Bolivia y prostitución de la justicia

El fiscal Humberto Quispe con múltiples denuncias es tratado por el poder judicial y el gobierno con guantes de seda, según denuncias, ha actuado en casos de inteligencia sin ser asignado, algo que sirve muy bien al gobierno de Evo Morales

16/08/2015

 

Recibimos esta nota sobre denuncias acerca de la administración de “justicia”, se trata sin duda de lo que corrientemente ocurre con el Ministerio Público y otras instituciones del poder judicial que ahora administra el gobierno del Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Lo que ocurre en este poder del Estado muestra con claridad la podredumbre a la que ha llegado el Estado boliviano, no se escapan de esta situación otros poderes estatales. La reestructuración del viejo capitalismo (capitalismo burocrático) ya alcanzó sus límites, ahora nuevamente vuelve reproducir las más lacerantes prácticas conservadoras y vuelve a manifestar su profunda crisis estructural.

 

Análisis y Opinión

 

 

En los últimos años la crisis de la administración de justicia en el país se ha ido agudizando y nada, por más reformas y cumbres mediocres y estériles que realiza el gobierno, ha cambiado esta realidad.

 

Depuraciones, auditorías e intervenciones al Ministerio Público no han podido mover esa estructura perversa. La corrupción se mantiene más viva que nunca, y que al final es alimentada por el mismo gobierno cuando mete las manos en los diferentes casos que son de su conveniencia.

 

Policías, abogados, fiscales y jueces corruptos deciden el futuro de miles de personas que por diversas circunstancias se ven involucradas en el “negocio” de la justicia. Es la razón de la existencia de los administradores de justicia.

 

Conocido es que solo el que tiene dinero sale de la cárcel o lleva una sentencia de forma mas digna. Y esta realidad es muy conocida en las cárceles del país donde fiscales y emisarios de los jueces las visitan para poner precio a sus “buenas acciones”.

 

En la cárcel de Obrajes, por ejemplo, se conoce que la empresaria Erika Rojas, implicada en el caso de la red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pagó al fiscal Edwin Sarmiento 30 mil dólares para beneficiarse de un juicio rápido y ser trasladada a Santa Cruz.

 

El fiscal Elmer Laura, asignado al distrito de la Zona Sur de La Paz, visita el Penal de San Pedro en busca de ingresos extras, denunciaron algunos de los detenidos preventivos. Laura es conocido por venderse al mejor postor. Por ejemplo, el intimida y envía a la cárcel a los comunarios que reclaman el pago por sus terrenos a Terrasur.

 

Las denuncias también llegan contra el exfiscal departamental de La Paz, Ángel Ponce, que salvó a Sacha LLorenti, exministro de Gobierno, del caso Chaparina. Ponce pidió dinero a los implicados en el caso Vías Bolivia para presentar cargos más benignos en su contra.

 

Del exfiscal Santos Valencia, expulsado del Ministerio Público de La Paz, se conoce que recibió 10 mil dólares para beneficiar con medidas sustitutivas a los policías implicados en la muerte de David Olorio.

 

Como casos extremos, tenemos el del exfiscal Humberto Quispe, conocido torturador y extorsionador, ahora acusado ahora por más de 30 de sus víctimas en un proceso que no se sabe si tendrá un “final feliz”, ya que sus compinches son los que lo van a juzgar.

 

Un último caso de abuso de poder de parte de los administradores de justicia es el registrado al fiscal Gregorio Blanco, quien en la reciente reconstrucción ocular en Apolo, en el caso del mismo nombre, obligó a los involucrados a pagarle una parrillada acompañada de bebidas alcohólicas. Existe una foto de eso.

Por eso la “justicia” solo beneficia a sus administradores y todo aquel que esté relacionado con ellos –secretarios, asistentes, etc.-, mientras que las familias afectadas son devastadas en sus economías.

 

Esto también va acompañado por los malos tratos de parte de fiscales hacia los familiares que solo piden justicia. Fiscales coludidos con litigantes, que pueden pagar sobornos y coimas, despojan de sus bienes a desprevenidos ciudadanos, como ocurre con el caso de la familia Laura Limachi. La alevosa fiscal Leonor Quispe Quinteros maltrata a los litigantes, les dice “no me vengan a fregar” y las agrede físicamente. Incluso las amenaza con proceso penal si insisten en que la investigación se agilice y se tomen en cuenta sus pedidos.

 

Es conocido que los fiscales que tienen precio retardan los plazos procesales para beneficiar al que más le paga y en perjuicio de los que menos recursos económicos tienen. La ética en el sistema de justicia siempre está ausente.

 

Todos estos casos y comportamientos son conocidos por el gobierno, que no hace nada al respecto porque la corrupción lo beneficia cuando se trata de manipular resultados. Ya pasaron más nueve años de gobierno del MAS, sin embargo, la estructura de corrupción en órgano legislativo permanece intacta y más fortalecida.

 

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