Terrasur: despojo de tierras y estafa a campesinos

Abogado de comunario denuncia los atropellos que comete la empresa inmobiliaria Terrasur

Por: Análisis y Opinión

25/08/14

Las características de la acumulación de capital en Bolivia de determinadas empresas y grandes propietarios no está separada del abuso y la delincuencia, este es el caso de Terrasur, una empresa que se dedica a la venta de terrenos ofreciendo proyectos urbanísticos a la población a través de créditos sobre terrenos en las zonas periurbanas.

Los nuevos terratenientes de la ciudad no se distinguen de los loteadores que se apropian de terrenos grandes para luego fraccionarlos y venderlos; la diferencia con aquellos es que Terrasur cuenta con la cobertura legal que le da su relación con el poder político, económico y judicial. Al estilo de los viejos terratenientes que se apropiaban de la tierra de los campesinos apoyados por el cura, el juez o el funcionario policial, Terrasur se apropia de los terrenos de los campesinos ofreciendo comprar tierras que finalmente no paga, obteniendo documentación debido a sus relaciones con las instituciones del Estado, haciendo posesión de las tierras a través del abuso y el poder económico, mientras que para enfrentar los reclamos de los campesinos que exigen el pago de sus tierras cuenta con el apoyo de funcionarios policiales, fiscales y jueces. En el “estado plurinacional” las viejas relaciones de poder en la justicia para atropellar a los pobres siguen gozando de buena salud.

 

Apropiación de terrenos

En la comunidad de Avircato, hacia el sur de la ciudad de La Paz (zona Río Abajo), Terrasur puso a disposición de la población el proyecto urbanístico “Esmeralda IV” sobre tierras que adquirió a los comunarios de la zona. El señor Rolando Kemff Bacigalupo, dueño de Terrasur, compró las propiedades a varios comunarios. La familia Torrez Quispe fue una de las que vendió a Terrasur 45 mil metros cuadrados por un precio convenido de 81 mil dólares en 1996, pero Kemff sólo pagó a la familia 15 dólares prometiendo pagar en partes el resto, algo que nunca ocurrió, sin embargo, logró colocar toda la propiedad a nombre de su empresa. La denuncia la viene haciendo Martín Torrez Quispe, uno de los hijos de los ya fallecidos primeros vendedores y también Jorge Ríos Siles que dice que Terrasur se apropió de estos terrenos, los loteó y vendió en el 2011 sin tener documentos que acrediten su propiedad.

La forma de operar de Terrasur es pagar una parte y prometer futuros pagos que nunca llegan, para aplacar los reclamos de los demandantes suele entregar ciertos electrodomésticos y hasta alguna movilidad y así no pagar lo estipulado, esa táctica divide a la comunidad porque algunos se sienten favorecidos por la empresa, en especial las autoridades que ya no quieren exigirle que cumpla con los comunarios que no fueron pagados.

La intención de no pago se establece sobre bases concretas porque la empresa consigue con eficacia poner las propiedades a su nombre y de esa forma vende lotes a la población ante la vista sorprendida de los comunarios que no recibieron el restante de sus pagos, Jorge Ríos dice al respecto “está vendiendo terrenos que no son de él y están entregando documentos falsos” por lo que los afectados han iniciado una acción penal por falsedad ideológica contra Kemff.

 

La justicia al servicio de Terrasur

Los llamados tiempos del neoliberalismo no son cosa del pasado, la vieja justicia sigue vivita y coleando en el Estado plurinacional de Evo Morales. La denuncia que hicieran los afectados por falsedad ideológica jamás prosperó, así lo lamentó el señor Ríos, quien había denunciado estos hechos al fiscal de distrito José Ángel Ponce, (un fiscal que goza del favoritismo del gobierno) quien “sospechosamente” rechazó toda acción contra Terrasur.

El mecanismo de tráfico de poder y abuso contra los campesinos llega a una situación intolerable. El 14 de mayo, el comunario Martín Torrez Quispe, uno de los afectados por la empresa, junto a su hijo Grover acudieron a una convocatoria de la empresa para “solucionar” la deuda de 66 mil dólares que Martín Torrez venía reclamando por más de 18 años. El abogado Cristian Camacho Terceros, representante de la mafia inmobiliaria, conversó con don Martín para llegar a un “arreglo” propuesto por Kemff sobre la base de 30 mil y un adelanto de 3 mil dólares que don Martín rechazó inicialmente porque él quería solucionar todo de una vez, el abogado insistió y convenció a don Martín de que ahora la empresa sí pagaría, lo haría en unos plazos y como muestra de buena fe le iba a dar los 3 mil dólares, cosa que hizo sin ofrecer ningún recibo.

Martín Torrez Quispe y su hijo Grover cedieron ante la insistencia con la esperanza de que fuera el inicio de la solución a la deuda que la empresa tiene con ellos y aceptó el dinero. Al salir de Terrasur fueron interceptados por dos personas que resultaron ser agentes de la policía que los detuvieron y los acusaron de extorsión. Se trataba de una emboscada bien armada por la empresa y los funcionarios judiciales, el objetivo era no pagar la deuda metiendo presos a los campesinos.

 

Terrasur y el poder judicial con armas de la peor calaña

Para el ciudadano común que tiene que enfrentar en el poder judicial a una empresa tan poderosa no es extraño ver cómo esa combinación, poder judicial y gran empresa destruye su vida y la de su familia. Los Torrez Quispe, una vez aprendidos fueron llevados ante el fiscal y obligados a confesar, ellos no firmaron los papeles preparados por la fiscalía pues no constaba lo que habían declarado, en las dependencias policiales se enteraron que estaban acusados de extorsión, destrucción de propiedad privada, uso de arma de fuego y amenazas contra los trabajadores de Terrasur.

Cuando un acusado percibe que hay todo un rosario de acusaciones infundadas se da cuenta que las intenciones de meterlos presos son fuertes y que hay una relación entre los investigadores, el fiscal y el juez. Resulta que la representante de Terrasur, Santa Genoveva Gabriel Cabeza ya tenía preparado todo con la policía y el fiscal, cuando fue citado Martín Torrez a las oficinas de Terrasur, ella se había declarado víctima de extorsión, tenía preparada a la policía para que esta actúe cuando convencieran a Quispe de aceptar los 3 mil dólares, los investigadores Grover Pinto Apaza y Jesus Mendoza Aruni junto al fiscal Mario Helmer Laura Picavia estaban preparados para aprender a los comunarios.

Las denuncias sobre la voladura de un puente que habría construido Terrasur en Avircato y el uso de arma de fuego en esa zona estaban en la imputación del fiscal, de esta forma no fue un problema detener Martín Tórrez y su hijo y presentarlos a un juez amigo de la empresa para que dicten la detención preventiva para Martín Torrez y la detención domiciliaria para Grover Tórrez.

El estado plurinacional de Evo Morales tiene la afición de usar la detención preventiva contra las personas por cualquier cosa, muchas instituciones de derechos humanos vienen denunciando el exceso de las medidas que dictan los jueces en los casos donde hay cierta presión del gobierno o de agentes con fuertes intereses económicos, como en este caso,  durante las diligencias judiciales los abogados de la empresa se mostraron muy amigos con el fiscal y el juez.

 

Las “pruebas” contra la familia Torrez Quispe

Para dictar la drástica medida de la detención preventiva el juez simplemente ha tenido que copiar y pegar la imputación formal del fiscal, y para la imputación ha bastado la acusación de Terrasur y un poco de teatro de la señora que paradógicamente lleva el nombre de Santa Genoveva. Esta representante de la empresa denunció que fue objeto de amenazas y coacción por parte de los comunarios y que estas amenazas venían desde el mes de febrero, la representante dijo que el 14 junio Martín Torrez y su hijo la amenazaron y extorsionaron nuevamente, en la imputación los investigadores dicen que Santa Genoveva estaba muy nerviosa y que inclusive se puso a llorar cuando llegaron, sin embargo, contrariamente a este relato la grabación que Terrasur presenta como prueba de extorsión, que es la conversación que sostuvieron con los comunarios, revela una charla en términos bastante amistosos, los campesinos nunca perdieron el control ni el tono tranquilo y es el abogado quien está ofreciendo soluciones propuestas por su jefe, Rolando Kemff, en un tono muy persuasivo para que acepten a toda costa los 3 mil dólares, es decir, no hay rastros de extorsión y por el contrario se reconoce la existencia de la deuda, cosa que de manera hipócrita el abogado en una declaración posterior a la prensa dice desconocer.

La denuncia de que Martín Tórrez habría quemado el puente que conecta la urbanización de Terrasur con la ciudad es una falsedad porque se trata de unos troncos apostados cerca de su propiedad que unen un desnivel y no se trata de ningún puente.

Sobre las amenazas a los trabajadores de Terrasur con arma de fuego tampoco hay prueba y se trata de otra mentira, lo que sucede es que la empresa ha invadido la propiedad de otro comunario Emilio Pardo y por ello han tenido problemas, la empresa suele aprovecharse de las propiedades colindantes para extender su propiedad, cosa que le ha salido mal con Emilio Pardo ya que este presentó la denuncia ante el poder judicial contra Terrasur.

El abogado Cristian Camacho ha pretendido relativizar la existencia de la deuda de Terrasur con los comunarios diciendo desconocer el tema pero existen denuncias ante juez sobre este problema donde se reconoce que la empresa es quien debe.

A pesar de todo el juez Fernando Rivadeneira ha metido preso a don Martín y desde mayo hasta la fecha el fiscal no ha movido un solo dedo para hacer la inspección ocular que tanto ha solicitado el abogado del comunario que demostraría que todas las imputaciones son falsas.

Este es otro modus operandi de esta agrupación mafiosa y corrupta (léase poder judicial) que suele meter en prisión a las personas por cualquier cosa y dejarlas a su suerte hasta que el detenido pueda “aflojar” algo de dinero para que se mueva el caso, si hay extorsión en este caso es el que practica el poder judicial.

El boom del negocio inmobiliario que se ha abierto en Bolivia tiene estos detalles que no se reconocen a la hora de hablar de “avance y desarrollo del país”, el negocio de la propiedad del suelo a través de las grandes empresas no solo es un robo a los campesinos sino que tiene la marca en su proceder de las viejas formas de dominación semifeudal que tanto pesa en las espaldas de los pobres del Bolivia, Terrasur es un ejemplo claro de esto.