya no son creíbles para la mayoría de la población.

El camino del pueblo es desarrollar aún más su lucha, profundizar el rompimiento con los límites impuestos por el gobierno y recuperar su independencia, los revolucionarios tienen la tarea de dar una dirección a estas luchas y organizarlas para la construcción de un auténtico movimiento revolucionario, el peligro de la recomposición de los sectores conservadores es real, sin embargo esto no nos puede empujar a defender al MAS de Evo Morales porque ello no es ninguna solución para el pueblo boliviano. Solo la lucha independiente, bajo una vanguardia revolucionaria auténtica podrá construir el camino de ruptura de los límites del viejo Estado y el viejo sistema.