Por: Análisis y Opinión
11/09/14
El caso terrorismo se cae a pedazos
El año 2009 la noticia dada por Evo Morales, de un operativo en Santa Cruz que desarticuló una supuesta banda terrorista que pretendía dividir al país, sacudió a la opinión pública y sembró en la cabeza del pueblo la idea de que el gobierno enfrentaba a un enemigo terrible creado por la “derecha” boliviana. Este caso tan manoseado por el gobierno (y también por la oposición) poco a poco se ha ido cayendo porque las revelaciones de los implicados, muchos de ellos hombres fuertes del gobierno, han puesto al descubierto que en gran parte este caso fue un montaje hecho por el MAS del señor Morales.
Los ex intocables del ministerio de gobierno, Denis Rodas y Boris Villegas implicados en el caso de extorsión, han declarado que el gobierno había preparado de antemano la persecución judicial contra el supuesto grupo terrorista pero que el objetivo principal era acabar con la oposición conservadora que se concentraba en la llamada “media luna” que comprendía a los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Las declaraciones de Rodas y Villegas (que seguramente seguirá Fernando Rivera) no son de poca importancia, el MAS ha tratado de minimizar sus palabras diciendo que son reos, criminales, etcétera y que sus palabras no tienen ninguna credibilidad; pero esto sólo los ingenuos lo podrían creer, estos ex miembros del gobierno eran la punta de lanza de la persecución política no solo contra la “derecha” sino también contra los sectores populares y dirigentes del pueblo opuestos al régimen de Evo Morales, eran funcionarios de confianza que han trabajado bajo las órdenes de por lo menos cuatro ministros y eso no es poca cosa. Que hoy sean los pagotes de los crímenes del gobierno (y de sus propios crímenes) solo confirma que conocían muy bien la dinámica criminal del gobierno.
Cuando Boris Villegas, el año 2011, quedó expuesto ante la opinión pública por el caso Chaparina algunos masistas de cierto nivel decían que el gobierno tenía que colocar a Villegas en un puesto bien cubierto y protegerlo porque él sabía muchas cosas de los ministros, cuando explotó el caso “red de extorsión” el gobierno se tomó cerca de dos semanas antes de detenerlo, ahora Villegas está soltando la información y veremos si cuenta todo lo que sabe.
Lo que han revelado las manifestaciones judiciales es la existencia de un gabinete jurídico, es decir, un grupo formado por ministros, viceministros, fiscales y jueces dedicados a diseñar la persecución política. Esto ya lo había revelado otro ex intocable del gobierno, el ex fiscal Marcelo Sosa. El gabinete jurídico se encargaba de poner en práctica la estrategia de persecución judicial en cumplimiento de las necesidades políticas del gobierno, o sea, ponía en práctica la persecución política a opositores del régimen o los que la paranoia gubernamental veía como opositores.
El MAS por supuesto lo niega y eso no sorprende a nadie, el gobierno ha desarrollado una gran capacidad para la mentira en todos sus funcionarios. Vale la pena ligar esto con lo que hace algunos años el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín denunciaba en un canal cristiano: la existencia de un grupo de jueces, fiscales y ministros que se reunían para confeccionar una lista de ciertas personas públicas (muchas de ellas con trayectoria en DDHH) que eran, según el gobierno, opositores a su régimen, la tarea de este “gabinete” era investigar el pasado de estas personas que criticaban al gobierno para evaluar una posible persecución judicial, el objetivo obviamente era callarlos persiguiéndolos políticamente, paradójicamente esta gente que se dedicaba a esta fétida labor hacía sus reuniones en una oficina dedicada formalmente a la “defensa” de los derechos humanos, varios miembros ese “gabinete” hoy son candidatos por el MAS.
Otra vez la policía
La policía no deja de ser noticia por sus fechorías. Mientras el Ministerio de Gobierno gasta millones en propaganda diciendo que lucha contra el tráfico de drogas, en el penal cruceño de Palmasola un cabo de la policía, Félix Choque Soliz, introducía un kilo de marihuana a un sector de presos por narcotráfico, el cabo, según la nota de prensa habría recibido 700 bolivianos.
Pero la noticia que ha marcado el escándalo es el descubrimiento de policías en Santa Cruz implicados en el tráfico de armas, la banda estaba integrada por civiles y policías, estos que dicen combatir el crimen, y tenían por objetivo llevar armas de grueso calibre, 9 fusiles de asalto según dice el Ministro Jorge Pérez, nada menos que al grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, es decir, que los “agentes del orden” se dedicaban a la tarea de armar a los delincuentes que dicen combatir.
Los policías José Maiber Alvos y Ricardo Ferreira Mercado eran parte de la banda que traficaba armas en Bolivia para organizaciones criminales en Brasil y Perú, el operativo del Ministerio de Gobierno también descubrió pistolas y municiones. El ministro trató de minimizar la dimensión de estos hechos cuando dijo que “se demuestra” que Bolivia es usado en el tráfico de armas así como en el tráfico de cocaína como “país de tránsito” y que este caso de tráfico de armas era un hecho “ajeno a nuestro país”, lo que el señor Pérez está aceptando es el título de zona libre de tránsito para hechos delictivos debido a la fama de la policía como la institución más corrupta del país.
El título no lo damos nosotros, se la dio el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, cuando en su reciente informe mostró que la policía era la institución con más denuncias de corrupción del país y la que comete más abusos. Los escándalos demuestran esta afirmación, no sólo en hechos de corrupción como fue el caso de dos policías Deltas a principios de agosto que extorsionaban a una persona pidiéndole 7000 dólares para no involucrarla en un caso de sustancias controladas, sino también en casos de violación sexual como el reciente caso de un policía en El Alto, José Q. C. quien abusaba de sus hermanas de 23 y 13 años y que incluso tuvo una hija en una de ellas.
Violento desalojo policial provoca muerte de bebé en gestación
Un violento desalojo de vecinos del barrio Villa Fabiola en Riberalta por parte de la policía provocó que una madre gestante pierda a su bebé. Esto ocurrió el miércoles 27 de agosto cuando la policía ejecutaba una orden judicial de desalojo contra las familias de un terreno que reclama el ex ministro del MIR Wigberto Rivero.
A diferencia de otras noticias que protagonizan los candidatos electorales sobre la violencia contra la mujer y obtienen cobertura interesada por los grandes medios de comunicación privados y estatales, este hecho trágico de una pobladora pobre que pierde a su bebé a manos de la acción criminal del Estado sólo obtiene un escasísimo espacio periodístico, este hecho incluso lo hemos tenido que sacar del contexto de otra noticia de protesta contra un medio de comunicación que realizaron los pobladores que fueron desalojados con violencia desmedida y fueron criminalizados por la prensa. La muerte de la gente pobre no le interesa a los medios ni al Estado.
Hipócritamente en Bolivia se ha hablado de los “derechos del neonato” en su campaña contra el aborto; esa campaña fue protagonizada por los sectores más conservadores de la Iglesia que levanta la voz cuando se trata de criminalizar a la mujer y coartar su derecho a decidir, sin embargo cuando se trata de una acción criminal de las fuerzas represivas de esta dictadura de clases a nadie le importa, peor si se trata de gente pobre que no tiene la cobertura de los grandes medios ni las conexiones de las esferas de poder.
El gobierno gasta millones de bolivianos y hasta mueve a sus ministras de Estado en una campaña hipócrita de defensa de los derechos de las mujeres, la oposición hace su parte también cuando critica las concepciones cavernarias de los candidatos masistas, pero nadie quiere limpiar la casa. Todo es parte de un show electoral insultante movido por intereses de poder, las víctimas reales no tienen ningún beneficio de esto, peor cuando se trata de la violencia estatal represiva a los pobres, estas víctimas no obtienen jamás justicia del Estado.
Análisis y Opinión 